Fotografía: Oficinas del Servicio de Impuestos Internos

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  • El organismo presentó una querella por delitos tributarios ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de cuatro ejecutivos, argumentando la presentación de declaraciones “maliciosamente falsas”. En en libelo, señala que Cidef, la empresa automotriz del holding, contrató a dos sociedades relacionadas para rebajar el pago de impuestos por la indemnización de 27 millones de dólares que le pagó Nissan en 2012, cuando le quitó la representación de la marca en Chile. Según el SII, no existen evidencias de que se hayan realizado, toda vez que el perjuicio fiscal alcanza a los 2.433 millones de pesos.

    El segundo lunes de noviembre de 2017, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) vieron cómo Francisco Javier Errázuriz Ovalle se les sentó al frente a prestar declaración, en el marco de un proceso de “revisión de antecedentes”, para auscultar si había cumplido sus responsabilidades tributarias con el fisco.

    Frente a ellos no tenían a un hombre común. A quien interrogarían, era al heredero del Grupo Errázuriz, hijo del polémico empresario y excandidato presidencial de igual nombre, conocido como “Fra Fra”, el mismo que aseguró frente a las cámaras de televisión -entrada la democracia- que amasó su fortuna criando “pollitos”.

    Los fiscalizadores, antes de formular las preguntas, tenían claro dos hechos. El primero, que el gigante japonés Nissan le había anulado el contrato de representación de la marca y distribución de sus vehículos en Chile a Cidef, la empresa automotriz del holding Errázuriz. El segundo, que gracias a ello habían obtenido una importante indemnización de 27 millones de dólares.

    Por esta razón, las interrogantes apuntarían a dilucidar por qué Cidef había contratado para llevar a buen puerto las negociaciones con la empresa nipona, la asesoría de las empresas Inversiones y Gestión Empresarial (IGE) como también de Financial and Trading (FAT) por la suma de 14 millones 950 mil dólares, que implicaba un gasto del 55% del valor de la indemnización.

    El pago no tendría nada de particular, salvo que IGE y FAT son empresas del mismo grupo, hecho acreditado por el propio SII. Así, la sospecha de que el GE había ideado una fórmula para no tributar, se resolvería con una pregunta sencilla a Errázuriz Ovalle: ¿En qué consistieron las asesorías? “Consistió en lo que señala el contrato (…) En todo lo posible e imposible de imaginar”, respondió.

    Al igual que el hijo de ‘Fra Fra’, también fueron interrogados cuatro ejecutivos del grupo y un abogado asesor. Ninguno de ellos pudo explicar en qué habían consistido las asesorías ni tampoco pudieron respaldar los resultados surgidos de ellas.

    Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del 'Fra Fra'.
    Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del ‘Fra Fra’.

    Por todo lo anterior, el SII interpuso una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago -que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– en contra de Eduardo Viada Arextabala, Gonzalo Landaeta Pereira, Guillermo Rodríguez Rodríguez y Óscar Espejo Núñez, representantes legales de Cidef y de las otras compañías cuando se firmaron los contratos de asesorías (ver querella). A ellos les imputa la comisión de delitos tributarios al presentar declaraciones de impuestos maliciosamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de 2.433 millones de pesos.

    La conclusión del SII es clara en el libelo firmado por el director del servicio, Fernando Barraza: “Los querellados conocían la falsedad de los contratos de asesorías, por los cuales se pagó (…) la suma total de US$ 14.950.000”. Y según el documento, “la única finalidad de simular dichos contratos de asesorías, era disminuir la carga tributaria al recibir la indemnización”.

    Esta no es la primera vez que el organismo recaudador arremete contra el clan Errázuriz. A fines de 2014, presentó una querella contra seis empresas del grupo acusando un perjuicio fiscal que alcanzaba los 48 mil millones de pesos, unos 81 millones de dólares de la época (ver querella).

    En la acción interpuesta ante la justicia, el SII detalló que había una firma inexistente, que vendía yodo al extranjero con facturas falsas. Además, se realizaban ventas ficticias con empresas relacionadas que mantenían multimillonarias pérdidas, las que a su vez compraban la mercancía a precios irrisorios y la vendían a otras del mismo grupo, en montos imposibles de justificar. Todo ello, con el único objetivo de efectuar una rebaja indebida de impuestos y obtener de forma irregular devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Exportador.

    Radio Bío Bío solicitó una entrevista con el líder del grupo Errázuriz, pero informaron que no estaba disponible, ya que se encuentra fuera de Chile. Del resto de los abogados, el único que accedió fue el penalista Carlos Hidalgo, patrocinante de Viada Arextabala.

    El profesional cuestionó los argumentos del SII: “La querella tiene muchas inconsistencias, como el hecho de que por un lado se acusa que las asesorías son falsas y por otro se dice que se hicieron pero que no está claro quiénes la desarrollaron. Por eso, estamos preparando un peritaje para demostrar que los servicios efectivamente se realizaron y que incluso se pagaron todos los impuestos correspondientes”.

