El presidente del Parlamento de El Salvador, Mario Ponce, condenó en nombre de todos los parlamentarios, incluidos los del partido oficialista Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) el “intento de golpe” de Estado encabezado por el presidente del país, Nayib Bukele, quien irrumpió en la sede del Parlamento el domingo con militares y policías con fusiles de asalto.
“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo Ponce, tras sostener una reunión con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.
“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”, añadió Ponce.
Ese día, el mandatario llegó al Congreso acompañado por personal fuertemente armado para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.
Bukele, posteriormente, dio una semana al Parlamento para que apruebe la iniciativa.
Corte Suprema pide respetar la Constitución
Los hechos han sido considerados de extrema gravedad por los parlamentarios y también por la Corte Suprema, cuya Sala de lo Constitucional ordenó al presidente “abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales”.
Asimismo, ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía a ceñirse a cumplir las actividades que les mandata la Constitución.
Ponce, en tanto, llamó al fiscal general, Raúl Melara, a investigar dicha acción y señaló que la actuación del representante del Ministerio Público, a su juicio, ha sido “pasiva”.
“Los graves hechos ocurridos a este órgano de Estado deben ser investigados exhaustivamente por parte de la Fiscalía con el fin de deducir responsabilidades y llevar ante la Justicia a los responsables”, sostuvo.
También lamentó la “tibia y sesgada reacción” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Plan de seguridad contra pandillas
El gabinete de Bukele convocó el domingo a una sesión extraordinaria para votar un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad.
El Ejecutivo requiere de estos fondos para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía y que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas, y que ya estaría dando sus primeros resultados.
Según analistas, las organizaciones delictuales que siembran el terror en El Salvador están en repliegue ante los operativos policiales y militares que los persiguen sin tregua y han provocado una disminución de sus enfrentamientos y homicidios.
“Es llamativo el repliegue simultáneo que hay de varios actores de la violencia” y hay señales de que hubo “un acuerdo entre las principales pandillas”: Barrio 18, con sus facciones Sureños y Revolucionarios, y la Mara Salvatrucha (MS-13), aseguró Jannette Aguilar, una investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) que lleva más de dos décadas estudiando las pandillas.
“Algo está pasando hacia adentro de las pandillas que está haciendo que estén bajando sus niveles de violencia”, señaló por su parte Carlos Carcach, investigador de la Escuela Superior de Economía y Negocios.
Las pandillas salvadoreñas tienen unos 70.000 miembros -de los cuales más de 17.000 están encarcelados- y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y otros delitos.
El país, cuya población es de casi 6,5 millones de personas, es uno de los Estados sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
Pero esa cifra supone una reducción importante respecto a 2018, cuando se registraron 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La disminución de homicidios “es una tendencia” que se viene marcando desde 2016, explica Aguilar.
Enero de 2020 terminó con 119 homicidios y se convirtió en el mes “con menos homicidios, desde la guerra civil”, que concluyó el 16 de enero de 1992, aseguró recientemente el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El mandatario de 38 años ha alcanzado altos índices de popularidad en gran parte por su política de seguridad, que ha propiciado una reducción en la percepción de la criminalidad.
Una encuesta de la UCA consignó en enero que 63,1% de los salvadoreños cree que la delincuencia en el país disminuyó en 2019, frente al 6,9% que cree que aumentó y 30% percibe que sigue igual.
¿Un efecto Bukele?
Cuando Bukele asumió el poder el 1 de junio pasado, las pandillas intensificaron sus acciones delictivas, al parecer para forzar al gobierno a hacerles concesiones como facilitar las condiciones de detención de los cabecillas presos, según analistas.
El gobierno, sin embargo, respondió intensificando el control sobre los pandilleros encarcelados y impulsando una mayor persecución en las calles.
“El mensaje ha sido directo: los pandilleros tienen claro que si retan al presidente, va apretar a los dirigentes en los centros penales”, apuntó Juan Ramón Medrano, profesor de la Universidad Francisco Gavidia.
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, ha repetido que “ahora el gobierno sí tiene el control de las cárceles del país”.
Para Medrano, la población percibe que hay un “mayor esfuerzo” de la policía con el apoyo del ejército, que están trabajando con “mayor inteligencia” en el combate contra las bandas criminales.
El déficit por superar en la seguridad pública es que “no han disminuido las extorsiones, que es el óxigeno de las maras”, como se conoce a las pandillas, señaló Medrano.
En ese sentido, dijo que “el gran reto del presidente es detener las extorsiones e ir a la raíz del problema”, es decir, que las pandillas no tengan jóvenes que reclutar, y que “los jóvenes tengan opción de trabajo y estudio para superarse”.
Además, si las bandas reducen la violencia, según Medrano, pueden lograr que haya inversión social en las comunidades más pobres, incluidas aquellas donde viven familiares de pandilleros.
El repliegue de las pandillas podría buscar la “activación de programas de desarrollo en las comunidades, que asignan recursos de inversión social en zonas con fuerte presencia de pandillas”, concluyó Carcach.
