Fotografía: Contexto | Agencia UNO

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  • A través de un comunicado, la institución aclaró que se trata de armamento particular y no material de guerra y que se adoptaron las medidas disciplinarias correspondientes. El cabo Alejandro Sanhueza sigue en funciones, mientras que su camarada Sergio Solís fue separado de las filas. El primero vendió al segundo una pistola Taurus que fue recuperada por Carabineros en un robo con intimidación. Solís, además, supuestamente perdió una Glock 9 mm con sus respectivas municiones. Un OS-9 de la policía uniformada que consta en la indagatoria que lleva el Ministerio Público Oriente, se establece tráfico de armas. El libelo lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Una querella por el delito de tráfico ilícito de armas interpuso el Consejo de Defensa del Estado en contra de un cabo activo del Ejército y otro en retiro, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

    La acción legal apunta a la venta de armamento particular, pertenecientes a Alejandro Sanhueza Arestizábal y Sergio Solís, respectivamente quienes vendieron sus pistolas particulares sin hacer el traspaso correspondiente, no denunciarlas como perdidas y que terminaron en manos de delincuentes.

    Los hechos materia de la acción legal se remontan el 16 de agosto de 2018, cuando Sanhueza vendió al ahora exfuncionario Solís una pistola calibre Taurus 7.65 mm por $180 mil.

    Lea la querella

    Sin embargo, no realizó el trámite de traspaso y en noviembre del mismo año fue recuperada por Carabineros de Santa Cruz, Región de O’Higgins, durante un procedimiento vinculado a un robo con intimidación.

    Sanhueza fue informado de la recuperación policial el 8 de noviembre por el coronel Sergio Bravo. Al ser consultado este último por el mando, relató “que se la había vendido a un civil”, detalla el libelo.

    En las declaraciones que prestó Sanhueza en la investigación de Seguridad Militar-que inició de inmediato el Ejército- respondió que después de adquirirla tomó un Uber y luego de terminar el trayecto, se percató que la olvidó en el vehículo. Aseguró que trató de ubicar el automóvil, pero le fue imposible.

    Durante la misma indagatoria interna hecha por Inteligencia, cambió su versión e indicó que no se trató de una compra, sino de un empeño. Por ello, testimonió, Sanhueza debía pagarle $300 mil.

    Ante la Fiscalía Militar de Santiago modificó nuevamente sus dichos: (…) A principios de octubre de 2018, mientras jugaba a la pelota en Peñalolén, me acerqué a un conocido, de quién sólo su nombre de pila: “Juan Carlos”. A este le indicó sobre el supuesto crédito informal.

    Responsabilizando al cabo Sanhueza de presionarlo para conseguir dinero por la venta de la Taurus, Solís indicó ante la judicatura castrense que se reunió con Juan Carlos en la Rotonda Grecia en la misma comuna, donde realizó la transacción sin ninguna formalidad y a cambio recibió “billetes de 20 y diez mil pesos”.

    Inquirido si podía ubicar y reconocer a “Juan Carlos”, se limitó a decir que le fue sustraída y no perdida en el Uber.

    Una más

    No fue la única arma que supuestamente perdió Solis. Ante el OS-9 de Carabineros reconoció el extravío de una Glock 9mm a su nombre y tampoco lo denunció a la autoridad pese a conocer durante tres semanas que no estaba en su poder. La razón esgrimida es que tenía mucho trabajo.

    En su querella el CDE asegura que la Fiscalía Militar interrogó a los funcionarios lo interrogó, careó, pero no los dejó en prisión preventiva. De hecho se declaró incompetente y envió los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en abril de 2019, que a su vez los derivó al Ministerio Público Oriente, que desde entonces indaga el caso.

    Consultado el Ejército sobre el particular, indicó que se trata de armamento particular y no material de guerra.

    Respecto de los imputados, la institución aseguró que Sanhueza continúa prestando labores y “ha colaborado con el desarrollo de las diferentes investigaciones que se han dispuesto”.

    Reconoció que apenas se enteraron de la situación en noviembre de 2018 decretaron una investigación inmediata y una vez finalizada se adoptaron las medidas disciplinarias correspondientes.

    Lea el comunicado de la institución

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