Fotografía: CONTEXTO | Agencia UNO

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  • En el escrito presentado ante la ministra de fuero Maritza Villadangos, el abogado de la Iglesia, Ramón Cifuentes, puso en duda la denuncia de Daniel Rojas, quien acusó que el sacerdote Tito Rivera lo drogó para violarlo en una habitación del principal templo religioso de Chile. Entre otros argumentos, sostiene que este último no tenía plata para comprar un sicotrópico de esas características, que hubo sexo entre adultos, que la versión no es racional, que resulta poco creíble que después de cuatro años recuerde detalles que no denunció, y que el Arzobispo de la época, Ricardo Ezzati, no podía ejercer el control sobre los deseos carnales de Tito Rivera. En la contestación, la Iglesia dirigida hoy por el administrador apostólico Celestino Aós, pide rebajar el monto si es que pierde la demanda presentada por la víctima, porque hay hechos, señala el escrito, “más graves y dolorosos” que una violación. El documento lo revela Radio Bío Bío.

    Desde que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, abandonó el cargo, su reemplazante, el administrador eclesiástico Celestino Aós, se ha encargado de instalar un discurso para distanciarse de su antecesor: la iglesia está del lado de las víctimas de cualquier delito sexual o abuso de poder.

    Sin embargo, cuando los afectados por hechos de este tipo recurren a la justicia buscando ser resarcidos económicamente por la vía de acciones civiles, la mirada eclesiástica se muestra en sentido contrario.

    Así queda de manifiesto en la contestación a la demanda por 350 millones de pesos que presentó Daniel Rojas, quien denunció haber sido drogado y violado en una habitación de La Catedral por el sacerdote Tito Rivera, cuando solicitó ayuda para curar a su hija enferma, tal como lo reveló el 4 de marzo pasado Radio Bío Bío.

    En el documento -que publica íntegramente este medio- el abogado del Arzobispado, Ramón Cifuentes Ovalle, descarta -con frases irónicas- que la violación haya existido en el principal templo religioso de Chile. Sustenta sus dichos, en que Rojas nunca relató en su denuncia ante la oficina eclesiástica, haber sido drogado.

    Cifuentes Ovalle desliza que la versión de Rojas no tiene asidero “racional”, porque a su juicio, Tito Rivera no tenía dinero para adquirir un sicotrópico que anulara la voluntad de la víctima.

    “Esta narración que incluye el haber sido víctima de una droga que inhibe la voluntad, pero que curiosamente no toca en un ápice ni la conciencia ni la memoria del drogado (…). Cabe preguntarse cómo el actor puede recordar en febrero en 2019 a casi 4 años de los hechos, detalles que ni siquiera mencionó en marzo de 2015”, se lee en la presentación.

    Lea la contestación de la Iglesia a la demanda

    La Iglesia, continúa el escrito, aduce que entre Tito Rivera y la víctima, no existió “ninguna situación de abusos permanentes o continuadas en el tiempo, sino de un presunto episodio (…) entre dos personas mayores de edad, que no incluyen en caso alguno a menores”. Tampoco hubo, según el abogado Ramón Cifuentes, “ningún vínculo anterior de carácter espiritual, religioso o que suponga un abuso de confianza, de posición dominante, o una situación de vulnerabilidad o dependencia sicológica del uno respecto del otro”.

    Cabe recordar que Rojas, al momento de los hechos -en marzo de 2015, como hoy- es una persona en situación de calle y en su oportunidad llegó a La Catedral solicitando ayuda económica, porque su hija de siete años padecía una infección y no tenía cómo adquirir el remedio para sanarla.

    De hecho, Rojas denunció a los pocos días el hecho en la oficina pastoral. Lo llamativo es que a solo meses de ese relato, la autoridad eclesial tuvo por acreditada la responsabilidad de Tito Rivera por abusos cometidos en el templo. Y solo en noviembre de 2016, Ezzati elevó los antecedentes a una investigación de carácter administrativo-penal canónica. Es más, solo a fines de 2018 Tito Rivera fue sancionado con la suspensión del ministerio sacerdotal por 14 años. Esta resolución nunca fue informada ni a la opinión pública, como tampoco denunciada a la Fiscalía de Rancagua, que sustancia varias causas contra curas acusados de abuso sexual. De no ser por la incautación realizada por el fiscal Emiliano Arias en septiembre del año pasado, el expediente y la condena canónica nunca se hubieran conocido.

