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El caso de abuso sexual que remece al Ministerio Público

El caso de abuso sexual que remece al Ministerio Público

Jueves 24 mayo de 2018 | 04:00

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Un asado, alcohol, violencia, relaciones sentimentales cruzadas y comprometedoras conversaciones vía WhatsApp. Cinco ingredientes fatales que detonaron un escándalo de abuso sexual en la Fiscalía de Puente Alto que derivó en sumarios y causas penales que involucran y mezclan a abogados, fiscales, funcionarios de la Fiscalía Regional Sur y corraleros del Club Hípico. Dos profesionales ya fueron removidos de sus cargos, una arista penal espera su juicio oral, y la Asociación de Funcionarios dispara en contra del fiscal nacional, a quien acusa de faltar a la verdad. Radio Bío Bío accedió a documentos, audios y testimonios del caso y descubrió, además, que el acoso sexual y laboral no es un fenómeno ajeno al Ministerio Público. En los últimos cinco años, casi 50 casos han sido investigados internamente, aunque gran parte de ellos han sido sobreseídos. La que sigue, es la reservada trama de cómo la Fiscalía de Puente Alto se transformó, de un día para otro, en un caos alimentado por rumores y conflictos entre viejos amigos y enemigos.

El cambio de dependencias de Raúl Carvacho desde la Fiscalía de Puente Alto hasta el Centro de Justicia había que celebrarlo. Una despedida era necesaria. Y si había carne y alcohol, mucho mejor. Era el viernes 4 de marzo de 2016 y Edith Espinoza, administradora en ese entonces de esa misma fiscalía, puso el quincho de su edificio para esa noche y varios colegas de la Fiscalía Regional Sur, y de otras también, se sumaron al evento. No era la primera vez que celebraban. Carvacho, psicólogo y miembro de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), iría al lugar a celebrar con un interés, aparentemente, particular. La asistente de fiscal, A.V., también iría y los rumores sobre una relación secreta entre ambos eran el comidillo. Pero A.V., de acuerdo a testimonios y antecedentes del caso, no parecía interesada particularmente en Carvacho esa noche.

En el sumario interno que levantó la Fiscalía Regional Sur por este caso, las abogadas de Edith Espinoza, Pamela Cisternas y Saba Aranda, le dijeron a Marcos Pastén, el instructor de la investigación administrativa, que en la despedida de Carvacho hubo “consumo de alcohol y coqueteos de doña A.V con don Manuel Quintana y don José (Muñoz) y que, en este contexto, su pareja no oficial, don Raúl Carvacho, habría reaccionado de una forma inadecuada efectuando tironeos”.

Quintana es fiscal adjunto en la V región y estaba en la fiesta por invitación de su amigo, el abogado de la fiscalía de Puente Alto, José Muñoz. Quintana, Carvacho y A.V continuarían la despedida en la casa de Muñoz, cerca del Club Hípico, a eso de las 03.00 a.m. Pero Quintana, aparentemente tras una discusión con Carvacho, decidió irse. A los minutos Carvacho iría por su auto para hacer lo mismo. Sin embargo, cuando estaba abordándolo, vio que Muñoz y A.V salían del departamento por calle Club Hípico, hacia el norte. Iban a comprar cigarros. O, al menos, eso le había dicho Muñoz a A.V que harían. Fue precisamente en este punto cuando las versiones de todos los involucrados dejan de ser la misma. De acuerdo a Muñoz, ambos salieron del edificio para intimar consentidamente.

“El lugar donde tuvimos un encuentro apasionado con A.V, y Raúl nos encontró, es una calle aledaña al edificio. No sé el nombre, pero tiene salida al Club Hípico y Beauchef”, dijo Muñoz en su declaración ante Pastén.

A.V, en cambio, daría una versión diametralmente opuesta a la de su colega en la fiscalía. Lo acusaría, en la arista penal que se abrió en contra de Muñoz en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de abuso sexual.

