Maule y Metropolitana: Seremis de Salud no fiscalizaron a camiones que transportan agua en tres años

Hace tres años, Sergio Rodríguez (55) adquirió una vivienda en La Ballena, una localidad costera de la región de Valparaíso, perteneciente a la comuna de La Ligua (Región de Valparaíso). Su casa no tiene acceso a la red de abastecimiento de agua potable, por lo que debe comprar el recurso de forma esporádica a camiones aljibe privados. “Yo no sé si se puede señalar como potable, ahí me queda una duda. Porque para que esté potabilizada tiene que tener un procedimiento que hasta, donde sé, no se cumple en todos los casos”, afirma Sergio. Sus sospechas se sustentan en que, en dos ocasiones, el agua desarrolló parásitos: “Una vez nos fuimos y volvimos y había unos piriguines en el inodoro. Entonces, empezamos a clorar el agua. Y cada vez que llego le echo una medida de cloro y así evitamos que se produzcan algas o bichitos”, dice.

La realidad de Sergio no es la única. La fundación Amulén es una organización que levanta información respecto a la carencia de agua potable en comunidades vulnerables del país. En su estudio Pobres de agua: Radiografía del agua rural en Chile, establecieron que el 47,2% de la población rural no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable, y un 15,4% de ellos debe obtenerla recurriendo a camiones aljibe. En gran medida, la cifra ha ido subiendo año a año, principalmente por la falta de precipitaciones y nieve en invierno. Frente a ese escenario el traslado de agua a esas comunidades es clave.

Fiscalización

Sergio es claro en levantar la alerta sobre los aspectos sanitarios del agua potable. Sin embargo, existe una entidad encargada de vigilar el punto, especialmente, para evitar que se produzcan desde intoxicaciones hasta enfermedades infecciosas en la población.

Para esto, las Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, es decir, el Ministerio de Salud vía representantes directos regionalmente, son las encargadas de supervisar tanto a camiones que se financian con fondos públicos como privados. Pero, según se desprende de los datos que las propias autoridades entregaron para este reportaje, solicitados por Ley de Transparencia, en algunas de estas regiones los periodos sin inspección se extendieron hasta por tres años: Atacama (donde no hubo fiscalizaciones en 2019, 2022 y 2023 hasta el 12 de mayo), Maule (2019, 2020 y 2021), Metropolitana (2019, 2020 y 2021) y Los Ríos (2020 y 2021). Valparaíso no cuenta con un registro.

En el mismo documento oficial, se incluyeron las fiscalizaciones realizadas desde 2019, año en que entró en vigencia el Decreto 41, que regula las condiciones sanitarias de los camiones aljibe. Se analizó la información de la Región de Tarapacá, Atacama, Metropolitana, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, y se descubrió que en todas existen años en los que no se hicieron fiscalizaciones. Distinto es el caso de las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins en que sí se cumplió el rol fiscalizador, al menos hasta el 2022.

Datos preocupantes que no son los únicos, ya que pese a pedir información, la Región de Arica y Parinacota denegó parcialmente la entrega de datos (envió solo las fiscalizaciones de 2022 y 2023), Biobío respondió solo sobre controles realizados en 2023 y el documento proporcionado por Los Lagos no contiene las fechas en las que se inspeccionó. Aysén y Magallanes no cuentan con chequeos y, desde sus respectivas delegaciones presidenciales regionales, aseguran que no tienen gastos por arriendo de camiones, distribución o cualquier otra acción tendiente a asegurar el acceso al agua potable.

Según Daniela Rivera, profesora miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, el decreto que norma las inspecciones carece de guías precisas y completas respecto a las tareas que debe ejecutar el fiscalizador. A través de los Excel enviados por cada Seremi de Salud, se pudo evidenciar que estas autoridades no supervisan de manera constante y, cuando sí lo hacen, el 66% de los controles presentan irregularidades relacionadas con bajos niveles de cloro, operadores sin certificación, sumarios sanitarios y falta de autorizaciones para operar.

