1.070 extranjeros fueron expulsados del país en el año 2022. El número, si se compara con el de 2021, se traduce en un aumento del 15%, donde predominaron las judiciales, mientras que las administrativas, que firma el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), van a la baja, pasando de 246 a 31.
Para analizar lo que ha sido la política migratoria de la administración de Gabriel Boric, Mijail Bonito, exasesor en la materia del gobierno de Sebastián Piñera, y miembro junto a José María Hurtado del estudio Hurtado y Bonito Abogados, con especialidad en temas de extranjería y migración, señala que las cifras del 2022 “son vergonzosas”.
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Bonito, quien participó en la redacción y discusión de la nueva Ley de Migraciones, cuestiona la comparación realizada por el Ejecutivo con los años de pandemia, y dice que la cifra debería medirse con los años 2018 y 2019. “Hay otro tema de mucha preocupación que es la expulsión administrativa que solo fueron 31 personas”, alerta.
– ¿Qué le parecen las 31 personas expulsadas por vía administrativa?
Me parece que es básicamente no cumplir la ley. (…) La (expulsión) administrativa es el proceso que hace el Ejecutivo a partir de infracciones muy graves a la Ley de Extranjería. Lo que se priorizaba en años anteriores eran aquellas personas que se descubría que tenían antecedentes penales en sus países de origen. No tenían ninguna residencia en Chile, por lo tanto acá el sistema no refleja ningún tipo de antecedente.
– Desde el Servicio Nacional de Migración explicaron que han firmado más de 1.700 inicios de procedimiento de expulsión administrativa, y que la policía no ha podido materializarlas todas por la ley que se aprobó a inicios del año pasado…
Son dos cosas totalmente distintas. En Chile hay personas que tienen expulsiones dictadas hace 5 años o más, pero lógicamente como no se puede expulsar a 100 mil personas al año, se prioriza en base a la peligrosidad del expulsado. De años anteriores hay a lo menos entre 5 mil y 8 mil expulsiones ya dictadas, notificadas, listas para ser ejecutadas. Este gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para materializarlas y se escuda en que la ley tiene una doble notificación.
– ¿La nueva ley hace que el proceso sea más lento?
El proceso es más riguroso en términos de defensa de derechos fundamentales. Por lo tanto, el proceso es un poco más engorroso en el tema de notificación.
– ¿Se podría modificar eso?
Sí, perfectamente se puede modificar ese articulado de la ley. Pero igualmente tienes miles de expulsiones que vienen de antes, que no has ejecutado porque simplemente no has querido materializarlas. Pero si es por las modificaciones legales, yo creo que es la primera vez que un gobierno va a tener la capacidad de contar con prácticamente todo el parlamento a favor para aprobar esto. Pueden hacerlo con urgencia ahora ya, pero en efecto no han querido expulsar a toda la gente que sí tiene las notificaciones.
– ¿Por qué cree que no lo han querido hacer? ¿Se puede no realizar una expulsión si ya está firmada?
Simplemente no la ejecutan. El Ejecutivo no está ejecutando los procesos. 31 expulsiones administrativas es en la práctica una declaración de principios.
– ¿Sirve de algo la propuesta del director Thayer de solicitar al Congreso que Carabineros también participe en el proceso de notificación para acelerar el proceso?
Está bien, aunque creo que es un error profundo recargar aún más a esta institución con tareas de notificaciones. Lo correcto sería que Carabineros en controles de identidad pudiera controlar estatus migratorio, tomar datos y remitir antecedentes a la PDI y si hay expulsiones vigentes, detener y entregar a PDI para su materialización.Pero son cosas muy distintas. Efectivamente en la ley hubo tantas trabas sobre todo establecidas por el actual gobierno, por los diputados que ahora son ministros del actual gobierno, y como tenían mayoría votaban en consecuencia. La doble notificación se soluciona, rápidamente, si se pone suma urgencia y se modifica en el Congreso ese artículo.
