“Están identificados los que procedieron, no los que cometieron la acción”. El general director de Carabineros, Mario Rozas, había señalado el miércoles -en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados- que los funcionarios que habían dejado ciegos a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica seguían trabajando en la institución.

Sin embargo, ayer jueves –en una nueva citación al Congreso Nacional– admitió que en realidad no se sabe quiénes fueron los efectivos responsables, ya que sólo se conoce las divisiones que procedieron en el lugar.

Una escenario que generó inmediata preocupación en el INDH, pues en otros casos –como las golpizas a jóvenes de Puente Alto- los efectivos involucrados fueron dados de baja casi en forma simultánea. Mientras tanto, les llama particularmente la atención que, en estos dos casos, en que Carabineros dejó sin visión a ambas víctimas por efectos de una escopeta antidisturbios y por el disparo de una bomba lacrimógena, la policía aún no adopte ninguna decisión.

“Esa alternativa de no hacer nada es la peor de todas, porque esto causa evidentemente conmoción pública y produce aquello que los chilenos justamente no queremos seguir sintiendo: miedo, desazón”, advirtió el director del INDH, Sergio Micco.

Pablo Ovalle | Agencia UNO
Pablo Ovalle | Agencia UNO

Aunque evitando anunciar medidas, Rozas enfatizó además que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y no han podido esclarecer las circunstancias porque -supuestamente- organismos de Derechos Humanos le han sugerido a las víctimas no declarar ante sedes administrativas de Carabineros.

Una situación que también Micco salió rápidamente a aclarar: “En un oficio enviado a Carabineros, el 25 de noviembre de 2019, les dijimos que no tuvieran contacto con las víctimas para no revictimizarlas. Pero también añadimos que la toma de declaraciones para las investigaciones administrativas se hicieran en coordinación con el Ministerio Público”, precisó.

“Nosotros recibimos las denuncias, las personas nos dan sus nombres, direcciones, y nos piden expresamente que no se las entreguemos a los agentes estatales que violentaron sus derechos humanos”, añadió.

Con todo, pese al escaso avance a nivel administrativo, durante la tarde del jueves el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que presentaron una querella “contra todos quienes resulten responsables por el delito de lesiones gravísimas cometido contra Gustavo Gatica”.

Más problemas que soluciones

Tras el encuentro con Rozas, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, reconoció que salió de la comisión más preocupada de lo que llegó, pues le parece inaceptable que Carabineros aún tenga trabajando a los efectivos que podrían estar vinculados a estas agresiones.

“En vez de traer soluciones y traer respuestas, lo que hace es acrecentar los problemas”, acusó.

Por su parte, Miguel Angel Calisto (DC), presidente de la comisión, pidió al general director que “tome en serio esta situación y suspender a aquellos carabineros que están con antecedentes acusados de presuntos abusos y maltratos”.

Político y desobediente

No obstante, Rozas no dejó sus declaraciones sólo en eso y aprovechó la comisión para salirse del libreto: “Me encantaría no tener el rol de apolítico, de obediente, porque me gustaría decir muchas cosas más, (…) porque realmente cuando tratamos de combatir o de controlar la violencia y vemos que algunas autoridades la propician, o la validan y reciben a ciertas personas, cierto, en lugares importantes de la República, eso llama la atención, y eso frustra”, admitió.

De paso, entró a otro tema polémico: las cámaras corporales que registran los procedimientos policiales. “Se están incorporando, (…) tienen ciertas características, como por ejemplo, que no se pueden manipular por el carabinero, por lo tanto desde que se activan, graban dos minutos hacia atrás y después se descarga, y la virtud de esto, la fortaleza de esto, es que no se pueden manipular, por lo tanto queda todo eso grabado”, aseguró.

También apuntó a ese tópico respecto a otros casos de violencia policial. Por ejemplo, el de Patricio Bao, el adulto mayor de 69 años que fue agredido cerca de Plaza Baquedano, en cuyo episodio Rozas señaló que hubo un mal actuar por ambos lados.

“Inicialmente los medios de comunicación muestran cuándo es agredido por el carabinero, pero gracias a estas cámaras corporales se puede mostrar el antes de lo que ocurre, cuando esta persona, cierto, ataca por la espalda a un carabinero y le propina un puntapié”, explicó.

Y si bien en ese caso fue útil, no precisó por qué a la fecha aún no se conocen los registros de los procedimientos de los atropellos cometidos contra Campillay y Gatica.