“Me toma y me lanza contra la muralla con su brazo. Yo quedo de espalda al muro y José se posiciona frente a mí, de forma diagonal, para aprovecharse de su peso y me coloca su antebrazo, por su parte exterior, sobre mi cuello y ejerciendo presión e inmovilizándome (…) En ese instante, aprovechando el brazo que tenía libre, José trataba de meterme su mano debajo de mi polera, mas no pudo por el cuello cerrado que tenía. Luego, entonces, en un instante, con su brazo libre y mientras me sujetaba el cuello, se bajó el pantalón y comenzó a tomar mi mano con fuerza, con la intención que tocara sus genitales (…) En un momento, logró, con su fuerza, que tocara su pene por debajo de su calzoncillo, mientras me decía ‘tócame, tócame’”, dijo A.V el 9 de enero de 2017 ante el fiscal Guillermo Adasme, quien en ese entonces llevaba la causa penal.

El relato de A.V, que es más extenso y crudo, termina cuando Carvacho llega en su auto al lugar y los sorprende, según dice, forcejando. El mismo Carvacho corroboraría esa historia.

“Cuando voy llegando, José le dice ‘viene Raúl (Carvacho), viene Raúl’. Ya frente a esta silueta, yo logro ver que José estaba de espaldas hacia la calle, con sus jeans a la altura de donde comienza el glúteo, dejando ver su bóxer, una de sus manos estaba hacia abajo no pudiendo ver con exactitud donde la mantenía, y la otra haciendo presión sobre el pecho de A.V. Cuando yo estaciono el auto, A.V gira la cabeza, lo empuja y se sube al asiento del copiloto, gritando ‘vamos, vamos’”, dijo Carvacho en su declaración en el sumario interno que levantó Marcos Pastén.

El martes 8 de marzo de 2016, tres días después de los hechos, José Muñoz, el acusado, contactó a A.V vía WhatsApp para disculparse. Esa conversación se transformaría, meses más tarde, en una de las piezas clave de la investigación de Marcos Pastén.

-De verdad lo lamento A.V, no sé qué me pasó, no tengo excusa. Estaba muy ebrio, si me conoces un poco sabes que no soy así. Te juro que lo lamento en el alma-, le escribió Muñoz, en una cadena de mensajes más extensa que comenzó a eso de las 03.35 a.m. de ese martes.

-Entiendo que proteges tu carrera. Y tu futuro-, respondió A.V.

-Pucha, no sé qué decir. Te juro que lo lamento. No sé cómo remediarlo. Yo estoy viendo para irme de Puente (Alto)-.

-Solo te pido que nunca más hagas esto con nadie. Porque a mi me dejaste muy mal-.

-Te juro A.V que lo lamento, no sabes cuánto. Llevo tres días sin almorzar-.

Muñoz diría más tarde en una declaración que prestó ante el mismo Pastén que en dicho diálogo no se habló de acoso ni menos de abuso. Ese diálogo, más bien, era para disculparse con A.V. por haberle provocado problemas con Carvacho, dado que éste último era supuestamente su pareja y los vio intimando. Pastén, sin embargo, daría mayor valor a la declaración de A.V. y a los mensajes de WhatsApp entre ambos, los que se transformarían, a la larga, en la prueba que le faltaba para remover de su cargo a Muñoz.

La administradora del asado

José Muñoz, hasta antes del asado, tenía una hoja de vida impecable en la fiscalía y todos los testimonios que se han dado en el caso corroboran aquello. Algunos de esos testimonios, además, incluido el de A.V, lo sitúan como pareja informal de Edith Espinoza, la administradora de la Fiscalía de Puente Alto que prestó el quincho para celebrar la despedida de Carvacho. Esa eventual relación, negada por ambos, también sería tema en la investigación, pues A.V dijo que había recurrido ella cuando aún estaba en shock y decidió contar el supuesto abuso del que había sido objeto.