En Atacama, Metropolitana y Maule no se fiscalizó hasta por tres años

De acuerdo con el Plan Sequía, iniciativa del Gobierno para paliar la crisis hídrica, Chile atraviesa los 13 años de la peor sequía de la historia. Del total de 346 comunas que hay en el país, el 28% (98 municipios) se encuentran bajo decreto de escasez, lo que indica que esas zonas no cuentan con el agua suficiente para satisfacer la demanda de este recurso.

María Molinos, académica del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica (UC), asegura que, ante la escasez hídrica, los camiones aljibe surgieron como una medida de emergencia, pero “se han convertido en una solución más permanente, porque la sequía en el país está siendo prolongada en el tiempo”.

El Decreto 41 establece las condiciones básicas con las que deben cumplir los camiones aljibe que transportan agua potable para consumo humano. En él se señala que la Autoridad Sanitaria es la Seremi de Salud de cada región, encargada de otorgar las autorizaciones para operar, de fiscalizar y de controlar el cumplimiento del reglamento y sancionar cuando se presenten infracciones. Sin embargo, en Atacama, Metropolitana y Maule no hubo inspecciones en tres años.

En Tarapacá, la Seremi de Salud hizo cuatro fiscalizaciones en 2020, dos en 2021 y 13 en 2022. Los registros indican que en 2019 no se realizaron inspecciones y, hasta el momento, 2023 no cuenta con ningún control. Antofagasta registra cuatro inspecciones en 2019, ocho en 2020, ocho en 2021, ocho en 2022 y ninguna en 2023. De un total de 28 fiscalizaciones, 27 terminaron en sumario sanitario. Estos controles fueron efectuados en Antofagasta, Calama, Taltal y Mejillones.

En la Región de Atacama se realizaron solo 8 fiscalizaciones durante 2020 y 2021. En ellas se midieron 12 parámetros distintos que, en su mayoría, se encuentran en rangos normales. El problema está en la baja cantidad de inspecciones y la ausencia de estas en 2019, 2022 y 2023.

En Coquimbo se inspeccionó 284 veces desde que el decreto entró en vigencia: 153 en 2019, 35 en 2020, 48 en 2021 y 48 en 2022. Sin embargo, estas cifras aumentan si se consideran aquellas inspecciones en las que solo se tomaron muestras de calidad de agua potable, ya que, como explica Teresa Gajardo, profesional de Vigilancia de Aguas de la Seremi de Salud de Coquimbo, “hay veces que se toman mediciones, pero no se fiscaliza el vehículo, no se realiza la ficha, y a veces no se toman los parámetros. […] El funcionario generalmente concurre al lugar del punto de carga de los vehículos y no necesariamente sabe qué vehículo va a estar en ese momento. A veces hay más vehículos de los que pensaba fiscalizar y no lleva suficiente material, por ejemplo”.

Además, señala que, desde el 12 de mayo de 2022, fecha en que enviamos la solicitud de transparencia, a la actualidad, la Seremi de Coquimbo sí ha fiscalizado a camiones aljibe que transportan agua potable.

A Valparaíso le solicitamos la misma nómina de fiscalizaciones que al resto de las regiones, pero aseguraron que no cuentan con esta información: “Este servicio ha realizado históricamente fiscalizaciones a los sistemas de provisión de Agua Potable en su generalidad y no particularmente a los camiones aljibe; por lo que no existe registro de lo solicitado. No obstante, lo anterior, se informa que, con fecha 3 de mayo de 2023, esta Seremi ha solicitado a la Subsecretaría de Salud Pública que realice una evaluación para establecer un programa de fiscalización a los camiones aljibe que transportan agua potable”, afirmaron.

