Mauricio Astudillo Pizarro es el Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Rancagua. Tiene a su cargo el proceso registral de las propiedades ubicadas en Rancagua, Machalí y Olivar. En octubre de 2023, publicó un libro llamado “Sistema registral y notarial chileno. Propuesta de reformas legales para su modernización”, en el que detalla cuáles deberían ser los cambios, a su juicio, necesarios para el sistema en Chile.
En conversación con Radio Bío Bío, habla sobre su publicación y comenta el proyecto que se está discutiendo en el Congreso Nacional sobre la misma temática. Además, marca las deficiencias que tiene la propuesta y lo que, a su juicio, se debería llevar a cabo.
Está de acuerdo con el fin del cargo vitalicio y con que el sistema de nombramiento actual, así como el propuesto, no permita que familiares de hasta segundo grado de diputados, senadores, ministros, jueces y Presidente de la República accedan a un cargo de notario o conservador.
Se refirió también a la necesidad de estructurar de una manera diferente el Conservador de Santiago para que el proceso de inscripción se realice de manera más eficiente.
Proyecto del gobierno
-Se está discutiendo en el Senado una reforma a notarios y conservadores en la que el ministerio de Justicia busca mejorar el sistema de nombramiento, fiscalización y calidad del servicio. ¿Cree usted que estas tres cosas necesitan un cambio?
Sí, claro que sí. El sistema actual de nombramiento permite un margen muy amplio a la discrecionalidad, principalmente del Ministerio de Justicia y de las Cortes de Apelaciones para la formación de las ternas. La práctica demuestra que no siempre llegan a este cargo las personas que tienen mejores méritos, sino que el sistema permite que personas cercanas a los círculos de poder lleguen a estos cargos en función de esa cercanía y no necesariamente en función de sus méritos profesionales y personales.
-¿Y la fiscalización?
Por el lado de la fiscalización también se hace muy difícil. Estamos sujetos a la fiscalización de los ministros de las cortes de apelaciones en las ciudades que son asiento de corte y de los jueces de letra en las ciudades que no son asiento de corte. Hay varios problemas, uno es la carga de trabajo que tienen los jueces o los ministros de corte. Dos, y esto lo digo porque yo también fui juez y me tocó hacer una visita a una notaría y nunca nadie me había dicho cómo funcionaba una notaría. Hay un vacío en la formación de los jueces, no hay cursos de derecho notarial y registral para fiscalizadores, ya sean jueces o ministros de corte, y esa es una falencia que lamentablemente no se ha abordado en la capacitación de los jueces todavía. Y eso es lo que implica una deficiente fiscalización.
-¿Y la calidad de servicio?
No hay estándares, por ejemplo, de implementación informática, de servicios en línea. No hay procedimientos unificados, no hay una dirección general como hay en otros países, pero el Estado no tiene plata para crear una nueva institucionalidad que sería lo ideal. Lo que se necesita es una sola cabeza que decida procedimientos, plazos, requisitos, consecuencias, sanciones, premios, por actuar de una u otra manera. Exigencias mínimas del local de atención al público. Falta una dirección general que lo haga.
-¿Qué haría esa dirección general?
Incluso en criterios técnicos, yo soy partidario de practicar la inscripción de una propiedad en una determinada circunstancia y puede haber otro conservador que me diga que él opina diferente, y nadie nos dice quién tiene la razón. Porque ese otro conservador puede estar en Chillán o en Los Ángeles o en San Antonio, y si él se niega, recurren al tribunal de allá. Y el tribunal de allá le puede dar la razón o negársela y llegar eventualmente a la Corte de Apelaciones correspondiente que puede ser una sala u otra y fallar en formas diferentes. ¿En Santiago cuántas salas hay? Se hace muy difícil una unificación de criterio.
-¿Esto se corrige en el proyecto?
Bueno, el proyecto original es muy malo y no se hace cargo de ninguno de estos problemas.
-¿Cuál de los tres temas es el más urgente?
Creo que los tres son importantes. Hay algunos que pueden ser más inmediatos que otros, pero lo importante es que los tres se pueden abordar al mismo tiempo y sin costo para el Estado. Esa es la propuesta que yo hago en mi libro.
-¿Cuál es su idea?
Mejorar el sistema en todos los aspectos que corresponda sin costo para el Estado, sin costo para los usuarios, es decir, que sea de cargo para los propios conservadores y notarios. Y sin riesgo para el sistema, porque ese es el gran defecto que tiene el proyecto actual.
-¿Por qué ese es el defecto?
