Ñuñoa: Contraloría descubre $517 millones sin respaldo y entrega auditoría a Fiscalía y CDE

La Contraloría General de la República encontró graves irregularidades en la Corporación Municipal de Ñuñoa por más de 517 millones de pesos, ya que no existen respaldos de dichos recursos gastados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.

Estos hechos, que podrían revestir caracteres de delito, fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que adopte las medidas pertinentes.

De acuerdo al documento al que accedió la Unidad de Investigación de radio Bío Bío, existen otras anomalías administrativas, como atrasos en los registros contables por más de 1.642 millones de pesos. Aún cuando la sede comunal explicó que se destinó personal para arreglar la situación, la entidad revisora, mantuvo la observación.

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A la anomalía anterior se descubrió que para la compra de bienes y servicios se omitió solicitar cotizaciones, las que permiten gastar de mejor manera los recursos y conseguir mejores precios.

Otro cuestionamiento es la falta de mecanismos de control de las fuentes de ingresos que “autogenera” la Municipalidad de Ñuñoa.

El informe del organismo fiscalizador, es la resultante de una presentación que realizaron una serie de concejales de la comuna en enero de 2019.

Otra vez

La Corporación no puso a disposición de la entidad revisora una serie de documentos necesarios para acreditar el buen uso de los recursos.

Por ejemplo, los papeles que debían acreditar más de 182 millones de pesos, nunca llegaron a manos de los auditores de la Contraloría.

El detalle que se entrega en el informe es que una arquitecta recibió honorarios por 37 millones sin que se pueda acreditar si los trabajos fueron realizados,

En tanto, para el exsecretario Corporación, Ramón Pavez González, se compró un teléfono Iphone por 649 mil pesos. El destino del aparato, hasta ahora, se desconoce.

Durante la indagatoria administrativa se acreditó Pavez González recibió bonos no contemplados en su remuneración.

Según el documento, cuando el alcalde Andrés Zarhi se percató de la situación, ordenó su desvinculación inmediata.

Pavez González, devolvió poco más de un millón de pesos, pero aún debe dinero a la sede edilicia. De no cancelarlos, sostiene el órgano de control, deben presentarse las acciones legales para que vuelvan al erario municipal.

Otro hecho que cuestionado en el informe, es que la Corporación pagó el Ahorro Preventivo Voluntario (APV) a Pavez, sin que estuviera legalmente autorizado para ello.

La respuesta de la entidad municipal, reconoció las irregularidades en relación a Pavez González, indicando que “resultaron del todo improcedentes”.

El 3 de marzo del presente, el profesor Julio Vidal Tobar falleció. Su labor la desempeña en el liceo Augusto D’Halmar. Error o no, lo cierto es que entre el mes de su muerte y junio del corriente recibió su sueldo completo, por un total que supera los 4 millones de pesos.

En tanto, hoy el alcalde Zahri concurrió a la Fiscalía Local de Ñuñoa, donde presentó una denuncia en contra de quienes resulten responsables, para que “se investigue si existen o
no acciones reñidas con la ley en el ejercicio de la ejecución de prestación de servicios,
ingresos y egresos durante el año 2018, en la Corporación”, se indicó en una declaración pública.

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La concejala del subpacto PPD, Patricia Hidalgo, indicío que “la corrupción llegó para quedarse en Ñuñoa”.

“Con este actuar poco prolijo que raya derechamente con lo delictual, se ha dañado irreparablemente la fe pública, ya son prácticas sistemáticas, muy difícil de probar cuánto es derechamente dolo y cuanto es falta o ineptitud”, agregó.

Y argumentó: “Me parece gravísimo lo constatado por la Contraloría Regional y viene confirmar lo que era un secreto a voces sobre el mal manejo administrativo de la Corporación Municipal, y que nos motivó a un grupo de concejales a presentar un recurso ante el órgano contralor para que se investigara”.

La Concejala del Partido Socialista, Paula Mendoza, indicó que “la permanente evasión para entregar informes oportunos y creíbles nos llevaron a revisar con lupa lo que ocurría”.

“En la fiscalización descubrimos mala administración y cambio permanente de Secretario Ejecutivo (hubo cuatro en sólo un semestre). Nuestra sospecha fundada del mal uso de fondos públicos, nos llevó presentar la denuncia a la CGR hace casi un año atrás: que hoy sea la propia entidad contralora quien derive a Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado nos hace reforzar la idea del control social y el respeto que merece la ciudadanía, porque las Autoridades están para servir a la gente, no para continuar abusando de ella”, concluyó.

* Con el trabajo del periodista Nicolás Espinoza.