Una danza de acusaciones internas por irregularidades, acoso laboral, recursos judiciales, querellas y presentaciones ante Contraloría se vive al interior del Instituto de Previsión Social (IPS). Todo en completo hermetismo.
El complicado ambiente quedó en evidencia a través de una carta enviada por parte del presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del IPS (Anatrinp) a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
En su misiva, Jorge Sotomayor, timonel nacional de los trabajadores del organismo, le solicitó a la titular de cartera que se indagaran y aclararan tres irregularidades que, según el dirigente, cometió el director nacional del IPS, Patricio Coronado.
Tras ese acto, a los pocos días, Coronado presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por las acusaciones, que bajo su mirada son infundadas y calumniosas.
La historia no concluye ahí. Al escándalo interno que desató la misiva con las acusaciones, le sigue una querella, una acusación por acoso laboral y la salida de un alto cargo del IPS.
A ello, se suma una “quitada de piso” al dirigente nacional de los trabajadores por parte de representantes de funcionarios de regiones, quienes se fueron en contra de Sotomayor, justamente a raíz de la carta, la que -aseguran- no fue consensuada con ellos.
Una “bolsa de gatos”, como dicen, en menos de un mes.
Al parecer, la institución a cargo de Chile Atiende no sólo debe enfocarse en atender al público, sino que también debe “lavar la ropa sucia de la casa”, en un camino que se ha judicializado y está lejos de resolverse.
La carta
Dirigida a la ministra Zaldívar, la carta de la discordia, fechada el 18 de diciembre, acusa al director nacional Coronado de haber incurrido en tres irregularidades.
La primera hace referencia a un sobreprecio en el pago que el IPS habría realizado a la Caja de Compensación Los Héroes “a solicitud de Coronado”, por unos $300 millones.
En segundo lugar, Sotomayor apunta a una denuncia de cohecho “que pesa sobre este director nacional en el caso de la Universidad de Chile”. Esto último, a raíz de un convenio con la casa de estudios en que el IPS le entregó en comodato un terreno avaluado en 1.500 millones de pesos a cambio de postgrados para empleados de la entidad, pero que al final -según acusa- sólo habría favorecido al director nacional, y a un par de colaboradores cercanos.
Y tercero, el dirigente gremial alude al “pago ilegal que habría autorizado Coronado en reliquidaciones a exonerados políticos de LanChile”.
Sobre lo último, se detalla un pago de 200 millones de pesos, dinero que la Contraloría habría obligado al IPS a realizar las gestiones para solicitar su devolución, situación que hasta ahora no se habría hecho efectiva.
“Queremos que se aclare esto porque le hace bien al director nacional, a la institución, todos ganamos”, explica a BioBioChile el dirigente Jorge Sotomayor.
“Hicimos lo que había que hacer y seguimos trabajando”, añade el líder gremial y destaca que aún no ha recibido respuesta desde el Ministerio del Trabajo sobre la carta enviada a la ministra Zaldívar.
Lea aquí la carta de Jorge Sotomayor:
Se defiende ante la Justicia
Tras la oficialización de esta carta y al ver su contenido, el director nacional del IPS decidió acudir a los tribunales de justicia. Primero ante la Corte de Apelaciones, donde estampó un recurso de protección que le fue negado, y -más recientemente- ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ingresó una querella “por delito de injurias graves”.
En este último escrito, Coronado cita extractos de la misiva enviada por Sotomayor, cuyas declaraciones -alega- han “enlodado mi imagen como persona y director nacional con falsas acusaciones y comentarios carentes de todo asidero y realidad, pero por sobre todo, ofensivos”.
“Es del todo reprobable y nada justifica que el querellado haya imputado esas actuaciones, por cuanto no existen antecedentes serios y concretos que le hayan llevado a tales afirmaciones tan livianas, pero fuertes”, añade en el documento de 9 páginas.
“Las conductas son gravísimas, en el contexto en que las ejecuta”, cierra el denunciante, en alusión a la calidad de dirigente gremial de Sotomayor.
Pese al primer revés en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el recurso le fue rechazado, el proceso judicial avanza, empujado por la querella presentada.
