La Fiscalía argentina envió un exhorto internacional para determinar si una familia chilena recibió a un niño secuestrado por represores de la dictadura militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983.
La petición fue evacuada por el perseguidor penal bonaerense Leonardo Filippini, quien solicitó de manera urgente -a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional- la tramitación de una serie de diligencias de carácter documental, como primera fase de obtención de información, con miras a establecer la veracidad de una denuncia presentada en el país vecino, caratulada con el rol “IP 58621/2018 “N.N/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA”.
Básicamente, Filippini busca -entre 1976 a la actualidad- a los dueños de un importante hotel de la capital, que por ahora este medio se reserva.
“En caso de que se trate de personas jurídicas, todo dato que permita identificar a personas físicas vinculadas con su titularidad y/o administración, tales como socios, administradores y/o cualquier otro tipo de función de similares características de acuerdo a la normativa aplicable en Chile”, se lee en el documento al que tuvo acceso exclusivo la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La carta rogatoria -que se ha tramitado bajo reserva- señala que el alcance de la petición busca identificar “a quienes retienen y ocultan, modificando la identidad” de un menor posiblemente avecindado en Chile.
La solicitud argentina llegó a la secretaría de la Corte Suprema el pasado 10 de octubre, enviada por la UCIEX a la Corte Suprema -bajo oficio reservado 1069/2018- para que sustancie la carta rogatoria, ya que los hechos son anteriores a 2005, cuando comenzó a operar la Reforma Procesal Penal en Santiago.
El documento ya fue derivado a la fiscal judicial Lía Cabello, quien entregó en su informe -que publica íntegramente este medio- una opinión favorable para dar curso a la presentación, atendiendo a los tratados de cooperación internacional vigentes sobre la materia. En todo caso, será la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema que en los próximos días deberá resolver si corresponde tramitar la solicitud argentina.
Lea el informe completo
En Chile, el ministro con dedicación exclusiva de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, investiga más 500 casos de adopciones ilegales durante el régimen militar dirigido por Augusto Pinochet. Si bien hasta ahora no se ha descubierto la adopción de un menor que perteneciera a una detenida desaparecida, el proceso argentino podría echar luces sobre -hasta ahora- una situación inédita en Chile.
Por esta razón, lo más probable es que sea este magistrado quien esté a cargo de sustanciar las pesquisas solicitadas en la carta rogatoria.
Ahora bien, si la información que se obtenga en Chile da resultados positivos en Argentina y se logra identificar a un menor, el paso siguiente que debiera adoptar la autoridad bonaerense, sería solicitar pruebas de ADN.
Historia
El fiscal Filippini fue nombrado por el Ministerio Público transandino el 5 de julio de 2018 asumiendo así la jefatura de la “Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante los años de terrorismo de Estado”, de acuerdo a la resolución que publica este medio.
Lea el nombramiento
Antes de llegar a este cargo -y que da cuenta de su experiencia investigativa- Filippini integró el grupo que continúa indagando el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
Allende los Andes, los casos de secuestro de niños alcanzan a unos 500, según revelan una serie de publicaciones argentinas, donde estuvieron involucradas las fuerzas militares, principalmente en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
La búsqueda de los menores apropiados por represores, se inició en 1985 -a petición de la organización Madres de la Plaza de Mayo- bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el primer presidente después de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.
En 1985, la justicia trasandina condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a presidio perpetuo. En tanto, a Roberto Viola le aplicó 17 años de cárcel y a Emilio Lambruschini, ocho en prisión.
Sin embargo, bajo administración de Carlos Menem -a principios de los 90- esos militares fueron indultados, aunque el secuestro de niños quedó fuera del decreto, lo que permitió que continúen las investigaciones en la actualidad.
Hasta ahora, más de 140 personas, previos exámenes de ADN, han podido conocer a sus familiares biológicos.
Buscan en Chile a familia que habría recibido a niño secuestrado por la dictadura militar argentina
