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Fiscal regional de Tarapacá: "No tenemos cómo hacer cotejo de huellas digitales de indocumentados"

Domingo 05 febrero de 2023 | 06:02

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Archivo | MP | Edición de Cony Escobar (BBCL)

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, analiza -en diálogo con la Unidad de Investigación de BioBioChile- las dificultades de la persecución penal cuando se trata de investigaciones con imputados indocumentados. Las complicaciones vienen cuando no alcanzan a ser detenidos en flagrancia, asegura. Además, habla sobre una preocupante cifra: un 35% de fiscales reconoce haber sido víctima de amenazas y advierte sobre los problemas de coordinación con algunos de los países vecinos.

La región de Tarapacá ha acaparado portadas y espacios en los noticieros durante las últimas semanas por un dramático registro: sólo durante enero de este año hubo 11 asesinatos, un número dramático de estos sucesos que genera temor a la ciudadanía y preocupa a las autoridades. ¿Podría la región terminar el año con una cifra récord de homicidios?

El ahora fiscal preferente para investigar los últimos homicidios ocurridos en esa zona también entrega algunas claves de cómo han logrado sortear las complicaciones. Esto, pese a la casi nula colaboración de algunos países vecinos de donde provienen las personas que ingresan ilegalmente al país.

“Ya el peruano y boliviano es para nosotros más conocido, pero a nivel de otras nacionalidades a veces esto se complica”, cuenta Arancibia a BBCL Investiga.

El fiscal valora las gestiones del Gobierno durante los últimos meses. Asegura que desde el Ejecutivo ha existido “una preocupación permanente” por la situación en la región de Tarapacá.

De paso, se pronuncia sobre las amenazas a los fiscales que indican que un 35% de ellos reconoce haber sido víctima de esa situación.

Junto con asegurar que se trata de una situación grave, advierte que los fiscales no pueden “seguir pensando que estas cosas no nos ocurren a nosotros (…) los tiempos cambiaron”, haciendo un llamado al autocuidado.

Perseguir a un “nn”

-Durante los últimos años Tarapacá ha sido foco de migración irregular ¿Significa una dificultad extra lidiar con un número importante de imputados que son extranjeros? ¿Qué pasa cuando no son detenidos en flagrancia?

Sin duda ese es un grave obstáculo, lo sufrimos permanentemente por la cantidad de extranjeros indocumentados que circulan en la región y también la cantidad de extranjeros que ha cometido delitos o se ve involucrado en delitos.

En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho, primero tenemos el problema de que si no es flagrancia, como dice usted, donde tenemos a la persona que está en ese momento cometiendo el delito o lo acaba de cometer, si tenemos que hacer una investigación. Bueno, ahí se recurre a distintos elementos: están las cámaras de seguridad, eventuales testigos, redes sociales, etcétera. La búsqueda es mucho más difícil porque incluso eventualmente podríamos tener huellas digitales, pero no tenemos cómo compararlas con alguien. No tenemos cómo hacer un cotejo de huellas cuando esas huellas no están registradas en nuestro país.

Entonces, el obstáculo es muy grande, es muy difícil de superar, muchas veces, y esa es una de las cosas que probablemente impide solucionar algunos casos que tenemos pendientes. Ahora, una vez que la persona está detenida, ya sea en flagrancia o por otra circunstancia, nosotros lo que hacemos es tomarle el registro de la huella dactilar, los diez dedos, más el registro fotográfico y todo lo demás. Y toda esa información se envía al Registro Civil, a fin de que se registre en nuestra base de datos, pero eso fuera de las huellas, los datos, de la identidad de la persona, van a ser lo que ellos digan.

Porque muchas veces no tenemos cómo. A veces andan con documentación, pero esa información puede ser falsa o a veces uno los encuentra con varios documentos de identidad distintos, eso también nos ha tocado… o sin ningún tipo de documentos. De tal manera que al final de cuentas ellos eligen un nombre, lo dicen y así queda registrado y probablemente en ocasiones va a quedar condenado una persona con un determinado nombre que no necesariamente va a ser el verdadero.

-¿Se dificulta comprobar la identidad de una persona que ingresa irregularmente y comete un delito?

Desde luego, es muy difícil porque hay países con los cuales tenemos una colaboración más fluida y otras con las que no hay ninguna, o muy lenta de que llegue la información correcta, y eso tiene mucha importancia, porque no es sólo la identidad, sino que también están los antecedentes previos que tiene esa persona que puede haber cometido, que sé yo… incluso homicidios en otro país que nosotros no tenemos conocimiento.

-¿Con qué países de la región han tenido mejor y peor coordinación para acceder a antecedentes?

La verdad es que en términos generales con todos los países de la región no es fácil esta colaboración, con algunos más por supuesto. Con Perú tenemos una buena comunicación, Colombia es un poco más difícil, con Venezuela no hay ninguna comunicación en este sentido, ninguna. No tenemos respuesta a nuestros requerimientos, incluso homicidios.