Expulsiones administrativas
– ¿Cómo funciona la ley actual para realizar una expulsión administrativa?
Primero, si decides que vas a expulsar a una persona le notificas y así él puede defenderse en un tiempo determinado. Se resuelve que la decisión final es que será expulsado y debe notificarse. Esa sería la doble notificación y efectivamente podría ser un problema, pero la verdad es que mejora el debido proceso. El verdadero problema es que hay miles de personas con procesos completos y no se materializa la expulsión ni se trata de ubicarlas… Entonces, el gobierno actual se escuda en esto, que es algo que se dieron cuenta después y que está operando hace menos de 1 año.
– ¿Podrían haber sido más de 31 personas fácilmente?
En 2019 nosotros expulsamos administrativamente a más de 400 personas y nos criticaron muchísimo. Nos llevaron, como Estado, a una sesión dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias que habían hecho el SJM y varias universidades, justamente, por cumplir las expulsiones.
Modo de actuar
-¿Cree que esta cifra da cuenta de la forma de pensar de algunos miembros del gobierno más que errores en una legislación?
Cuando tomas la decisión de no utilizar aviones de la Fuerza Aérea, de los aviones que ya estaban arrendados previamente en una licitación, no utilizarlos y cuando tienes 31 personas expulsadas administrativamente, que es la expulsión real ejecutada, en todo un año, significa que no tienes voluntad política, ya sea por temas ideológicos, o por lo que fuere de realizar las expulsiones.
– ¿Qué cree que hay detrás?
Efectivamente eso tiene que ver con el discurso del Servicio Jesuita Migrante que hoy día está asesorando a La Moneda en esta materia, tiene que ver con el discurso del propio director Thayer durante los años que nosotros fuimos gobierno y antes. Y tiene que ver con el discurso ideológico que Apruebo Dignidad ha tenido sobre la materia desde el año 2017-2018.
– ¿Pero no le sorprende las decisiones tomadas?
Ellos están haciendo lo que prometieron hacer. Yo no sé de qué nos asombramos si el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer.. Ante las circunstancias, culpan al artículo 125 de la ley (notificación)… Nosotros no teníamos los votos en el Congreso, ellos los tienen, porque la centro derecha va a apoyar cualquier modificación que se genere en la Ley de Migraciones que sea para bien y para tener más control y seguridad. Es obvio, pero ellos se opusieron a todas.
– ¿Cuál es el problema de su modo de actuar?
El problema real es que no se cumple la ley. El gran tema de la migración hoy es el ingreso clandestino; y ahí donde uno tiene que apuntar el trabajo. (…) Recién ahora, cuando por muchos años estuvieron en contra de toda medida que tuviera que ver con el control y la regularidad de la migración, quieren establecer medidas que ya ellos incluso votaron en contra en la Cámara de Diputados y que incluso llevaron al Tribunal Constitucional. Aquí lo que pasó es que el gobierno actual cuando era oposición, más el Servicio Jesuita Migrante, más el INDH nos hicieron retroceder 4 años de política migratoria.
Compromiso Transversal
– ¿Por qué retrasaron la política migratoria en cuatro años?
Porque hoy día están planteando en el “Compromiso Transversal” de la mesa de seguridad, medidas que ellos ya votaron en contra y que incluso llevaron al Tribunal Constitucional. Y las están planteando para hacerlas ahora. Entonces es un retroceso de 4 años.
– ¿Es creíble que ahora las quieran implementar?
No lo sé.
– ¿Qué medidas plantean que le llamen la atención ?
Hay una medida que se llama capacidades especializadas para el personal de las policías y de las fuerzas armadas a cargo del control de la frontera. Dice que “se estudiará en una mesa de trabajo con parlamentarios y Ejecutivo. Presentarán propuesta a finales de mayo. Cuando pones a militares en la frontera tienes la necesidad de que la persona no traspase la barrera militar, pero si el militar no tiene la facultad para impedir que la persona traspase se convierte en un Uber. La persona traspasa, le dice ok estoy en Chile, el militar lo único que podrá hacer es llevarlo a la PDI para que se autodenuncie. No es más que un Uber, es un incentivo.
