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CDE se querella por pérdida de casi 7 millones de pesos custodiados por la Fiscalía Norte

CDE se querella por pérdida de casi 7 millones de pesos custodiados por la Fiscalía Norte

Miércoles 23 mayo de 2018 | 04:00

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ARCHIVO | Fiscalía
Nueve sospechosos, huellas dactilares que no pueden ser identificadas por la PDI, evidencias mal guardadas y un sistema informático que falló. Esos son solo algunos de los hechos que el Consejo de Defensa del Estado detalla en el libelo interpuesto ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, para dar cuenta que el dinero se encuentra desaparecido desde, al menos, 2014. Una investigación administrativa no encontró responsables, otra de carácter penal, tampoco. El hecho es que la plata se esfumó, en las narices del organismo que debe perseguir a quienes infringen la ley.

En julio de 2012 cuatro funcionarios del Banco Central (BC) fueron formalizados por sustraer 38 millones de pesos, que iban a ser destruidos por obsolescencia. Los descubrieron, gracias a las cámaras de seguridad del recinto, mientras se guardaban la plata entre sus ropas. Un año más tarde, todos serían condenados a cinco años, pero sin pena de cárcel.

Se trató de un caso sencillo y judicialmente exitoso para la Fiscalía Centro Norte, salvo por un detalle: han pasado casi siete años y 6 millones 914 mil 770 pesos en billetes siguen desaparecidos, pese que el propio Ministerio Público los tenía bajo su custodia. Y hasta ahora, pese a una investigación administrativa y otra penal de por medio, no hay responsables.

Por esta razón es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal, por el delito de malversación de caudales públicos, en contra de quienes resulten responsables ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando a una serie de funcionarios que, a juicio del organismo, aparecen como sospechosos. Por esta razón, pidió un levantamiento patrimonial a nueve empleados encargados de la custodia de las especies para “detectar gastos excesivos, depósitos, compras o pagos de deudas por sumas que coincidan con los montos extraviados, o que excedan de los ingresos mensuales”.

De acuerdo a la acción legal -que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– en 2012 “se ingresó en calidad de evidencia a la Unidad de Servicios Corporativos del Ministerio Público una cantidad de billetes cuya suma nominal ascendía a casi 7 millones 900 mil pesos” (revisa acá la querella).

Transcurrido el tiempo de investigación, en octubre de 2014 el abogado Sergio Rodríguez, patrocinante del Banco Central, pidió la devolución de los billetes, hecho que no se concretó, detalla el libelo.

En abril de 2016 el BC volvió a la carga e insistió en que la fiscalía entregara el dinero, pero nuevamente la solicitud no surgió efecto, según el CDE. Una nueva petición fue presentada en diciembre del mismo año y el dinero seguía sin aparecer, hecho que dio inicio a una investigación administrativa en la Fiscalía Centro Norte, dirigida entonces por el fiscal Andrés Montes.

Pues bien, el 27 del mismo mes fueron hallados dos de las cuatro evidencias almacenadas en la fiscalía. Al descontar, el monto había descendido a poco más de 6 millones 900 mil pesos. En la fiscalía, detalla la querella, continuó la búsqueda de las especies extraviadas. “Es así que el 17 de enero de 2017 se halló una bolsa sin identificación, pero con un número de serie del Banco Central”, dice la acción legal. Con el rótulo se verificó que se trataba de una nueva evidencia. Al interior de la bolsa había 645 mil pesos “en billetes de 5.000 pesos”.

Trazabilidad con apellido

El 27 de julio de 2012, Héctor Arévalo Toloza recibió la orden de parte de la fiscal Ximena Chong de ingresar los billetes en calidad de especie incautada y no como dinero, ya que debían ser periciados para determinar si poseían aún curso legal y si se podían aceptar como medio de pago.

