La lucha de los herederos kawésqar: el sigiloso avance de las salmoneras en reservas del fin del mundo

—¿Qué queremos?

Leticia Caro está sentada en una sala del Hotel Diego de Almagro. Es temprano. Ni siquiera alcanzan a ser las 9:30 de la mañana y afuera el viento penetra hasta los huesos. Para ella, que vivió en Puerto Natales, no es para tanto.

Cruzando la calle está la costanera de Punta Arenas: 9 kilómetros de extensión donde la mayoría de los turistas posan para las fotos. Se ve desde la ventana, igual que el Estrecho de Magallanes y las instalaciones portuarias, que aunque están en una de las ciudades más australes, son de las más relevantes en exportaciones de truchas y salmones.

No es para menos. Según datos de la Subsecretaría de Pesca, en la región de Magallanes existen 156 concesiones acuícolas otorgadas, equivalentes a más de dos mil hectáreas. De ese total, 134 corresponden exclusivamente para producir salmones. Y existe una particularidad: varias están en áreas protegidas esparcidas entre la Reserva Nacional Kawésqar, el Parque Nacional Alberto Agostini y la Reserva Forestal Las Guaitecas.

Por eso, aunque las exportaciones de salmones en 2021 llegaron a US$5.180 millones y se transformaron en el segundo producto más enviado ese mismo año, son a su vez una industria que arrastra cuantiosas sanciones por sobreproducción en centros de cultivo y faltas medioambientales. Sus disputas legales también se enfrascan en acusaciones letales: contaminación de playas, destrucción anaeróbica de fondos marinos y mortalidad masiva.

Desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes se defienden y aseguran que el derecho de operar en ciertas áreas protegidas lo otorga el Estado. A su vez, afirman que las mortalidades masivas no tienen repercusiones ambientales cuando hay un manejo adecuado, lo que en su caso, siempre ocurre.

Un área protegida sin protección

A Leticia le gusta el mar. Es parte de su subsistencia familiar y de la herencia que le dejó su padre. Sus atardeceres y amaneceres más sublimes fueron arriba de una embarcación. Está convencida. De la misma forma que sabe que la mejor temporada para adentrarse en aguas prístinas es en invierno, mientras el frío magallánico la envuelve en su extremo.

Es pescadora y representante de la comunidad grupos familiares Nómades del Mar en Punta Arenas. Se conoce las aguas de la región de memoria y junto con eso, las formas en que ha ido mutando la captura de peces. Desde 2017 también pertenece al Grupo Familiares Nómadas del Mar, compuesto por aproximadamente 40 personas con un objetivo en común: proteger el océano.

—Nos vimos en la obligación de conformar esta organizativa, en el fondo jurídica, para poder defender el territorio y hacer efectivos nuestro reclamo de manera más… ¿Cómo decirlo? Judicial —plantea Leticia en conversación con BioBioChile durante una expedición organizada por Greenpeace.

No en un sentido figurado. Ese mismo año inició la reclasificación de la Reserva Nacional Forestal Alacalufes para rebautizarla como Parque Nacional. Y lo hicieron el 30 de enero de 2019, pero con una distinción. No sólo sería renombrada, también se dividiría en dos: Parque Nacional Kawésqar y Reserva Nacional Kawésqar. La primera considera sólo las superficies terrestres. La segunda, el espacio marítimo.

Leticia Caro | Foto: Felipe Díaz Montero (BBCL Investiga)

En otras palabras, el parque es para “la protección y conservación” de la naturaleza. La reserva, para “la conversación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales”. En simple, la Reserva Nacional Kawésqar puede usar sus recursos naturales para fines económicos. En este caso con un particularidad porque, en la Consulta Indígena del 29 de junio de 2017, la comunidad kawésqar aceptó renombrarla con ciertas condiciones.

“Entre las (actividades) no permitidas en el área marina estarían el turismo masivo y la pesca y acuicultura industrial intensiva de especies exóticas introducidas en aguas regionales”. Al menos así lo estipula el informe final del proceso.

