Fotografía: Hacinamiento en la ExPenitenciaría | Hans Scott | Agencia UNO

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  • Cuando el entonces presidente Ricardo Lagos inauguró la cárcel de Rancagua en noviembre de 2005, se pensó en que por fin se terminaría el hacinamiento brutal que evidenciaba el sistema penitenciario chileno, y que provocaba otros problemas como las riñas mortales y las enfermedades.

    Pero han pasado los años -más de una década, y sigue existiendo hacinamiento y violencia dentro de los penales privatizados. Y es que según reconocen al interior de Gendarmería, el tema no pasa sólo por encerrar a los delincuentes, sino que también hay que involucrar a otros estamentos como los tribunales y las políticas de reinserción.

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    Un claro ejemplo es lo que sucedió con la ExPenitenciaría y la construcción del Penal Santiago I. Según el discurso de las autoridades, la idea era bajar los niveles de hacinamiento y violencia en una de las cárceles icono del sistema penal chileno, con reos durmiendo a la intemperie en los pasillos y patios.

    Y si bien en un primer momento con la habilitación de Santiago I efectivamente se “desocupó”, ahora nuevamente la ExPenitenciaría comenzó a “repoblarse” precisamente con los mismos internos que habían salido en calidad de imputados, para ahora volver como condenados.

    Pero además, este traslado originó que la sobrepoblación de la ExPenitenciaría se trasladara también al nuevo penal concesionado, que hace tres años, en 2013, estaba abarrotada con cerca de 4 mil reclusos, pese a que en esa época capacidad para unos 2.500 internos. El problema se solucionó modificando el contrato, permitiendo la densificación del espacio, es decir, se acordó habilitar más literas para aumentar el cupo.

    Según los últimos datos estadísticos de Gendarmería que datan del 31 de agosto pasado, actualmente hay 46 cárceles que rebasan el 100% de su capacidad. De estos establecimientos, 6 presentan niveles críticos por sobre el 200%, encabezados por la cárcel de Limache que presenta un 301% de indice de uso de capacidad, con 253 reos en un recinto diseñado originalmente para 84 internos.

    Ahora bien, de estas cárceles con hacinamiento, actualmente ninguna corresponde a un establecimiento concesionado que -según señala la legislación- en el caso de tener más internos recibiría una “Compensación por Sobrepoblación”, en otras palabras, un pago adicional por cada reo que sobrepase la capacidad del recinto. Ese dinero se calcula en base al contrato de cada concesión, que en el caso de Santiago I, cuando estuvo sobrepoblada en 2013, le costó al Estado 1.400 millones de pesos.

    Pero más allá de esa especie de “subsidio al hacinamiento”, el Fisco debe desembolsar millones de pesos por mantener esa población de casi 44 mil personas recluidas, de los que poco más de 30 mil aún permanecen en el antiguo modelo tradicional, diferencia que también incide en los dineros, debido a que un reo de una cárcel concesionada significa un mayor gasto al Estado.

    De acuerdo a los datos de Gendarmería, en 2015 se gastaron unos 316 mil millones de pesos, que divididos por la población carcelaria, son cerca de 600 mil pesos por cada reo. Ahora bien, este monto es levemente inferior para un interno de una cárcel tradicional, que es administrada en su totalidad por Gendarmería.

    Galería hacinada de la ExPenitenciaría.
    Hacinamiento en la ExPenitenciaría | Hans Scott | Agencia UNO

    Las diferencias entre una cárcel concesionada y una tradicional

    En entrevista con BíoBíoChile, el alcaide subrogante del CCP Bío Bío, comandante Rubén Pérez, reconoce que este sistema le ha dado dignidad a los internos y al propio personal, mejorando de condiciones de seguridad y de equipamiento, además de la diversidad de dependencias para mantener segregada la población penal, como por ejemplo las minorías sexuales.

    La comida se sirve en bandejas de acero inoxidable con una cuchara y un jarro de aluminio, a diferencia del sistema antiguo donde los propios internos llevaban la comida a los módulos arrastrando un fondo para que cada reo sacara su ración.

    “En la cárcel antigua cuando llevábamos el fondo de cazuela, los más “choros” buceaban y en un azafate se llevaban todas las presas y los “giles” comían puro caldo (…) Acá todos se sientan en la mesa con su bandeja, y ellos se sienten bien, se acostumbran”, relata el comandante Pérez.

    En las cárceles antiguas están los dormitorios colectivos donde pueden llegar a vivir hasta 150 internos, con baños y duchas “comunitarias”, mientras que en el nuevo sistema existen celdas modulares que tienen capacidad para un máximo de 3 internos, lo que facilita los procedimientos para controlar un eventual incidente entre los reos.

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    Además se suman los avances en tecnovigilancia, con más de 300 cámaras de vigilancia, sensores de movimiento en la línea de fuego, inhibidores de señales de teléfonos móviles y un sistema de iluminación artificial.

    Según la normativa, una concesionaria debe hacerse cargo de la reinserción, atención psicosocial y sanitaria, lavandería, educación, economato, mantención y aseo de dependencias, lo que además incluye el control de plagas. Su labor, en tanto, es supervisada por la inspección técnica del MOP (ITF).

    Asimismo, el sistema concesionado tiene a internos trabajando por el sueldo mínimo y también a tiempo parcial, los que reciben un sueldo acorde a las horas trabajadas, con pago de imposiciones y otros descuentos legales, siempre y cuando tengan buena conducta, porque de ser sorprendidos en alguna falta, pierden el empleo.

    Pero también, los internos pueden continuar sus estudios de enseñanza básica y media, a lo que se suman un pequeño grupo que están sacando sus carreras de técnico en alimentación y técnico en construcción, gracias a un convenio con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

    “El sistema concesionado es un avance, es un progreso notable”, asegura el alcaide (s) Pérez, aunque asegura que de igual forma Gendarmería podría administrar el mismo modelo con un presupuesto similar, con una infraestructura adecuada y bajo una fiscalización regular, sin la necesidad de una empresa concesionaria de por medio.

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