La reservada denuncia por comprar drogas a menor que pesa sobre trabajador de Defensoría de la Niñez

Era cerca del mediodía del 11 de marzo de 2020, cuando B (hombre, 16 años de edad) llegó de urgencia al Hospital Juan Noe Crevani de Arica. Su pecho sangraba. El adolescente -de origen venezolano- había recibido un impacto de bala en la zona torácica.

Su caso pasó inadvertido en los medios de comunicación. Probablemente también en su familia: había ingresado de ilegal a Chile, vivía solo y estaba en situación de calle.

Donde no pasó desapercibido, sin embargo, fue en la residencia del Sename donde pernoctaba y en el Tribunal de Familia ariqueño, donde hacía varios meses se tramitaba una causa que llevaba su nombre y que había mantenido en absoluta reserva una denuncia en contra de un trabajador de la Defensoría de la Niñez.

A este último, en medio de entrevistas con educadores del centro del Sename, B lo identificó como un asiduo cliente. ¿La transacción? Droga. Marihuana, específicamente. En grandes cantidades, según le confidenciaría a los profesionales del Sename.

Los inicios

El historial procesal de B en Chile comienza el 8 de octubre de 2019. Ese día fue derivado por F, trabajador social de la Defensoría de la Niñez, a un centro de día perteneciente a World Vision, una organización que contribuye a la protección de la infancia y familias en calidad de migrante.

La idea era simple: sacar a B de la calle y poder ubicarle un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, World Vision no ofrecía la posibilidad de que el joven pernoctara en sus dependencias, por lo que la directora del recinto decidió dar aviso a Carabineros. Ellos hicieron lo propio con el juez de Familia de Arica.

Fue precisamente la notificación de la directora -a través de los uniformados- lo que dio pie al proceso judicial que tenía como fin último buscarle un lugar donde residir a B.

Menos de 24 horas después, el joven fue ingresado al CREAD (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) del Sename en Arica.

El nuevo comienzo

El paso de B por el CREAD no estuvo exento de complicaciones. B no estaba acostumbrado a pasar tiempo encerrado. O al menos eso podría inferirse de sus constantes fugas de la residencia.

Según consta en los archivos judiciales, B se escapó en al menos cuatro oportunidades del Sename, entre el 21 de octubre y el 3 de diciembre de 2019.

¿Su huida más larga? La del 6 de noviembre de ese año, cuando B pasó prácticamente un mes desaparecido, situación que motivó al programa Mi Abogado -perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)- a iniciar una curaduría ad litem (representación jurídica de niños en procesos judiciales) para dar con el paradero del menor.

La representación la asumió Manuel Flores Chamaca, quien de inmediato inició las diligencias pertinentes, triangulando información con World Visión, el CREAD, y la Defensoría de la Niñez de Arica y Parinacota.

El trabajo no daría resultado, “teniendo en consideración que el adolescente no mantiene familia consanguínea, o extensa dentro de la ciudad”, según explicaría más tarde Flores Chamaca al Tribunal de Familia.

Tres semanas después, la suerte del abogado cambiaría: el 27 de noviembre de ese año, alrededor de las 13:00 horas, el profesional recibió un llamado telefónico de la Defensoría de la Niñez en el que se da aviso que B estaba en sus dependencias.

B había ido a visitar a F, su amigo.

La amistad

La relación entre F y B no era ajena para el Tribunal de Familia de Arica. Entre fuga y fuga del hogar del Sename, B había confesado a los funcionarios del recinto que el trabajador de la Defensoría de la Niñez era -en sus propias palabras- su “cliente”.

Así quedó plasmado en una denuncia realizada por el CREAD el 24 de octubre de 2019.

Un día antes, B contó que su amigo de nombre F le ofreció traerlo al CREAD para ayudarlo a tener una mejor vida.

“En este contexto, el joven manifiesta, mientras se encontraba en situación de calle, (que) este adulto era su cliente comprándole droga, específicamente marihuana”, versa el escrito que el Sename le hizo llegar al tribunal.

Según consta en el mismo documento, B señaló de forma textual que F “compraba en gran cantidad, es un buen cliente”.

Indica también que “esta persona adulta le promete que luego de su ingreso en CREAD, lo seguiría visitando en residencia”, algo que F cumplió, de acuerdo al registro de visitas del 19 de octubre de ese año.

La medida cautelar

Cuando Flores Chamaca recibió el llamado de la Defensoría de la Niñez ese 27 de noviembre de 2019, en el que se daba aviso de que B estaba con F en sus dependencias, decidió tomar cartas en el asunto.

Menos de una semana después, el 3 de diciembre de ese año -y con el antecedente de la venta de drogas en mente- el abogado de la CAJ convocó a una reunión con representantes del CREAD, y World Visión.

En la oportunidad, ambas entidades le informaron que el trabajador social, es decir, F, tenía una estrecha relación de amistad con su representado.

Como prueba de ello, le refirieron que este último le había comprado zapatillas, pagado cortes de pelos, entre otros regalos, situación que terminó por llevar a Flores Chamaca a presentar una medida cautelar de alejamiento para F respecto de B.

