La Corte Suprema golpeó la mesa y dio un giro el último episodio de la colusión del papel tissue: condenó a CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa) luego que ambas compañías por 11 años -entre el 2000 y 2011- se asignaran cuotas de participación en el mercado y fijaran los precios de venta de los productos.
En concreto, el máximo tribunal aplicó a la papelera una multa a beneficio fiscal de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y mantuvo la condena a SCA por el mismo monto, que alcanza los 15 millones de dólares para cada una.
Pero el punto más controvertido de la resolución es que la Suprema revocó a CMPC el beneficio de delación compensada que le había otorgado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante el proceso y que había sido ratificado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en 2017, cuando la empresa fue eximida del pago al haber sido la primera en aportar antecedentes para desbaratar el cartel.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, admitió que “es un fallo muy importante para los casos venideros de colusión. Pero por otra parte pone en tensión a una de las figuras más importantes que ha habido para estos casos: cuál va a ser el estímulo para el delator”.
Mismo análisis comparte el economista y docente de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, quien aseguró que la condena a CMPC es un desincentivo para que otras empresas se autodenuncien.
“Va a generar los incentivos opuestos. Le quita el piso al sistema de delación compensada en Chile, dado que la Fiscalía está entregando el beneficio y otro tribunal -en una situación posterior- puede revocar dicha sentencia”, subrayó.
No obstante, el abogado de la Universidad Católica, Felipe Bravo, en conversación con Podría Ser Peor, señaló que es un caso donde las multas pueden ser consideras bajas en relación al beneficio que obtuvieron las compañías.
“Vemos sanciones que podrían ser consideradas bajas si uno ve el beneficio obtenido por SCA y CMPC de 400 millones de dólares. Sin embargo, lo que van a tener que pagar finalmente suman en total 30 millones de dólares”, apuntó.
Tras la resolución definitiva en la Suprema, la papelera se refirió a la condena a través de un comunicado, donde manifestó que “la conducta de CMPC durante todo este proceso no tuvo como objetivo evitar una sanción equivalente a 15 millones de dólares. Por el contrario, CMPC acordó con el Sernac una inédita restitución por 150 millones de dólares que fue distribuida a cerca de 13 millones de personas”.
En tanto, reiteraron sus disculpas “frente a hechos que, de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema, no eximen de responsabilidad a ninguna de las partes involucradas”.
Las otras colusiones: farmacias, pollos, pañales y salmones
Con todo, así cierra su ciclo una de las varias colusiones que han quedado al descubierto en poco más de una década. Uno de los más reconocidos fue el caso de las farmacias, que explotó en diciembre de 2008, cuando la FNE demandó a Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, las tres compañías que concentran más del 90% de la venta de medicamentos en el país.
En particular, el persecutor los apuntó por la colusión de precios de 220 remedios entre diciembre de 2007 y abril de 2008, acusación que obligó a Salcobrand y Cruz Verde a pagar 20.000 UTA, unos 19,9 millones de dólares de esa época. En tanto, Ahumada quedó libre del pago de multas luego que en marzo de 2009 llegara a una acuerdo con la FNE, que la exculpó del juicio tras el pago de 1 millón de dólares.
En diciembre de 2011 por el turno del pollo fresco. La Fiscalía Nacional Económica fue ante el TDLC por colusión en contra de Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile.
En octubre de 2015, tras un proceso judicial, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de las empresas avícolas y confirmó multas por un total de 72.000 UTA, unos 60 millones de dólares en ese entonces, además de la disolución del gremio que los agrupaba.
En 2016, la propia CMPC entregó a la FNE antecedentes sobre acciones que constituían colusión con la firma Kimberly Clark para fijar el precio de sus pañales entre 2002 y 2009.
Pero como el ilícito ya había prescrito a esa altura, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un proceso extrajudicial con el cual logró que la firma se comprometiera a entregar 6.5 millones de pañales, más de 170 mil paquetes, a modo de compensación, cuyo resarcimiento comenzó en agosto pasado.
En diciembre, en tanto, quedó al descubierto la colusión de cuatro productoras de alimento para salmón: Biomar Chile S.A. (Biomar), Comercializadora Nutreco Chile Limitada (Skretting), Ewos Chile Alimentos Limitada (Ewos) y Vitapro Chile S.A. (Salmofood).
La Fiscalía acusó a estas empresas de mantener un acuerdo para fijar los precios de venta de los alimentos, conocidos también como dietas, entre 2003 y 2015. Y si bien no implicaba a las empresas productoras de salmón, la situación sí afectó el precio final que pagaba el consumidor.
Pero esos no fueron los únicos antecedentes al respecto. También se han investigado las colusiones de las navieras o la de los refrigeradores. Casos que no quedan en el anonimato y se han aplicado sanciones.
