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  • El libelo fue interpuesto el pasado 6 de diciembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Gabriel Zaliasnik, donde se explica que una serie de funcionarios públicos habrían favorecido a la empresa Inversiones S&Z, que mantenía contratos con la Enami para el retiro de los residuos producidos por la Fundición Paipote, ubicada en la Región de Atacama. Actualmente, el caso es sustanciado por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, a cargo de Felipe Sepúlveda. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    La Empresa Nacional de Minería (Enami) presentó una querella por el delito de fraude al Fisco en contra de quienes resulten responsables, cuya cifra podría superar los 12 millones de dólares.

    El libelo fue interpuesto el pasado 6 de diciembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Gabriel Zaliasnik, donde se explica que una serie de funcionarios públicos habrían favorecido a la empresa Inversiones S&Z, que mantenía contratos con la Enami para el retiro de los residuos producidos por la Fundición Paipote, ubicada en la Región de Atacama.

    De acuerdo a la acción legal -que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– los hechos ocurrieron entre 2015 a 2018, debido a que empleados de la entidad obviaron procesos licitatorios y exigencias legales de adjudicación, sin resguardar los intereses fiscales.

    Lea la querella completa

    Las anomalías antes descritas, derivaron en que Inversiones S&Z pudo firmar al menos tres contratos pese a no contar con la “idoneidad” requerida. Al mismo tiempo y debido a la ausencia de control, se lee en el documento, la firma retiraba desde la fundición desechos distintos a los establecidos en los acuerdos comerciales, lo que derivó en las pérdidas denunciadas.

    Oficio reservado

    Los hechos materia de la querella comenzaron a develarse luego que Inversiones S&Z denunció ante la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) -el 9 de septiembre de 2018- un supuesto incumplimiento contractual de parte de Enami.

    Cochilco analizó los antecedentes y el pasado 9 de agosto emitió el oficio reservado 355 que arribó a varias conclusiones, “relativas, en general, a la falta de probidad de los funcionarios públicos que participaron en dichas operaciones, no resguardando los intereses de ENAMI (…)”.

    De hecho se estableció que los empleados de la empresa retiraban desde la Fundición Paipote residuos que contenían concentración de cobre, ubicados en lugares prohibidos, se establece en correos electrónicos del personal a cargo de la seguridad del recinto.

    “Personal de S&Z se le había visto escarbando y recolectando al parecer, material de cobre en el sector de Garita FF.CC tras la comercial”, señala uno de los emails que consta en el informe de Cochilco.

    Víctor Navarro, administrador del contrato suscrito con la compañía, informó a Orlando Rojas, Gerente (de Paipote), el 23 de octubre de 2018: “Andan merodeando sectores (principalmente en área de disposición de circulantes de fundición) e incluso los trozos de cobre (…)”.

    La situación fue nuevamente detectada por trabajadores de Paipote el pasado 24 de septiembre, donde se advirtió “la presencia de una gran cantidad de cobre metalizado entre los ladrillos que estaban siendo retirados por trabajadores de Inversiones S&Z, procediéndose a retener dicho acopio al interior de la fundición y a reforzar la seguridad al interior del recinto”, sigue la querella.

    Alta Complejidad

    En un comunicado que emitió Enami la semana pasada, sin que diera a conocer el monto de lo defraudado a las arcas fiscales, indicó: “Como Empresa Nacional de Minería, seguiremos trabajando con el firme compromiso de reflejar en cada una de nuestras acciones la rectitud, transparencia, excelencia y trazabilidad de nuestros procesos, de manera de poder cumplir cabalmente con nuestro fin último cual es apoyar el fomento de la pequeña y mediana minería chilena”.

    Legalmente, la Enami cuenta con un directorio integrado por ministro de Minería Baldo Prokurica, el subsecretario Ricardo Hormazábal en nombrado por Cochilco, un representante de Hacienda y tres miembros designados por el Presidente de la República. Le siguen otros nombrados por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Colegio de Ingenieros de Chile y el último por la Corfo.

    Actualmente, el caso es sustanciado por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, a cargo de Felipe Sepúlveda.

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