Fotografía: Archivo | Agencia UNO

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  • El libelo fue ingresado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche). En él, estos accionistas minoritarios acusan que Varela y otros miembros del directorio, afectaron a Prolesur en más de 22 mil millones de pesos desde 2012 a 2018, abusando de su posición dominante para fijar los precios de transferencia. La presentación se suma a la que realizó en febrero pasado la Fundación Isabel Aninat, que hoy indaga la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. La querella íntegra la revela Radio Bío Bío.

    Una nueva querella criminal por administración desleal -delito contenido en la nueva Ley Anticorrupción- enfrenta el presidente del directorio de Prolesur y exministro de Educación Gerardo Varela.

    En esta oportunidad, el libelo fue ingresado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche). En él, estos accionistas minoritarios acusan que Varela y otros miembros del directorio, afectaron a Prolesur en más de 22 mil millones de pesos desde 2012 a 2018, abusando de su posición dominante para fijar los precios de transferencia.

    Lea la querella

    Básicamente Aproleche, que agrupa a 550 productores del rubro, argumenta que la actuación de Varela siempre apuntó a favorecer a Soprole, empresa que integra la misma sociedad, pero controlada por la multinacional neozelandesa Fonterra. Se trata de la misma que puso a este último en el directorio.

    “En el ejercicio de su cargo (…) tomaron decisiones en abierto perjuicio de la sociedad que administraban (…) olvidando su deber es velar por los intereses de la sociedad y no del de uno de sus accionistas, por muy mayoritaria que sea la participación de este”, se lee en el documento judicial.

    El libelo de Aproleche, se suma al que presentó la Fundación Isabel Aninat (FIA) en febrero pasado y que dio inicio a la investigación que sustancia actualmente la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, en contra de Varela y el resto del directorio.

    En dicha acción legal, la FIA reveló que Varela despidió en 2018 -vía whatsapp- al entonces gerente general de Prolesur, Juan Carlos Petersen, quien descubrió, investigando en los estados financieros que Soprole debía a la sociedad más de 13.900 millones de pesos. Posterior a ello en el directorio se acordó, con los votos en contra de la FIA y Aproleche, condonar dicha deuda y rebajarla a poco más de 2.000 millones.

    Ambas querellas, junto a Varela, incluyen a Tomás Walker, hermano del actual titular de Agricultura y los parlamentarios DC Arturo e Ignacio; el abogado y colega de Varela en el estudio Cariola, Sergio Diez Arriagada y los neozelandeses Robert Spurway y Paul Campbell. Respecto de estos dos últimos, la prensa de ese país ha seguido de cerca el caso chileno. Básicamente, porque las entidades reguladoras se manejan con altos estándares, respecto a las actividades que desarrollan las empresas de Nueva Zelandia en el extranjero.

    A lo anterior, se suma que distintas versiones de prensa extranjera dan cuenta que Fonterra evalúa deshacerse de activos en Sudamérica, entre ellos Soprole por 1.000 millones de dólares, hecho que hasta ahora no ha ocurrido.

    Testimonios

    La investigación de la Fiscalía Oriente avanza rápidamente. En ella declararon los miembros del directorio por los minoritarios, quienes en 2018 advirtieron a Varela que de aprobarse la rebaja de la deuda y nuevos contratos por precios de transferencia que afectaran a la sociedad, caía en administración desleal, delito que establece la nueva Ley Anticorrupción.

    De acuerdo a los antecedentes recabados por este medios, han declarado hasta ahora el exdirector de Prolesur por la FIA, Enrique Aldunate y su colega Jaime Milic.

    Otro que testimonió ante el fiscal regional Manuel Guerra fue el exgerente general Juan Carlos Petersen, quien explicó cómo se ejecutó su revisión interna, a través de la cual se calculó la millonaria cifra adeudada a la sociedad lechera.

    A raíz de esta indagatoria, Guerra solicitó la entrega voluntaria por parte de Prolesur y Soprole de documentación y computadoras. Respecto de los primeros, supo este medio, no hubo problemas.

    Sin embargo, siete ejecutivos de Soprole se negaron a entregar sus ordenadores y recurrieron al Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, para que establezca la constitucionalidad de la petición, tal como reveló este medio.

    Básicamente, acusan que el Ministerio Público no ha explicado por qué necesita acceder a los PC’s.

    La audiencia de cautela de garantías quedó fechada para el próximo 28 de mayo.

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