Es difícil hablar en concreto de eso porque el proyecto original que tiene un poco más de 160 artículos tiene alrededor de 600 indicaciones. Lo que yo digo es que un proyecto de 160 artículos con 600 indicaciones dejó de ser un proyecto, porque muchas personas tienen ideas distintas para solucionar los mismos problemas pero con una perspectiva, orientación y fundamentación diferente frente a una materia que tiene que ser tratada como un todo, de manera orgánica. No se puede abordar de forma dispersa y es el problema que tuvo la comisión el lunes. Cuando aprobaron la indicación del gobierno y se dieron cuenta de que no habían visto las otras indicaciones que había para el mismo artículo de distintos parlamentarios.
-¿Cuando critica el proyecto habla del ingresado por el Gobierno o con las indicaciones?
Las indicaciones son muchas, tendríamos que atenernos al proyecto como salió de la Cámara de Diputados. La verdad es que ese proyecto no resuelve los grandes problemas del sistema. Agregaba problemas que no tiene el sistema o agravaba algunos otros.
-¿Cómo cuáles?
Actualmente el sistema no tiene la burocracia extrema que le pretende añadir el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, a nivel de Conservadores de Bienes Raíces, se iba a registrar en forma electrónica todo, no en papel como es actualmente, pero para un solo derecho de propiedad iba a haber una inscripción en función del dueño y otra de la propiedad. Qué son los dos grandes sistemas de inscripción que hay pero que no se aplica los dos juntos, se aplica uno o el otro. Además, todos los registros tenían que enviarse al Registro Civil. Por ende, los conservadores íbamos a ser registradores sin registro porque iban a estar en el Registro Civil.
-¿Eso no resuelve los problemas que han surgido cuando asume un nuevo conservador y el anterior no quiere entregar su software?
No se resolvería haciéndolo de esta manera porque cada registrador seguiría haciéndolo de forma individual y después enviando al registro civil. Más bien crea problemas que no hay.
-¿Cuáles serían?
El tema de la seguridad informática. Mientras más información está acumulada en un solo órgano, más son los interesados alrededor del mundo de atacar esa base de datos. Entonces te hacen un blanco atractivo. Y en un país como Chile que estamos a la altura de los países africanos en seguridad informática. Es un problema que no existe actualmente y se estaría añadiendo al sistema. Además de los costos para el Registro Civil asumir esto.
-¿Cómo se resuelve esto?
Básicamente, se resuelve estableciendo unas bases únicas para un sistema mínimo informático de acuerdo con un lenguaje obligatorio específico. En estos momentos, no existe ninguna obligación al respecto. Se ha solicitado a la Corte Suprema que regule este aspecto, proporcionándole las bases e ideas de cómo podría ser. Sin embargo, aún no se ha emitido un auto acordado que establezca que cada notario y conservador debe contar con herramientas informáticas específicas, con determinadas prestaciones en línea y un nivel específico de seguridad informática en un lenguaje determinado. Eso aún no ha sido posible, y eso sería suficiente.
Familiares
-Uno de los puntos que más se ha discutido es que los familiares hasta segundo grado de ministros, diputados, senadores, jueces y el Presidente de la República no puedan acceder a estos puestos. ¿Está usted de acuerdo?
La respuesta es sí y no. Con un sistema de nombramiento como el actual e incluso con el que se propuso en la comisión, estaría de acuerdo con esta prohibición. Con un sistema completamente objetivo, meritocrático y absolutamente transparente, que valore únicamente los conocimientos, la experiencia y el currículum, basado en una carrera funcionaria bien construida, no tendría ningún problema. (…) En resumen, un sistema meritocrático no necesitaría establecer esas barreras para los parientes si es completamente objetivo y meritocrático.
-¿Dicen que al hacerlo a través de la Alta Dirección Pública sería elegido por mérito?
Creo que la implicación original del gobierno era muy mala, pero la intervención de los senadores la mejoró sustancialmente. Lo que se aprobó es mucho mejor que lo que presentó el gobierno, aunque no sea óptimo y podría serlo.
-¿En qué sentido se mejoró?
Con la actuación de los senadores, es mejor por un solo ejemplo. Según la indicación original del Ejecutivo, este proceso de la Alta Dirección Pública implicaba tomar los exámenes principalmente, y después un representante del ministro de Justicia, un representante del ministro de Hacienda (que tiene que ver el Ministerio de Hacienda en esto) y uno del Consejo de la Alta Dirección Pública, elaboraban una quina. Tres personas elaboraban una quina y luego el ministro de Justicia nombraba discrecionalmente.
-¿Cuál es su crítica a esto?