Y con Bolivia a veces también es complicado, lo que pasa es que en el fondo existen dos tipos de comunicación, la comunicación oficial, a través de un requerimiento internacional de información, y también está la comunicación extraoficial por conocimientos que tiene uno en la policía o con algunos funcionarios del extranjero donde uno ha ido estableciendo contactos y algunas relaciones que permiten mandarle un WhatsApp o un correo electrónico y a veces nos pueden ayudar.

En general, es un tema lento, difícil y que muchas veces no va con los tiempos judiciales. A nosotros se nos fija por el tribunal un tiempo determinado de investigación y muchas veces dentro de ese plazo de investigación no vamos a tener la respuesta del país extranjero al que hemos mandado a pedir.

-¿Ocurre frecuentemente que tienen imputados extranjeros y desconocen su nacionalidad?

Sí, porque aunque ellos nos digan “mire, yo soy colombiano” en realidad podría ser venezolano o viceversa. A veces su forma de expresarse o físicamente pueden ser muy similares, también con un ecuatoriano podría pasar. Ya el peruano y boliviano es para nosotros más conocido, pero a nivel de otras nacionalidades a veces esto se complica.

Entonces, al final, ante la imposibilidad de tener certezas sobre su identidad, nacionalidad e incluso su edad, optamos por inscribirlo de acuerdo a la información que él mismo da. Pero lo importante son las huellas que quedan registradas, entonces si esta persona vuelve a salir al país y luego ingresa con otro nombre y vuelve a cometer un delito, ahí si va a saltar que se trata de tal persona, que ya fue inscrita como “Pedro Pérez”, aunque hoy día se llame “Carlos Álvarez”.

-Además de la toma de huellas digitales a imputados, ¿qué otra medida ‘clave’ están poniendo en práctica?

Esa es la fundamental, nosotros nos hemos dado cuenta que no es una fórmula que se aplique a todo el país, la verdad es que nosotros (la aplicamos) probablemente por la cantidad de extranjeros que hoy día caen detenidos.

Primero que nada nosotros optamos, en términos generales, a pasar todo extranjero detenido a control de detención. Optamos por hacer eso porque, bueno, es una forma de registrarlo, porque por lo menos el tribunal de garantía de Iquique no recibe detenidos que no tengan su ficha ya tomada y que se hayan mandado a pedir un RUN provisorio para ellos.

Entonces, eso nos obliga a hacerlo y todo detenido pasa a control de detención en términos generales. En segundo, quizás la toma de la huella más la fotografía y todo lo demás que se envía al Registro Civil. Pero me imagino que no en todos lados (en otras regiones) lo hacen así y muchas veces si el delito no es un delito muy serio, las personas quedan apercibidas y en libertad. Nosotros, no.

-¿Eso es algo específico de la Fiscalía Regional de Tarapacá?

-¿Usted hace la diferencia con lo que ocurre en la región de Antofagasta?

Desconozco exactamente lo que ocurre en Antofagasta en esta materia, pero sí en un momento determinado, el año pasado a propósito de un estudio que se estaba haciendo y yo fui entrevistado, yo dije esto mismo y se sorprendieron porque no se hacía así en otras partes del país.

Entonces aquí es un protocolo o una forma de actuar que establecimos con el Tribunal de Garantía: todo extranjero que pase a control de detención va con su registro efectuado y en trámite de RUN.

Trabajo con autoridades

-¿Cómo ha sido el trabajo y coordinación con el nuevo fiscal nacional?

Al asumir el nuevo fiscal nacional, para nosotros también había cierta incertidumbre, porque era una persona que venía… si bien es cierto, había pertenecido al Ministerio Público, ya hace muchos años que estaba en la esfera privada.

Sin embargo, yo ya he tenido oportunidades de estar con él en varias ocasiones. De hecho, vino a la cuenta pública mía el 24 de enero a Iquique. Estaba muy interesado en conocer la realidad local, sobre todo con el tema del crimen organizado y todo lo que nosotros venimos denunciando en Tarapacá desde hace tiempo.

Él conoció la realidad local, tuvo la oportunidad de ir a Alto Hospicio…. conocer la realidad de allá. Recorrimos la ciudad, vimos los lugares más vulnerables, las tomas, etc. Se le hizo una exposición también con todo el desarrollo que ha tenido Alto Hospicio en cuanto a crecimiento urbano, como también poblacional en base a estudios que se manejan en ese sentido.

Todo para que él tuviera el conocimiento de que estamos hablando de que hay 180 mil habitantes en Alto Hospicio. Él lo vio en directo, porque recorrimos juntos la ciudad. Era muy importante ese conocimiento directo, porque así uno se da cuenta de la realidad, sino son estudios que uno puede leer en Santiago, pero no es lo mismo.

Yo tengo muchas esperanzas de que él tome decisiones rápidas, o a la brevedad posible dentro de toda la instalación de su administración, que vengan en ayuda de nuestra situación regional que es bastante desnivelada sobre todo en dotación.