Chiara Barchiesi, diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, asegura que este año despachó un Oficio de Fiscalización a la Subsecretaría de Salud Pública pidiendo que elaboren un plan de fiscalización a quienes vendan agua potable en camiones aljibe: “Y la respuesta fue que las seremis de Salud realizan planes de fiscalización según las prioridades de cada región y conforme a los lineamientos entregados por el ministerio centralizadamente y siempre que tengan recursos. […] Básicamente dicen que si alguna persona tiene sospechas del incumplimiento de las condiciones del agua […], tiene que realizar una denuncia. ¿Dónde está la labor proactiva del Estado? ¿Cómo es posible que solo tengan disponibilidad para actuar frente a una denuncia y no de manera preventiva si estamos hablando de la salud y la vida de las personas?”, señala.

En la Región Metropolitana solo se realizaron cuatro fiscalizaciones en más de cuatro años. Tres de las inspecciones se llevaron a cabo en 2022 y una en mayo de 2023, por lo que existe un vacío de tres años seguidos.

Al consultar por las razones de este vacío, desde la Seremi de Salud de la Región Metropolitana explicaron que dentro del período citado se dio prioridad al manejo de la pandemia de covid-19 y que, en general, los camiones aljibe autorizados para proveer agua se abastecen en empresas sanitarias que están bajo fiscalización constante. Además, señalaron que, a pesar de que el Decreto 41 se encuentra vigente desde 2019, en la esta región no se recibieron solicitudes de formalización hasta el año 2021.

La diputada Camila Musante (Independiente) representa al Distrito 14 de la Región Metropolitana, una legislatura mayoritariamente compuesta por comunas rurales, y como ex miembro de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, está familiarizada con la escasa fiscalización a estos vehículos. “No existe suficiente personal para las inspecciones de los camiones, por lo tanto, se hacen con poca frecuencia y esto ha significado irregularidades, o al menos indicadores, que nos permiten sospechar que los consumidores de agua que está siendo suministrada por camiones aljibe, ponen en riesgo su salud”, menciona. “Por ejemplo, en la comuna de Curacaví, el agua ha presentado altos niveles de nitrato y de nitrito lo que genera una sobre oxigenación de la sangre y puede producir diversos tipos de enfermedades. Como diputada he oficiado al Ministerio de Salud, a la Seremi de Región Metropolitana, para que se generen estas inspecciones, no solamente a los camiones aljibe, sino que también a los servicios sanitarios rurales”, finaliza.

En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, durante 2020 se inspeccionó a dos camiones de las municipalidades de Navidad y Codegua, y se fiscalizó en 21 ocasiones a vehículos particulares entre 2019 y 2022. Aquellos que son financiados por la Delegación Presidencial no presentan registros de controles.

El jefe de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, Víctor Peña, explica que a veces, fiscalizadores van a los puntos de abastecimiento de camiones aljibe, pero los vehículos ya se han ido, o ya no queda agua en el estanque que revisar. “Se toma como una visita perdida, por ejemplo, que vamos a la empresa, y justo el camión está en mantención, está en el taller. Son varias las opciones con las que nos podemos encontrar en la fiscalización. […] Nos ha tocado, hemos llegado a los lugares y el camión ya se fue”.
Manuel, cuyo nombre ha sido cambiado porque pidió la reserva de su identidad, trabaja hace 22 años como conductor de camión aljibe en una municipalidad de la Región de O’Higgins y asegura que solo lo han fiscalizado en una ocasión: “Él [fiscalizador] sacó sus tubitos y probó el agua, cuánto estaba cargando y todo el cuento, y él me acompañó donde yo fui a entregar el agua. Los tubitos le marcaron lo mismo que sacó del grifo con lo que yo entregué en la casa”, afirma.

Víctor Peña, sostiene que la razón por la que no se fiscalizó de forma constante fue la crisis provocada por la pandemia de covid-19: “Se investigan las denuncias, y también está el programa de fiscalización. Ahora, lamentablemente ahí hay que tener en consideración que en estos dos o tres años que llevamos de pandemia hemos bajado un poco la frecuencia debido a que el sistema está agotado. Pero igual se hace, no es que no se haga”.

