El puzle que significó el caso cascadas para el Ministerio Público parece estar cerca de ser resuelto. Una inédita formalización del dueño de las sociedades cascadas es el paso más probable en los próximos meses, mientras el persecutor analiza sus correos electrónicos, transferencias bancarias, declaraciones y un nuevo peritaje que podría ser la clave de la investigación.
La primera caída en desgracia de Julio Ponce Lerou ocurrió en 1983, tras la circulación de un documento anónimo entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y autoridades de la dictadura militar. En ese documento se describía un supuesto enriquecimiento ilícito del ex yerno de Augusto Pinochet Ugarte y significó su salida de la gerencia general de la Corfo.
Casi 35 años después, otro documento anónimo podría llevarlo a sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados. Se trata un escrito de 13 páginas denominado “Potencial abuso contra accionista minoritario”, que en el mundo financiero fue conocido simplemente como “panfleto”. Dicho documento circuló entre empresarios y autoridades sembrando las primeras dudas sobre las operaciones que realizó Julio Ponce y una serie de inversionistas relacionados, con las sociedades cascadas.
Esas dudas están cerca de ser resueltas por el Ministerio Público y podrían terminar en los próximos meses con la formalización de Ponce y otros inversionistas.
“Julio Ponce Lerou debió haber sido formalizado hace rato en esta causa”, dice Mauricio Daza, abogado querellante en el caso. “No cabe duda que era la persona que sabía absolutamente todo lo que ocurría al interior de SQM y tomaba todas las decisiones; tanto ahí como en las sociedades cascadas. Llama mucho la atención que en ninguna causa él esté siendo investigado de manera real, salvo en el caso cascadas”, agregó.
Radio Bío Bío accedió a la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, la que incluye declaraciones, peritajes, transferencias bancarias, registros de correos electrónicos, el denominado “panfleto” y el testimonio de su autor, el inversionista Raimundo Valenzuela.
Así operaban las cascadas
“Llegué a perder 1.500 millones de pesos”, dijo Valenzuela el 12 de enero pasado ante la fiscal Tania Sironvalle. “Producto de lo anterior encargué a mis analistas que hicieran un análisis (sic) con toda la información disponible (…) De ese análisis surge el informe en el cual se detallan una serie de operaciones en las cuales hay un perjuicio claro”, agregó Valenzuela, al relatar cómo se confeccionó el “panfleto” (Revise acá el documento que elaboraron los analistas de Valenzuela).
Dicho análisis se realizó entre enero y febrero de 2012 y en sus 13 páginas describía el trasfondo de lo que luego se denominaría caso cascadas. En términos simples, el llamado “panfleto” mostraba operaciones de compra de acciones de las sociedades cascadas aguas arriba a alto precio. Esas mismas acciones luego eran vendidas a bajo precio a sociedades personales de Julio Ponce y otros inversionistas, las que nuevamente las vendían a las sociedades cascadas a alto precio. En el mundo financiero aquello se conoce como una “pasada”.
“El análisis demostraba que relacionados a Julio Ponce Lerou, generalmente compraban barato y vendían caro. Curiosamente, el inverso de estas operaciones, es decir, vender barato y comprar caro, usualmente eran a las sociedades cascadas”, declaró Valenzuela, quien luego envió a los fiscales el citado “panfleto” (Ver declaración completa de Valenzuela).
Pero el testimonio de Valenzuela, pese a su relevancia dado que comenzó el caso en paralelo a las primeras indagaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), no es el más importante. El testimonio, hasta ahora, que más complica a Ponce Lerou es el de su ex secretaria en las cascadas, Ana Almonte Carvajal. El contenido de dicha declaración fue difundido de forma parcial por dos medios de comunicación, pero Radio Bío Bío da a conocer ahora todo el relato (Revisar acá la declaración completa de Almonte).
“Ponce controla y sabe todo”
Julio Ponce Lerou, en privado, siempre ha mantenido el mismo discurso de no estar al tanto del financiamiento irregular de las campañas políticas por parte de SQM; y en paralelo, de no haber sido parte de quienes tomaban las decisiones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas. Los que se han responsabilizado por aquello han sido sus ejecutivos cercanos: Patriccio Contesse, en el caso de SQM; y Aldo Motta, en el de las cascadas. Pero el testimonio de Almonte, su ex secretaria, lo sitúa a él como el verdadero responsable.
