Fotografía: Jaime Silva (BBCL)

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  • En la región del Bío Bío, en pleno 2019, aún hay 23 comunas -incluida Concepción- que deben recibir agua potable en camiones aljibes. La sequía y sobre todo la falta de soluciones definitivas convirtieron la entrega del recurso en vehículos, en un lucrativo negocio.

    BioBioChile conoció que, sólo en 2018, el Estado desembolsó más de 8 mil millones de pesos por este concepto en la zona. Todos los dineros fueron a parar a Empresas Tierra de Chile SpA, entidad ligada a Germán Faúndez, quien tuvo el control absoluto del cuantioso -y muchas veces turbio- rubro del transporte del líquido en la región (junto a Ñuble) por casi una década.

    El monopolio, sin embargo, se extendió hasta este año, cuando bajo la gestión del exintendente Jorge Ulloa, se abrió el negocio a otras dos empresas: Transefor y Torres Inversiones. Esto generó suspicacias en la entidad vinculada a Faúndez, quienes acusaron irregularidades ante el Consejo Regional del Bío Bío. Por contraparte, se deslizó que Tierras de Chile sería responsable intentar obstruir el proceso.

    El multimillonario negocio ahora es compartido.

    Alza de 1.098,5%

    Tal como se mencionó, 23 comunas de la región del Bío Bío (ver mapa adjunto más abajo) reciben agua potable mediante camiones aljibes. Ya sea por la escasez en los pozos o la falta de conexión al suministro y de infraestructura, miles de personas se encuentran en una situación crítica.

    Precisamente, al tratarse de una emergencia, el Estado está facultado para contratar directamente -sin licitación- a empresas que puedan prestar el servicio de manera inmediata. En este caso, fue sólo un empresario quien se adjudicó los cuantiosos contratos: Germán Faúndez, conocido también como el “Barón del Aljibe”.

    De acuerdo a datos recopilados por BBCL, en sólo una década el pago del Estado por este concepto a empresas de Faúndez registró un alza de 1.098,5%, pasando de $608 millones en 2008, a los más de $8 mil millones que se le canceló en 2018.

    En específico, el año pasado se pagó a Tierras de Chile -propiedad del empresario- entre 11,5 y 12,8 pesos por litro de agua distribuida, tras ser comprada -principalmente a Essbio- a sólo 0,7 pesos por litro.

    Los cuantiosos contratos le permitieron a la empresa crecer en número de vehículos para sostener la compleja logística que requiere la distribución de agua. En efecto, según datos de la propia compañía, pasaron de tener una pequeña flota de dos camiones a cerca de 200, pertenecientes a un “sistema asociativo” que contaba con alrededor de 60 proveedores, según declaró a BioBioChile Elías Rabah, gerente comercial de Aguas de Chile SpA, una de las principales firmas de Faúndez.

    “No son todos los camiones nuestros. La subcontratación es clave y le damos trabajo a la gente de las mismas localidades”, detalla.

    El negocio se mantuvo en poder de Faúndez hasta comienzos de este año, cuando se llamó a una consulta en Mercado Público de parte de la Intendencia.

    Días después se contrató -mediante trato directo, para el trimestre comprendido entre abril y junio- a dos nuevas empresas: Transefor e Inversiones Torres, las que fueron asignadas a la provincia de Concepción y Arauco respectivamente.

    Jaime Silva (BBCL)
    Jaime Silva (BBCL)

    Amenazas

    La acción del gobierno local fue un duro golpe de timón en el rubro, que derivó en denuncias de parte de la empresa de Faúndez -incluyendo la presentación de un requerimiento ante Contraloría- y acusaciones de Transefor, quienes expusieron ante el Consejo Regional del Bío Bío amenazas y persecuciones de desconocidos mientras repartían el recurso.

    En dicha instancia, que tuvo lugar el pasado 14 de mayo, la firma exhibió una presentación en Power Point a la que obtuvo acceso BioBioChile, donde informan las dificultades con las que se han encontrado. Entre ellas la complejidad de los caminos pues estos no permiten el acceso a camiones, y la preocupación de que los pagos se realicen en 30 días.