– ¿Y cuál otro?
Segundo, la reconducción inmediata es un instrumento de la nueva ley que no existía antes, que cuando se sorprende a una persona ingresando clandestinamente o utilizando documentos falsos, lo detienes, lo llevas al control migratorio más cercano y lo devuelves a las autoridades del país desde el cual está atravesando hacia Chile. Bolivia le dijo a las autoridades que no iba a recibir a aquel que no fuera boliviano, pero eso evidencia de un problema desde el punto de vista diplomático bastante más grande.
– ¿Cuál sería?
Los migrantes que llegan través de Colchane, atravesaron toda Bolivia para llegar a Chile. Por lo tanto, el gobierno Boliviano permite que su territorio, sea territorio de tránsito.. Eso es derechamente un acto desleal con su vecino. Saben que estas personas llegan a Chile y son traficadas porque nadie viene caminando desde Venezuela. Las personas pagan por que las traigan. El gobierno Boliviano permite esto y, además, cuando llegan a Chile y se intenta reconducirlos a la frontera por donde entraron, Bolivia no los acepta por no ser bolivianos.. El gobierno de Chile lo único que hizo, a través del director del Servicio, fue dictar una resolución suspendiendo la ejecución de ese artículo de la Ley con personas no bolivianas.
– ¿Qué opina de esa resolución?
Primero, creo que es ilegal porque una resolución no tiene ninguna fortaleza sobre una ley. Segundo, es como rendirse antes de dar la pelea, aquí hay que apretar al gobierno Boliviano. Lo que hacen es un acto agresivo, de muy poca amistad.
Lo que propone este gobierno es intensificar el trabajo consular con Bolivia e incluir al Parlamento Andino. Es amateurismo que lleven el problema de la reconducción de la frontera con Bolivia al Parlamento Andino.
– ¿Por qué?
Porque el Parlamento Andino no tiene ningún nivel de resolutividad, nada. Es un órgano consultor donde van los parlamentarios de la región, pero jamás de ahí va a salir una solución desde el punto de vista ejecutivo..
– ¿Es una medida un poco simbólica?
No, no es simbólica. Simbólico fuera decir, vamos a discutir entre presidentes, pero llevarlo al Parlamento Andino es inocuo.
– ¿Plantean algo más?
Están presentando una modificación a la ley 20.430, de protección a los refugiados, para hacer análisis previo antes de ser reconocido como solicitante de refugio para que no se burle la política migratoria por ese lado y eso es algo que nosotros planteamos hace mucho tiempo e incluso reversaron una modificación al reglamento que hizo el gobierno anterior que iba en ese sentido apenas iniciada la nueva presidencia. Y también nos llevaron a la Corte infinidades de veces. (…), ellos mismos. Lo que estaban planteando era que ingresaran en calidad de refugiados. El nivel de hipocresía es brutal. Con las nuevas medidas que están planteando, que se opusieron a todas en su minuto, se demuestra que lo que han hecho es retrasar durante 4 años la política migratoria. Si esas medidas hubieran sido aprobadas en su minuto, hace varios años, estaríamos hablando de otra cosa. Le cortaron las herramientas al Estado de Chile.
– ¿Qué efectos puede traer estos 4 años atrasados en política migratoria?
Es una situación que afecta no solo a los chilenos, afecta también a los migrantes que han hecho las cosas bien por muchos años porque la xenofobia no distingue eso. Se produce cuando hay irregularidad migratoria, cuando hay descontrol migratorio y cuando hay competencia por bienes y servicios primarios como en los cesfam. Nadie es xenófobo per se y lo advertimos por mucho tiempo a quien quiso escuchar.