“Julio Ponce Lerou no es de los jefes que no sepa que está pasando algo”, dijo Almonte ante la fiscal Macarena Cañas. “Es él quien controla todo y sabe todo lo que está pasando”, agregó.
Antes que Motta fuera el gerente general de las sociedades cascadas, al mando estaba Jorge Araya, quien falleció repentinamente en agosto de 2009. Almonte describió la relación entre Ponce y Araya en los siguientes términos: “Julio Ponce Lerou conversaba permanentemente con don Jorge Araya, para que luego don Jorge Araya procediera a llamar a los corredores para comprar o vender acciones conforme a lo que ambos iban comentando o decidiendo. La relación entre ellos era de mucha conversación sobre las transacciones de las acciones, pero el que tenía la decisión final era don Julio Ponce Lerou”.
Tras la muerte de Araya y el ascenso de Motta, la dinámica de compra y venta de acciones se mantuvo, pero con Ponce aún más presente en las decisiones diarias.
Almonte detalló que la relación entre Motta y Ponce era jerarquizada, incluso violenta. “Era rudo, yo escuché a Julio Ponce Lerou garabatear a Aldo Motta más de una vez. Yo sentía que era como patrón de fundo cuando algo le parecía mal”, dijo Almonte. “Yo vi que don Julio Ponce Lerou no lo conocía tanto, tal vez no le tenía tanta confianza (…) La relación era más jerarquizada, en efecto, era don Julio Ponce Lerou el que llevaba ‘la batuta"”.
Motta, en una anterior declaración, había señalado que él tomaba la decisiones de inversión. Pero el testimonio de Almonte viene a desmentirlo y a revelar realmente lo que sucedía con las sociedades cascadas. Motta, según se desprende del relato de Almonte, tenía una vínculo “asimétrico” con Ponce y “se notaba una relación de jefatura”.
Las acusaciones de Rivera, el ex gerente de Bancard
Otro testimonio que apunta directamente a Julio Ponce Lerou en torno a las operaciones del caso cascadas es el de Juan Luis Rivera, ex gerente general de Bancard, el family office del expresidente Sebastián Piñera.
“En mayo de 2006 ingresé a Moneda (Administrador de fondos de inversión), antes me desempeñé en Bancard”, dijo Rivera en su testimonio al fiscal Andrés Montes. “Es por ello que asumí como director en esos directorios (de las sociedades cascadas) con votos, entre otros, de Bancard”, agregó (Ver declaración completa de Rivera).
Rivera relató la dinámica de toma de decisiones en esas sociedades de la siguiente forma: “Yo llegaba al directorio, me decían que era para autorizar un aumento de capital y cuando yo preguntaba por cuánto se haría, en qué condiciones, cuáles serían las características de ese aumento, Julio Ponce Lerou respondía que se había recibido una carta de la sociedad matriz (una cascada aguas arriba) con la proposición, y bueno, el accionistas controlador de la matriz era Julio Ponce Lerou. Entonces, mi impresión era que todo estaba controlado por él”.
Según Rivera, quien dejó Bancard en 2006 para sumarse a Moneda Asset Management, “la fuente de problemas eran los aumentos de capital sin explicaciones y las compras de acciones a otras sociedades cascadas, es decir, a partes relacionadas (…) Era evidente que esas discusiones o se daban en otras oficinas o en la cabeza del presidente Julio Ponce Lerou. El resto de los directores eran ciertamente receptivos a las decisiones de Julio Ponce Lerou”.
