Fotografía: Sebastián Beltrán | Agencia UNO

0 visitas |


  • Quien lidere la Agencia Nacional de Inteligencia, según diversos especialistas, no sólo debe conocer del rubro; también tendrá que administrar equipos y llevar adelante la reforma al Sistema Nacional de Inteligencia, con énfasis en la seguridad pública, una de las prioridades del nuevo gobierno. A continuación, la lista corta con la que trabaja la administración Piñera, que incluye exfiscales, un exdefensor público, civiles y exuniformados.

    La oficina del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, estaba vacía. Se había llevado todas sus cosas y disfrutaba de sus vacaciones. Volvería sólo a dejar las llaves de su despacho. Pero no fue así. Villalobos regresó porque el gobierno aún no da con el nombre de quien lo reemplazará.

    La búsqueda de dicho nombre comenzó hace semanas y de acuerdo a altos personeros del gobierno, el Presidente Sebastián Piñera debería decidir en los próximos días el sucesor de Villalobos. Pero dicha búsqueda no ha sido sencilla. La bomba que significó el fracaso de la denominada Operación Huracán sembró la duda sobre cómo operan y que tan eficaces son todos los organismos de inteligencia que funcionan en el país. Y en ese contexto, la ANI también sufrió una evaluación negativa.

    Por ello, Piñera encomendó al Ministerio del Interior la tarea de sondear una serie de nombres ligados a materias de defensa, incluyendo por primera vez en la evaluación a exuniformados. Se trata de personas que cumplan fundamentalmente dos características.

    Primero, que cultiven un bajo perfil. El nuevo director de la ANI prácticamente deberá desaparecer de la esfera pública todo el tiempo que dure en su cargo. El nuevo gobierno ha puesto especial énfasis en evitar que ocurra lo mismo que pasó con Gonzalo Yuseff, quien dirigió la ANI durante el primer mandato de Piñera. La discreción no era precisamente su sello: tenía la costumbre de tomar café a pasos de La Moneda con otros jefes de división y apareció en más de una oportunidad fotografiado en los medios de comunicación caminando por la calle, luciendo una excéntrica barba que, según él mismo mencionó en una entrevista mientras aún estaba en el cargo, se dejaba crecer en honor a León Tolstoi.

    El otro punto relevante a evaluar está asociado a la capacidad administrativa para reorganizar el trabajo de las distintas divisiones que componen la ANI. A diferencia de otras entidades estatales, en la agencia los profesionales pueden pasar por varias administraciones sin que sean despedidos. “Son materias de Estado”, suele escucharse en los círculos de analistas y académicos dedicados al rubro de la defensa. De hecho, varios que llegaron durante la administración anterior de Sebastián Piñera siguen en sus puestos.

    Frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) | Agencia UNO
    Frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) | Agencia UNO

    El susurro

    El sondeo ha estado a cargo de Andrés Chadwick, ministro del Interior, junto al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla. Y no buscan una persona para la continuidad, sino que a alguien que pueda liderar la reforma al Sistema de Inteligencia Nacional que el nuevo gobierno pretende llevar a cabo como una de sus prioridades. El objetivo es dotar a la ANI de mayores atribuciones para obtener y generar información, además de orientar su trabajo para que tenga como foco central la seguridad pública. También pretenden crear una Escuela Nacional de Inteligencia y que entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Gendarmería, entre otros, se integren en el esquema, hecho que hasta ahora no ocurre.

    En este proceso tres nombres han sonado más fuerte en una primera instancia: dos altos exuniformados y un civil. Pero en esta última semana no sólo ellos han sido sondeados. También figuran entre las opciones tres abogados -uno de ellos con un paso previo por la ANI- un exdirector de Gendarmería, y un exfiscal.

    Lo que sigue son los detalles de esa búsqueda y de quiénes son los que se postulan para recibir las llaves que Villalobos tendrá que entregar.

    Entre dos exoficiales y un civil

    Por primera vez desde que existe el organismo de inteligencia estatal, un exoficial de la Armada y otro del Ejército figuran entre los considerados para asumir su dirección. El primero es el contraalmirante (r) Óscar Aranda, otrora jefe de Dirinta, como se denomina a la inteligencia naval, quien posee un diplomado de defensa en París, es magister de estrategia en la Academia de Guerra Naval y realizó un curso para directores de inteligencia en el Reino Unido.

    El sello de su gestión fue la operativización de la Dirección de Inteligencia de la Armada (Dirinta), la ciberdefensa y la adopción de medidas de control interno contra la corrupción y el consumo de drogas. Para ello, durante los 5 años de su período la Armada adoptó el uso del polígrafo (detector de mentiras) y verificó acuciosamente el patrimonio de los uniformados. Simultáneamente, cultivó una relación profesional con la ANI y los otros servicios nacionales de inteligencia.