Tras esto, el Ministerio de Bienes Nacionales se comprometió a remitir esta petición a Conaf para elaborar un nuevo Plan de Manejo del Parque. A la fecha, Leticia lo describe de una forma diferente:

—Hoy en día la reserva es un área protegida sin protección, porque la categoría de reserva no le otorga la protección necesaria. Nosotros ahora estamos solicitando que la Reserva Kawésqar se reclasifique a Parque Nacional. Esa es nuestra petición específica.

“La industria fue una destrucción”

Nayadet Vargas (33) es hija de Leticia. Al igual que su madre también es una mujer kawésqar, lo que la llena de orgullo. Su sonrisa y el brillo de sus grandes ojos verdes lo confirman mientras lo verbaliza.

Por tradición, patrimonio y subsistencia se adentra en las aguas de la región de Magallanes para pescar. Lo aprendió de su abuelo, el “anciano” de la comunidad. Aunque no fue algo que hizo toda su vida, sino de grande, cuando el machismo de que una mujer no tenía permitido subirse a una lancha quedó desfasado. También por una razón más profunda: su familia aceptó que era indígena.

—Él (su abuelo) antes renegaba mucho de ser indio, por como se dice ahora, mucho bullying. Era mucho desprecio. Tú por ser india ya te apartaban del lugar.

Nayadet Vargas | Foto: Felipe Díaz Montero (BBCL Investiga)

Y no es que ahora, en pleno siglo XXI, la situación se erradicó. Pero a Nayadet le permitió navegar y emocionarse al pensar que sus antepasadas vivían de la misma forma. Con una diferencia de tiempos: ahora hay menos peces, hay más basura y más contaminación. Si antes sacaban 600 kilos de róbalo, actualmente pueden lograr apenas 50.

—Nos ha tocado ver lobos muertos, muertos por la industria, en este caso por la industria salmonera. Basura. Todo eso se refleja en el momento en que uno sale a navegar. Yo he visto muchas cosas que nunca pensé ver, por ejemplo las boyas, las baterías, las mallas cuando se rompen las balsas —describe Nayadet.

Desechos que llegan -en parte- a orillas de playas, mientras otro gran porcentaje se hunde en el fondo marino o se desparrama por fiordos patagónicos. Es un contraste abismal. Por un lado hay ecosistemas protegidos, montañas imponentes, paisajes majestuosos que reducen cualquier esencia humana. Y por el otro, fierros en oxidación, plásticos y mallas. Y coincide que la mayoría de las industrias que existen en zonas extremas son del mismo rubro: salmoneras.

—Yo creo que desde que la salmonera llegó aquí nunca fue una solución. Más que nada fue destrucción al territorio —condena.

Centro de cultivo de salmones de Australis en Magallanes | Foto: Felipe Díaz Montero (BBCL Investiga)

La empresa toca mar chileno

Hace 35 años la industria salmonera opera en el país. Después de Noruega, Chile se convirtió en el productor de salmónidos más grande del mundo. Su envergadura es tal que, a nivel de exportación, sólo está por debajo del cobre, lo que equivale a US$ 5.180 millones de dólares, según el Informe Anual de Exportación de Salmón. Sólo en 2021.

De acuerdo a un artículo de 2015 de Terram, si bien su producción es abundante -y en algunos casos sobre lo permitido por la ley-, del total de empresas salmoneras en el país, sólo 10 concentran el 80% de las concesiones: fusión AquaChile-Marine Harvest, Cermaq, Multiexport Food, Los Fiordos, Camanchaca, Australís Seatooch, Salmones Austral, Yadrán, Blumar y Salmones de Chile.

