Las acusaciones por engaños y estafa que tienen a la líder de emprendedores del Bío Bío en la mira

La historia va a así. Betsy Concha Márquez hasta fines de 2019 y comienzos de este año gozaba de gran popularidad en Concepción. Era líder en el Bío Bío de la Asech, la Asociación de Emprendedores de Chile, y aparecía asiduamente en medios de comunicación. A menudo era descrita como una arquitecta pionera y sus proyectos eran ensalzados por la prensa local.

Pero todo cambió. Una denuncia que comenzó a rondar en el círculo empresarial penquista terminó por destapar un entramado de acusaciones por millonarios engaños y estafas que podrían llevar a Concha Márquez ante la justicia… nuevamente.

En 2009 y 2018 la Fiscalía Local de Santiago Centro la investigó en calidad de imputada por este último delito. Ambas causas terminaron con la suspensión condicional del procedimiento, pero en marzo de este año se sumó una nueva acusación, la del ingeniero constructor, José Luis Cárcamo, quien en 2019 le prestó 50 millones de pesos para una supuesta iniciativa de la Corfo que -según asegura con documentación en mano- resultó ser falsa. Y podría agregarse una nueva acción legal, a manos de la familia Bretti, conocidos empresarios en Concepción que dicen haber corrido una suerte similar.

Todos denuncian algo en común: Betsy les prometió formar parte de lucrativos proyectos -algunos inexistentes y otros asociados a su conocida iniciativa DAS8– a cambio de capital. Pero, con el dinero ya en su poder, huía de las consultas, comenzaban las excusas y simplemente se quedaba con cuantiosas sumas.

BioBioChile accedió en exclusiva a los e-mails, conversaciones y testimonios de quienes hoy tienen a la arquitecta contra la espada y la pared. Ella se defendió presentando recursos ante la Corte de Apelaciones de Concepción por injurias y calumnias en contra de sus acusadores. Los hechos son “falsos”, afirma.

El correo

“Comunicación”, era el asunto de la cadena de correos electrónicos que echó a andar José Luis Cárcamo, ingeniero constructor de San Pedro de la Paz. ¿Los destinatarios? Al menos 40 emprendedores e instituciones ligadas al mundo empresarial local.

El objetivo era claro: “Contar la desagradable experiencia que viví” con ella, para que “nadie más pase por lo que estoy pasando”, comienza.

Según acusa, fue contactado en mayo de 2019 por la arquitecta para participar en su empresa DAS8, dedicada al reciclaje y economía circular. En buenas cuentas, toman residuos de las grandes industrias, los reconvierten y vuelven a vender.

Así, Cárcamo dice que Concha le explicó que se había ganado un proyecto de la Corfo, que ya se había adjudicado varias iniciativas similares y que en todos se debía pagar a la entidad el 25% del presupuesto. En este caso $50 millones de un total de $200 millones.

A cambio -acusa- le ofreció trabajo en ese mismo emprendimiento, por el cual pagaría un sueldo líquido de $2 millones como jefe de proyecto, además de una utilidad por prestarle el capital. De acuerdo al ingeniero, ella le refirió que Corfo no demoraba más de dos meses en entregar la primera remesa de 100 millones, es decir, el 50% del presupuesto total, siempre y cuando la garantía estuviera pagada.

Con todos esos antecedentes sobre la mesa, Cárcamo le terminó prestando $45 millones, relata.

Los cheques

Así, el 13 de mayo extendió dos cheques. El primero fue por $7.750.000 e iba para Ángela Sanhueza, quien -según dice Cárcamo- Betsy Concha le comentó era la ejecutiva de Corfo que llevaba el proyecto. Sin embargo, resultó ser una corredora de propiedades que -como se verá- terminó siendo pieza clave en la historia aunque poco o nada tendría que ver en el entuerto.

Sea como sea, el segundo documento bancario fue a nombre de DAS8, por $37.250.000, sumando entonces el total de $45 millones.

Concha le entregó a cambio un pagaré notarial como garantía, pero pasaron los meses y la entidad estatal no realizó la transferencia de los primero 100 millones, con los cuales supuestamente le devolvería el dinero enviado por Cárcamo.

Desde entonces,narra, comenzó una larga lista de excusas: que Corfo se estaba demorando por trámites internos, que cambiaron a la ejecutiva, que debía ponerse al día, que en la postulación no habían incluido documentos requeridos…

Pasaron varios meses y en octubre de 2019 aún no había noticias positivas. Pero no había nada de que preocuparse, dice el ingeniero que le aseguró Concha, pues ella conocía personalmente a la directora regional de la Corfo, Macarena Vera, porque eran apoderadas en el mismo curso donde estudiaban sus hijos (cosa que es cierta, pero que según Vera solo mantienen una relación estrictamente profesional debido al trabajo con el gremio). Esta última le habría dicho a la acusada que por norma los presupuestos estatales no pueden quedar pendientes para el próximo año, así que paciencia.