En la Región del Maule las fiscalizaciones comenzaron en 2022, y hasta mayo de 2023 solo se registraron siete controles, por lo que existe un vacío entre 2019 y 2021.

Andrés Loyola trabaja en la Municipalidad de Villa Alegre (Maule) como reemplazo del conductor oficial del camión aljibe. En este lugar, reparte agua potable a 32 personas que viven en sectores rurales, pero nunca ha sido fiscalizado por la Seremi de Salud. Él cuenta con una capacitación que le permite operar el vehículo, sin embargo, no sabe con exactitud qué supervisan, porque nunca ha estado en esa situación.

El estanque del camión municipal es de acero galvanizado y, hasta donde él sabe, no lo han limpiado nunca: “Hasta este minuto jamás se ha limpiado, pero está limpio el estanque, […] yo lo he observado y está impecable por dentro, como nuevo. No tiene sedimentos abajo, nada”, asegura.

Un problema que detecta Loyola es que las personas que reciben agua no tienen la rigurosidad de limpiar los estanques donde la almacenan, y él ha visto que se forman hongos al interior de los envases. Además, asegura que, por falta de recipientes, la gente opta por alternativas que son insalubres: “Cada uno se va adaptando. Se usa mucho el balde todavía y no es higiénico, hay mucha gente que […] los pone muy bajo y hay tierra, y usted sabe que en todos lados hay perros y que por naturaleza son intrusos. […] No es lo más higiénico que puede haber”.

Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, afirma que desde este comité han alertado al respecto: “Nosotros hemos oficiado por temas de camiones aljibe y uso de agua, donde el nivel de respuesta a los oficios es bajísimo y en algunos casos inexistente. La falta de fiscalización pone en peligro dos cosas, uno la salud de las personas, porque no se está revisando adecuadamente la calidad del agua que se entrega y dos el buen uso de los recursos públicos, porque tampoco se están llevando a cabo muchos desarrollos de Agua Potable Rural que permiten agua a menor costo con mayores estándares de calidad”, asegura.

En Ñuble, la Seremi de Salud realizó 19 controles: seis en 2020, ocho en 2021, tres en 2022 y dos en 2023. Durante 2019 no se inspeccionó ningún camión aljibe.
La Seremi de Salud de La Araucanía realizó 43 fiscalizaciones desde 2019 a mayo de 2023. En 2020 no registraron ningún control.

Finalmente, Los Ríos cuenta con cinco fiscalizaciones; una en 2019, tres en diciembre de 2022 y una en enero de 2023. Es decir, la autoridad sanitaria no realizó ningún control en 2020 y 2021.

Las irregularidades que revelan las fiscalizaciones

Desde 2019 a la fecha, se han realizado 440 fiscalizaciones a camiones aljibe en diez regiones del país (Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos). De estas, al menos 113 inspecciones (el 26%) han terminado en sumarios sanitarios cuyos motivos varían desde no contar con autorización para operar, hasta bajos niveles de cloro residual en el agua.

Específicamente, fallas en el grado de cloración se repiten en varias regiones. Tarapacá cuenta con 10 sumarios sanitarios de 19 fiscalizaciones llevadas a cabo entre 2020 y 2022, afectando a 3.335 personas que viven en la Toma la Pampa, Toma Renacer, Comité Integración, Toma El Boro, entre otras. Según la información entregada por la Seremi de Salud de la región, dos de estos sumarios se deben a los bajos niveles de cloro en el agua.

En La Araucanía, 38 fiscalizaciones presentan irregularidades. Dos de estas tienen niveles de cloro inferiores a los establecidos en la norma (Decreto 41). Una de ellas presenta, además, numerosas anomalías, como que la “captación se realiza mediante una tubería de acero que se abre con herramienta manual y presenta filtraciones”, y que “no existen análisis fisicoquímicos anuales, ni análisis microbiológicos semestrales”. Este sistema abastece a 56 sectores de la comuna de Traiguén.