Los encargados de otorgarles las concesiones son el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaria del ramo, junto con el Ministerio de Defensa. Este último es quien da los derechos de uso y goce por un plazo de 25 años renovable a las industrias para que exploten las aguas. Pero desde 2016, fruto de un decreto de la Subpesca, se cerró el proceso de solicitudes en la región de Magallanes. Sólo se aprueban las que están pendientes. Para las regiones de Los Lagos y Aysén el ingreso de solicitudes de concesiones está frenado desde 2010.

A nivel nacional, según cifras de la Subpesca, Chile ha dado 3.301 permisos. La mayoría se distribuyen en tres regiones: Los Lagos (2.172), Aysén (727) y Magallanes (156). Es decir, el 92,5% está en el sur austral. Si bien esas fueron aprobadas, todavía existen 232 concesiones salmoneras a la espera de ser aceptadas.

Mar sin oxígeno

Parte de esas adjudicaciones están distribuidas en áreas protegidas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Alberto de Agostini existen 19 que se entregaron entre 2001 y 2012. Todas son de la misma empresa: Nova Austral. Según datos entregados a Greenpeace vía Transparencia por la Subpesca y Sernapesca, de ese total, 14 concesiones presentaron condiciones anaeróbicas. Esto quiere decir que la concentración de oxígeno es demasiado baja -o inexistente- para tener vida marina.

Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, explica que cuando una salmonera opera, mata las condiciones que permiten que se desarrolle vida. Eso también significa que ni ellas mismas pueden seguir produciendo. Según sus cifras, el 50% de los centros que operan en toda la región de Magallanes presentaron condiciones anaeróbicas.

—Ni los propios salmones pueden sobrevivir. Así como los salmones no pueden sobrevivir, la vida alrededor tampoco. Se van generando verdaderas zonas muertas en los mares patagónicos. Entonces toda esa contaminación se va acumulando y puede generar un impacto irreversible —sentencia.

Aunque Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes explica que no es sólo una decisión de ellos operar en esas zonas:

—La industria del salmón o los centros de cultivo de salmón operan en lugares donde el Estado ha determinado que podemos operar. Es decir, no hay una libertad por parte de los centros de cultivo.

Estefanía González | Foto: Felipe Díaz Montero (BBCL Investiga)

“La matanza de lobos era general”

No es el único caso. La Reserva Nacional Las Guaitecas, ubicada en la región de Aysén, es uno de los hábitat de protección más antiguos. Desde 2008 está catalogada como “reserva” y hasta el presente -según Greenpeace- no cuenta con un plan de manejo ni infraestructura para resguardarla.

Dentro de su perímetro protegido hay 312 concesiones acuícolas. De acuerdo a la organización ambiental, entre los problemas principales que ya presentó está el que las jaulas-balsas no cumplen con la reglamentación. Por ejemplo, en 2020 se encontró una ballena muerta en un centro de cultivo a un costado del cerco de confinamiento de los peces. Estaba cubierta por mallas en diferentes partes del cuerpo.

—Al mismo tiempo tiene muy mala interacción con la fauna local: lobos marinos que se acercan a comer los salmones porque ven que están ahí, son asesinados por parte de la industria. Nosotros hace muy poco presentamos una denuncia sobre esto. Se matan de manera muy cruel. Y no, no es raro ver que ballenas puedan colisionar con embarcaciones provocándoles la muerte o también quedar atrapadas en estas redes de salmonicultura —confiesa González, la coordinadora de campañas de Greenpeace.

Mario Argel lo confirma. Fue un extrabajador de Nova Austral en 2017 durante cuatro años. Un operario, el “escalafón más bajo”, como él mismo lo describe. Sus funciones tenía un objetivo concreto: hacer que los salmones sobrevivan al ciclo completo. Y eso, a toda costa, asegura.

—La matanza de lobos era algo general, era como algo cotidiano. Incluso salían en las noches a cazarlos (…) Con escopeta, lanza, ahogados, embolsados en las mismas mallas que quedaban después de la cosecha.

—¿Cuál era el objetivo?

—Que no se comieran los peces, porque entraban y rompían las mallas.

