Fotografía: Municipalidad de Recoleta

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  • La acción legal se enmarca dentro de una investigación que sustancia desde el 2016 la Fiscalía Centro Norte, que hasta ahora no ha formalizado ni a las empleadas municipales ni a tres empresarios supuestamente involucrados en los hechos. El CDE tampoco ha recurrido contra el jefe comunal, Daniel Jadue (PC), quien aparece como el primer querellante en la causa. Como sea, el organismo encargado de defender los intereses del fisco -que demoró tres años en querellarse- asegura que la actual administradora municipal, más otra empleada, se coludieron para que una constructora que presentó documentos falsos, se adjudicara la mantención del Liceo Valentín Letelier. Las obras quedaron paralizadas y, según el organismo, el Estado sufrió una pérdida cercana a los $1.000 millones. Interceptaciones telefónicas de 2017, aún eran mantenidas bajo reserva, sin que hasta ahora se conozca su utilidad. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella criminal, esta vez por el delito de fraude al fisco, en contra de dos funcionarias de la Municipalidad de Recoleta, en el marco de la investigación que sustancia desde 2016 la Fiscalía Centro Norte. Esto por la supuesta contratación directa, por vías irregulares, de una constructora que presentó documentación falsa para adjudicarse la mantención del liceo Valentín Letelier por una suma superior a los $957 millones, transferidos desde el Gobierno Regional.

    De acuerdo al libelo, se trata de la actual administradora edilicia Gianinna Repetti y la empleada administrativa Vilcia Quezada. Al momento de los hechos, Repetti se desempeñaba como jefa de la Secretaría Comunal de Planificación Comunal (Secplac). Ambas se encuentran en sus cargos.

    Lea la querella del CDE

    Junto a las anteriores, también está querellado César Salazar por el delito de falsificación de documentos, en un libelo interpuesto por el CDE en marzo pasado.

    Este empresario aparece ligado a la constructora Rosachi, quien debía presentar una boleta de garantía por 94 millones, el certificado vigente del Ministerio de Vivienda y una póliza de seguro, que resultaron ser falsos “por encontrarse en los mismos sendas adulteraciones”.

    En la acción legal presentada el 29 de octubre pasado, el CDE imputó también a dos personas vinculadas a este último: José Ortega y Pablo Bulboa por fraude al fisco que solo comenten los funcionarios públicos. Sin embargo, el organismo los acusa de “coparticipar” del ilícito e invocó la figura de la “comunicabilidad” de los hechos, por lo que también incluyó a Salazar.

    El caso se inició en 2016 por una querella del alcalde Daniel Jadue y casi cuatro años después se hizo parte del CDE que -al menos hasta ahora- no ha imputado al jefe comunal. Pese al tiempo transcurrido, hasta hoy ninguno de los aludidos ha sido formalizado por el Ministerio Público. En todo caso, el órgano asegura que ambas funcionarias, que continúan en sus puestos, “son de confianza del alcalde”.

    Lea la querella de Jadue

    Según el organismo, los querellados se habrían coludido para ejecutar el delito “a fin de instalar una máquina defraudatoria para obtener o hacerse de parte de los recursos públicos destinados (a) la correcta ejecución de proyecto”.

    Sin control

    Básicamente, el CDE apunta a que “dichas falsificaciones no fueron controladas ni advertidas por las funcionarias de la Municipalidad de Recoleta”, Repetti y Quezada.

    De hecho, sigue la acción legal, las mujeres terminaron “celebrando el contrato e incluso procediendo a efectuar el pago por los avances de la obra que finalmente (…) quedó sin ejecutar”. Los actos habrían provocado al fisco un perjuicio de$1.000 millones.

    Los hechos se remontan a enero de 2016 cuando el Concejo Municipal aprobó la contratación directa para el mejoramiento del centro educacional, hecho que fue refrendado por un decreto fechado el 12 de febrero del mismo año. La decisión del ampliado, se produjo luego de una licitación que fue declarada desierta porque otras firmas del rubro no presentaron la documentación necesaria para avalar “la seriedad de la oferta”.

    El CDE apunta a que después de anulado el concurso se habrían contactado a las mismas empresas. De acuerdo a la declaración ante el Ministerio Público que prestó Quezada, invitó también a Rosachi a instancias de Repetti.

    Quezada, señala el documento, amplió su testimonio y aseguró no haber invitado a esta última firma, sino al empresario Bulboa.

    Repetti, en tanto, declaró que “tomó contacto conmigo en mi calidad de directora de Secpla el señor Pablo Bulboa, quien anteriormente se había vinculado con el municipio a través de una empresa llamada Enlogik de luminarias públicas quienes presentaron un demo luminarias Led de manera gratuita en (…) 2014”.

    En el marco de los contactos, señala el organismo, se produjeron una serie de comunicaciones de Bulboa a los correos electrónicos privados de Ripetti y Quezada a principios de enero de 2016.

    Luego de lo anterior, el Concejo Municipal terminó aprobando la contratación, pero según el CDE fueron Quezada y Martínez quienes hicieron la presentación.

    Diligencias

    A poco andar se descubrió que la documentación de la firma era falsa, “lo que implicó que se pusiera término al contrato y se paralizaran las obras, produciendo consecuentemente el perjuicio para las arcas fiscales”, según se indica en la querella.

    “Por todo lo anterior, nos encontramos en presencia de una tríada que se concierta para defraudar al Municipio, realizando una serie de actuaciones que tenían la sola finalidad de apropiarse de al menos parte de esos recursos dispuesto para la ejecución de este
    proyecto”, sigue.

    Y agrega. “En efecto, el querellado Cesar Salazar (…) se coordina con Pablo Bulboa y José Luis Ortega Álvarez, para que estos, usando de los vínculos que mantenían con funcionarios de confianza del alcalde, como lo es la querellada Repetti, logren adjudicarse la contratación directa de este proyecto. Luego “los Gestores” Bulboa y Álvarez, usan las redes y contacto que tienen con las funcionarias Municipales, para adjudicarse licitaciones, dicha forma de actuación no solo sería utilizados en este proyecto”. Cuáles son estos últimos, la querella del CDE no los menciona.

    En este caso el Ministerio Público sufrió dos grandes traspiés. El primero porque la entonces fiscal del caso Macarena Cañas pidió la incautación de los servidores de la municipalidad, pero le fue negado y el tribunal solo accedió a que se revisaran los correos electrónicos internacionales de los imputados.

    En tanto, en mayo pasado, previa petición de uno de los defensores, resolvió la entrega una carpeta rotulada como “reservada” donde constaban interceptaciones telefónicas, realizadas en octubre de 2017. Es decir, hace más de tres años.

    El CDE solicitó una serie de diligencias a la Fiscalía Centro Norte, algunas de las cuales están cumplidas.

    Sin embargo hay una que se encuentra pendiente. Y es que el organismo pide que la justicia declare el “cese de la representación” como “intervinientes” al municipio de Recoleta y al Gobierno Regional que también actúa como querellante, “dejando solo al CDE como recurrente.

    El Tercer Tribunal de Garantía Santiago, al menos en primera instancia, no acogió la petición y dio “traslado” a las partes, debiendo resolver la solicitud en los próximos días.

    Este medio solicitó una opinión al alcalde Jadue, pero se excusó de hacer comentarios.

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