    Respuestas y direcciones

    Gonzalo Landaeta Pereira es el gerente general de Cidef desde fines de 2010. Y en esa calidad declaró ante los funcionarios del Departamento de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del SII, el lunes 13 de noviembre pasado.

    El objetivo de la cita era que entregara detalles sobre las asesorías que la empresa bajo su administración había contratado, en enero de 2012, con IGE y FAT. Pero lejos de dar luces al respecto, “señaló que no sabe cómo se materializaron, y respecto a los honorarios cancelados, no conoce los parámetros usados para fijarlos”, detalla la querella.

    Es decir, el máximo ejecutivo de la empresa no supo cómo explicar cuáles fueron los servicios por los cuales se pagaron cerca de 15 millones de dólares.

    Un hecho llamativo sobre IGE y FAT son sus domicilios. IGE, creada en 1990 y controlada por Cidef, tiene su dirección en Francisco Bilbao 520, que es el mismo lugar donde opera una de las sucursales de su matriz. En tanto, FIT, creada en 1996 y cuyo principal socio es IGE, tiene su domicilio en Agustinas 1161, oficina 207, Santiago Centro. Y pese a ser un espacio pequeño, es el mismo que registran varias otras empresas del holding, entre ellas, Atacama, Hipermarc y Las Palmas.

    Fotos y prensa

    El 14 de noviembre le correspondió el turno a Guillermo Rodríguez Rodríguez de responder ante los fiscalizadores del SII. Él era una pieza clave, pues había sido representante legal de las empresas “asesoras” FAT e IGE cuando se firmaron los contratos.

    “Como es una asesoría jurídica, el abogado de la compañía don Claudio Morales, tiene todos los antecedentes y documentos que acreditan la materialidad y veracidad de esta asesoría. Parece que son emails, cartas, y además el propio balance da cuenta de honorarios cancelados a profesionales abogados que don Claudio Morales contactó para llevar a cabo esta asesoría”, explicó, desligando responsabilidad.

    En su declaración, Rodríguez también dio un dato revelador: la sociedad Financial and Trading no tenía más ingresos que los que había recibido por la supuesta asesoría prestada a Cidef. Además, Radio Bío Bío descubrió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago que esta sociedad fue disuelta el último día de 2013.

    A ello se suma que durante los interrogatorios, los funcionarios del SII descubrieron que la sociedad Inversiones y Gestión Empresarial no estaba operando y que la última asesoría que supuestamente había realizado, era la contratada por Cidef. Todos estos elementos siguieron despertando las sospechas del organismo.

    Como sea, el martes 21 de noviembre del año pasado llegó hasta las oficinas del SII el abogado Claudio Morales, quien, según Rodríguez, tenía los documentos que respaldaban que las asesorías.

    Sin embargo, cuando le exhibieron los contratos -constata la querella- dijo que recién había tomado conocimiento de ellos dos o tres semanas antes y que no habían sido redactados por él. Respecto a cómo se materializaron las asesorías de Inversiones y Gestión Empresarial, sostuvo que “me consta la efectividad de las mismas, por cuanto existen fotografías y publicaciones de prensa”. En todo caso, el abogado Morales no entregó los documentos que respaldaran sus dichos, señala la querella. Ver la acción legal completa:

    Querella Del SII Contra Cidef by Gabriel Álvarez López on Scribd

    Analizados los testimonios, el SII fue claro: “Se logra advertir que Cidef y las empresas supuestamente prestadoras de los servicios tienen una estructura común, actuando como un holding, compartiendo trabajadores, gerentes y asesores, no lográndose distinguir los servicios que se prestaron por una empresa u otra”.

    La primera querella

    Hace 12 años, la empresa Atacama Chemical, perteneciente al grupo Errázuriz, detectó un problema con un embarque de yodo “sin tránsito” en Panamá, el cual tenía como destino a Estados Unidos. Pero decidieron no enviarlo, debido a que los compradores advirtieron que no pagarían la mercancía. Por ello, para poder ingresar a Europa decidieron crear la empresa Cosayach Nitratos Europea (CNE). De este modo, el yodo arribó al puerto de Amberes, en Bélgica, y luego fue vendido a la compañía Norken, que a su vez lo trasladó a Holanda.

    Años más tarde, el SII descubrió que las facturas estaban mal emitidas y que la práctica continuó hasta 2012, lapso durante el cual más de 70 documentos adulterados se incluyeron en los libros de contabilidad. Incluso detectó que CNE en realidad no existía. “No tiene calidad legal, es un nombre de fantasía. La empresa titular de dominio de la mercadería es Atacama Chemical”, reconoció en su momento John Porter Cabezón, encargado de exportación de esta última.