    Se le reconoce como el modernizador del servicio de inteligencia naval, pero quizás por lo mismo, también sufrió ataques desde el exterior: a comienzos de 2015 Perú acusó a la inteligencia naval chilena de infiltrar durante años a la Marina de Guerra del Perú. Sin embargo, la prueba insuficiente presentada por los peruanos a Chile para incriminar a Aranda -un diálogo de WhatsApp que bien pudo ser inventado- no fue obstáculo para que permaneciera dos años más encabezando la inteligencia de su institución. Fue un reconocimiento a sus capacidades operativas y a varias acciones exitosas.

    Por estos hechos, el presunto agente reclutado por Chile en la armada peruana era el suboficial Alfredo Domínguez. Fue detenido y condenado a 35 años de cárcel en 2017, además de otros dos oficiales. Los limeños también se dieron un gusto identificando a Carlos, el agente de control de Domínguez: el capitán de corbeta Francisco Calvanese. Fuentes chilenas señalan que con la actual Ley de Inteligencia difícilmente habría sido detectado.

    Varias fuentes consultadas para este artículo aseguran que Aranda ya fue contactado por el gobierno. En conversación con Radio Bío Bío, sin embargo, el exoficial de la Armada descartó cualquier contacto con la administración Piñera.

    Para Aranda, Chile dio un gran paso cuando estableció la Ley de Inteligencia, la cual, de acuerdo a su análisis, debe evolucionar hacia controles ciudadanos.

    “Es una herramienta poderosa para que los organismos ejecuten su labor. Sin embargo, a futuro se podrían hacer modificaciones y establecer mecanismos de control democrático, como las comisiones parlamentarias sobre las actividades de inteligencia, de manera de que haya un equilibrio que salvaguarde los derechos de las personas y su privacidad. Este es un proceso evolutivo”, dijo Aranda.

    La competencia del exoficial de la Armada para liderar la ANI viene de otra rama castrense: el Ejército. Se trata de Hernán Mardones, un exgeneral de División del Ejército que en los noventa trabajó en la vicecomandancia en Jefe cuando el exdictador, Augusto Pinochet, aún encabezaba la institución. El exgeneral llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto entre 2011 y 2014 y a diferencia de Aranda, no ha hecho inteligencia operativa, aunque tiene el curso que dicta el Ejército.

    Mardones estuvo a cargo de Gestión y Desarrollo en la División de Doctrina y también fue jefe de Operaciones Terrestres. De perfil más técnico, tiene postítulos sobre Gestión Institucional en Educación y el magíster de la Academia de Guerra sobre ciencias militares.

    Actualmente, es el presidente del Consejo Académico Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares (Caeseim). Ahí comparte actividades con Herman Chadwick Piñera, hermano del ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera. En dicha instancia también participan los exministros Francisco Vidal (PPD), Genaro Arriagada (DC) y el excanciller de la dictadura, Hernán Felipe Errázuriz.

    Al igual que Aranda, niega cualquier contacto con el gobierno. Sin embargo, admitió a Radio Bío Bío que “si me llamaran, uno no podría negarse a una actividad tan importante para el país”.

    Una tercera carta que barajan Chadwick y Ubilla es un civil: el cientista político y académico Guillermo Holzmann.

    Conocido en los medios, columnista, siempre dispuesto a contestar las preguntas en cualquier panel, Holzmann tiene una amplia trayectoria universitaria y ha estado ligado a grupos internacionales relativos a temas de defensa.

    Fue subdirector del instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del Consejo Asesor de Chile Transparente, entre otras actividades. A diferencia de los dos anteriores, es el más preparado académicamente.

    Sin confirmar si ha sido contactado, Holzmann se refirió a los cambios que tendrá que impulsar quien asuma el cargo y los desafíos que enfrentará: “Esta es una reforma a los temas de seguridad e inteligencia que eventualmente llevará cambios constitucionales, los que requerirán negociación. No será simple ni fácil. Y no sólo por las demandas ciudadanas; también para estar en sintonía con lo que Chile quiere a nivel mundial”, aseguró.

    Aunque no se inclina por un nombre en particular, el especialista en Defensa y jefe del magíster en Gestión de Gobierno de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, considera que el puesto debiera designarse a un civil. Si el Ejecutivo llega a elegir a un funcionario de las Fuerzas Armadas, agrega, sería un error.