“Yo le conté lo que había sucedido cuando nos fuimos de su casa. Recuerdo que ella se echó para atrás en su silla, y me dijo que al José ella le había dejado pasar varias (…) se toma sus manos como aplaudiendo y me dice: ´aquí el hilo se corta por lo más delgado’, por lo que yo entendí, en ese momento, que como José era el abogado y yo era el administrativo, yo no tenía nada que hacer. Aún así, yo le señalé que en mi teléfono tenía una conversación por WhatsApp donde José reconocía todo”, declaró A.V, en el marco de otro sumario que Marcos Pastén abrió en contra de Edith Espinoza, por no denunciar el abuso sexual.

Espinoza, en su declaración ante Pastén, reconoce que el lunes 7 de marzo de 2016, dos días después de los hechos, tuvo una reunión con A.V en la que se trató el tema del asado. Según dijo, cuando A.V llegó a su oficina, la miró con “un poco de reproche en la cara, porque se había portado muy mal en la comida” y le advirtió que nunca más prestaría su quincho. “Ella me dice ‘jefa, disculpe, se nos pasó la mano, dimos mucho jugo’”, declaró Espinoza, agregando que en dicha reunión no se tocó el tema de abuso sexual del cual había sido objeto A.V.

Pasaría casi un año para que A.V volviera a comentar la situación. Lo hizo compungida, llorando, y de manera informal, ante la abogada de la fiscalía Marcela Ribot. Cuando estaba en eso, mostrándole fotos, supuestamente de su cuerpo con moretones, y los WhatsApp que intercambió con Muñoz, entró a la oficina la fiscal Lorena Herrara. Sería ésta última quien, finalmente, envió un mail, a modo de denuncia, al fiscal Cristián Galdames, en ese entonces jefe de la Fiscalía de Puente Alto. Galdames remitió los antecedentes al fiscal regional sur, Raúl Guzmán, y éste último ordenó a Pastén el inicio de dos investigaciones sumarias, una contra Muñoz y otra contra Espinoza; y una penal, a cargo del fiscal Guillermo Adasme, en contra de Muñoz.

Raúl Guzmán, fiscal regional sur.
Raúl Guzmán, fiscal regional sur.

Pero el sumario sobre Espinoza no trataría solo sobre su supuesta protección a Muñoz en el caso de A.V. Pastén, el instructor de la investigación administrativa, también abordaría la supuesta protección que prestó Espinoza a Muñoz en otra denuncia que le fue presentada por otra funcionaria. De acuerdo a los antecedentes del caso, José Muñoz, en enero de 2016, tuvo una discusión con Eileen Díaz, la otra funcionaria de la Fiscalía de Puente Alto, con quien tuvo una relación sentimental. Dicha discusión habría terminado en una agresión de Muñoz hacia Díaz, de acuerdo a la mujer. Muñoz diría más tarde todo lo contrario en su declaración. El abogado aseguraría que él fue el agredido y varios correos electrónicos entre él y Díaz parecen darle la razón.

“Hola… prometí no escribirte más, pero ayer me quedé pensando que sacaste lo peor de mí… me trataste como el forro todo este tiempo y siempre… y considero que cualquier mina te habría sacado la cresta… me sacaste de mis casillas, yo jamás había deseado pegarle a alguien (…) Maldigo el día que llegaste a Puente Alto. A cagarme psicológicamente. Así como yo te agredí, tú me has garabateado y gritoneado a lo largo de la relación, así que no te hagas el santo”, le escribió Díaz a Muñoz, el 17 de enero de 2016.

Los correos, sin embargo, servirían poco. Lo concreto era que hubo un conflicto entre ambos y que los hechos, ciertos o no, fueron denunciados por Díaz a Espinoza. Y ésta última, al parecer, no hizo nada. O nada que tuviera efectos concretos.

“A raíz de esta situación, inmediatamente fui a hablar con la administradora de la fiscalía, doña Edith Espinoza, y le conté todo lo que sucedió y lo que me venía pasando hace tiempo con José Muñoz. Conversamos cerca de una hora. Yo lloraba. Le mostré que tenía el brazo rojo. Ella me dijo ‘mira Eileen, yo te voy a aconsejar que esto quede aquí no más, porque tu eres auxiliar y él es abogado’ y agregó (que) ‘el hilo se corta por lo más fino y nadie te va a creer’”, dijo Eileen Díaz, en el sumario de Pastén.