    “Resulta rebuscado”

    El Arzobispado en su respuesta ante la ministra de fuero, Margarita Villadangos, asegura que el abuso que sufrió Rojas es un hecho “azaroso”, pero que es “poco o nada verosímil”.

    La presentación incluso va más allá. En ella se establece que la violación fue una situación solo conocida por Rojas y Tito Rivera.

    “(…) resulta del todo inusual la explicación del actor para subir a una habitación privada, a pretexto de no querérsele entregar dinero enfrente de unos trabajadores que accidentalmente estuvieran allí. Si el Padre Rivera quería mantener relaciones homosexuales adultas (…) no importa una conducta ilícita de acuerdo al actual Derecho Positivo chileno (…) resulta rebuscado que para ello tuviese que drogar a otro adulto carente de inclinaciones o intereses en dicho aspecto”, insiste el abogado de la Iglesia.

    ¿Normalidad?

    Después de haber sido violado en La Catedral, Rojas le contó a su pareja lo sucedido, quien lo obligó a dejar el hogar, tal como consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Rancagua, que a fines de marzo pasado formalizó a Tito Rivera por abusos sexuales.

    Al respecto, la contestación del abogado Cifuentes Ovalle sostiene que este hecho no fue fruto de la violación “ni mucho menos de una hipotética negligencia” del Arzobispado “ya que no es razonable pensar que una persona se comporte así ante el abuso sexual supuestamente sufrido por su pareja, conviviente y padre de su hija”.

    Y agrega el documento: “(…) la normalidad de las parejas no actuaría de dicha manera ante igual circunstancia, a menos claro está, que dichos cuestionamientos tengan otras motivaciones o circunstancias”, sigue el escrito.

    Responsabilidad de mando

    Nadie discute que la Iglesia es una institución piramidal, tanto como cualquier institución armada. De ello se colige que las autoridades no solo tienen responsabilidad sobre los subordinados, sino también tienen el deber de control sobre estos últimos.

    Sin embargo, en el documento judicial se señala que la jefatura eclesiástica no podía saber que Tito Rivera cometía abusos en las habitaciones de La Catedral.

    “No resulta racional pretender que el Obispo (Ezzati) deba responder por las conductas negligentes o dolosas de los sacerdotes, respecto de los cuales no se encuentra en situación de contigüidad física y supervisión directa y que se encuentran dentro de la esfera de su vida privada (…)”, destaca la presentación.

    Al respecto, tanto en la investigación eclesiástica, como en la que tramita la Fiscalía de Rancagua, el Deán o encargado de La Catedral, Juan de la Cruz Suárez, reconoció que Tito Rivera utilizaba de forma constante las habitaciones del templo.

    Incluso llegó a decirle a Rivera “que estaban hablando mal de él”, que fuera “más discreto”, atendido que jóvenes de clase media entraban al lugar. Incluso le allegaba las llaves de las piezas donde se cometieron los abusos.

    El Deán, consta en los mismos documentos, le relató a Ezzati que Rojas insistía en ser escuchado, que alguien tomara en cuenta su denuncia. El exarzobispo de Santiago, recibió de boca de la víctima su relato, cuando la investigación interna ya estaba terminada. Lo único que hizo fue abrazarlo, pedirle que orara por Tito Rivera, entregándole 30 mil pesos en efectivo, de acuerdo al relato que consta en la demanda contra la Iglesia.

    Cabe recordar que en marzo pasado la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda presentada en contra de la prelatura, presentada por las víctimas del sacerdote Fernando Karadima. James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, recibirán 100 millones de pesos cada uno después de una larga pelea judicial, donde se acreditó la responsabilidad eclesiástica.

    Volviendo a la contestación, el abogado Ramón Cifuentes solicitó, ante la eventualidad de perder la acción judicial presentada por Rojas, que la magistrada Villadangos rebaje “sustancialmente” el monto de 350 millones de pesos. Y ello, porque hay hechos, señala el escrito, “más graves y dolorosos” que los denunciados por la víctima de Tito Rivera.

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