El avance del crimen organizado está a la vista. El aumento de homicidios con imputado desconocido, la frecuencia de hechos de sangre en las calles y la llegada de grupos internacionales ha puesto en alerta a las autoridades. Y también a los fiscales del Ministerio Público, quienes son los encargados de investigar y desarticular dichas organizaciones delictuales.
Al interior de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) hay preocupación, y se lo han hecho saber a las máximas jerarquías de la institución. Una consulta de opinión de la misma ANF reveló que una cifra no menor de persecutores han sido víctimas de amenazas a raíz de su cargo o por investigaciones asignadas. Los grupos criminales en Sudamérica han dado muestras de su poder.
La fiscal Alejandra Godoy Ormazábal, secretaria general y encargada de seguridad de la Asociación Nacional de Fiscales, en entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, aborda la inquietud que existe entre sus pares respecto a la seguridad de los persecutores. Antecedentes hay. Un número no menor de funcionarios reveló haber sido víctima de amenazas en el país, tras una consulta de opinión de la ANF.
“Uno sabe que la función tiene cierto riesgo”, dice la abogada, quien actualmente funge como fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Ñuñoa, especialista en delitos económicos y corrupción. No obstante, sostiene que en este último periodo “estamos en una situación de riesgo mucho más real”.
-¿Lo han conversado con el nuevo fiscal nacional?
El lunes estuve con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y conversamos de este tema de seguridad fiscal. Sabe que soy la encargada nacional de seguridad y me lo dejó muy claro. Me dijo: “Alejandra yo no quiero que nazca una ley con el nombre de un fiscal porque mataron a uno”.
-¿Se acercaron también al exfiscal nacional Jorge Abbott?
Nosotros le mandamos una carta el 6 de julio del año pasado, alertando de esta situación cuando ya habían asesinado a cuatro fiscales en Latinoamérica. Luego de eso hubo dos muertes más. En un periodo de 5 o 6 meses asesinaron a seis fiscales en la región que estaban llevando investigaciones de narcotráfico, crimen organizado, armas. De hecho el fiscal paraguayo que murió en Colombia que estaba de luna de miel, que fue el primero, él tenía la investigación más grande en contra de cigarrillos falsificados.
-¿En el último año se generó un cambio en el Ministerio Público donde las amenazas a fiscales comenzaron a ser una preocupación?
Abordamos el tema derechamente porque nosotros no contamos con medidas de seguridad que realmente sean efectivas. No tenemos acceso diferenciado para las salas de audiencias, no tenemos preparación en el uso de armas -que muchos fiscales no la quieren pero otros sí-. Tenemos falencias en temas de seguridad. Yo también estuve amenazada durante un buen tiempo, con custodia policial como 10 meses. Es muy incómodo, además te afecta tu vida personal, familiar, etc. La verdad es que este último tiempo lo abordamos como una preocupación porque veíamos que habían situaciones de riesgo real respecto de algunos compañeros, incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado y por razones obvias no puedo entregar mayor información.
-¿Pero existía algún tipo de protocolo?
Vimos que tampoco desde la Fiscalía Nacional existían protocolos de seguridad porque la visión que existía, antes de la llegada del fiscal Valencia, veía el tema de seguridad desde un punto de vista que ellos llamaban “integral”, pero no distinguían entre la seguridad de los funcionarios, la de los edificios o la de los fiscales. Seguridad era como un concepto completo. Tenían funcionando una “mesa de seguridad” pero que involucraba sin distinción alguna entre fiscales y el resto de los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público.
-¿Por qué no debería ser así?
Sin querer desmerecer en absoluto el trabajo arduo que realizan los funcionarios del Ministerio Público, lo cierto es que la cara visible en las audiencias cuando tu estás condenando a alguien a 20 años, cuando estás pidiendo prisión preventiva para una persona, cuando estás alegando en la Corte, la familia a quien identifica es al fiscal. Nosotros damos la cara, eso es algo que se trató de instalar en distintas reuniones, que la institución haga esa distinción.
-¿Qué le pareció el anuncio del fiscal Valencia sobre la “unidad de investigación” para víctimas de amenazas?