Espinoza se defendería de la acusación de Díaz reconociendo la reunión, pero que su contenido solo fue sobre una discusión “entre pololos” que no incluyó violencia física. Además, declaró que le informó de lo denunciado por Díaz a Cristián Galdames, el fiscal jefe de Puente Alto. Galdames declararía más tarde que no se le dio a conocer “ningún tipo de incidente que pudiese dar pie a una investigación penal o administrativa” y que no estaba “en condiciones de asegurar si alguna vez se me contó respecto de alguna situación entre ellos de parte de Edith Espinoza”.

Para Marcos Pastén, sin embargo, las cosas estaban claras. Ambos, Muñoz y Espinoza, eran culpables. El primero por abuso sexual y la segunda por no denunciarlo, pese a que dos mujeres le habían reportado sobre sus agresiones. Ambos fueron removidos del Ministerio Público por el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, el 9 de junio de 2017, tras aprobar la recomendación de sanción de Pastén. Pero la historia no terminaría ahí. Muñoz y Espinoza, que acusaron irregularidades en todo el proceso investigativo penal y administrativo, aún tenían cartas que mostrar.

Fiscal Abbott, “usted falta a la verdad”

Muñoz y Espinoza han tenido como aliado en su defensa a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, que a través de su directiva intermedió con Jorge Abbott, el fiscal nacional, para reincorporarlos y abrir una serie de investigaciones en contra de Pastén y Adasme, por supuestas irregularidades en los procesos investigativos.

La asociación, básicamente, le había planteado a Pastén dudas respecto de tres testigos que presentó A.V., pues los tres, de acuerdo a una revisión que se hizo de los WhatsApp de A.V., aparentemente habían sido sus parejas sentimentales informales en algún momento. Además, los tres conocieron los hechos y tampoco los habían denunciado. También acusó a Adasme de no querer traspasar la causa a la Fiscalía Centro Norte y de formalización arbitraria en contra de Muñoz, entre otras supuestas irregularidades.

Jorge Abbott, tras juntarse con la asociación en dos oportunidades, les pidió un oficio con todos los antecedentes. Dicho oficio llegó a sus manos el 23 de agosto de 2017, pero 15 días más tarde el fiscal nacional respondió negando seis de las siete solicitudes que hizo la asociación.

“Usted falta a la verdad”, le dijo a Abbott la Asociación de Funcionarios, en un duro oficio en el que le señaló que ellos no habían expuesto contradicciones del caso, sino que más bien habían desvirtuado el mismo con “objetividad” y que los cuestionamientos que habían hecho contra Pastén fueron una denuncia que “usted simplemente ignoró”.

Pero Abbott, de alguna manera, sí hizo eco de uno de los puntos planteados por la asociación. Fue el último de esos siete puntos del oficio del 23 de agosto. La asociación le escribió a Abbott: “por ser de una gravedad extrema y no tener justificación alguna, solicitamos que se nos informe los pasos que va a seguir la Fiscalía Nacional por los hechos contenidos en los mensajes WhatsApp entre don Iván Fuenzalida y nuestra asociada doña Edith Espinoza”.

Jorge Abbott, fiscal nacional.
Jorge Abbott, fiscal nacional.

La asociación estaba haciendo referencia a unos mensajes que Fuenzalida, director Ejecutivo de la Fiscalía Regional Sur, le había enviado a Espinoza, su subalterna, tras ir al gimnasio, en la medianoche del 8 de febrero de 2016. Se trataba de WhatsApp inapropiados, pero que nada tenían que ver con el caso de Muñoz y A.V. Espinoza, a través de la asociación, los traía al debate, y más tarde también los abordaría en una tutela de vulneración de derechos fundamentales que presentó en tribunales laborales.

“Luego del primer trimestre de 2016, fui ignorada expresamente por parte de mi superior directo, el director ejecutivo regional don Iván Fuenzalida, luego de haber recibido insinuaciones que me hacía vía WhatsApp (…) Le dejé claro que la relación entre ambos sería estrictamente laboral y nada más”, dijo Espinoza.