La Alta Dirección Pública es un organismo que se nombra políticamente. El presidente es designado bajo la exclusiva confianza del Presidente de la República y su voto decide las votaciones del consejo, en caso de empate. El resto lo propone el presidente del Senado. Aquí estamos hablando del Poder Judicial, otro poder del Estado, y si se mezcla la política con el Poder Judicial, ya estamos en problemas. Necesitamos tener independencia en las decisiones que tomamos en nuestro trabajo cotidiano; de lo contrario, participamos en gran medida, y no reconocida, en la organización de las elecciones populares y el escrutinio. Es esencial que tengamos independencia respecto a las autoridades políticas. No puede haber ese vínculo entre el interés político y una función de un miembro del Poder Judicial que incluso tiene que dar fe respecto de los actos eleccionarios.
-¿Entonces, la idea del gobierno politizaba aún más los nombramientos?
Sí. Más bien, no los politizaba, los convertía en políticos.
-¿Cuál fue el cambio más importante impulsado por los senadores?
Eliminar esto que acabo de mencionar. En el proyecto original se permitía confeccionar bases de concurso específicas para cada cargo. Sabemos lo que ha pasado históricamente en la administración pública de Chile. Se han hecho bases tan específicas que lo único que faltaba era el decreto de nombramiento de la única persona en Chile que cumplía esos requisitos. Lo estoy caricaturizando, pero en el fondo no puede ser que haga un concurso y una base específica porque voy a hacer un perfil casi único. Esa discrecionalidad tampoco puede ser. Algo que echo de menos, y que está propuesto en mi libro, es que los aspectos a calificar y la ponderación de las notas estén preestablecidas, sean abstractas y no ad hoc para un caso particular.
-¿Pero se perfeccionó?
Que la Alta Dirección Pública no va a poder elegir hacer la terna, sino que simplemente la van a conformar los tres primeros en el resultado del ranking. Redujo la discrecionalidad, no la elimina, pero sí la reduce.
Otra propuesta
-¿Cuál es su propuesta para los nombramientos?
Afortunadamente, los senadores introdujeron ideas que mejoran sustancialmente la propuesta original del gobierno. Hacen un poco más objetivo el sistema de nombramiento que se indicaba, pero sigue siendo problemático incorporar a los nombramientos de funcionarios judiciales instituciones propias de los nombramientos de algunos miembros del Poder Ejecutivo o funcionarios de la administración pública. De algunos, porque son los altos directivos de exclusiva confianza. La Alta Dirección Pública no tiene por qué saber, y no sabe, sobre derecho notarial y registral. Es un problema que incluso en el texto aprobado se señala que para elaborar los exámenes podrán contratar expertos en derecho notarial y registral. Si no los contratan, no sé quién va a hacer las pruebas, y en Chile me sobran dedos de las manos para decir cuántos expertos hay en esta materia.
-Para usted, ¿quién debería liderar?
En lugar de la Alta Dirección Pública, hubiera sido mucho más lógico encargarle los concursos, la elaboración y toma de los exámenes a la Academia Judicial, que es un órgano del Poder Judicial donde hay académicos de universidades. Está bien que no se elimine la discrecionalidad en el Ministerio de Justicia, porque ahí estaba la discrecionalidad absoluta.
-¿Por qué?
Porque en las cortes de Apelaciones, por lo menos, tenían que seguir la carrera funcionaria, más el filtro que significaban los exámenes que había ordenado la Corte Suprema, aunque no estuvieran en la ley.
-¿Cuál es el principal problema?
Que el proceso comienza con la definición del perfil del candidato y termina en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dice qué perfil quiere para este cargo y termina nombrando. Y en todo el proceso está la Alta Dirección Pública, que ya dijimos que era un organismo conformado políticamente. (…) Si tienes a alguien que no sabe mucho (no estoy presumiendo mala fe de nadie, hablo de forma general y abstracta), si quieres favorecer a alguien que sabes que tiene ciertas habilidades, haces una prueba muy difícil de matemáticas y le das una ponderación muy alta, y así favoreces a la persona que quieres. No quiero decir que eso pase o vaya a pasar, pero sí evitar que pueda ocurrir.
Fiscalización
-En lo propuesto por el gobierno, los encargados de fiscalizar serán los fiscales de las cortes de Apelaciones y Suprema. ¿Es una buena decisión o necesitan capacitación?
Más allá de la idea del ejecutivo o de cómo fue aprobado por la Cámara, creo que si no hay dinero para establecer un sistema de alta dirección, de superintendencia o como se le quiera llamar, con personas expertas que claramente tendrían que formarse porque son muy pocas, creo que la alternativa de los fiscales judiciales es buena.