    Estos antecedentes formaron parte de las anomalías que descubrió el SII y que lo llevaron a querellarse, en noviembre de 2014, contra seis empresas del grupo Errázuriz por delitos tributarios, donde acusó un perjuicio fiscal cercano a los 48 mil millones de pesos, unos 81 millones de dólares de aquel entonces.

    En la acción legal también expuso que el clan empresarial habría utilizado algunas empresas para rebajar de forma irregular su carga impositiva. El modus operandi fue la simulación de operaciones comerciales.

    El esquema funcionaba así: la sociedad productora de yodo Cala Cala vendía el producto con un margen mínimo de ganancia a las empresas del mismo grupo que actuaban como intermediarias: Cidef Comercial, Frater Holding, Holding and Trading e Inmobiliaria y Constructora Nacional. Al mismo tiempo, las sociedades se lo vendían a un precio exageradamente más alto (cerca de 160%) a Atacama Chemical.

    Las cuatro compañías intermediarias registraban millonarias pérdidas tributarias, por lo que tenían un abultado crédito fiscal. Esto les permitía generar devoluciones de impuestos o utilizar las pérdidas para rebajar el pago de éstos. Gracias a este esquema el grupo Errázuriz pudo ir rebajando el pago de impuestos de sus empresas, principalmente de Cala Cala y de Atacama, de acuerdo a la acusación del SII. Lo anterior, pues al elevar artificalmente el precio del yodo Atacama acreditaba un alto costo de venta y obtenía devoluciones de IVA exportador.

    De este modo, las intermediarias absorbían “los impuestos correspondientes a la operación por el traspaso del material que, en definitiva, resultó ser sólo contable, sin ningún sentido comercial”, expuso el SII en la querella.

    Como sea, aquella primera arremetida del SII aún no está zanjada, ya que la investigación aún se tramita en la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la perseguidora Ximena Chong, quien no ha formalizado la causa.

    Historial de polémicas

    Además de los líos tributarios, el clan liderado actualmente por Francisco Javier Errázuriz Ovalle arrastra una serie de problemas y escándalos.

    Uno de los más recordados lo protagonizó su padre, Francisco Javier Errázuriz Talavera, el fundador del grupo. En 2011, el Ministerio Público inició una investigación contra el exsenador por eventual tráfico de inmigrantes paraguayos, luego que tres personas de esa nacionalidad denunciaran en su país que el ‘Fra Fra’ los mantenía en condiciones de esclavitud en uno de sus fundos en la región de O’Higgins. De hecho, acusaron que debieron huir porque, entre otras irregularidades, los tenía incomunicados.

    Francisco Javier Errázuriz Talavera, alias 'Fra Fra'| Archivo
    Francisco Javier Errázuriz Talavera, alias ‘Fra Fra’| Archivo

    Ese mismo año, un poco más de 50 paraguayos que también habían trabajado para Errázuriz en algunos de sus campos presentaron demandas por vulneración de derechos laborales en Chile: tenían solo una comida diaria, debían soportar extensas jornadas de trabajo y a veces no les pagaban sus sueldos.

    A raíz de este caso el empresario debió pagar cerca de 15 millones de dólares tras una condena de la Corte de Apelaciones de Rancagua que estableció que efectivamente se habían vulnerado los derechos de esos trabajadores.

    Pero pese a las indemnizaciones que tuvo desembolsó, Errázuriz no pudo ser formalizado por tráfico de personas. Primero, porque en octubre de 2011, a pocos días de la audiencia en la que el entonces fiscal de O’Higgins, Luis Toledo, le imputaría el delito, Errázuriz sufrió problemas cardíacos que lo obligaron a internarse en la clínica de la Universidad Católica.

    Y a fines de ese mismo mes, mientras seguía hospitalizado en dicho recinto, sufrió una caída que le provocó una hemorragia a nivel cerebral, dejándolo con problemas de salud que lo hacían inimputable, por lo que fue sobreseído en febrero de 2013. (ver nota).

    Otro capítulo complejo para el grupo fue la disputa judicial que enfrentaron con el banco alemán Kreditansatalt fur Wiederaufbau (KfW), quienes los acusaron de no pagar créditos por cerca de 60 millones de dólares. Dicho monto había sido otorgado a Inverraz, una empresa del clan, la cual posteriormente diluyó sus activos por cerca de 1.300 millones de dólares en 101 sociedades del mismo holding.

    En ese marco, el 27 de junio de 2014, la jueza titular del 30° Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Campo, determinó que las maniobras realizadas por el grupo empresarial se hicieron “con el propósito de vulnerar las garantías y pagos de dichos préstamos”.

    Por ello, condenó al ‘Fra Fra’, a su esposa, sus siete hijos y a ejecutivos de Inverraz, a pagar en forma solidaria una indemnización por 40 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 70 millones de dólares de la época (ver nota).

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