Lo que se mide en las fiscalizaciones es el cloro residual, que según el Artículo 7° del Decreto 41, debe encontrarse entre los 0,5 y 2,0 mg/L. De acuerdo con Marcelo Villalón, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y médico general de zona por cinco años en sectores rurales, “el hecho de que haya menos [cloro] te pone en riesgo de no asegurarte de que esté controlando a los microorganismos que pudieran estar contenidos en el agua”, comenta. Villalón insiste en que las consecuencias del consumo de agua baja en cloro dependen del uso que se le dé, y las condiciones físicas e inmunológicas de cada persona. “Pero el riesgo es que tu adquieras una enfermedad gastrointestinal severa, como el cólera”, finaliza.

“Consumir agua sin la debida precaución, puede llevar a un riesgo muy severo”, comenta Carlos Alvarado, médico que trabajó en el Hospital de Quillota (Región de Valparaíso). “La principal enfermedad que te puede producir eso son trastornos gastrointestinales. Es decir, infección de tipo bacteriana que puede afectar el aparato gastrointestinal y llevarte a una gastroenteritis, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Estas gastroenteritis pueden convertirse en síndromes diarreicos […]. Y estas diarreas pueden tener eliminación de hilos de sangre, lo cual denota la presencia de una bacteria. La bacteria puede ser una Escherichia coli, que es la más frecuente. Está la Salmonella Paratyphi, que se puede contaminar a través del agua o alimentos con aguas contaminadas, y que puede producir severos cuadros infecciosos intestinales”, finaliza.

En el año 2019, en Coquimbo, una de las muestras recogidas arrojó un nivel de pH de 8,6. Al respecto, la profesional de Vigilancia de Aguas de la Seremi de Salud de esta región, Teresa Gajardo, señaló que se rigen “por el reglamento de agua potable, el Decreto 735 (Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano) o la Norma 409, que dice que el pH tiene que estar entre 6,5 y 8,5”. En 2020, en Atacama, una inspección reveló que los niveles de turbiedad de un camión eran de 3,37 UNT (Unidad Nefelométrica de Turbidez). Según estos mismos reglamentos, el nivel de turbiedad debería ser menor a 2,0 UNT en promedio.

Es posible detectar estas fallas cuando se realizan inspecciones, pero, como se dijo anteriormente, la Región de Valparaíso no cuenta con un registro desagregado de las fiscalizaciones realizadas a camiones aljibe. Liliana Galdames (60) es vecina del sector de Cajón de Lebu, en la comuna de Limache (Valparaíso), desde hace seis años. A diferencia de muchos de sus vecinos, ella reside permanentemente en esta localidad rural, y ha aprendido cómo disminuir los niveles de contaminación del agua que recibe por medio de camiones aljibe, a través de métodos caseros: “La verdad, uso un filtro que hice de pantis [medias], que es lo que más frena el sedimento que pueda traer el agua, para mantener los estanques en condiciones”, comenta. Según ella, en una ocasión en la que su región (Valparaíso) estaba siendo afectada por incendios, y había pocos camiones aljibe disponibles para abastecer agua potable, ésta llegó con olor desagradable: “Me trajeron agua de pozo. Te juro que el agua tenía olor a charco. Faltaban los guarisapos no más que nadaran. Y bueno, yo dije que no importa, esto fue una emergencia. Por último, pude ducharme, aunque quedara con olor a poza. […] Yo en la desesperación acepté el agua porque era eso o nada”, relata.