Relevo mucho y salí gratamente esperanzada de la reunión del día lunes con el fiscal Valencia porque me tocó ir a ver la situación de los fiscales de Alto Hospicio, por razones de seguridad no puedo decir el detalle, pero la situación es compleja. Al día siguiente de la reunión con el fiscal Valencia, donde le entregue la carta enviada al exfiscal nacional anterior, haciéndole un pliego de peticiones, y él fue a Alto Hospicio. Evidencia que el fiscal nacional entrante está muy consciente de que este es un problema y entiende la diferenciación que nosotros como fiscales planteamos a la institución porque de verdad puede pasar algo con algún compañero y no queremos. Esto lo estamos diciendo hace rato y precisamente: ¿Quién responde si en Chile le pasa algo a un fiscal o matan a un fiscal? ¿Responde el gobierno? ¿El fiscal nacional? ¿Quién se hace cargo de la familia que queda? Si nosotros no lo alertamos desde antes, y es lo que vengo diciendo hace meses, que alguien se haga responsable de esto.
-¿Pero están satisfechos con la medida anunciada por el fiscal nacional?
Lo considero una excelente medida, se lo dije el día lunes. Me parece que él ya no quiere preocuparse sino que ocuparse del tema. Le dije que yo lo recibía con harta esperanza porque esto habla de amenazas no solo contra fiscales sino que también con autoridades. Personas que están expuestas. Lo mismo que pasó con el policía de investigaciones la semana pasada.
-¿Han tenido reuniones con otras autoridades para hablar del tema?
Pedí el año pasado una entrevista con el Ministerio del Interior pero no tuve respuesta. Precisamente para plantear este tema de seguridad y eso fue después de que fui a Alto Hospicio a ver las condiciones de seguridad de los compañeros que están allá. Es una fiscalía que partió con cuatro fiscales cuando Alto Hospicio tenía una población inferior a los 20 mil habitantes, hoy está por sobre los 160 mil habitantes y sigue teniendo cuatro fiscales.
-¿Cuál es la situación actual en el norte de Chile?
El nivel de violencia que existe en el norte del país hace 10 años atrás no existía. Los delitos han variado en complejidad y violencia de manera sustancial. Pude de alguna manera hacer algunas tomas, grabar un poco, de cómo era el ingreso del Tren de Aragua porque no puedes entrar, hay unas trincheras, luego viene un espacio de desierto, son como hoyos con alambre de púa y luego después viene la toma La Mula. Ni siquiera con drones puedes controlar lo que pasa adentro porque tienen tapado el cielo en algunas partes. Tienen cancha de fútbol con pasto natural y no hay agua en Alto Hospicio. Me reuní con el alcalde, el presidente de la Corte de Apelaciones de Iquique, con el fiscal regional, para ver la situación delictual y es francamente preocupante. Es más que preocupante, diría que hay que tomar acciones y rápidas. Esto también, el fiscal regional de allá, Raúl Arancibia, lo viene diciendo hace mucho tiempo.
-¿Por qué cree que las autoridades no han tomado medidas? ¿No toman el peso de lo que sucede en el norte?
No. No diría eso. Quizá no conocen bien la realidad, puede ser. Solo te podría entregar respuestas hipotéticas porque pedí una reunión que no tuve respuesta, quedó en el aire y era precisamente para plantear esto. Uno que ya es fiscal hace tanto años y que ya ha pasado por todo, todas las especialidades, tipo de delito, ve que en esa zona la dotación que hay no solo de fiscales porque al menos, estuve allá en septiembre-octubre del año pasado, y me encontré con una realidad tremenda, no solo hay cuatro fiscales para una población gigante, además que la mayoría de ellos ilegales. Cuando estuve allá, hubo un incendio y murieron 9 personas en la toma de los ecuatorianos y no se sabía quienes eran porque todos eran ilegales. No se sabía nada y te dicen ya resuelva usted fiscal este tema.
-¿Pero hay más apoyo de otras instituciones?
Hay cuatro fiscales y te encuentras que la Policía de Investigaciones para una población de ese nivel, son 19 funcionarios incluido el jefe. Y había en ese minuto una comisaría de Carabineros con 180 funcionarios. ¿Crees que 180 carabineros, 19 PDI y 4 fiscales pueden manejar la violencia y la cantidad de delitos que se generan en una población de casi 200 mil personas donde casi todos son ilegales?
Custodia para fiscales
-¿Hay una cifra de cuántos fiscales hoy tienen custodia policial porque han sufrido amenazas?
Tenemos antecedentes, sí, pero no puedo entregar información mucho más específica porque nosotros somos un número fijo, si yo digo son 100 o 20 se pueden sacar las cuentas.