Tras esos hechos, Espinoza dice que ambos se distanciaron, aunque la versión de Fuenzalida apunta a lo contrario. Como sea, luego de los WhatsApp entre ambos ocurrió lo del asado y la supuesta agresión sexual de Muñoz a A.V. Cuando Espinoza estaba suspendida de su cargo por el sumario que se llevaba en su contra, a inicios de 2017, Fuenzalida tuvo que evaluarla y lo hizo con un 6,8, nota que en el Ministerio Público es baja, casi un castigo. Pero además incluyó en su calificación como observación la frase: “debe hacer una adecuada separación entre su rol funcionario y su vida personal”. Según Espinoza, todo eso ocurrió cuando el sumario era secreto, por lo que Fuenzalida no tenía por qué hacer referencia a ello. Y que la frase que incluyó en su evaluación la escribió para justificar su baja calificación, “esto a pesar de que fue él quien cruzó la línea entre lo laboral y privado, haciéndome insinuaciones impropias”.

Fuenzalida declaró en esa causa que no tuvo acceso al sumario hasta que éste terminó. Para Abbott, en todo caso, el tema no había pasado desapercibido. Primero se juntó con Fuenzalida y le reprochó el tipo de comunicación que tenía con su subalterna. Fuenzalida negó cualquier tipo de acoso, aunque reconoció que su lenguaje había sido inapropiado. Ahí mismo pidió que se le abriera una investigación administrativa si era necesario, pero Abbott no lo hizo. En su respuesta a la asociación, el fiscal nacional dijo que había remitido los antecedentes a Raúl Guzmán, el jefe de Fuenzalida. De hecho, éste último es su brazo derecho en la Fiscalía Regional Sur. “(Guzmán) evaluará la pertinencia y curso de acción que corresponda, en el marco de nuestro sistema jerárquico y, sin perjuicio de manifestar el rechazo hacia tales conductas por parte de esta superioridad”, escribió Abbott en su oficio a la asociación.

Pero cuando Guzmán analizó el tema, calificó de poco relevante la mayor parte de los mensajes y dijo que Fuenzalida “recurre a una frase que, si bien puede resultar equívoca, no alcanza la entidad para configurar contravención a la norma vigente”. También reprochó a la asociación y a Espinoza por no haber hecho una reclamación cuando se dieron estas conversaciones, o en su propio proceso de investigación administrativa. Incluso dijo que los antecedentes aparecen “solamente ahora, cuando el procedimiento disciplinario se resuelve de manera desfavorable a sus pretensiones (…) presentándolas como irregulares”.

Guzmán, en definitiva, concluyó que Fuenzalida no cometió ninguna falta, “sin perjuicio de las instrucciones especiales que en mi calidad de superior jerárquico le imparta privadamente para su desempeño futuro”.

No está claro si Guzmán ya le impartió esas “instrucciones especiales” a Fuenzalida. En todo caso, Leticia Fuentes, jefa de la URAVIT de la Fiscalía Regional Sur, aseguró a Radio Bío Bío que la decisión de Guzmán está fundamentada por fallos de la justicia, incluida la Corte Suprema, que estableció que el fiscal regional sur había actuado conforme a sus atribuciones al no abrir sumario en contra de Fuenzalida. Además, planteó que la Fiscalía Regional Sur está trabajando con asesores externos para mejorar el clima laboral tras el caso de Muñoz y Espinoza.

Pero a diferencia de Fuenzalida, dice la asociación, otros involucrados satelitales en la causa sí han tenido que enfrentar procesos investigativos.

Guillermo Adasme, el fiscal que inició la indagatoria penal en contra de Muñoz, tuvo que entregarla a la Fiscalía Centro Norte, pues los hechos ocurrieron en Santiago centro. Demoró varios meses en hacerlo y cuando tomó declaración a Muñoz, luego pidió verbalmente a un juez una orden detención en su contra. Muñoz denunció esto último a la Fiscalía Nacional y Adasme enfrenta ahora una investigación penal por formalización arbitraria. Pablo Gómez, el cuestionado fiscal del caso SQM, es quien lleva la indagatoria en contra de Adasme y entre sus diligencias está una orden de investigar a la PDI para que tome declaraciones al juez de garantía, Ponciano Salles; al jefe de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Sur, Juan Pávez; y al mismo Guillermo Adasme.

