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  • El argentino Alberto Scuncio, quien vendió 250 mil cajas de alimentos por 10 millones de dólares al gobierno, en el contexto de la pandemia, contrató al penalista y exfiscal Ricardo Freire, para que lo patrocine en una eventual investigación por blanqueo de capitales que habría iniciado el Ministerio Público de Concepción, cuya existencia hasta ahora no ha querido confirmar ni desmentir. El profesional pidió información sobre el caso pero se la negaron. Por esta razón, forzó una audiencia ante el tribunal de garantía penquista para que la fiscalía transparente si indaga o no a su representado. Scuncio es investigado por el mismo delito en Venezuela, donde también vendió cajas con alimentos, presumiblemente con sobreprecios. A su vez, el senador Alejandro Navarro habría aprovechado sus redes con el gobierno de Nicolás Maduro para que el empresario lograra comerciar sus productos. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    A principios de Julio, el empresario argentino radicado en Concepción, Alberto Scuncio, hizo noticia luego que trascendió que estaría siendo investigado en Venezuela por lavado de dinero.

    El hecho sacó a colación sus vínculos con el senador por la Región del Bío Bío, Alejandro Navarro, pero también porque una de sus empresas fue la responsable de vender al gobierno de Sebastián Piñera, 250 mil cajas de alimentos por más de 10 millones de dólares para que fueran repartidas en el contexto de la Pandemia.

    A raíz de la información sobre una posible indagatoria del Estado Bolivariano, trascendió que el Ministerio Público penquista abrió una causa por blanqueo de capitales dirigida al hombre de negocios, hecho que el organismo no ha querido desmentir ni confirmar públicamente.

    Por esta razón, hace pocos días Scuncio contrató al abogado penalista y exfiscal Ricardo Freire para que lo represente ante una eventual investigación.

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    Foto: Abogado Ricardo Freire

    El profesional envió un correo electrónico para obtener información de la causa y presentar así el patrocinio y poder, documento ineludible para acreditar que Scuncio es su cliente y accionar en el caso. Sin embargo, por la misma vía el organismo perseguidor le negó cualquier dato.

    “Alberto Juan Scuncio supo que estaba siendo investigado por distintos reportajes que publicó la prensa. Desde la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, como defensa nos acercamos a la fiscalía preguntando formalmente por la investigación para hacernos parte y colaborar activamente en ella. Lamentablemente, no nos entregó ninguna información”, aseveró Freire a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Lea el escrito

    El actual sistema de persecución permite a cualquier persona que el Ministerio Público le informe si lo indaga, figura conocida como “control judicial previo a una formalización”, ,contenida en el artículo 186 del Código Procesal Penal (CPP). Esto fue precisamente lo que invocó Freire ante el Tribunal de Garantía de Concepción, el pasado 24 de julio.

    “Debimos recurrir al juez de garantía con el objeto de pedirle a la fiscalía que informe sobre la investigación que lleva en contra de mi representado. La audiencia ya fue fijada para el 28 de septiembre (de 2020)”, añadió.

    En otras palabras, ese día el organismo perseguidor estará obligado a revelar lo que hasta ahora se ha negado a confirmar o descartar.

    Una investigación por lavado de activos permite a la fiscalía decretar una serie de medidas intrusivas previa autorización de un juez, tales como interceptaciones telefónicas, alzamiento del secreto bancario, entre otras.

    Lea la resolución judicial

    En cualquier caso, el día en que se realice la audiencia y, siempre y cuando existe un caso en contra del empresario, lo más probable es que el Ministerio Público aplique secreto a la carpeta de investigación durante seis meses.

    Inteligencia

    Hay que recordar que a fines de 2019 la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) preparó un detallado informe sobre las actividades económicas de Scuncio tanto en Chile, como también con dirigentes venezolanos.

    De acuerdo a la versión que entregó la Fiscal Nacional de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega a Radio Bío Bío, existe una red internacional de blanqueo de capitales con las cajas de alimentos (conocidas como CLAP) que Scuncio vendió en Caracas, indagatoria que se inició en 2016.

    “Luego de que el Ejecutivo (de Venezuela) puso en práctica las cajas CLAP comenzamos la investigación, porque se pudo determinar que este proceso fue a través de adjudicación directa, no hubo licitación. Pudimos demostrar que había sobreprecio en los alimentos”, dijo.

    Sin mencionar directamente al senador Navarro, un acérrimo defensor del régimen de Maduro y con importantes redes en ese país, la exfiscal explicó que la trama financiera “se armó a través de contactos, personas relacionadas con actores gubernamentales en Venezuela y con otros actores políticos y sociales de otros países”.

    Pese a los antecedentes con que contaba La Moneda, Scuncio vendió las 250 mil cajas cajas de alimento al gobierno -en el contexto de la pandemia- por 10 millones de dólares.

    Inocencia

    Scuncio ha sostenido hasta ahora que todas sus finanzas están en regla, reconociendo que ha hecho negocios con Venezuela, con la venta de cajas de alimentos al igual que en Chile y la importación de fertilizantes.

    No ha sido la única polémica en la que Scuncio se ha visto involucrado. También a principios de julio la Municipalidad de Coronel, Región del Bío Bío, rebajó $1.000 millones por concepto de patentes impagas desde 2012, a una empresa embotelladora de su propiedad que dejó de funcionar.

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