Después de mucho presionar -agrega el denunciante- logró que pagará la mitad del dinero, pero con respecto a los sueldos pactados canceló poco menos de la mitad y quedó debiendo hasta dineros de caja chica. Llegó enero de 2020 y ella dijo que Corfo no le había transferido, que Contraloría le retuvo los dineros porque tenían que hacer una revisión de DAS8 y un largo etcétera de excusas, puntualiza.

Por ello, Cárcamo comenzó su propia investigación. Pidió por Transparencia los detalles del proyecto que -en teoría- Concha se había ganado, pero resultó que nunca hubo tal adjudicación.

“Como resultado del análisis de pertinencia (…) se concluyó que su proyecto no cumplió con todos los requisitos de dicho análisis y, por lo tanto, es no pertinente”, consigna a la respuesta enviada por la Corfo el 5 de marzo de 2020.

En buenas cuentas, se presentó, pero no cumplió con los requisitos. Los recursos estatales jamás llegarían.

***

La familia Bretti -dueños de un holding dedicado al rubro industrial- conoció a Concha a comienzos de 2019. Eran “vecinos” en un cowork del centro de Concepción y en enero de ese año ella los invitó a participar de un proyecto, también asociado a DAS8, apunta.

Según cuentan, la arquitecta le mostró en papel una orden de compra de la empresa Arauco para tratamiento de residuos para entregarle proyectos finales, que eran planchas de plástico. Estaba todo listo, pero requería antes de capital para poner en marcha la planta de transformación de residuos no peligrosos.

Así, afirman, se les invitó a participar de una nueva sociedad en la que ellos debían aportar $50 millones. Los Bretti se quedarían con el 49% de la participación y ella el 51%.

Lo primero que debían hacer era hallar un galpón para convertirlo en centro de operaciones del innovador proyecto. Aunque no era tarea fácil, porque el lugar debía contar con condiciones específicas, especialmente en materia de energía.

Así las cosas, encontraron uno en Talcahuano para cuyo contrato de arriendo Concha pidió a la familia que participaran como aval, a lo que accedieron, por lo que el 8 de mayo de 2019 llegaron hasta una notaría en Concepción, señalan.

En este punto de la historia ocurre un hecho clave, pues los relatos de los Bretti y del ingeniero José Luis Cárcamo se entrelazan, pese a que aseguran no conocerse. Curiosamente quien concurrió a la cita -como corredora de propiedades- fue Ángela Sanhueza, la misma mujer que habría sido sindicada por Concha como ejecutiva de Corfo y a quien Cárcamo le transfirió el dinero.

También llegó la familia Bretti en calidad de aval, pero Concha no arribaría a la notaría hasta una hora más tarde de lo convenido. Pese al inconveniente, el acuerdo -por $3 millones y medio mensuales, más el mes de garantía y la comisión a la corredora- finalmente terminó siendo firmado.

La sociedad ya contaba con un lugar para ponerse manos a la obra.

La deuda, el pago, las sospechas

El entusiasmo duró poco. Comenzaron a pasar los días y Concha aún no pagaba el arriendo que debía ser transferido a la corredora la misma tarde del 8 de mayo, situación que mantenía impacientes a los Bretti, dicen. Ello se refleja en una serie de correos electrónicos en los que le señalan que hasta el sábado 11 de ese mes las platas no habían sido enviadas.

“No puedo dejar de manifestar mi preocupación por estas faltas e incumplimientos. Es básico en cualquier negocio y sociedad, el respeto y la confianza, espero lo entiendas y lo puedas revertir”, le recriminaron vía e-mail, no sin antes citarla a una “reunión urgente” para el lunes siguiente en la mañana.

La respuesta llegó a través del mismo medio. “Cometí un error por desconocimiento de los días liberación de los recursos que puse en un fondo. Sin embargo, este lunes estará disponible, le comuniqué a Ángela que fue un error 100% mío”.

“No puedo lunes am por compromisos agendados de antes. Disponible desde las 15:00 hrs”, se excusó, pero nunca habría llegado a la cita. Un día más tarde, apareció el dinero y se canceló la deuda. Según sospecharían más tarde, los dineros corresponderían a los depositados por José Luis Cárcamo a la propia Sanhueza, recordemos, supuesta funcionaria de Corfo.

