El proyecto fue redactado en la Cámara de Diputados en primera instancia y prácticamente fue reescrito en el Senado, ya que -en opinión de algunos parlamentarios- el documento que aprobó la cámara de origen era incongruente.

La discusión del proyecto, que ya fue aprobado en el Senado y este miércoles era revisado por la Cámara de Diputados, fue postergado hasta este jueves debido a que al cumplirse el tiempo destinado a la iniciativa aún quedaban 39 parlamentarios que solicitaron intervención para exponer el argumento de su voto.

Naturalmente, la situación generó molestia en la Cámara Baja. Incluso el propio presidente de RN, Mario Desbordes, si bien admitió que va a aprobar el proyecto, que cuenta con el impulso del Gobierno, remarcó que va a ingresar una nueva iniciativa para reponer aspectos que fueron removidos en el Senado.

“Dejan fuera elementos que eran importantes. Así que vamos a insistir en algunas de ellas”, remarcó.

Pero en la oposición son más drásticos y anunciaron su rechazo al proyecto, ya que a su parecer la iniciativa solo se criminaliza al movimiento social.

“La quieren aplicar hoy a través de estas normas a lo largo del país, para criminalizar el movimiento social, entonces, cuando exista una policía de Carabineros que sea profesional, que actúe conforme a los requerimientos de la democracia y los derechos humanos, yo estoy disponible para aprobar este proyecto. (Pero de momento) lo voy a rechazar”, aseguró el diputado independiente René Saffirio, el primero en exponer durante la jornada.

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“Vamos a votar (…) en contra del proyecto y no estamos disponibles para criminalizar la protesta social”
- Jorge Brito, diputado RD.

El futuro de la iniciativa está en riesgo, sobre todo considerando que los parlamentarios del Frente Amplio votarán en contra del proyecto, escenario distinto al que hace algunas semanas, cuando aprobaron la iniciativa en general.

El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, criticó cómo llegó este proyecto desde el Senado y aseguró que se devolvió con modificaciones que solo empeoran la iniciativa.

“Viene (…) peor de como estaba. El proyecto viene de 61 a 541 días de cárcel para ‘el que baila pasa’ y uno se pregunta, ¿cuántos días de cárcel están los gerentes de las farmacias coludidas, cuántos días de cárcel los políticos que recibieron financiamiento irregular de SQM, de Penta, los responsables de la Ley de Pesca?. La verdad es que ninguno”, aseguró.

Por eso es que como Frente amplio “vamos a votar (…) en contra del proyecto y no estamos disponibles para criminalizar la protesta social”.

Una postura similar surgió en el Partido Comunista. La diputada de esa colectividad, Camila Vallejo, a través de sus redes sociales señaló que “es surrealista la prioridad de este Gobierno para criminalizar la protesta y no entregar soluciones a la gente”.

“No queremos violencia, pero también queremos dignidad y eso al Gobierno no le importa. Votaremos en contra de la ley antibarricadas, para que en Comisión Mixta surja algo mejor”, adelantó.

Pronóstico reservado

Aún así el escenario es incierto. Por un lado, buena parte de la Democracia Cristiana se manifestó a favor de votar en línea con el Gobierno. Y si bien requiere mayoría simple, aún no está tan claro si efectivamente el Ejecutivo va a conseguir el apoyo necesario e incluso las expectativas apuntan a que el proyecto probablemente sea rechazado y tenga que pasar a Comisión Mixta para zanjar la disputa entre ambas cámaras.

Como sea, en el Frente Amplio se pusieron el parche antes de la herida y advirtieron que, en caso que no se concrete este último escenario y el proyecto finalice su trámite legislativo, recurrirán al Tribunal Constitucional para evitar que se promulgue la ley antisaqueos.

“Creemos que este proyecto de ley atenta contra la Constitución en estos términos y, en particular, contra el derecho a reunión. Por eso mismo es que nosotros también vamos a hacerlo aplicable en su momento, vamos a hacer reserva de constitucionalidad y por lo tanto también acudiríamos al Tribunal Constitucional por lo mismo”, adelantó la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, usando la misma carta que en repetidas ocasiones ha ocupado Chile Vamos, y la UDI en particular, cuya movida ha sido cuestionada un sinnúmero de veces por la oposición.