—No me gusta molestar.
—Para mí, jamás serás una molestia.
Un chat de WhatsApp dejó al descubierto cómo un funcionario de la Fiscalía Metropolitana Sur, identificado como Cristián Mesina Otárola, entregó información reservada a la abogada de dos homicidas cuando éstos eran buscados intensamente por la policía.
Los hechos quedaron plasmados en un expediente administrativo -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– que concluyó con la expulsión del empleado que prestó servicios por casi 20 años en el organismo persecutor.
Y aunque en su declaración el acusado dijo desconocer que estaba entregando información sensible y que nunca imaginó que la abogada estaba tratando de comprobar la existencia de una causa contra uno de los asesinos, hoy el nombre de Mesina figura en una indagatoria penal. Se busca esclarecer si cometió o no delito.
17 disparos para un crimen
Todo comenzó con un homicidio. El 15 de mayo de 2020, a eso de las 15:30 horas, Eduardo Muñoz Norambuena estaba en un pasaje de Estación Central cuando, sin mayor aviso, le descerrajaron 17 balazos encima.
La puntería fue letal: 10 disparos dieron en su tronco, otros cuatro en su brazo izquierdo y tres en el derecho. No alcanzó a llegar al hospital. Murió de manera inmediata. Más tarde, el Ministerio Público explicaría el móvil: “Rencillas anteriores”.
Por casi un mes el experto tirador se mantuvo en la incógnita. Los policías buscaron hasta que dieron con los responsables: Juan Gutiérrez Silva y Gisella Zúñiga Lorca. Él disparó, ella manejaba el automóvil con el que se dieron a la fuga.
La caída de los homicidas no sólo le significó al primero ir a dar a la cárcel por cinco años, sino también el inicio de suspicacias respecto de las relaciones de la abogada de ambos imputados, Macarena Betancourt Celedón, con un funcionario de la fiscalía: el mentado Cristián Mesina Otárola.
“No importa si corre $$$”
Resulta que en medio de la indagatoria, la fiscal del caso, Pamela Contreras, solicitó requisar los teléfonos de los asesinos. Seis en total. A juicio de la persecutora, los dispositivos podrían haber mantenido información relevante para la causa. Ante el tribunal, argumentó que éstos eran utilizados por el imputado y su círculo de protección para operar en la zona.
Los resultados llamaron la atención del capitán del OS-9 de Carabineros a cargo de la inspección de los equipos. En uno de ellos, hallaron una conversación entre la imputada y su abogada que tuvo lugar un día después del homicidio, cuando la policía buscaba a quiénes habían acribillado a Muñoz Norambuena.
En ella, la imputada le pedía a su representante que averiguara si Gutiérrez era objeto o no de la investigación derivada del crimen. Esta última respondió escuetamente:
—En eso estoy.
Tres días después, Gisella volvió a insistir a su abogada. La petición vino acompañada de ofrecimientos de dinero para la fuente de la profesional:
—Le escribo para ver si su amigo podría ayudarnos con la info que necesitamos!! No importa si $$$ me entiende.
La respuesta de Betancourt fue clara:
—Ya consulté en la fiscalía si Juan tenía alguna causa vigente. Mi contacto me dijo que no aparecía nada en el sistema —reza la comunicación.
A modo de confirmación, la jurista le hizo llegar pantallazos de la conversación con el funcionario a quien tenía guardado como “Cristian Fiscalía”.
“Nada… bella”
Si bien no está claro si Mesina era el único contacto que la abogada mantenía al interior de la fiscalía, lo cierto es que -tras el hallazgo de las conversaciones- el Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación. Esta vez por violación de secreto, en contra del empleado público.
En el teléfono de éste, puesto a disposición de los investigadores de manera voluntaria, se encontraron los chats que mantuvo con Betancourt. El intercambio ocurrió el mismo día en que Gisella había solicitado ayuda de la jurista:
—No me gusta molestar —le dijo a Mesina.
—Para mí, jamás serás una molestia —respondió él.
A reglón seguido, Mesina envió una imagen en la que se ve que el rut consultado no correspondía. Había errado en el dígito verificador enviado al funcionario público.
—Jajaj me equivoqué —le hizo saber ella.
—Nada… bella, sólo imputado— retrucó Mesina.
En la conversación, el empleado adjuntó un pantallazo de la ficha denominada Sistema de Apoyo a la Operación (SAO), un documento reservado del Ministerio Público con la que reveló a la abogada de los imputados por cuáles causas eran perseguidos.
“El artista tiene cara de bueno”
La causa penal derivó también en un sumario administrativo, ordenado por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. En el proceso se instruyó la suspensión del funcionario, quien también debió prestar testimonio. Lo hizo el 29 de marzo de 2022.
En su alocución, negó mantener un vínculo con la abogada y que sólo la conoció porque en el ejercicio de su cargo le correspondió atenderla como a cualquier otro usuario. Respecto de la indagatoria en su contra, declaró:
—La abogada Betancourt me solicitó el RUC asociado a un imputado en particular, cuyo nombre no recuerdo ni el tipo de causa que aquel mantenía. Ella insistía que dicho imputado mantenía una causa vigente y reciente (…) Dada su insistencia ingresé al SAO del imputado y le saqué una foto donde aparecía el rostro del imputado y quedaba claro que no registraba ninguna causa. Incluso bromeé con algo así como “el artista tiene cara de bueno”. Un chiste sin ninguna relevancia.
Mesina enfatizó en que la abogada nunca le pidió ni le encargó ninguna otra información adicional.
—Quiero aclarar que nunca he recibido pago alguno por información, ni con la abogada Betancourt ni con ninguna otra persona (…) Por eso no tuve problemas en acceder a que se levantara el secreto bancario respecto de mis cuentas y accedí voluntariamente a la entrega de mi celular.
Poco más de un mes después, Mesina volvió a declarar. Sostuvo que el pantallazo lo envió por la insistencia de la abogada, quien le refería que “tenía que haber alguna causa” y que no aportó detalles sensibles de ninguna causa al no tener acceso a expedientes judiciales.
Removido
Más tarde, en los descargos para evitar su destitución del Ministerio Público, el trabajador lamentó la situación y sostuvo que desde que asumió sus funciones en el organismo, esta era la primera vez que su trabajo era cuestionado.
—Reconozco los hechos por los cuales se me investiga y en todo momento he expresado mi pesar por lo ocurrido. Reconozco que me equivoqué, mas cometí un error o descuido ejerciendo mis funciones. No pensé ni advertí la gravedad de lo que estaba realizando ni las consecuencias que podría traer —espetó.
Y cerró:
—Lamentablemente (…) los hechos son ciertos y me veo enfrentado, según entiendo del tenor de los cargos, a una decisión sobre mi remoción de la institución, lo que me apena profundamente. Nunca ha sido mi intención fallarle a una institución en la que llevo trabajando 20 años y menos salir de esta manera.
Pese a los argumentos expuestos por Mesina, el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, aprobó su destitución del Ministerio Público. Los hechos constituían una “infracción grave a la probidad”.
“Se usó información del sistema informático de carácter reservada y se proporcionó esa información a un tercero no interviniente”, reza la resolución con la que se selló el destino del empleado público.
Su salida quedó oleada y sacramentada el 28 de julio de 2022.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó contactarse con Cristián Mesina Otárola, sin resultados hasta el cierre de esta edición. La abogada Macarena Betancourt Celedón, en tanto, evitó entregar declaraciones: “No tengo idea alguna de quién es usted, qué pretende, ni de qué está hablando. Adiós”, escribió vía WhatsApp, para luego bloquear cualquier otro intento de comunicación.
El chat que revela cómo miembro de la fiscalía entregó información reservada a abogada de homicidas