De acuerdo al relato de los Bretti, lo ocurrido fue extraño, pero no lo suficiente para abandonar el proyecto. En la oportunidad, aseguran, Concha les explicó que de los 50 millones, casi 8 millones iban destinados al contrato de arriendo y el resto a la maquinaria requerida para la planta.

Sin embargo, nuevamente comenzaron con los problemas. La familia Bretti dice que Betsy les aseguró que la estafaron con las maquinas y que el tipo de la maestranza no se las quería pasar. De la noche a la mañana, sostienen, sólo quedaban $6 millones de los 50 que habían entregado, los que terminarían siendo administrados por ellos, pese al enojo de la arquitecta.

Según narran, ella volvió a pedir plata dos veces, pero se negaron a menos que rindiera los gastos. Volvió a ofuscarse, explican, y solicitó desarmar la sociedad. Los Bretti lo vieron como una buena oportunidad de salirse, por lo que aceptaron. Se juntaron con un abogado y firmaron un acuerdo donde se prometía devolver el total de los dineros, más $30 millones de utilidades.

No obstante, indican, éste nunca fue legalizado por lo que buscaron firmar algo más tangible, pero no lograron que prendara la participación en la empresa para poder exigir su parte y así quedarse con el contrato de arriendo del cual eran aval, para no afectar la reputación del holding.

Hasta ahora, denuncian, no se les ha devuelto el dinero adeudado y la planta nunca llegó a funcionar.

***

Ángela Sanhueza, la supuesta funcionaria de Corfo y verdadera corredora de propiedades, dice que no tiene nada que ver en el entuerto. Según cuenta, Concha la presionó para aceptar una transferencia de un tercero, es decir, la de Cárcamo y que ella -por norma- jamás permite ese medio de pago.

Insistió que esa era la forma más rápida de liberar los fondos adeudados, asevera.

También asegura que la única razón por la que arrendaron el galpón en Talcahuano fue porque la familia Bretti estaba detrás, como aval, pero que de lo contrario no habría llegado a un acuerdo con la mujer, pues no habría calificado.

En esa línea, lamenta haberse visto involucrada en las acusaciones.

En tanto, Macarena Vera, directora regional de Corfo aclara que la institución estatal nunca pide dinero, ni menos una transferencia a un funcionario. Solamente solicita que se acredite el capital requerido mediante una boleta de garantía o documento bancario.

Sobre este caso en particular comenta que es un tema entre privados, por lo que declinó referirse en detalle.

La defensa y las acciones legales de la acusada

Debido a las acusaciones en su contra, la arquitecta presentó dos recursos ante la Corte de Apelaciones de Concepción, denunciando lo manifestado por José Luis Cárcamo e Italo Bretti como injurias y calumnias. El último de ellos se sumó a la cadena de e-mails iniciada por el primero, donde sostuvo que “es una vergüenza que existan personas con (como) Betsy Concha, que estafa usando una buena causa que creo todos compartimos, el reciclaje”.

En ambas acciones legales -patrocinadas por el abogado Víctor Sepúlveda- se destaca el “reconocimiento, buena fama, prestigio y trayectoria” de su representada, cuya reputación “fue notoria y seriamente afectada, de súbito” por los correos enviados por ambos denunciantes.

Aunque sin entrar en detalles -pues eso sería revisado en profundidad en una eventual querella- se señala que las acusaciones y hechos son falsos y “denuestan la fama y honra de la recurrente, privando y perturbando su derecho a la vida e integridad psíquica y derechos a la honra y vida privada de mi representada.

Esta última -se afirma- “recibió gran cantidad de llamados de amistades y de personas relacionadas al mundo o ecosistema del emprendimiento e innovación”, quienes manifestaron su preocupación “ante la gravedad de los hechos relatados por Cárcamo y Bretti” en los correos electrónicos.

Asimismo, en una declaración que difundió posterior a los e-mails, reconoce que “efectivamente existió una relación comercial con el Sr. Cárcamo a quien le adeudo dinero”, aunque señala que “por motivos ajenos a mi voluntad, no he podido regularizarlos y en reiteradas ocasiones le expliqué y pedí comprensión”.

Actualmente la participación de Concha como presidenta regional de la Asech se encuentra congelada, luego de que -señalan desde la agrupación- la propia denunciada solicitara la suspensión temporal del cargo mientras dure el proceso judicial.

BioBioChile se contactó con ella, pero declinó referirse a las acusaciones en su contra.