-¿Cuáles son los requisitos para entregar custodia para un fiscal?
Hay de todo tipo. Hay fiscales que han sido agredidos en audiencias, en las salas, en la salida. Conozco un caso que trataron de quemar la casa sujetos que tenían prisión preventiva, un fiscal de Aysén. A otro fiscal de la macrozona sur le quemaron la casa, él estaba en una zona y se trasladó a otra por seguridad, y la nueva casa se la quemaron.
-¿La seguridad es también para la familia o solo para el fiscal?
Hay que evaluar el caso y eso implica ver hasta donde se puede extender la amenaza. Hay casos que evidentemente hay que resguardar a tu hijo. Hay casos en que amenazan a tu familia. Hay veces que recibes un llamado y te dicen mire estamos mirando a su hijo, está vestido de tal forma, está jugando a la pelota en la cancha ubicada en tal lugar. Efectivamente sabes que es verdad porque tu hijo está ahí. En ese caso se activan protocolos, llamas al fiscal regional, que manden funcionarios policiales. Pero son situaciones que pasan.
-¿Se ha evaluado la opción de que los fiscales que han recibido amenazas porten armas para poder defenderse?
La verdad es que respecto del tema de las armas tenemos distintas posiciones en el gremio de los fiscales. Hay algunos que sí les gustaría, otros que no. No es un tema que sea para nosotros pacífico por lo tanto no me atrevería a darte una respuesta categórica con relación al uso de armas porque tampoco se justifica en todos los casos. Esos son temas que tenemos que estudiar y conversar con el nuevo fiscal nacional.
Situación actual
-¿Cómo ven la situación en Chile? ¿Realmente un fiscal podría ser asesinado?
No puedo descartar nada porque así como mataron a un PDI la semana pasada, ruego por que no haya sido un fiscal. No podría aventurarme a eso.
-¿Pero podría ser una opción?
Lo que estamos diciendo ahora es decir que aquí hay un problema real que ha ido acrecentando, estamos mucho más expuestos de lo que estábamos antes porque los tipos de delitos han cambiado, la criminalidad ha cambiado. Años atrás si te preguntaban por un homicidio con descuartizamiento, uno pensaba en Hans Pozo, y era portada en los diarios, todo el mundo lo cubría, nos consternó a todos. Hoy día los homicidios por descuartizamiento, por quema, por sicariato, son muy comunes. Ya no son portada de diario, no son cubiertos como lo eran antes. Eso es una criminalidad importanda, lamentablemente. Por eso es que nosotros estamos tratando de encender las alarmas, decir que no estamos tan lejos de que esto pase porque en los países en donde efectivamente asesinan a fiscales está llegando acá ese tipo de delitos. No es aventurado pensar que eventualmente pueda pasarle algo a alguno de mis compañeros o a mí.
-¿Es la llegada de extranjeros y una nueva criminalidad, lo que hace perder el respeto por la autoridad?
Creo que puede ser una mezcla, es mi opinión, no tengo una fuente estadística para poderte decir con claridad. Si miras las cifras indican que…
-¿Es una pérdida de respeto por la autoridad?
Efectivamente. Si matan a un policía, si amenazan a un fiscal, no sé de amenazas a jueces. Por eso celebro la creación de una unidad especial que investigue las amenazas a fiscales y autoridades porque ahí englobas a todos aquellos que estamos al servicio del país en la persecución penal. (…) No quiero que se piense que esta petición o alarma que estamos levantando es ni por exageración y tampoco para tratar de buscar un trato especial, en absoluto, en la medida que nosotros nos sintamos más seguros vamos a poder perseguir con más eficiencia, eficacia y más rigor la criminalidad en el país y detenerla. Este es un trabajo de todos, no es un trabajo solo de los fiscales, solo de los jueces, de la policía, del gobierno.
– ¿Cuál es el llamado?
Aquí todos los que somos servidores públicos que estamos entregados con mucha vocación de servicio a llevar adelante la persecución penal, pero estamos diciendo: “Oiga, al menos en este ámbito en Latinoamérica han asesinado a seis personas por cumplir su deber”. No queremos que en Chile pase porque estamos recibiendo prácticas delictuales que antes en Chile no existían, entonces como vemos que los delitos han aumentado en complejidad y en violencia, vemos que los fiscales estamos más expuestos y eso es lo que hoy día estamos levantando. Y como dice la carta que enviamos al fiscal nacional anterior, nosotros no queremos mártires.