    Lo más grave, sin embargo, fue que indicaron que existe “variado acoso y hostigamiento por medio de actores extraños” y “presión de un municipio (sin identificarlo) por mantener al proveedor local que estaba en contrato anterior”. Es decir, la empresa de Faúndez.

    Respecto del primer tema, se mostró la fotografía de una camioneta con dos ocupantes y con la patente parcialmente cubierta tras el parabrisas que perseguía a los camiones, con el fin de amedrentar a los choferes en la provincia de Concepción.

    “Nos dejó plop. Esa foto la tomó uno de los conductores y nos dejó plop. Averiguamos con los vecinos si eran de ahí y no, nadie los conocía”, señala René Medina, vocero de Transefor.

    En tanto, sobre la influencia por mantener un proveedor de la zona expuesta en el CORE, el ejecutivo esta vez le bajó el perfil a lo que estaba escrito en la primera presentación.

    “La palabra presión llama como a escándalo (…) Fue un planteamiento de decir ‘oye, pucha, me gustaría que los que hagan acá en la comuna sean de acá”, agregó.

    ¿Y cuál es el municipio en cuestión? “No podría comentarle”, respondió.

    camioneta

    En tanto, desde Inversiones Torres, descartaron sufrir episodios similares en el Bío Bío, aunque fuentes de BioBioChile sostienen que sí hay víctimas de amenazas en la región de Ñuble por parte de desconocidos.

    Respuesta

    La situación trae precisamente a la memoria lo ocurrido en la nueva división territorial, donde Jeanette Escalona, una exproveedora de Faúndez, llamó a boicotear el proceso de apertura del negocio a otras empresas que se llevó a cabo casi en paralelo en esa zona.

    Tal como reveló BioBiochile en esa oportunidad, la ejecutiva llamó a los camioneros que antes prestaban el servicio a Faúndez a manifestarse. Y no sólo eso, sino que también les aseguraba que la Intendencia de Ñuble no les pagaría lo prometido a quienes decidieran trabajar de forma independiente con el Estado, fuera del alero del empresario.

    Consultado por esta situación, Elías Rabah descartó tajantemente un intento de boicot de su parte y se desligó de las acusaciones.

    “Jeanette Escalona es una proveedora nuestra que tenía varios vehículos en la zona de allá (Ñuble), pero nunca trabajó en la empresa. Nunca tuvo contrato con la empresa ni representación legal”, sostuvo.

    Rabah aseguró que Escalona era una de las proveedoras más grandes de Aguas de Chile y que “la gente la identificaba a ella con la empresa”, pero que ella no actuó en representación ni bajo el mandato de la compañía.

    ¿Es cercana a ustedes? “Ya no, porque nosotros ya no tenemos Ñuble. Ella es una persona que trabajaba allá y perdió su fuente laboral o no sé si estará trabajando directo con Intendencia o a través de otro proveedor”, dijo.

    En tanto, respecto a las amenazas y hostigamientos denunciados en el Bío Bío, el gerente aseveró que está “descartado completamente. No es nuestra forma de hacer negocios (…) Por una parte no puedo estar pidiendo transparencia y, por otra, haciendo cosas que no se deben”.

    Contexto | Agencia Gradual
    Contexto | Agencia Gradual

    En Ñuble, sin embargo, el alza supera con creces a lo registrado en Bío Bío: en 2010 el Estado desembolsó poco más de $72 millones, mientras que en 2018 esa cifra llegó a los $4.581 millones. Es decir, aumentó en casi un 6.300% (seis mil trescientos por ciento).

    “Son cifras que nos pusieron en alerta”, dijo entonces el intendente de esa región, Martín Arrau (UDI), quien se encontró con personas fallecidas y viviendas de veraneo que recibían el agua.

    Y añadió: “Después del año 2015 se repartió agua los 365 días del año y aquí llueve en invierno, entonces es sumamente curioso que los pozos se sequen todos los días del año y que estemos repartiendo agua a esa cantidad de personas los 365 días”.