Las faltas detectadas a través de las fiscalizaciones no solo se relacionan con la salubridad. La irregularidad más común es la ausencia de documentación. De acuerdo con la normativa, cualquier proceso de provisión de agua potable mediante camiones aljibe debe contar con una autorización de la Seremi de Salud. Sin embargo, en la Región Metropolitana se han hecho cuatro inspecciones y en ninguna se pudo acreditar la existencia de dicho documento. Un caso similar ocurre en la Región de Los Ríos, dónde cuatro de las cinco fiscalizaciones llegaron a sumario debido a la ausencia de la autorización sanitaria.

Otras fallas frecuentes tienen que ver con errores en los registros en ruta, documentos que contienen, por ejemplo, la fuente de suministro del agua transportada, localidades a abastecer y fecha de distribución. Según el Artículo 8° de la ley, la información debe estar en todo momento a disposición de la autoridad sanitaria. Destaca el caso de la Región del Maule, en la que, en tres de siete fiscalizaciones, dicha nómina se encuentra incompleta. Aquello que hace falta en repetidas ocasiones es el registro de beneficiarios, es decir, la cantidad de personas que reciben agua proveída por el camión.

Imprecisa legislación

Si bien la norma (Decreto 41) establece que existe una autoridad sanitaria que debe inspeccionar estos vehículos, no se menciona de forma precisa cuáles son los mecanismos que debe emplear ni cada cuánto tiempo debe hacerlo. Tampoco determina expresamente la responsabilidad de la Seremi de Salud de fiscalizar en la ruta. Por lo mismo, puede suceder que los dueños del servicio extraigan agua de fuentes no autorizadas, utilicen el camión para transportar agua no potable con fines distintos y entreguen agua contaminada.

Daniela Rivera, profesora miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, asegura que “es una normativa bien escueta, no tiene gran desarrollo y, como su nombre lo indica, se focaliza en establecer cuáles son las condiciones mínimas básicas que debe tener, desde un punto de vista de calidad, el agua que se entrega bajo esta modalidad. No obstante, se fijan algunos estándares de cantidad, porque este Decreto 41 establece que se debe entregar un mínimo [diario] de 100 litros de agua por persona”. Esto equivale a una ducha de cinco minutos de acuerdo con cálculos realizados por la Fundación Aquae.

Según Víctor Peña, jefe de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, el decreto llegó a suplir una falta, pero como toda norma es susceptible de ser mejorado: “En este momento, como instrumento es bueno y válido para nosotros. Que pudiese ser mucho mejor, por supuesto. Como todas las cosas, es perfectible. Pero, a medida que se van implementando se van encontrando cosas que podrían ser incorporadas”.

El uso de camiones aljibe se asocia principalmente a la sequía, sin embargo, el hidrólogo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, Jorge Gironás, asegura que también se debe a la desigualdad que existe entre los sectores urbanos y rurales: “El camión aljibe es para abastecer de agua a alguien que no la tiene. No solo no la tiene porque ha llovido poco, sino que puede que no tenga la infraestructura para tenerla. Estamos en el mismo clima, pero si estás en la ciudad sí tienes agua, y si no estás en la ciudad, puedes no tenerla. Hay un componente más allá de la climática, y es un componente bien importante. Dentro de la ciudad, la cobertura de agua potable es de país super desarrollado, es como Finlandia; básicamente cualquier chileno que vive en una ciudad de más de 5 mil habitantes abre la llave y sale agua limpia”, afirma.

Para María Molinos, especialista en eficiencia en el ciclo urbano del agua y profesora asociada de la Universidad Católica, el problema no se limita a la fiscalización: “El Estado no ha sido capaz de dotar de servicios sanitarios a todas las localidades de Chile. Los problemas no son únicamente financieros, sino más bien de gestión y burocracia. Una solución real sería realizar una planificación a corto, medio y largo plazo para alcanzar metas bien definidas. Para ello, sin duda, es necesaria la colaboración público-privada”, argumenta.

Este reportaje fue realizado por Caroline Castillo Jadue y Catalina Pérez Navarrete en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.