Junto a Rivera declaró el socio y presidente del directorio de Moneda Asset Management y uno de los principales adversarios de Ponce en este caso, Pablo Echeverría. En su relato identificó, básicamente, dos grandes operaciones fraudulentas. La primera la llamó Operación SQ, “en la cual Inversiones SQ S.A. había obtenido un beneficio en torno a 80 millones de dólares producto de la compra de un paquete de acciones de Calichera A a Oro Blanco S.A. (ambas sociedades cascadas) en marzo de 2011 y su posterior venta a Potasios S.A. (otra sociedad cascada) (…) Ambas operaciones se realizaron fuera de las condiciones de mercado” (Ver declaración completa de Echeverría).
En términos simples, lo que dijo Echverría fue que Inversiones SQ (una desconocida sociedad cascada que pertenece a Ponce) compró acciones de otras sociedades cascadas aguas abajo a un precio por debajo de su valor real, o de mercado. A los meses, vendió ese mismo paquete a Potasios, otra sociedad cascada aguas abajo, a un precio mucho más alto. Así, Ponce extrajo valor a las sociedades cascadas en beneficio de sus sociedades personales. Mecanismos similares utilizaron, según la formulación de cargos que hizo por este caso la SVS, otros inversionistas como Leonidas Vial, Roberto Guzmán y Canio Corbo, entre otros.
Moneda, dijo Echeverría, también identificó una segunda operación fraudulenta, que se desarrolló a partir de varias transacciones bursátiles irregulares. “Detectamos que las millonarias operaciones dirigidas por Julio Ponce Leoru y Aldo Motta resultaron en beneficio de Ponce y el resto de los miembros del esquema por aproximadamente 375 millones de dólares, que tuvieron como contrapartida perjuicio para las sociedades cascadas”.
En síntesis, el presidente de Moneda resumió de la siguiente manera el caso: “Las sociedades cascadas siempre vendían barato y compraban a precios ostensiblemente mayores a los cuales habían vendido con anterioridad. Reiteradamente los participantes eran los mismos, sociedades relacionadas a Julio Ponce y/o sus cercanos”. Además, Echeverría envío a la fiscalía un relato de la evolución del caso, en la que detalla las operaciones en específico (Revisar acá el informe de Echeverría).
Un peritaje clave
En septiembre de 2015 y mediante un documento de 461 páginas denominado “Informe Pericial Final del caso Cascadas”, el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dio cuenta de severos problemas de gobierno corporativo en las sociedades cascadas, es decir, del rol de sus directores. Además, estableció que las operaciones del llamado caso cascada tuvieron “racionalidad económica”.
“La mencionada racionalidad u opción económica escogida no concluyó precisamente en la mejor creación de valor para las empresas, expresándose desde la perspectiva financiera en resultados negativos, que para las empresas cascada significaron pérdidas por $365.175 millones, o US$ 688 millones, y un beneficio financiero para las sociedades VIR (vinculadas, instrumentales y relacionadas) de $178.372 millones, equivalentes a US$ 341 millones”, dice dicho informe.
Dos años después, el CEAL elaboró un segundo estudio con la finalidad de establecer, entre otras materias, si la información que las sociedades cascadas entregaban al mercado era real, lo que podría configurar el eventual delito de entrega de información falsa al mercado. Ese informe, denominado “Análisis de congruencia financiera de las empresas cascadas a la luz de sus estados financieros, libros contables y operaciones bursátiles”, fue evacuado en junio de 2016, pero la fiscalía pidió una nueva edición que fue entregada el 12 de enero de este año (Ver segunda edición del peritaje del CEAL).
En su primera edición, el peritaje estableció “incongruencias”, “diferencias” y “no coincidencia” entre la información contable de algunas de las sociedades cascadas que controlan SQM y los reportes públicos entregados al mercado. En la segunda, establece, entre otras cosas, que parte de la información que las sociedades cascadas hicieron llegar a la SVS en el marco de la indagación que llevaba adelante ese organismo, no coinciden con la información que las mismas cascadas entregaron al mercado.
Lo anterior, explicó el CEAL, implicó “que el inversionista en dicha época tomó decisiones con información que no responde a la efectiva realidad de lo ocurrido en la época. En este caso la mayor diferencia entre las cuentas informadas (por las cascadas) en la investigación administrativa (de la SVS) y las publicadas en los estados financieros es 117 millones de dólares (Pampa Calichera, año 2010)”.