    “La sola opción de colocar a la cabeza en esta reestructuración del sistema de inteligencia a un exuniformado, ya sea de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Investigaciones, sería un error magistral. Cada servicio tiene una cultura distinta sobre estas actividades, por lo que se podría generar ruido al interior de cada rama. Va a tener problemas de coordinación”, explicó.

    No es el único que tiene esa opinión. Varios analistas de defensa concuerdan en que el organismo de inteligencia estatal, dependiente directamente del Ejecutivo, debe ser dirigido por un civil. Fuentes que han conocido el proceso señalaron a Radio Bío Bío que tanto Chadwick como Ubilla ya fueron advertidos de los riesgos que tendría el nombramiento de un exuniformado al mando de la ANI. Por eso también han sondeado a otras personas, pese a que organismos de inteligencia de otros países, como la CIA norteamericana, a menudo tienen de directores a exmilitares. De hecho, un tercio de los directores de dicha agencia han sido generales o almirantes.

    La influencia de Ribera

    El abogado Ángel Valencia es el exsecretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y miembro del estudio jurídico Cisternas y Cortés. Valencia tiene estudios de postgrado en Estados Unidos y ha capacitado a fiscales en México, Paraguay y República Dominicana. Titulado de la Universidad de Chile, logró desarrollar su perfil académico como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y como funcionario en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, dependiente del Ministerio de Justicia.

    Teodoro Ribera, exministro de Justicia
    Teodoro Ribera, exministro de Justicia

    Quien ha participado como asesor informal en la búsqueda ha sido el dueño de la Universidad Autónoma y exministro de Justicia, Teodoro Ribera, cercano políticamente a Ubilla. Este último -antes de entrar al gobierno- era el decano de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

    Valencia habría sido incluido en la lista de candidatos por recomendación de Ribera. También su asociado en Cisternas y Cortés, el abogado y exdirector de Gendarmería, Luis Masferrer, quien ya fue contactado directamente por Chadwick.

    Masferrer antes de asumir el servicio de prisiones en el anterior gobierno de Piñera, fue defensor penal público en el sur de Chile. Su desempeño como director de Gendarmería no estuvo exento de problemas. En diciembre de 2010 debió enfrentar el incendio en la Cárcel de San Miguel, donde 81 reos murieron quemados.

    Durante la investigación de la fiscalía se fue develando el estado de abandono de las dependencias, entre otros problemas, pero el Ministerio Público nunca quiso formalizarlo. Sin embargo, en el fallo absolutorio que dictó el tribunal oral en lo penal se hizo una dura crítica al Ministerio Público, debido a que no apuntó a la responsabilidad criminal de los cargos directivos del servicio de prisiones.

    El hombre de la casa

    Entre los nombres que han sido evaluados aparece uno que no es un extraño en las oficinas de la ANI, ubicadas en la esquina de Moneda con Tenderini, en el centro de Santiago. Se trata del abogado Jorge Chocair. A diferencia de los otros candidatos, es el único que ya ha trabajado en el organismo de inteligencia, pero cuando se llamaba Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi). Su expertise es la lucha contra el crimen organizado.

    Chocair, titulado en la Universidad Andrés Bello, se unió como abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, de la cual también fue vocero, junto a Sabas Chahuán cuando la reforma daba los primeros pasos en la Región Metropolitana, en 2005.

    Cuando Chahuán asumió como titular del Ministerio Público, lo nombró como jefe de la Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex), lo que le granjeó contactos internacionales. Hoy se dedica al ejercicio libre de la profesión.

    Otro de los nombres considerados ha sido el propio analista Tomás Duval. Quienes trabajaron en la cartera de Interior en la administración pasada de Piñera recuerdan que él fue uno de los candidatos para asumir la cabeza de la ANI entre 2010 y 2014, pero que a último momento se optó por Gonzalo Yuseff. Consultado por Radio Bío Bío, Duval asegura que su postulación de 2010 sólo se trató de un rumor, ya que cumplió labores como asesor de Ubilla y luego en el Ministerio de Defensa.

    Las claves de la reforma

    El nombre que resulte elegido para dirigir la ANI debe conocer sobre inteligencia, pero también de materias legislativas para impulsar las reformas que constan en el programa de gobierno de Piñera. Los cambios se basan en la creación de un Comité de Inteligencia, que responderá exclusivamente al Presidente.

    En dicho comité convergerán todos los organismos que produzcan información. Además, le entregará mayores atribuciones, permitiendo que parte de la información obtenida por Ley de Inteligencia pueda usarse en la investigación criminal, algo que la normativa vigente si bien no impide, sí necesita de la aprobación de una corte de apelaciones, tribunal de donde emanan las autorizaciones para que las medidas intrusivas sean amparadas por la ley.

    Nuestro comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)