—Lorena dijo que el papá la había encerrado en el baño, que le había amarrado las manitos y los pies. Le había puesto una cosita en los ojitos y le había tirado un líquido salado y caliente en la cara. Estamos hablando de una niña de 6 años (…) Eduardo empezó a hacer crisis de pánico, intentó matarse. Tuvo una hospitalización psiquiátrica en el hospital de La Florida. De ahí estuvo con quetiapina y sertralina.
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Si le preguntas a Andrea por sus hijos, te responde con rabia y tristeza. Podría decirse que sus problemas empezaron en 2012, cuando se separó de su pareja. Después de eso vinieron dos órdenes de alejamiento en contra de él, una en 2016 y otra en 2018. La primera se cerró -mágicamente como dice ella- y la segunda, sigue vigente en el tribunal de familia, congelada desde diciembre de 2020.
Su pareja, según describe Andrea, era un hombre violento. El informe de personalidad que le hizo el Servicio Médico Legal (SML) lo expuso como una persona narcisista, que no diferencia entre lo bueno y lo malo. Además, con un consumo problemático de cocaína y estupefacientes.
—Cuando me separé, me dijo que me iba a arrepentir hasta el último día de mi vida y que me iba a dañar lo que yo más quería. Así lo hizo.
Fue él mismo, padre de sus hijos, quien abusó de su hija pequeña y violó a su hijo mayor. Lo hacía en las visitas de fin de semana, que en un principio fueron de mutuo acuerdo. Después Andrea comenzó a sospechar. Lorena no quería bañarse, tampoco lavarse sus partes íntimas y comenzó con problemas de autoestima. Eduardo sufría crisis de pánico. Ella tenía 6 y él 14 años, aunque no fue la única vez.
En 2016 sucedió un hecho particular. Ambos menores fueron sacados del colegio en horario de clases. La “tía” del furgón actuó como intermediaria porque fue ella quien los llevó a la casa de sus abuelos paternos, donde estaba su padre, quien mantenía una orden de alejamiento vigente. Andrea recuerda que la “tía” se lo confesó tiempo después diciéndole: “cómo puedes ser tan mala, si los abuelos tienen derecho a ver a los niños”. Sus hijos también reafirmaron que fue ella quien los llevó.
Inmediatamente pusieron una nueva denuncia. Un año después tuvieron un juicio. Sus hijos relataron que su papá los asustaba con una pistola en la cabeza. Lorena declaró que la encerró en el baño con las manos y pies atados. Se hicieron las pericias en el SML. Andrea cuenta:
—El fiscal me dijo que no podía hacer nada. Que tenía que esperar. Nunca pidió las cámaras del colegio, los registros de salida de los niños. Nunca habló con la “tía” del furgón. Yo siempre pedía audiencias, pero él nunca me atendía. Al final cerró la causa.
Los números judicializados
Lorena y Eduardo son parte de la oscura cifra que maneja el Poder Judicial sobre los ingresos por delitos de violación y abusos a menores de edad. Los datos fueron obtenidos por la Unidad de Investigación de BioBioChile vía Transparencia y hablan por sí solos: en 10 años hay 105.667 niños, niñas y adolescentes que han judicializado su proceso como víctimas de ilícitos sexuales.
La lista es perversa. Agrupa delitos de estupro, abuso sexual sin y con contacto, violación, abuso sexual con introducción de objeto o uso animal, abuso con circunstancias de violación. Y así, la nómina crece.
Lo preocupante es que el registro entregado comienza en 2011 con 7.967 ingresos, pero al 2019, la cifra ya aumentaba a 11.061.
La mayoría de los delitos son el abuso sexual con y sin contacto. Este último significa que se procura excitar sexualmente realizando acciones de significación sexual ante un menor. Por ejemplo, ver o escuchar pornografía o presenciar espectáculos eróticos.
Este es uno de los problemas principales, porque mayoritariamente, el abuso solo deja marcas internas. Una herida que se proyecta en la personalidad, actitudes y cambios bruscos en la formación de los niños. Pero a nivel físico, es muy difícil de comprobar.
