Fotografía: Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp | Archivo | Agencia UNO

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  • En el concurso que se realizó en 2015 hubo un solo oferente, cuya única experiencia era haber sido vendedor de tumbas en otros mausoleos. Obtuvo la mayor puntuación, pese a que no contaba con las habilidades establecidas en la Ley de Compras. La adjudicación se realizó a nombre de una sociedad que no tenía existencia material, ya que se creó después de haber ganado la licitación. El contrato que opera actualmente significará, durante 30 años, una suma de total 2.125 millones de pesos para las arcas municipales. Sin embargo, la empresa proyecta la venta de 10.000 tumbas que podrían llegar a 45 mil millones de pesos la ganancia. No es todo. Un informe de Contraloría estableció que las osamentas humanas son apiladas en bolsas, que los cuerpos se cambian de ubicación sin informar a los familiares, entre decenas de anomalías que la firma debía arreglar. De hecho, el organismo fiscalizador pidió los libros contables y nunca se los entregaron. La historia la revela la Unidad de investigación de Radio Bío Bío.

    La Contraloría Regional de Valparaíso acreditó millonarias irregularidades en el Cementerio de Playa Ancha, administrado por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), cuyo jefe es el alcalde Jorge Sharp. Hoy el camposanto no tiene autorización para operar ya que carece de autorización sanitaria y es un gastadero de plata para el municipio. Eso sin contar con que hay osamentas humanas apiladas en bolsas, se cambian cuerpos sin autorización de familiares, basura domiciliaria acumulada, entre otras anomalías.

    Sin embargo, el edil heredó el problema apenas asumió como alcalde los primeros días de diciembre de 2016. Descubrió varias sorpresas en la Cormuval. Una de ellas fue que su antecesor, Jorge Castro (UDI), licitó vía Mercado Público el camposanto. En el concurso, existen muchas particularidades.

    La adjudicación fue convocada el 13 de marzo de 2015 y cerró un mes después. Hubo solo un oferente: Higinio De Cea Chicano, entonces de 60 años, de profesión contador, cuyo sueldo no supera los 800 mil pesos y con una propiedad a su nombre de 36 millones de pesos, de acuerdo a los registros de Dicom. Su experiencia laboral, era haber trabajado en distintos cementerios a cargo de las ventas de sepulturas.

    La Cormuval analizó los antecedentes de De Cea Chicano y obtuvo 10 puntos, es decir, el máximo, el que consideró además la experiencia. Un dato: el participante no está registrado en Mercado Público, no tenía contratos vigentes con Chileproveedores ni cumplía con las habilidades señaladas en la Ley de Compras Públicas, se lee en la web de la entidad.

    El 28 de abril de 2015, la Cormuval emitió el informe y el decreto de adjudicación a nombre de la Sociedad Parque Playa Ancha. Sin embargo, a esa fecha aún no existía, porque la escritura que le dio origen fue redactada en la Notaría Velozo de Viña del Mar, recién el 2 de mayo del mismo año y publicada el 8 en el Diario Oficial. Es decir había incumplido las bases de licitación.

    El contrato de concesión a 30 años, tenía como pago a la Cormuval más de 2.225 millones de pesos. Quedó firmado el 29 de mayo de 2015 en la notaría Manuel Placencio de Valparaíso.

    Lea el contrato

    En ella rubricaron el gerente general de la Cormuval, Gustavo Mortara y no quien se adjudicó la licitación (Higinio de Cea), sino uno de sus socios, René Becker Salvo, que de acuerdo a Dicom, su renta promedio apenas supera el millón 300 mil de pesos. Eso sí, ostenta un avalúo fiscal de propiedades y vehículos por más de 361 millones de pesos.

    Topón para dentro

    El concurso para licitar el cementerio en 2015, incluía que el ganador, debía invertir entre ese año y el 2023, la suma de 833 millones de pesos en obras, que iban desde baños públicos, estacionamientos, velatorios, piletas, una capilla para más de 200 personas, columbarios, entre otros.

    Para la Contraloría la fórmula es abiertamente ilegal, ya que para lograr la suma, la empresa ganadora comenzó a comercializar sepulturas, sin que el contrato se lo permitiera, ya que se usó la figura de dominio sobre la propiedad y no del comodato. Por esta razón se ordenó un sumario. La indagatoria administrativa lleva más de un año de tramitación sin resultados.

    De hecho, hasta marzo de 2019, la concesionaria ha vendido 2.409 tumbas, pero la Cormuval desconocía la información, como tampoco tenía personal para ejercer el debido control, destaca el informe.

    No es todo. La Cormuval devolvió las boletas de garantía a la empresa, quedando sin ningún elemento formal para accionar de manera legal si es que la firma incumple el contrato.