-¿Por qué?
Aunque habría que prepararlos, ya que están más enfocados en temas penales y esta es una materia completamente nueva, tanto penal como disciplinaria. Pero no están especialmente preparados. Son relativamente pocos en Chile, serían menos fiscalizadores de los que tenemos actualmente, pero podría ser más eficaz esa fiscalización en la medida en que tengan esa preparación previa.
-¿Qué es lo bueno que usted ve?
Todos los fiscales judiciales que hay en todas las cortes del país tienen un solo jefe, el fiscal de la Corte Suprema. Entonces ahí se podría dar una dirección, pero tendría que tener facultades de dirección general, dar instrucciones, generar jurisprudencia administrativa obligatoria para los funcionarios, unificar criterios y proporcionar pautas de fiscalización que sean observadas por todos de la misma manera. Eso es bueno, ya que se genera una sola línea para resolver los problemas concretos que la gente enfrenta a diario.
-Y en relación con el término de que el cargo sea vitalicio para los que siguen bajo esa normativa, ¿está de acuerdo?
El carácter vitalicio de estos cargos terminó en 1995, pero se ha interpretado esa ley como que las personas que ya habían ingresado a la carrera conservan su carácter vitalicio, incluso si los nombran en un cargo distinto después. Cosa que creo que sería posible revisar, porque si me nombran con un estatuto legal mientras mantengo ese cargo, mantengo el estatuto legal; pero si me voy a otro cargo, lo lógico es que pierda el estatuto que tenía anteriormente.
Conservador de Santiago
-Se ha propuesto en otros proyectos la división del Conservador de Santiago. ¿Está usted de acuerdo?
Hay muchas cuestiones absurdas en el sistema notarial y registral chileno que nadie se detiene a pensar y corregir, y que no cuestan nada. Una es el hecho de que exista un Conservador de Bienes Raíces del tamaño del de Santiago. Otra es que cuando se dictó la ley correspondiente, en lugar de dividirlo territorialmente como se han ido dividiendo todos los conservadores a lo largo de todo el país, se dividió por funciones. Esto es la aberración más absoluta desde el punto de vista técnico.
-¿Por qué?
Una escritura de compraventa con un préstamo de un banco, y por ende con hipoteca, va al conservador de propiedad (teóricamente, porque no sé cómo trabajan ahí adentro) y califican la compraventa. Después viene el conservador de hipotecas que califica la hipoteca, y luego el de prohibiciones califica la prohibición que se pactó en ese título. Entonces, un mismo título pasa por tres funcionarios distintos. Esto es absurdo, ineficiente y no tiene sentido técnico; en ninguna parte del mundo se hace esto.
-¿Cómo hacerlo para dividir o ordenar?
Con el sistema registral que tenemos actualmente, que es en función del dueño de la propiedad (compro e inscribo a mi nombre), luego cuando vendo, se hace una nueva inscripción enlazada con la mía, con los antecesores y con los que vengan después, pero en un mismo tomo hay inscripciones de distintas comunas y lugares. Entonces, no es tan fácil decir “lo divido, estas comunas se van para otro conservador”, y viene el nuevo y se lleva sus inscripciones. No se puede porque están empastadas con todas las otras, de otras comunas.
-¿Y cómo se podría hacer?
Lo estoy sufriendo en carne propia porque con el decreto 1515 de un ministro anterior de Justicia se crearon conservadores y notarías indiscriminadamente en todo Chile. Al dividirse, el conservador tiene que trasladar la inscripción al conservador nuevo. El propietario tiene que venir, pedir toda la documentación, estudiar toda la historia de la propiedad, emitir la documentación y llevarla al conservador nuevo para su nueva inscripción.
-¿No podría hacerse un archivo común?
A nadie se le ocurre. Lo he pensado, y esa es la forma de hacerlo en Santiago y en todas partes. (…) A los nuevos conservadores se les debería obligar a funcionar en un solo edificio para que los libros estén en un piso común de todos los conservadores. Cuando necesiten hacer una transferencia, van a ver los libros o digitalizan la inscripción, pero en este espacio común. Un conservador por comuna en Santiago, porque cualquier comuna atendería a más personas que yo en Rancagua. Pero al momento de practicar la primera inscripción, va formando su propio archivo. Lo que hay que tener siempre claro es que en materia registral, los plazos no se rigen por el calendario o por el reloj, sino que son a la vuelta de muchos decenios, donde la cosa queda establecida y bien.
