La Contraloría General de la República iniciará un sumario administrativo en la Fuerza Aérea de Chile (FACh), luego que descubriera graves irregularidades en la entrega de fondos para viajes y “asignaciones especiales” a funcionarios para viajes al extranjero.
La información consta el Informe Final 522 que el organismo fiscalizador realizó al Comando de Personal de la institución y que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
De acuerdo al documento, la FACh entregó dinero para solventar gastos a distintos militares por concepto de embalajes, fletes y viajes -entre 2017 y 2018- por más de un millón de dólares, que en algunos casos carecían de boletas o facturas como respaldo.
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Por lo anterior, la entidad de control iniciará el “reparo” correspondiente, es decir un procedimiento para recuperar dichos fondos a través de un juicio de cuentas.
La institución, estableció la Contraloría, pagó viáticos por más de 86 mil dólares a militares que “pernoctaron en el avión” o bien la comisión de servicio se desarrolló en menos días a los que estableció el mando.
Otro acápite de la auditoría fiscal acreditó que se cancelaron más de 31 mil dólares como asignación especial a funcionarios en cuyos viajes al exterior la estadía y alimentación corrió por cuenta del país anfitrión.
Lo establecido por el informe de revisión, es que la empresa Turismo Cocha habría participado de las anomalías detectadas. Se trata de la firma que descubrió la ministra en visita civil de la Corte Marcial Romy Rutherford, en una de las aristas del caso “Milico Gate”, que vincula a varios generales (r) del Ejército que también usaron platas fiscales con fines personales.
A raíz de las sospechas de la Contraloría sobre el vínculo con la agencia de viajes, resolvió enviar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que investigue las eventuales infracciones tributarias.
“(…) en lo sucesivo, la entidad deberá ejecutar acciones que le permitan realizar sus compras de pasajes con la mayor información disponible que el mercado le pueda entregar, con el propósito de efectuar sus adquisiciones a través del Sistema de Información de Compras Públicas, y bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia, todo ello, asegurando la continuidad de sus actividades y el buen uso de los recursos públicos”, se lee en el informe.
Por ahora, la resolución del organismo fiscalizador que apunta a la FACh es solo de carácter administrativo.
Cónyuges en la mira
La Contraloría advirtió coincidencias entre las fechas de los viajes de algunos funcionarios con el de sus cónyuges.
Si bien no se pudo acreditar que los pasajes fueron comprados con fondos fiscales, el organismo indicó que, al no requerir la rendición de cuenta a sus militares, “existe el riesgo de que los viajes de las cónyuges hayan sido financiados total o parcialmente con recursos públicos”.
Y advirtió: “(…) la institución, en lo sucesivo, deberá controlar de manera eficiente el uso de los recursos públicos, adoptando medidas que permitan mitigar el riesgo de que estos sean utilizados para fines no institucionales”.
La FACh calificó el alcance administrativo como una “observación improcedente, toda vez que los viajes de las cónyuges del personal militar constituyen actividades desarrolladas en el ámbito privado”. Asimismo, aseguró que en la institución no existía peligro alguno de que las platas fiscales fueran usadas ilegalmente.
La Contraloría estimó que la respuesta era llamativa, ya que al revisar el sistema interno, descubrió “registros de pagos (…) sin identificar el número del documento (…) asociado a la transacción”. Entre ellos, destaca el informe, los emitidos “por la empresa Turismo Cocha S.A., (…) que no se encuentran registrados en la contabilidad reafirmándose (…) la existencia del mencionado riesgo en el periodo examinado”.
Junto al sumario que realizará la Contraloría, la FACh también sustancia uno de carácter interno.
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