Pese a lo mencionado por el operario y Greenpeace, desde la industria lo desmienten tajantemente. Carlos Odebret rebate que incluso existe una regulación para proteger a los mamíferos marinos y aves.

—No tenemos situaciones de esas características. La caza de lobos está prohibida. No está permitido realizar acciones que puedan atentar contra los lobos marinos. Por lo tanto, una acción de ese tipo sería absolutamente ilegal.

Mario Argel Uribe | Foto: Felipe Díaz Montero (BBCL Investiga)

“Se generan daños que no podemos recuperar”

Los números de Greenpeace también exponen que dentro de la Reserva Nacional Kawésqar hay 68 concesiones acuícolas a 2023. Adicionalmente, existen otras 57 que están en trámite de aprobación. El 43% de ese total presentó falta de oxígeno mientras operaban. En simple, 29 centros.

—Dependiendo del nivel de la contaminación, de cuánto tiempo se estuvo contaminando y también de las características geográficas, porque no todos los fiordos son iguales, vamos a ver si es que esas zonas son recuperables. Pero a veces se generan daños que no podemos recuperar —determina Estefanía.

Odebret aclara en representación de la industria que las concesiones de salmones fueron solicitadas y aprobadas antes de 2019, fecha en que fue renombrada como Reserva Nacional Kawésqar.

—Esta condición de operación dentro de la reserva es una condición que ocurre a partir de políticas públicas (…) El total de las concesiones que están dentro de la reserva suman 1.800 hectáreas aproximadamente, de un total de 2,6 millones. Eso corresponde al 0,06% del total del área. Por lo tanto, la proporción que ocupan las concesiones, que fueron otorgadas por el Estado en ese lugar, es bastante menor con respecto a la totalidad de la reserva nacional. 

Hasta la fecha -y desde 2013- la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), organismo que regula las salmoneras, inició 147 procedimientos sancionatorios en contra de empresas del rubro de la pesca y la acuicultura en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Así da cuenta el portal del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa).

De ese total de causas, 72 están “en curso”, 30 en la fase de “programa de cumplimiento en ejecución” y 34 aparecen con el programa de cumplimiento terminado de forma satisfactoria. Uno restante se presenta como “terminado archivado”. Y de esos, sólo seis concluyeron en sanción, donde resaltan cuatro empresas vinculadas a la industria de salmónidos: AquaChile, Salmones Camanchaca, Piscicultura Las Quemas y Exportadora Los Fiordos.

Principales empresas sancionadas

La cronología de las sanciones va así. En 2017 se confirmó una multa por poco más de $10 millones a AquaChile, firma chilena que un par de años más tarde concretaría una fusión con la noruega Marine Harvest.

¿La razón? Mal manejo de mortalidades en dos centros de engorda de salmones ubicados en la región de Los Lagos.

Un año antes hubo una sanción similar de la SMA en contra de un centro de cultivo de ovas de salmónidos operado por Piscicultura Las Quemas, instalada en Osorno. Esta vez la sanción se aplicó porque la empresa no hizo llegar documentación requerida al organismo.

En 2018 fue el turno de Salmones Camanchaca. Casi $90 millones a pagar por descargar RILes (residuos industriales) de su planta salmonera en Puerto Varas: un lugar que no estaba autorizado. El hecho fue clasificado como “grave” por el organismo regulador.

Sin embargo, la pena monetaria más alta aplicada hasta ahora a una empresa del rubro de salmones, es la de 2017 contra Los Fiordos. El motivo fue por sobreproducción, mal manejo de mortalidades y otros hechos.

La empresa buscó revertir la resolución sancionatoria ante el Tercer Tribunal Ambiental con asiento en Valdivia. Argumentó “vicios en el procedimiento de fiscalización que motivó el procedimiento administrativo sancionatorio”. Y lo logró. La exportadora consiguió en mayo de 2016 una rebaja parcial de la multa.