    Faúndez exige transparencia

    Tal como informó Radio Bío Bío a mediados de este mes, Germán Faúndez aseguró que pidió a Contraloría que se investigaran irregularidades en el nuevo proceso. Todo partió luego de que el propio Elías Rabah enviara una carta a Andrés Chadwick, ministro del Interior, donde solicita que “se fiscalicen las sendas irregularidades en el último proceso (trimestre abril-junio) de contratación de agua potable”.

    Según acusa en el documento, los contratos con las empresas no habían sido firmados hasta abril de este año, situación que “está siendo ocultada por algunos funcionarios públicos que tienen abiertos intereses en este proceso”.

    Las acusaciones de la firma, sin embargo, van más allá, pues aseguran que “nunca se realizó una evaluación técnica de las ofertas y que fueron otros motivos por los cuales se realizó la contratación de forma arbitraria”. Todo ello, se habría informado durante una reunión con el entonces intendente Jorge Ulloa, el pasado 10 de abril.

    En definitiva, afirman que las dos nuevas empresas fueron contratadas mediante trato directo, pese a que ninguna cumplía con los requisitos mínimos, “ya sea por aspectos técnicos o precios”.

    Jaime Silva (BBCL)
    Jaime Silva (BBCL)

    La misiva fue respondida por Cristian Barra Zambra, jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior, quien reconoce que “ninguna de las empresas, que presentaron sus cotizaciones, cumplían con los requisitos exigidos en su totalidad”.

    De todos modos, “se resolvió que por tiempo y la necesidad de brindar el servicio, dar el trato directo” a los tres proveedores ya señalados.

    Sin embargo, la respuesta de Barra, quien fuera exjefe del Plan Estadio Seguro, no cayó bien en la empresa de Faúndez y derivó en que presentaran un requerimiento ante Contraloría.

    Según indicó el empresario a Radio Bío Bío en la ocasión, se siente perjudicado con la nueva modalidad que implementó el Gobierno para repartir agua potable en zonas donde no existe el recurso. Argumentó que fue la propuesta más barata y que eso no fue considerado.

    “Necesitamos una explicación”, dijo.

    Archivo | Agencia UNO
    Archivo | Agencia UNO

    Tal como se señaló en el reportaje Conflictos de interés, influencias y presiones: el turbio negocio del agua en Ñuble, Faúndez posee numerosos contactos políticos, entre ellos el senador Alejandro Navarro y el exdiputado Cristián Campos (PPD), según reveló un artículo de Ciper.

    “Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Bío Bío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez”, publicaba la investigación periodística a mediados de 2017.

    Consultado por esos contactos, Elías Rabah respondió que “si el dueño de la empresa tiene o no contactos, no injiere en los procesos mismos de la empresa”.

    “Aquí en las oficinas de las empresas jamás hemos tenido un almuerzo con un político, nada”, sentenció.

    Contexto | Agencia UNO
    Contexto | Agencia UNO

    Soluciones definitivas y emergencia de 10 años

    Desde el Ejecutivo fue la seremi de Gobierno en el Bío Bío, Francesca Parodi, quien asumió la vocería por esta situación. En conversación con BioBioChile, sostuvo que no han “recibido ninguna notificación por parte de Contraloría con respecto a lo que ha mencionado el señor Faúndez”.

    “Por cierto vamos a poner todo a disposición de lo que requiera Contraloría, pero tenemos la certeza y la tranquilidad que el proceso se hizo según la normativa”, añadió.

    Llama la atención, sin embargo, que el próximo proceso -que comprende junio, julio y agosto- también se realizará a través de trato directo y no mediante una licitación. Todo ello, pese a que las autoridades podrían haber previsto la “emergencia”, especialmente al considerar que ésta ha durado 10 años.

    Consultado al respecto, Parodi aseveró que “evidentemente, el trato directo es la solución más eficiente para poder contar con el agua para todas las familias que así lo requieren”.

    “Se está evaluando cuál es la solución más eficiente para poder abarcar este problema que es real”, agregó.

    En esa línea, afirmó que “es bien importante recalcar que si bien es una medida que tiene carácter de emergencia, el intendente Giacaman quiere buscar una solución definitiva”.

    Y sentenció: “Creemos que una emergencia no puede durar 10 años, evidentenmente, así que tenemos que ver como encontramos soluciones definitivas”.

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