El CEAL agregó que “la disparidad o incongruencia a nivel de grupos de cuentas, conlleva que el mercado tenga una impresión de la marcha de la empresa distinta a la real para su proceso de toma de decisiones. En este caso la mayor diferencia entre las cuentas informadas en la investigación administrativa y las publicadas en los estados financieros es de 869 millones de dólares, en el grupo de cuentas ‘financiamiento’, 526 millones de dólares en ‘operaciones’ y 435 millones de dólares en ‘inversiones’, aún cuando la diferencia en los totales para este caso en particular fue de 92 millones de dólares (Oro Blanco, año 2010)”.
AFP, correos electrónicos y secreto bancario
Las sociedades cascadas no son mas que un grupo de empresas de papel que se controlan unas a otras de forma vertical, hasta llegar a SQM, la única empresa de la cadena de control que tiene chimenea y produce. El diseño de dicha cascada responde a Ponce Lerou y varios de sus socios, como Roberto Guzmán, y fue constituido así para asegurar el control de SQM. Si bien Ponce tiene una participación mayoritaria en todas las sociedades cascadas, no es el único accionista. Junto a él hay una serie de inversionistas minoritarios, quienes acusan que han sido perjudicados por sus maniobras para extraer valor de las cascadas en beneficio de sus sociedades personales.
Moneda, por ejemplo, se sintió perjudicado. Bancard fue otro de los accionistas que habría perdido dinero tras las maniobras de Ponce, al igual que Raimundo Valenzuela. Pero de todos los accionistas minoritarios que acusan pérdidas, los más relevantes son las AFP, que manejan los fondos de pensiones de millones de personas.
En su declaración ante la fiscalía (Ver acá su testimonio), Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones, ratificó que el daño causado a los fondos de pensiones por el caso cascadas podría llegar hasta los 44 millones de dólares (Revisa acá el estudio de la SP con el daño a los fondos de pensiones).
Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla, gerente general y gerente de inversiones de AFP Habitat, respectivamente, contaron a la fiscalía que ejecutivos de la administradora de fondos de pensiones manifestaron, en 2012, ciertas inquietudes por operaciones de las cascadas que no parecían tener mucho sentido económico. “Se recabó información y se hizo una carpeta”, dijo Rodríguez, en su testimonio. “Esa carpeta se llevó a la SVS el año 2012 para que investigara si estas transacciones tenían alguna irregularidad”, agregó (Revisa acá la declaración completa del gerente general de Habitat).
Bezanilla, en tanto, dijo que el análisis de la AFP los llevó a concluir que hubo siete operaciones que perjudicaron sus fondos de pensiones. Y todas describen el mismo modus operandi: vender barato y volver a comprar caro. A modo de ejemplo, el ejecutivo mencionó la venta de 126 millones de acciones de Pampa Calichera que tenía Oro Blanco, a 576 pesos cada una. A los meses, dijo el ejecutivo, Oro Blanco recompró esas mismas acciones de Pampa Calichera, pero ahora a 859 pesos cada una. Como Habitat tenía el 3,1% de Oro Blanco, calculó el perjuicio para el fondo de la AFP en 2 millones de dólares.
En total, de acuerdo al análisis de Bezanilla, las sociedades cascadas sufrieron un perjuicio de 299,4 millones de dólares y los fondos de pensiones de Habitat, de 11,6 millones de dólares. Las sociedades relacionadas, instrumentales y vinculadas a Julio Ponce, en tanto, ganaron 392 millones de dólares (Ver declaración completa de Bezanilla).
El beneficio o no de esas sociedades relacionadas a Julio Ponce y otros inversionistas, es la última pieza del puzle que el fiscal Andrés Montes busca completar. Para ello ha tenido acceso a las cuentas bancarias de Ponce y su intercambio de correos con Aldo Motta. En la carpeta investigativa del caso ambos grupos de antecedentes ya están considerados, pero aún deben ser periciados. Ese proceso terminará en los próximos meses y todo a punta que serán considerados en una eventual formalización de Ponce Lerou.
Los testimonios y peritajes que apuntan a Julio Ponce Lerou