Pero la batalla ganada le duró poco. Después de un recurso de casación presentado por la SMA, la Corte Suprema confirmó en agosto de 2017 lo esgrimido por el organismo estatal y aumentó la multa. Si antes eran mil millones, Los Fiordos terminó pagando $1.760 millones. El fallo exponía que el Tribunal Ambiental absolvió de forma errada los cargos que decían relación con el retiro diario de mortalidades en el Centro de Engorda Valverde, lo que se acreditó en el acta de fiscalización.

Lo anterior pasa porque cuando la SMA tiene antecedentes para formular cargos, inicia un proceso sancionatorio. Ahí las salmoneras tienen dos opciones: presentar Programas de Cumplimiento (invirtiendo para subsanar sus infracciones) o formular descargos, lo que da pie a que continúe el proceso hasta una posible sanción.

Desde la SMA explican que si ofrecen un programa, las empresas tienen entre 18 a 24 meses para remediar la situación anómala detectada. En efecto, varios de estos procesos terminan sin multas. Por el contrario, si presentan descargos, el proceso continúa hasta eventualmente y se arriesgan a recibir una sanción de dinero o la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En casos más extremos, la clausura temporal o definitiva. En cualquier situación, la industria siempre puede apelar.

El Sernapesca prioriza la fiscalización de centros de cultivo orientados a los salmónidos, que en su mayoría están ubicados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El número de centros de cultivos representados en la gráfica anterior y que fueron fiscalizados por Sernapesca corresponde a los orientados a salmónidos, pero también incluye a los que cosechan moluscos, algas y otras especies marinas.

Sobreproducción en zona protegida

De acuerdo con datos obtenidos por BBCL Investiga, son 48 los procesos vigentes por sobreproducción iniciados contra salmoneras. Sólo en zonas protegidas. De ese total, 31 están dirigidos en contra de Australis Mar (26 por autodenuncia de la firma). Y de todo ese universo, 16 situaciones de sobreproducción detectados en centros de engorda de salmón están ubicados al interior de la Reserva Nacional Kawésqar.

Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, asegura que “las autodenuncias incentivan el cumplimiento de la legislación ambiental al eximir de la multa al infractor”. Eso pasaría sólo si presenta un Programa de Cumplimiento. Según sus palabras, es un instrumento poco común de los últimos 10 años, pero que cada vez atrae más a las empresas a usarla.

Por otro lado, Nova Austral se anota cinco de estos procedimientos sancionatorios, también asociados a sobreproducción. Cuatro fueron en centros instalados dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

Plumer aclara que tienen creada una estrategia de fiscalización ambiental en los Centros de Engorda de Salmónidos (CES). Parte de sus avances son el uso de imágenes satelitales para revisar el posicionamiento de las concesiones donde cerca de 1.100 unidades han sido inspeccionadas bajo esta modalidad.

Junto con esto, en 2020 inició un trabajo con Sernapesca para traspasarse información mutuamente, lo que denominaron Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA). Entre los datos que obtienen están los de mortalidad, cosecha y el cálculo de producción de cada centro.

—No sólo está la responsabilidad de las instituciones sobre la fiscalización, sino que también las empresas deben cumplir con reglas del juego mínimas en el ejercicio de su actividad económica. Esto exige adecuarse a la normativa ambiental y cumplirla. Por eso es importante recalcar: las empresas no sólo deben obtener su permiso ambiental (RCA) sino que deben cumplir las exigencias establecidas en estas —subraya la autoridad.

“El incumplimiento de la empresa del salmón es evidente”

Sernapesca es el otro organismo fiscalizador. Su informe de 2022 corroboró que la industria acuícola cosechó más de un millón y medio de toneladas. 70% sólo de salmón atlántico, salmón coho y trucha arcoíris.

Entre sus labores de inspección, está la “vigilancia sanitaria dirigida a detectar oportunamente patógenos y/o enfermedades de alto riesgo para los recursos cultivados”.