También se han abierto otros sumarios relacionados, o denunciados, en el marco de la causa de Muñoz y Espinoza. Uno fue en contra de la fiscal Lorena Herrera y A.V., por haber instruido a una estudiante en práctica que trabajara un fin de semana en labores propias de la fiscal. Dicho sumario ya fue sobreseído, pero Herrara enfrenta otra investigación más por acoso laboral en contra de la funcionaria Leslie Pinilla, quien declaró a favor de Muñoz. Pinilla finalmente fue desvinculada el 27 de marzo pasado del Ministerio Público y presentó una tutela de vulneración de derechos fundamentales.

A.V., y uno de sus testigos, Adolfo Aguilar, enfrentaron un sumario por marcarse las entradas a la fiscalía cuando alguno de los dos llegaba atrasado. Ambos fueron sancionados por aquello. Aguilar, de hecho, enfrenta otro sumario, por haber amenazado, supuestamente, a José Muñoz en el tribunal laboral, cuando éste último presentó su propia tutela de vulneración de derechos fundamentales.

Pero el entuerto de causas y recursos legales no termina ahí. La defensa de Muñoz, encabezada por Sebastián dal Pozzo, exabogado asesor de la Fiscalía Regional Sur; y Gonzalo Medina, el mismo profesional que defiende al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el caso Penta, presentó una cautela de garantías en la arista penal. Las dudas planteadas en la cautela apuntan a una supuesta diligencia realizada en marzo, cuando la investigación penal ya estaba cerrada por la actual fiscal Marcela Rocha, por dos hombres que se habrían presentado supuestamente como funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y una tercera persona, que fue identificada como una mujer embarazada.

Esas tres personas visitaron a los testigos de la defensa, donde ocurrieron los hechos. Estos testigos son trabajadores corraleros del Club Hípico y un comerciante de sus alrededores. Sus declaraciones no formaron parte de la investigación administrativa, pero sí de la penal. En ella dijeron lo que vieron la madrugada después del asado: dos personas intimando consentidamente. Nada de abuso sexual.

El 17 de mayo pasado, la magistrada Tania Escobar rechazó la cautela de garantías que pedía la defensa de Muñoz, pero derivó los antecedentes al Ministerio Público, el que ahora podría abrir otra investigación penal en contra de esas tres personas que, supuestamente, habrían tratado de cambiar los testimonios de los testigos, de acuerdo a las sospechas de la defensa de Muñoz. En la misma audiencia se supo que esas tres personas eran A.V., su actual pareja, y Félix Garcés, uno de sus dos abogados. Su otro abogado es Claudio Caamaño, pero él no estuvo ese día.

“Ellos consideraron que la PDI había concurrido al lugar a hacer nuevas diligencias, cosa que no es efectivo. Fui yo mismo con la víctima y su pareja. Me identifiqué como abogado, y buscamos antecedentes para defendernos en el juicio. Eso ocupó la defensa. El tribunal, en la audiencia recién pasada, en ningún momento consideró que algunas de las conductas eran vulneratorias de garantías constitucionales”, dice Félix Garcés, el abogado de A.V. “Sin embargo, con la única finalidad de esclarecer los hechos, el juez remitió los antecedentes al Ministerio Público para que indague la existencia de un delito. Por tanto, el efecto que tiene esta remisión de antecedentes es que el Ministerio Público tiene que investigar, pero si no hay delitos no se seguirá adelante con el tema. Sí hay delitos, habrán imputados y formalización”, agrega.

En la audiencia pasada, la defensa de Muñoz también había pedido el sobreseimiento definitivo de la causa. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, aunque ya fue apelada. La preparación del juicio oral, mientras tanto, quedó para el próximo 29 de junio (revisa acá el acta de la audiencia).

