La historia se remonta a una década atrás, cuando 1.022 familias, en su mayoría de la comuna de San Bernardo, conformaron los comités “Sin Casa San Francisco Dos Unidos por un Futuro”, “Sin Casa lo Montero IV”, “Sin Casa Nuestra Luz”, “Nueva Vida y Esperanza”, “Sin Casa los Girasoles” y “Nuevo Porvenir Cordillera”.
Desde la creación, y tras legalizar el proceso, han sido asesorados externamente por Beatriz Liberona, quien no es parte de los comités y actualmente se desempeña como funcionaria de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de San Bernardo, según indicaron fuentes que conocen el proceso.
Con esa ayuda, como señalan las fuentes, los distintos comités iniciaron una búsqueda de terrenos para emplazar el conjunto habitacional que diera cabida a las familias que representan. Tal como lo han hecho y siguen haciendo decenas de comités habitacionales a lo largo del país.
El asunto es que después de una larga búsqueda de propiedades, en 2014 presentaron a SERVIU de la Región Metropolitana un terreno que para los vecinos poseía los atributos para poder concretar su sueño. Era el lugar donde creían que podrían ver un frustrado sueño: el de la casa propia.
La propiedad de la discordia está ubicada en Avenida El Cerrillo 141 dentro del proyecto de parcelación Santa Filomena en San Bernardo, el que fue denominado el “Cerrillo de Nos” y mantiene una superficie total de 181.492 m2. Este terreno pertenece a Eduardo Yáñez Morel.
El oficio
Según quienes conocen el sitio, señalan que el lugar no cuenta con las condiciones para la construcción de viviendas, ya que no está emplazado en una zona urbanizable ni tampoco cuenta con las condiciones de uso de suelo habitacional, lo que fue comunicado a las familias a través de su asesora, Beatriz Liberona, y la entonces alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, hoy diputada.
Sin embargo, las familias solicitaron al Serviu RM un estudio de “factibilidad” de terreno con el fin saber si dicho lugar cumplía con los requisitos para ser construido. El resultado de dicho análisis fue un mazazo para sus aspiraciones: el sitio no servía. O sea, no cumplía con las condiciones de suelo habitacional.
A semanas de las fiestas patrias, el 5 de septiembre de 2014, SERVIU RM envió el Oficio 14.049 a la entonces alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, explicando que el terreno no tiene la calificación para la construcción de vivienda por impedimentos técnicos, incluso, en los documentos se explicó en detalle la razón.
Tras un año de ir y venir, en mayo de 2015 Beatriz Liberona junto a los representantes de las 1.022 familias concurrieron al Serviu Metropolitano, instancia donde se les dio a conocer la ley vigente y se les reiteró la inviabilidad del proyecto. En dicho encuentro también se les comunicó que la información ya había sido entregada a la entonces edil de San Bernardo.
Alarma de estafa
En esa reunión ocurrió un punto que es clave en la historia y es que la autoridad de Vivienda les indicó que realizar aportes económicos por terrenos para la construcción de viviendas sociales no correspondía, al mismo tiempo que se les invitó a analizar otras alternativas para encontrar una solución.
Pero pese a lo anterior, las ganas de buscar a como dé lugar la instalación del complejo habitacional los hizo cometer un error del que se arrepienten hasta hoy. Ese “pecado” fue seguir en contacto con el propietario del terreno, Eduardo Yáñez, y realizar una oferta por dicho sitio, la que fue aceptada.
Dentro de las condiciones para aquel trato, se estableció el pago de 1,2 millones por familia -las que pertenecen al 40% y 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares- y la firma de un contrato de compra venta del terreno. Dicha entrega de dineros, sostienen fuentes, recién estuvo en conocimiento del Serviu RM en 2019.
Pero un año antes de que la autoridad tomara nota de esta transacción, los comités presentaron al municipio de San Bernardo una solicitud para la modificación del Plan Regulador Metropolitano. En resumidas cuentas buscaban anexar a territorio urbano el área donde se encuentra el “Cerrito de Nos” con el fin de generar el proyecto de viviendas sociales que iría en su beneficio.
Ya en 2018 la tasación del terreno en cuestión ascendía a 148.055 UF, por una superficie cercana a 121.000 m2. La comercial, en tanto, se situaba en 145.490 UF y la de Eduardo Yáñez -el propietario- estaba sobre las 200.000 UF.
Tras varias reuniones con el fin de aunar posiciones, el 10 de diciembre de 2019 el Serviu RM y el dueño del paño firmaron una promesa de compra venta del terreno en la que se fijó un precio de 169.149 UF, con un plazo de máximo para la suscripción del referido acuerdo hasta el 21 de junio de 2020. Este acuerdo, subrayan los que conocieron de él, estuvo sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Serviu RM.
Pero dicho acuerdo de compra venta caducó. Esto porque el valor por el lugar era superior a lo que “usualmente” invierte en terrenos dicha institución para vivienda social, en sitios cuyo uso corresponde al habitacional, a diferencia del ubicado en Avenida El Cerrillo 141 dentro del proyecto de parcelación Santa Filomena en San Bernardo.
El compromiso
Tras el fracaso en la negociación, el pasado 5 de mayo de 2021, el subsecretario y el jefe de la División Técnica del Minvu, firmaron una misiva que fue recepcionada y aceptada por el dueño del terreno “Cerrillo de Nos”, Eduardo Yáñez, en la que este se comprometió a devolver el dinero desembolsado por las 1.022 familias -en su mayoría- de San Bernardo. Esto, atendido que el Minvu no cobra a los usuarios un “valor adicional” para proyectos de viviendas sociales.
Junto a lo anterior, se pactó un compromiso: los grupos que realizaron dicho pago debían firmar una declaración jurada ante notario cuando vieran reintegrado sus dineros, cuestión que hasta la fecha de cierre de este artículo no se ha cumplido. O sea, Eduardo Yáñez no ha devuelto la totalidad del dinero a las familias.
Durante el año en curso, los comités de vivienda han sostenido una serie de encuentros y reuniones con funcionarios del Serviu RM y la Seremi de Vivienda. En ellas se han buscado soluciones alternativas para poner fin a este complejo problema habitacional como, por ejemplo, la compra de un terreno cercano a “Cerrillo de Nos” para instalar el proyecto.
Fuentes de La Radio interiorizadas en lo que se vive en San Bernardo comentan que, según Beatriz Liberona, estas dichas opciones no fueron acogidas por las familias. Por mientras, el sueño de la casa propia sigue en vilo, cuestión que abre un dilema profundo que se vive a nivel nacional: el acceso a la vivienda.
Y es que según el último Catastro de Campamentos 2020-2021 de Techo, 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. El país sigue en deuda.
El sueño de la casa propia: las 1.022 familias que acusan haber sido estafadas y engañadas