“Cabe advertir que, en general, cuando los billetes ingresan a la fiscalía en calidad de dinero y su monto supera las 30 UTM (a valor actual poco más de 1 millón 400 mil pesos), deben ser depositados en una cuenta bancaria”, señala el libelo. Los montos inferiores, de acuerdo a la presentación, se guardaban en la caja fuerte.

Para el CDE hay un eslabón perdido en el caso, ya que el dinero, según el sistema informático de la fiscalía, fue guardado en la caja fuerte rotulada “joyas”, bajo la denominación “joyas 15 (…) que corresponde a una caja dentro de la caja fuerte”, detalla el escrito.

“Lo llamativo es que el espacio sólo alcanza para tener 13 cajas, por lo que la caja ‘joyas 15’ no existe. Sabemos que los billetes se guardaron aparentemente en la caja ‘joyas 15’ porque así aparece registrado en el sistema informático ‘SAP’, utilizado en aquella época en la fiscalía. No fue posible determinar quién creó el registro ‘joyas 15’ en el sistema, por lo que se pierde la pista de los billetes tan pronto ingresan a la custodia, en manos de Héctor Arévalo Toloza (…) jefe de los custodios, que tenía a su cargo exclusivo la llave de la caja fuerte ‘dinero’, pero las llaves de la caja fuerte ‘joyas’ las tenían todos”, señala la presentación.

Por lo anterior, describe la querella, “no sólo no es posible saber quién practicó el registro en el sistema informático, sino que tampoco es posible saber quién materialmente concretó el ingreso”.

En la investigación interna, Arévalo Toloza aseguró que nunca vio las especies, pero que en 2014 estaban listas para su retiro cuando lo solicitó el Banco Central. Sin embargo, agregó, nadie del instituto emisor se apersonó para retirarlas.

Huellas dactilares

En diciembre de 2016 el BC volvió a pedir su devolución, pero los billetes seguían extraviados. Fue allí cuando Juan Morales Maldonado, el administrador de la Unidad de Servicios Corporativos, comenzó a preguntar. Lo hizo primero con otro funcionario bajo su mando. Se trataba de Claudio Barahona Muñoz, quien le respondió que efectivamente el dinero nunca había sido encontrado, pese a una búsqueda en abril del mismo año.

Morales preguntó a Barahona por qué nunca fue informado del hecho, atendido que era el superior jerárquico. Su respuesta fue que “esa es una labor de Arévalo Toloza”.

En enero de 2017 fueron hallados 645 mil pesos en billetes de cinco mil pesos, por lo que fueron entregados a la PDI para su análisis. La policía evacuó en abril del año pasado un peritaje a la evidencia, el que reveló que una parte del dinero encontrado era efectivamente del robo, pero estaba mezclado con otros billetes que nada tenían que ver con el caso.

Los detectives además realizaron un análisis dactiloscópico en las bolsas que contenían los billetes, como a estos últimos, cuyas conclusiones de septiembre de 2017, establecen que se hallaron dos huellas. Una de ellas de Arévalo Toloza y la otra no pudo ser identificada, ya que no contaba con la cantidad mínima de puntos característicos.

“En otra evidencia, en tanto, fueron halladas otras cinco huellas dactilares, cuatro de ellas imposibles de identificar y la restante no se pudo establecer a quién pertenece”, se lee en el documento.

Lo cierto es que el sistema registraba una salida temporal de las bolsas donde estaban los 645 mil pesos hacia el banco de almacenaje, fechada en febrero de 2015. Arévalo Toloza volvió a ser inquirido sobre el particular y respondió, según el CDE, “que esto habría ocurrido por un descuido de su parte”.

El CDE, finalmente, solicitó que la Fiscalía Centro Norte ordene el levantamiento patrimonial a Juan Morales Maldonado, jefe de la Unidad de Servicios que tiene a cargo las evidencias. Junto a él, a ocho técnicos en custodia para que se revise el patrimonio de cada uno. Ello debiera incluir el alzamiento del secreto bancario.

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