    “El patrimonio municipal podría verse afectado por los riesgos y gastos derivados de la ejecución del proyecto, como también por la pérdida de ingresos derivados de los mismos, que en el caso en análisis (…) por un total de de 2.125 millones de pesos (…)”, sostiene la auditoría.

    Las anomalías siguen. Por ejemplo, por un entierro el valor que percibe la Cormuval asciende a 164 mil pesos, pero el gasto suma 172 mil. En suma, pierde plata.

    La Contraloría sacó las cuentas y la empresa venderá más de 10.000 sepulturas, con lo que recaudará una suma que variará entre los 22.910 millones de pesos y los 45.268 millones de moneda nacional. Los fiscalizadores comprobaron que si la Cormuval espera recibir poco más de 2.125 millones, eso equivale a un 13% y 6,4%, respectivamente. Negocio redondo para la empresa, en otras palabras.

    Contraloría al ojo

    Tras el análisis de los antecedentes, la Contraloría acreditó que apenas la empresa comenzó a operar, inició la comercialización de sepulturas y su entrega en dominio a particulares, señala el informe, cuando solo operaría el comodato.

    El hecho, según la Contraloría, no podía llevarlo a cabo la Cormuval, porque se apartaba de sus facultades entregadas por la propia sede edilicia.

    Lea el informe de Contraloría

    Por lo anterior, actualmente el camposanto no puede realizar entierros, mientras la Seremi de Salud regional no autorice que los terrenos cumplen con las normas de la ley del ramo. El municipio realiza gestiones para obtenerla, pero hasta ahora no ha tenido una respuesta satisfactoria.

    El no negocio

    Se suma además otro problema económico: “que sobre la materia concesionada no existen garantías para que el administrador privado cumpla con lo acordado en los 30 años que durará el acuerdo”. Eso sin contar que “las sepultaciones en el cementerio son mayores a los ingresos que se generan por este rubro”, añade la entidad de control.

    El cálculo hecho por Contraloría estima que el dinero que debiera engrosar las arcas municipales alcanza a poco más de 1.320 millones de pesos, mientras que los gastos superan los 1.439 millones de pesos.

    De esta manera la Cormuval, “perpetuamente tendrá que absolver los gastos de mantención y riego del referido parque, toda vez que el cobro de estos últimos dos conceptos son a beneficio del concesionario. Los hechos vulneran los principios de eficiencia que deben observar los organismos estatales”, agrega.

    Además ni los nichos, calles internas, mausoleos, cuentas con la autorización sanitaria respectivas. Menos una relación de fallecidos a causa de enfermedades graves ni un plano que ordene la ubicación de las tumbas. Y como si fuera poco, no consta un registro de exhumaciones y traslados internos y a otros cementerios.

    La Contraloría pidió el Balance de Comprobación y Saldos, el cual nunca fue entregado, tampoco los recibos por el uso de agua.

    Tristeza sorpresiva

    El 15 de abril pasado, se acercaron a la dirección del cementerio los familiares de una mujer fallecida dos años antes. Su hijo, en 2018 había pagado para el traslado al nicho de reducción del conjunto “Alba” del camposanto. Se le indicó a los deudos que no se podía realizar el cambio ya que el cuerpo aún no estaba en condiciones. Le entregaron un nuevo plazo a 2020.

    Sin embargo en febrero de este año las osamentas fueron enterradas sin autorización en la fosa común. Un hecho similar ocurrió cuatro días después con otra familia, que además debió pagar más de 500 mil pesos.

    En concreto, la necrópolis nunca notificó a las familiares. Requerida la información por la Contraloría, la empresa se excusó de entregarla, atendido que podría ser objeto de litigio con los afectados.

    Versión porteña

    A través de una minuta, el municipio reconoció el problema y que se están tomando medidas para mitigar los problemas que los deudos puedan enfrentar un entierro.

    Se indicó que mientras la autoridad sanitaria no resuelva la autorización de funcionamiento, se podrá inhumar de forma momentánea sin costo alguno, hasta que todo esté en regla.

    Por último, el edil responsabilizó a la administración anterior: “Precisamos que (…) los problemas de los cementerios parque son de responsabilidad de las autoridades de la época, en cuanto al diseño y falta de prolijidad en las condiciones que rigen la concesión, por lo que se solicitarán las investigaciones correspondientes”, se esgrimió.

    En tanto Higinio De Cea sigue buscando clientes. Como gestor de intereses se ha reunido con las autoridades comunales de Casablanca, para ganar la concesión del cementerio municipal. Ahora podrá decir que sí tiene plena experiencia.

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