Desde la Fiscalía Nacional, el abogado especialista en Derechos Humanos y Delitos Sexuales, Sebastián Aguilera, entiende que eso mismo es uno de los mayores desafíos al momento de investigar este tipo de denuncias. La diferencia entre violación y abuso, es que la primera sí deja rastro físico. El abuso en cambio, es silencioso. De hecho, cuando son casos reiterados, la víctima denuncia años después.
—No siempre va a ser necesario contar con algún tipo de pericia médica porque sabemos que no va a arrojar ningún resultado valioso. Hay que revisar otros antecedentes, otro tipo de prueba que pueda ser más bien indiciaria de la comisión del delito (…) Testigos de contexto o redes sociales. En el fondo, recurrir a todas las fuentes que nos permitan llegar a una conclusión de que el relato de la víctima es cierto —explicó a BioBioChile.
Ahora bien. Muchas veces los agresores buscan asegurarse su impunidad. Por lo mismo, cometen estos delitos en espacios de alta clandestinidad, donde solo está presente la víctima y el atacante. En esos casos, y como estipula Aguilera, las versiones en el tribunal siempre serán contrapuestas. Por eso, la entrevista del menor es primordial y se debe contar con herramientas metodológicas que logren obtener información de calidad.
La cifra negra
Existe una cantidad de abusos contra menores que nunca llega a judicializarse. Se le llama la cifra negra. Abusos y violaciones que se esconden muchas veces, en el círculo más intimo: la familia.
Desde luego no existe un número exacto de cuántos de los delitos que maneja el Poder Judicial han ocurrido por familiares, pero especialistas en el tema creen que se acerca a un 80%. De hecho, la cifra total podría duplicarse si todos denunciaran. Son los padres, tíos, hermanos, abuelos e incluso madres, que abusan y/o violan a menores de su mismo lazo sanguíneo.
Nidia Pérez fue directora de la ONG Red Infancia. Cree que la mayoría de estos delitos que no llegan a judicializarse ocurren en familias vulnerables. La mayoría le temen al Sename. Considera que cuando la madre también es víctima de violencia, el abuso se termina normalizando.
—Las mamás no se atreven a denunciar por temor a que los niños sean institucionalizados. El Estado no trabaja primero con la familia, el Estado hace todo lo contrario. Sacan al niño del hogar, pero no sacan al abusador. El Estado está protegiendo los intereses de los organismos colaboradores. No tiene la función de protección y de crianza —expresó a BioBioChile.
Sebastián Aguilera comparte la opinión de que sacar a los menores no siempre es la mejor opción. Pero también aclara que constantemente se busca priorizar que el niño quede al resguardo de un familiar, dejando como última opción una dependencia del Estado.
—Institucionalizarlos puede generar al final más daño. Siempre se entiende como una medida de última razón. Pero no es algo malo si no hay otra alternativa (…) la verdad es que eso puede ser mucho más útil, incluso puede salvarles la vida —declara.
El juego perverso
Las cifras demuestran que el mayor porcentaje de delitos se lo lleva el abuso sexual con contacto a menores de 14 años. En números, suman 36.166 causas judicializadas, es decir, el 34,23% del total.
Después viene la violación, también a menores de 14 años. Suman 16.199, equivalente al 15.33%. Solo esos dos delitos, ambos a menores de 14 años, representan un 49,56% del total. En términos simples: la mitad de violaciones y abusos en los últimos 10 años fueron a niños y niñas menores de 14.
Muchas veces estos delitos comienzan como un juego para la víctima. El psicólogo clínico, especialista en infancia y adolescencia, Arnis Andrade, sabe que muchas veces el pedófilo o psicópata toca las partes íntimas de un menor a modo de juego, sin violentar. El problema es que después, cuando hay una madurez mental, se da cuenta que eso no correspondía y adolescentes revelan que fueron abusados.
Hace más de 14 años que el profesional trabaja con víctimas de abuso. Recalca la importancia de que la familia denuncie cuando detecte algo. Si no lo hace, el tratamiento y la reparación al daño se cronifican. Además, queda una sensación de impunidad y los adultos se transforman en cómplices. Lo principal es hablar y crear redes de apoyo. Enseñarles a los pequeños el autocuidado.
