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  • La presentación establece que el edificio presenta serios “errores constructivos” y que ante la ocurrencia de un sismo, la estructura “representa un peligro” y de producirse un temblor de mediana o alta intensidad, los edificios chocarán, provocando un grave colapso. La obra que alberga a los juzgados y a la Corte de Apelaciones regional, le costó a la judicatura más de 10 mil 100 millones de pesos. La disputa civil comenzó hace pocas semanas, donde la la empresa asegura que entregó la obra en 2008 y que, atendido el tiempo transcurrido, no tiene responsabilidad.

    A través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la Corte Suprema presentó una demanda en contra de la Constructora Cosal y su inmobiliaria, debido a las fallas que presenta el Centro de Justicia de Iquique, y que podrían implicar un alto riesgo de “daños tanto para la estructura como para sus usuarios”.

    En el escrito incoado en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, el organismo señala que la empresa no realizó los trabajos de acuerdo al diseño original, como tampoco instaló un pilar clave en la losa, que permite a los dos edificios moverse de manera independiente en caso de un sismo, hecho que “representa un peligro de fractura y de colapso”.

    El Centro de Justicia de Iquique tiene 8.559 metros cuadrados y dos obras, una que alberga al tribunal de alzada regional y otro a los juzgados de primera instancia, cuyo costo para el Poder Judicial (PJ), ascendió a más de 10 mil millones de pesos.

    Lea la demanda completa

    La presentación a la que accedió Radio Bío Bío, establece que el edificio presenta problemas de serios “errores constructivos” y que ante la ocurrencia de un sismo, la estructura “representa un peligro” .

    “(…) se ha verificado que el edificio fue bien diseñado en la etapa de proyecto, pero en el proceso de construcción hubo deficiencias que se evidencian, entre otros, (…) en la falta de rigurosidad en el tratamiento de las juntas de dilatación (…) Esta condición produce que los edificios choquen entre sí en caso de sismos de mediana y alta intensidad”, se lee en el libelo.

    Lea el informe de la Suprema

    Los problemas con la obra datan de 2014, según el CDE, luego que la región sufriera los embates de un terremoto ocurrido el 1 de abril de ese año, tal como consta en un informe preparado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y firmado por el entonces presidente de la Suprema, Sergio Muñoz Gajardo.

    Por ahora, el CDE no ha cuantificado el daño patrimonial con que se habría visto afectada la judicatura, a la espera que dicho monto sea determinado durante el juicio.

    Lea la respuesta de la empresa

    Sin embargo, en el libelo se establece que los “errores constructivos (…) afectan considerablemente el valor comercial del inmueble debido a dichas fallas y a las reparaciones en que se deberá incurrir producto de las mismas”.

    La firma, a principios de octubre, solicitó al tribunal que rechazara la presentación del CDE. Básicamente, indicó que la obra fue entregada en 2008 y que en su oportunidad cumplió con todas las normas, entre ellas la recepción de la obra y que nadie reclamó anomalía alguna.

    A renglón seguido, argumentó también que no mantiene contacto con ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo de la construcción -ingenieros, calculistas, entre otros- por lo que resultaría absurdo un proceso judicial, toda vez que los favorece la prescripción.

    En la Corporación Administrativa del Poder Judicial, declinaron comentar los alcances del caso.

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