“Teniendo en consideración de la denuncia efectuada por el mismo CREAD (…) hace presumir que (la relación con F) es un elemento vulnerador y no protector del adolescente”, versa el escrito.

Según argumentó Flores Chamaca, el actuar de F “teniendo en consideración la calidad de funcionario público que detenta, y que hasta la fecha sigue ejerciendo laborales habituales en su trabajo, y manteniendo contacto con el adolescente” no cumple “con el objetivo en la Convención Internacional de Derechos del Niño”.

La respuesta llegaría el 6 de diciembre de 2019, cuando el Juzgado de Familia de Arica acogió la solicitud de medida cautelar y ordenó la prohibición a F de acercarse al adolescente “donde éste se encuentre o lugares que frecuente”.

La investigación que no se hizo

Cuando B, es decir, el menor, confesó a los educadores que vendía droga al trabajador de la Defensoría de la Niñez, el CREAD no sólo hizo llegar la información al tribunal, sino que activó sus protocolos y estampó una denuncia ante el Ministerio Público “con el fin de que investigue si el hecho es constitutivo de delito”.

Asimismo, fue el propio juzgado quien ofició a la Fiscalía Local de Arica con el fin de “solicitar un informe acerca de denuncias interpuestas en contra del referido funcionario público” en las que “se encuentre involucrado el adolescente (…) e indique las medidas de resguardo adoptadas al efecto”.

Pese a todo ello, según constató BioBioChile, dicha investigación nunca llegó a concretarse.

Consultado por este medio, Manuel Flores Chamaca, el curador ad litem que representó a B en el proceso judicial, detalló escuetamente que utilizar a un menor para ejecutar un ilícito sin duda se puede considerar como un agravante”, pero advierte que “hay que ver qué delito es, cómo lo ejecutó, etcétera”.

“El delito de microtráfico y tráfico es complejo. Esto porque con el puro relato es difícil configurar propiamente tal este delito”, dice el abogado de la CAJ.

“Son materias que la Fiscalía tiene que seguir investigando”, reflexiona respecto del seguimiento del caso, en el que -a su juicio- se hizo todo lo posible.

“De nuestra parte, se informó y se presentaron las acciones correspondientes para que este caso fuera visualizado por la institucionalidad”, explica.

El joven

La historia de B evidentemente no termina aquí. Los años siguientes fueron turbulentos. Según quedó registrado en la carpeta judicial, el 11 de marzo de 2020, mientras vivía en el CREAD de Arica, sufrió un disparo en el pecho.

“Paciente ingresa por urgencia, luego de recibir impacto de bala en zona torácica, va a pabellón”, se lee en uno de los documentos del archivo judicial, que no da cuenta de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Sea como sea, lo cierto es que a fines de julio de ese mismo año el nombre de B volvió a aparecer en los escritos del Juzgado de Familia de Arica. Esta vez para comenzar a formalizar su despedida de la residencia, luego de que se fuera a vivir a Viña del Mar, a casa de un hermano.

Lo último que se sabe de B, también por la carpeta judicial, es que recientemente fue visto en Lima, Perú, donde se encuentra radicado junto a su madre.

Sumario en la Defensoría

Consultados por estos hechos, desde la Defensoría de la Niñez emitieron una declaración pública en la que señalan que F fue investigado en un sumario interno, abierto tras una denuncia del Sename “por el comportamiento indebido del funcionario de la macrozona norte”.

Sin embargo, en el documento no hacen alusión expresa a la compra-venta de estupefacientes acusada por el CREAD y apuntan que el proceso en contra de F fue cerrado sin sanciones, pues se determinó que “no hay denuncias contra el funcionario de esta institución por parte del adolescente”.

La respuesta de la Defensoría de la Niñez contrasta con la versión del director regional del Sename en Arica y Parinacota, Pablo González, quien sostiene que no existe antecedente alguno que desvirtúe lo relatado por el menor.

En esa línea, confirma que la denuncia realizada por el Sename ocurrió luego de que B efectivamente le contara a un funcionario del CREAD que existía un vínculo de transacción de drogas entre él y F.

“Nosotros tenemos protocolos muy estrictos de actuación cuando recibimos cualquier tipo de denuncia. De inmediato tenemos circulares que se echan a andar, la cuales nos obligan automáticamente a denunciar ante las autoridades competentes” precisó.

Así, agregó que la denuncia que se incluye en la solicitud de medida cautelar es lo mismo que se envió al Ministerio Público y a los diferentes organismos, lo que finalmente respalda que esta misma solicitud haya sido aprobada.

Pese a que ha transcurrido más de un año de la denuncia en su contra, F sigue contratado en la Defensoría de la Niñez, según consta en el sitio web de la institución.

BBCL intentó en reiteradas oportunidades obtener una versión de la Fiscalía Regional de Arica para aclarar los motivos de por qué dicha investigación no se concretó.

Pese a la insistencia, el organismo declinó entregar una respuesta.

Lo propio hizo Natalia Cuello, directora del centro de día de World Vision en Arica, quien evitó referirse al caso.

“De acuerdo a las políticas nacionales e internacionales a las cuales nos encontramos suscritos, no podemos brindar mayor información”, explicó vía e-mail.

Lea la respuesta de la Defensoría de la Niñez aquí: