Ventiladores mecánicos sin uso abandonados en bodegas, dispositivos donados por la CPC sacados de circulación por fallas y pagos adelantados por equipos que simplemente no llegaron o no servían.
Esas son sólo algunas de las conclusiones a la que arribó la Contraloría General de la República tras una extensa auditoría, cuyo informe de 144 páginas -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– da cuenta de numerosas irregularidades en las adquisiciones, desembolsos, almacenamiento y distribución de bienes relacionados a la emergencia sanitaria.
Una vez más, el organismo de control puso sus ojos en la gestión de Arturo Zúñiga, al mando de la subsecretaría de Redes Asistenciales y también de su par de Salud Pública, Paula Daza.
Los hechos no sólo motivaron a la Contraloría a instruir un sumario administrativo en el Minsal, sino que incluso algunos de los antecedentes debieron ser derivados por Zúñiga al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Lea el informe
Más de 218 mil millones
La historia va así. A mediados de julio de 2020, la Contraloría inició un catastro de todas las adquisiciones realizadas por las reparticiones para afrontar la pandemia.
Entre la Subsecretaría de Salud Pública, la Cenabast y Redes Asistenciales emitieron conjuntamente 355 órdenes de compra entre el 1 de marzo y 30 de junio de ese año. ¿El total? Más de 218 mil millones de pesos pagados por el Estado.
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, una vez que la Contraloría requirió información, comenzaron a aparecer los problemas.
Primero, se descubrió la compra de ventiladores mecánicos aceptados por la Cenabast sin comprobar su funcionamiento. Justamente, el 29 de septiembre de 2020, funcionarios del ente fiscalizador llegaron a una bodega que presta servicios para ambas subsecretarías.
Allí, se encontraron con 291 equipos de ventilación mecánica Aeonmed abandonados: estaban nuevos y sin uso alguno.
De emergencia
Para esclarecer los hechos, la Contraloría requirió al jefe del Departamento de Auditoría Ministerial (Minsal).
El funcionario informó mediante correo electrónico que tales equipos correspondían a una partida de un total 806 dispositivos modelo VG70 que arribaron al país entre mayo y agosto de ese año.
515 de ellos se recibieron cuando la pandemia estaba en su peak, por lo que debieron ponerlos en funcionamiento de emergencia, a fin de habilitar camas UCI.
El problema fue que cuando se pusieron en marcha en el sistema público, varios de ellos sencillamente fallaron. Todo empeoró luego de que los encargados técnicos de los hospitales no pudieran solucionar los desperfectos.
Los contratiempos en aquellos equipos en uso terminaron por obligar a las autoridades de Salud a evaluar su funcionamiento antes de distribuir el resto a los hospitales del país.
Por eso, varios de ellos fueron a dar a la bodega antes incluso de ser sacados del paquete.
El sumario
En su investigación, la Contraloría también pidió respuestas a la Subsecretaria de Salud Pública.
Desde ese organismo replicaron que se debió actuar rápidamente para evitar una ocupación del 100% de las camas críticas, pero que como más tarde no fue necesario incrementar la dotación, se decidió mantenerlos resguardados para una eventual segunda ola de contagios.
Asimismo, detallaron que contrataron una empresa externa para verificar su funcionamiento, de tal manera que estos llegarían listos a la red asistencial en caso de ser necesarios.
Pese a la contestación del organismo, la Contraloría estimó que el hecho de recibir y aceptar equipos sin haber verificado su funcionamiento antes de su distribución a los establecimientos de salud, “no se ajustó los principios de control y eficiencia”, contemplados en la ley.
Por todo ello, ordenó al Ministerio de Salud instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas en la compra de los equipos que no pudieron ser utilizados para lo que fueron adquiridos: enfrentar la pandemia que hasta hoy ha cobrado la vida de casi 50 mil personas en Chile.
Ventiladores donados por la CPC
Hay más. En la bodega los inspectores de la Contraloría no sólo encontraron los 291 ventiladores comprados por la Cenabast. También habían otros 87 dispositivos marca Chen Wei, provenientes de la publicitada donación de 515 unidades efectuada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
La razón de por qué llegaron allí la entregó una vez más el auditor del Minsal. En un correo enviado el 5 de noviembre de 2020 explicó que el encargado de gestionar la llegada de los equipos no pudo viajar a China para revisarlos físicamente.
Así, la verificación y chequeo de las especificaciones técnicas se efectuaron sólo a nivel de catálogo.
Los problemas quedaron al descubierto en un informe enviado por Redes Asistenciales cuatro meses después de la llegada de la donación de la entidad que preside Juan Sutil.
En el documento se da cuenta que luego del arribo se practicaron pruebas funcionales a los 515 equipos. De ellos, sólo 122 pasaron el test, entre los cuales están comprendidas las 87 unidades encontradas en la bodega.
Los restantes 393 equipos que no lograron pasar las evaluaciones tampoco fueron distribuidos. Contraloría desconoce el lugar donde se encuentran.
Los 35 que sí pasaron la prueba fueron enviados a la ex Posta Central y al Hospital San Juan de Dios de Santiago. Corrieron una suerte similar.
En el primer centro de salud se emitió un informe en el que se señalaba que los equipos Chen Wei presentaron problemas en su funcionamiento, motivo por el que sencillamente se dejaron de utilizar y fueron devueltos al Minsal.
En el mismo documento se detalla que entre mayo y julio de 2020 se utilizaron en 108 pacientes, periodo durante el que los ventiladores presentaron alteraciones que derivaron en el cese de su uso.
El San Juan de Dios, por su parte, precisó en un informe similar que tres equipos presentaron “eventos adversos” en dos pacientes con neumonía por covid-19, entre fines de junio y comienzos de julio de ese mismo año.
“No usar”
En la respuesta que la Subsecretaría de Salud Pública hizo llegar a la Contraloría respecto de esta materia, aseveró que los ventiladores donados por la CPC arribaron al país cuando la pandemia estaba en su punto más álgido y que -en atención a que dichos equipos eran desconocidos para la red asistencial- fue necesario someterlos a revisión.
Así, explicaron que era efectivo que dichos equipos presentaron fallas y que por tal motivo fueron enviados al Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar para su revisión.
Dicha institución emitió un informe técnico en el que se concluye justamente que no es recomendable el uso de los equipos en pacientes.
Debido a lo expuesto, la repartición presidida por Paula Daza dijo a la Contraloría que pese a que existieron experiencias positivas en el uso de estos dispositivos, instruyó verbalmente que éstos no fueran utilizados.
Posteriormente emitió un oficio en el que ordenó rotularlos
con “NO USAR” y almacenarlos en bodegas hasta definir su destino final.
Pagos adelantados
Y… hay más. La Contraloría comprobó también que la Subsecretaría de Redes Asistenciales requirió a la Cenabast la adquisición de 200 ventiladores mecánicos invasivos denominados TERRA Pulmonary ICU Ventilator, ofrecidos por la empresa Markario General Trading L.L.C.
Por esos dispositivos, la subsecretaría se habría comprometido a pagar un anticipo equivalente al 30% del precio total ofertado, acordándose que, una vez recibida y distribuida la primera partida de 50 equipos, se pagaría el saldo restante y se recibirían los otros 150.
El problema es que estos últimos nunca llegaron a manos de la institución. Al menos hasta la fecha de cierre de la auditoría.
Y peor aún, el medio centenar de equipos que sí llegó era distinto a lo ofertado, según lo informado por Redes Asistenciales.
Tampoco servían
Como si fuera poco se advirtió que estos equipos (sin siquiera haber sido usados) también terminaron en una bodega de la Cenabast.
¿La razón? Según consta en un informe preparado por el ingeniero civil biomédico de la División de Gestión de la Red Asistencial, su aplicación no era recomendable en pacientes con obstrucción pulmonar tipo covid, motivo por el cual no fueron distribuidos.
“El ventilador no cumplió con las condiciones mínimas para poder realizar una prueba de ventilación completa”, reza el escrito.
Puesto en simple: desembolsos de dineros públicos por 200 ventiladores mecánicos que no llegaron o que simplemente no servían para salvar vidas.
Atendido el pago efectuado a dicha empresa, el Subsecretario de Redes Asistenciales de la época, Arturo Zúñiga, remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara interponer las acciones judiciales que correspondan.
Por ello, en su auditoría la Contraloría entregó a Redes Asistenciales 60 días hábiles para informar acerca de las acciones emprendidas por el CDE respecto de la situación planteada.
Respuesta del Minsal
Requeridos por la Unidad de Investigación, desde la cartera de Salud confirmaron la recepción del informe.
“Como Ministerio de Salud hemos recibido el informe de la Contraloría General de la República, el que estamos revisando en detalle para dar cumplimiento a lo que dicho organismo instruye, en los plazos señalados”, indicaron.
Agregando que “todos los antecedentes requeridos por CGR fueron proporcionados durante el transcurso de la auditoría, así como mediante la respuesta al preinforme respectivo, emitida en febrero del presente año, antecedentes que forman parte del informe final N° 702, emitido con fecha 22 de noviembre de 2021”.
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