Un “enjambre” en la fiscalía sur

“En ninguna parte uno podría decir que puede hacer perfectamente su trabajo si tienes este nivel de enjambre”, dice Francisca Werth, directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional. “Al menos te desconcentra, te afecta el clima. Por supuesto, es del todo inconveniente que una fiscalía se distraiga de sus labores primordiales en problemas de relacionamiento y que estos escalen a estos niveles de decaimiento”.

Directora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth.
Directora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth.

Werth, la mano derecha de Jorge Abbott, cree que la situación en la Fiscalía de Puente Alto no daba para más, que el escándalo iba a estallar tarde o temprano. Pero también cree que hay responsabilidades en el mismo manejo de las jefaturas de esa fiscalía local y de la regional.

“Acá había una situación bien compleja en esa fiscalía y esto amerita que de alguna manera empiece a destaparse esto y nosotros, como Fiscalía Nacional, tomemos medidas importantes respecto a la intervención y también se empiece a pedir a la fiscalía regional un mayor involucramiento”, dice Werth. “Sorprende a los niveles que llegamos, porque tenemos una causa penal por abuso sexual, entonces esto se agrava muchísimo. Ahí hay, de alguna manera, un trabajo que no se realizó respecto a quien manejaba la fiscalía y quien debió haber estado atento a lo que estaba pasando. Esto parte por un problema de clima interno y se va mezclando y agravando y ahí hay un manejo que tendría que haber sido distinto por quienes ejercían ese liderazgo, incluyendo a Edith (Espinoza), que era la administradora”.

Por ello, explica Werth, enviaron al gerente de recursos humanos de la Fiscalía Nacional para que revisara qué medidas se habían tomado y cuáles se seguirían implementado. Trasladaron a A.V. a la Fiscalía Regional Oriente y hablaron con la Federación de Funcionarios del Ministerio Público que apoya a A.V. También, Jorge Abbott visitó “dos o tres veces” la Fiscalía Regional Sur “para dar mensajes claros respecto de cuál es la postura institucional y personal respecto al tema del acoso”. Consultados sobre el contenido de esas visitas, en la Fiscalía Regional Sur dicen que Abbott fue a la zona, pero por otros temas. Específicamente, para revisar inversiones en Puente Alto y la inauguración de nuevas obras.

Como sea, el Ministerio Público, en marzo de este año, lanzó un nuevo reglamento de responsabilidades administrativas, en el que se hace una declaración expresa sobre el acoso como una práctica intolerable. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, junto con acceder a todos los oficios y documentos legales del caso, solicitó vía Transparencia las estadísticas sobre investigaciones internas que ha realizado el Ministerio Público en los últimos cinco años sobre casos de acoso sexual y laboral. En dicha estadística hay 49 casos con diversos grados de resolución, y entre ellos aparece el de José Muñoz, ya sancionado, y el del abogado de la Fiscalía Regional Centro Norte, Diego Villa, quien se encuentra suspendido de su cargo mientras se le investiga por un posible acoso sexual a siete funcionarias (revisa acá la estadística).

El problema, dice Ignacio Acuña, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Centro Norte, no es la cantidad de casos. “No son la regla general, no aparecen con frecuencia, pero eso se debe a que cada vez que aparecen, la primera reacción es no hacer nada y bajarle el perfil a la situación, acciones que desincentivan la denuncia. Cuando los funcionarios o funcionarias deciden denunciar, la mayoría de los casos son sobreseídos”, explica Acuña, quien apoya a Espinoza y Muñoz.

Y puede que Acuña tenga algo de razón en cuanto a los sobreseimientos. De los 49 casos que aparecen en la estadística que revisó Radio Bío Bío, 20 de ellos fueron sobreseídos o absueltos. El 12 de marzo pasado, en todo caso, se publicó el nuevo reglamento de responsabilidad administrativa que debería mejorar la situación. Para eso habrá que esperar, pues si bien ha habido “un aumento en las denuncias desde que comenzó a operar dicho reglamento”, según dice Werth, para Acuña “esto recién se está aplicando”.

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