Las cifras exponen que ese año las actividades de fiscalización llegaron a 3.642, es decir, 29,6% menos respecto a 2021. Presencialmente, el organismo sólo visitó el 33% de los centros de cultivos a nivel nacional durante 2022. Ese mismo año, de los 69 centros que presentaron mortalidad masiva, fiscalizaron 26, pero haciéndole seguimiento a todos.

Los números demuestran la poca vigilancia que tienen las industrias. Por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde operan 1.643 centros de cultivo, sólo inspeccionaron 297: el 18% del total. En Aysén y Magallanes el panorama mejoró, con un 82% y 85% respectivamente.

Por mucha variación de números que ocurre cada año, el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, refuerza que “el incumplimiento normativo de la industria del salmón es evidente”. Y aunque aclara que no depende de ellos entregar o quitar concesiones, están comprometidos como Gobierno en elevar estándares ambientales, y al mismo tiempo, en cuidar el patrimonio natural, sobre todo en áreas protegidas.

—Es de público conocimiento que hoy existe un número importante de procedimientos sancionatorios en contra de esta industria, que repercuten y repercutirán negativamente en los ecosistemas donde se desarrollan los cultivos de salmones (…) Creemos que es fundamental avanzar en un adecuado ordenamiento territorial para el borde costero e incorporar estándares de análisis de capacidad de carga en los ecosistemas donde la industria salmonera pretende establecerse —declara Proaño.

Según fuentes de este medio, al igual que otros representantes de organismo estatales competentes en el área, el subsecretario participa de una mesa de trabajo que se reúne dos veces por mes. ¿El objetivo? Trabajar en los lineamientos para poder presentar a futuro una nueva política pública con la que el Ejecutivo buscará redefinir los márgenes con los que opera la industria.

Herederos de un territorio

El proceso productivo de un salmón demora en promedio 18 meses. Después se van a centros de producción para terminar cocinado en una mesa. Según Estefanía González, lo que come la gente es un producto adulterado.

—El salmón que se cría acá es colorante. El sabor es completamente artificial y viene de la sobrepesca de otro tipo de especies. Se cría en medio de putrefacción que viene de la fecas de los salmones, del alimento no consumido, de las propias mortalidades, del vómito de los salmones. Es como estar en un acuario que jamás se ha limpiado, y eso después te lo filetean y te lo venden como si fuese un producto premium.

Sernapesca dice que impulsó el Programa de Optimización del uso de Antimicrobianos (PROA-Salmón) que permitió certificar alrededor de 145 mil toneladas de salmón provenientes de centros de cultivo. Según el organismo, logró disminuir -o prescindir- del uso de antibióticos durante el ciclo productivo. La industria salmonera se justifica. Para ellos, la medicación en peces es para prevenir enfermedades.

—Cada uno de los salmones que sale de un centro de cultivo es analizada su condición. El uso de antibióticos no es un uso deseado, sino que más bien se utiliza para el bienestar de los peces —defiende Carlos Odebret.

Leticia Caro también cree que el salmón es un producto químico. Lo mismo su hija Nayadet. Pueden distinguirlo a simple vista: efectos de dedicarse a la pesca artesanal durante años. Esta lucha, como ellas la llaman, es un compromiso y un orgullo a diario. De partida, porque derribó el mito arcaico de que los kawésqar todavía andaban montados en canoas con la lanza al hombro. Los visibilizó.

—El territorio se protege para vivir. Porque se protegen las memorias, porque se protegen los relatos antiguos, porque es necesario para que sea el sustento de quienes van a venir —expresa Leticia.

—¿Sienten que el territorio les pertenece a ustedes?

—No es que lo sintamos. Sabemos que somos herederos del territorio kawésqar. El territorio, según los antiguos, es para vivir, no para explotarlo, no para abusar de él. Las salmoneras lo único que tienen allí son concesiones. No son propietarios. Simplemente digamos que somos los custodios.

—¿Qué queremos?
—Que la salmonicultura se vaya.