En efecto, dicha acción legal fue acogida a trámite este 14 de enero e incluso el tribunal ya fijó una audiencia de conciliación y eventual preparación de juicio oral simplificado para el 22 de junio de 2021, a las 11:00 horas, según versa la resolución emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde se tramita la causa.
Lea la querella aquí
En contacto con BBCL, el director nacional del IPS, Patricio Coronado, profundiza en que todo se trata de acusaciones “infundadas”.
“Todas las imputaciones expresadas por el dirigente en esa carta son categóricamente falsas. Lo que hacen es mezclar algunos hechos de la gestión del IPS con imputaciones antojadizas”, destaca el directivo nacional.
Agrega que la Fiscalía del IPS ha revisado cada uno de los temas señalados en esa carta y, según dice, ha quedado establecido que todas las gestiones relacionadas con esos temas se han hecho bajo la normativa y en “ningún caso hay fundamento para las acusaciones que en la referida carta se mencionan”.
“Sin perjuicio de esto, -agrega- nuestra institución informó sobre estas denuncias anónimas a la Contraloría, para las revisiones que estime pertinentes”.
Le quitan piso desde regiones
Luego de conocer la indagación de BBCL sobre este tema, desde regiones, diversas asociaciones provinciales de funcionarios del IPS oficializaron una carta pública en que le quitaban respaldo a la denuncia de su representante nacional, Jorge Sotomayor.
“En relación con los supuestos hechos indicados como objeto de investigación no emitiremos ningún tipo de juicio ni opinión, por cuanto no nos corresponde pronunciarnos”, parte el escrito que se hizo llegar a este medio.
“Sin embargo, -añaden- dejamos claramente establecido que dicha solicitud no fue puesta en conocimiento de ninguno de los integrantes del directorio nacional como tampoco con el colectivo de dirigentes provinciales y regionales de nuestra asociación, toda vez que firma en solitario, por lo que su contenido no puede ser asumido en representación de nuestra organización”, dice la declaración.
“Dicha carta es a título personal, sin facultades legales ni estatutarias, inédita en todos estos años que llevamos como organización, por lo que desde ya nos desligamos de cualquiera consecuencia que dicha misiva contraiga”, agrega.
Finalmente, señalan que rechazan cualquier instrumentalización política de su agrupación.
Lea aquí la carta de los dirigentes regionales:
Salida del subdirector nacional
Si lo anterior no es suficiente, a todo este entuerto se suma el despido del “número dos” del IPS, el subdirector nacional Pedro Bahamondez, quien dejó el cargo el jueves pasado. Un día antes había presentado una denuncia por acoso laboral ante la Contraloría en contra del mismo director nacional, Patricio Coronado.
En la carta que acompañó a la presentación, Bahamondez acusó que los últimos meses de su labor en el IPS fue aislado de reuniones y actividades atingentes con su cargo, además de la divulgación de rumores sobre una inexistente relación amorosa con una funcionaria de la institución.
A lo anterior, el exsubdirector agrega que se despidió a tres profesionales cercanos a él, sin consultarle y enfatiza que el aislamiento y los hostigamientos coinciden con el 7 de diciembre pasado, cuando ingresó ante la Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo una denuncia por “la improcedencia de la reliquidación de pensiones no contributivas a exonerados de LanChile”.
Consultado el director nacional del IPS, explica que la petición de renuncia a Bahamondez se sustenta en la “pérdida de confianza”, lo que es aplicable en estos cargos de Alta Dirección Pública.
“Estas decisiones no se toman de un día para otro, y obedecen a un análisis más amplio. Por lo tanto, la desvinculación no tiene relación con una denuncia de acoso laboral hecha a último minuto. Por supuesto, a la Contraloría corresponderá analizar el mérito de la presentación realizada por el directivo”, destaca.
En cuanto a la denuncia de los trabadores que involucran al director nacional, Patricio Coronado, desde la Subsecretaría de Previsión Social señalan que dicha denuncia fue recibida y que, tal como ordena la ley, fue derivada para a la Contraloría General de la República la que está realizando las indagaciones correspondientes.
“Serán estas indagaciones las que determinen la existencia o no de eventuales responsabilidades y de establecer las sanciones correspondientes si así corresponde”, destaca.
Irregularidades, acoso laboral y querella: la carta a Zaldívar que destapó el lado oscuro del IPS