—El proceso de recuperación puede tardar años. Pasar de víctima a sobreviviente. Me ha tocado ver niños con indicadores depresivos. Me decía: “yo a los 8 años empecé con la idea de matarme” y ahora tiene 15. Ha sido un nivel de angustia tan grande, los niveles de ansiedad tan altos, y son niños tan desbordados, que lo puede haber pensado perfectamente —reflexiona a BioBioChile.
Por eso en algunos casos recomienda la evaluación psiquiátrica para que entreguen un tratamiento farmacológico. Con una inestabilidad emocional, es difícil mantener solo un acompañamiento psicológico. Declara:
—Si después de una violación o abuso termina con una depresión moderada o severa, con intentos suicidas, claro que necesita tratamiento farmacológico.
Los primeros síntomas del abuso
Las primeras señales de alerta según expone el psicólogo son: El relato del menor, indicadores físicos, cambios emocionales y retrocesos. Esto último quiere decir que el niño volvió a orinarse en la cama, por ejemplo. Muchas veces los dibujos de connotación sexual o juegos sexualizados pueden ser un síntoma de que algo no anda bien.
El abogado de Familia y Derechos Humanos de la Infancia, Josué Ormazabal, es más crítico respeto a las pruebas que vienen después. Usualmente cuando se recibe la denuncia, lo primero que se hace es llevarlos a un examen sexológico al SML. Un doctor les revisa sus partes íntimas en busca de poder afirmar que hay una posible violación o abuso.
—Es un hecho que podría ser traumático para el niño. Si bien es necesario, va a serlo cuando la denuncia tenga alguna racionalidad. Pero aquí lo que hay, es que hay muchos interventores que tienen distintos criterios y que no hay un protocolo de coordinación ni de filtro, ni de cómo intervenir en el caso. Entonces el doctor ve al niño, dice que no hay lesiones, evacúa el informe a fiscalía y ahí dicen “no podemos perseverar porque el niño es muy chiquitito, no le podemos tomar declaración”, y se abandona la causa —señala a BioBioChile.
En paralelo ocurre que una vez recibida la denuncia en fiscalía, se manda un oficio al tribunal de familia por una eventual vulneración de derechos. Así, se abren dos causas que corren de manera independiente y muchas veces desorganizada.
—No hay coordinación. Hay una disparidad de criterios aberrantes. No hay una autoridad que fiscalice. El procedimiento en general está funcionando de una manera muy poco profesional. Los estándares de derechos humanos no se respetan. Nuestro sistema actual es un sistema que carece de múltiples fallas que se trasuntan en la inexistencia de la certeza jurídica —manifiesta.
La abogada en Defensa de los Niños, Alicia Herrera, explica que el problema está en que muchas veces los procedimientos tardan mucho. A veces las terapias reparatorias avanzan pero no la causa penal. Tienen reparación, pero no sentencia condenatoria.
—Hay un colapso del sistema judicial bastante grande para las víctimas. Ingresan muchas causas y el sistema no está dando abasto (…) Hay horas de espera de hasta 3 años. Incluso para los programas de reparación de niños también hay listas de espera. No hay una dedicación a ese niño de forma exclusiva. A mí me ha tocado ver algunos informes que vienen copiados los nombres de otros niños —señala Alicia a BioBioChile.
Reparación
Todos los especialistas concluyen que, cada vez que pasa el tiempo, la víctima hace más compleja su reparación. Muchas de las situaciones de infancia repercuten en la adultez.
—Si nosotros quisiéramos una sociedad sana, la obligación de los órganos del Estado es brindar una salud psiquiátrica y psicológica de las víctimas acorde —concluye Alicia.
Hoy Andrea y su hijos Lorena y Eduardo, siguen esperando una sentencia condenatoria. Andrea ya ha perdido dos trabajos por asistir a las terapias con sus hijos, que han durado casi dos años. Está enferma, le creció un tumor hace poco.
—Por algún lado tenía que salir la pena. Todo este dolor acumulado… Lo único que quiero es no morirme ante de que Eduardo cumpla 18 o su papá se va a hacer cargo de ellos —finaliza Andrea.
Los nombres de las víctimas y la madre fueron cambiados para este reportaje por ser menores de edad y mantener un proceso de investigación vigente.
La Defensoría de la Niñez no estuvo disponible para esta publicación.
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