-¿Apunta a la inyección de recursos?

Efectivamente.

-¿Y la coordinación con el Gobierno?

Sí ha habido un interés permanente, este año sobre todo… me refiero en los últimos meses a medida que la situación se fue complicando en la zona ha habido una preocupación del Gobierno a través del Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y el delegado presidencial regional en Tarapacá a fin de aportar en lo que está a su alcance para combatir todo esto, tanto en la Fiscalía como en las policías.

Cifras dramáticas

-Los 11 homicidios de las últimas semanas son una preocupación latente para ustedes. ¿Qué mensaje se puede entregar por el temor que siente la ciudadanía?

Generalmente todo este temor se refleja muchas veces en el delito de homicidio que es el delito más grave por excelencia…. y cómo también ha ido a la gente alarmando mucho, no sólo la cantidad de homicidios, sino que algunos de ellos han sido cometidos en lugares de Iquique donde antes era impensable que ocurriera un homicidio en la vía pública.

Claro, un homicidio a las cuatro o cinco de la mañana puede ocurrir en cualquier lugar. Pero que hayan sucedido homicidios a plena luz del día en pleno verano, en sectores muy concurridos y muy turísticos de la ciudad ha sido algo muy sorprendente y muy negativo para la percepción de la población.

Amenazas a fiscales

-Un 35% de fiscales reconoce haber sido amenazado ¿Qué balance hace sobre esta materia en la zona?

A lo largo del tiempo muchas veces han existido ciertos problemas. A veces uno ha sido insultado o blanco de amenazas que le tiran así al pasar a la salida de alguna audiencia… yo mismo he sufrido alguna cosas de ese tipo saliendo de un juicio oral, la familia no cierto… cosas así. Esas amenazas ocurren y uno está preparado para ellas. No es que sean agradables ni mucho menos, pero uno entiende que pueden darse.

Hay otro tipo de amenazas que podrían ser más serias si se demuestra algún ánimo real de causar un daño a un fiscal o a la fiscalía. Ese tipo de amenazas no son tan comunes, pueden ocurrir por supuesto. De repente en redes sociales se leen algunas cosas…

Pero a mí me preocupan más aquellas amenazas que no existen, o sea, que no se verbalizan.

El año pasado en Sudamérica fueron asesinados cinco o seis fiscales de distintos países, algún caso bastante connotado como el del señor Pecci de Paraguay y otros más en Centroamérica. Esto demuestra que el crimen organizado transnacional es una realidad, está en Chile, está en los países vecinos y que, en determinados momentos, podrían tomar alguna acción de este tipo…. cosa que obviamente ojalá nunca nos suceda, pero no podemos negarnos a que puede suceder.

Desde ese punto de vista eso nos obliga a tener precaución, a tomar ciertas medidas, a que el Ministerio Público adopte medidas de seguridad tanto en sus dependencias, como respecto de su gente. Todo eso está funcionando y la gente (los fiscales) tienen que tomar consciencia de que tienen que cuidarse, o sea, uno no debe exponerse innecesariamente o por seguir llevando su vida normal… no. Uno (como fiscal) debe tratar de ser más cuidadoso.

-¿Se refiere a los fiscales o a la ciudadanía?

Yo me refiero a los fiscales. Ahora la gente en particular también. Hemos visto casos como el del otro día cuando hubo un crimen donde murió una mujer que estaba en un sector solitario en Alto Hospicio, dentro de un auto a las cinco de la mañana. Evidentemente que ahí hay una exposición también al riesgo. No justifica de ningún modo lo que ocurrió, porque fue un robo con homicidio…. pero la situación está un poco peligrosa y uno también tiene que tomar resguardos en general digamos, ¿no cierto?

Por mucho que uno estime necesario que haya más presencia policial, que hayan más recorridos… hay horas y sectores que son más peligrosos que otros.

-Hay vehículos blindados para fiscalía en Arica, ¿qué le parece esa medida?

La Fiscalía de Arica obtuvo a través de un proyecto la posibilidad de comprar dos vehículos blindados. Yo los conozco, los he visto… son imponentes. Son autos de modelos conocidos, pero que tienen un blindaje en los vidrios y en toda la caparazón está blindada.

A la gente le podría parecer un poco exótico, sin embargo en otros países ya es una realidad. La otra vez leía por ahí que la fiscalía de Colombia tiene más de 200 vehículos blindados.

Aquí Arica tiene dos, pero yo creo que a la larga va a ser una necesidad porque esta cosas se puede ir complicando y todo lo que sirva para resguardar la vida del fiscal.

No estoy hablando solamente del trayecto entre la oficina y la casa. También hay que ir a sitios del suceso a veces en horas complejas. Desplazarse a distintos sectores en momentos difíciles, entonces no está demás eso. No resulta para nada descabellado.

No podemos seguir pensando que estas cosas no nos ocurren a nosotros… Nosotros tenemos la tendencia muchas veces de creer eso, pero ya los tiempos cambiaron.

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