Más de 1.300 kilómetros separan a la región Metropolitana de Aysén. Esta última, zona donde el abogado Carlos Palma Guerra ejerce desde el 13 de octubre de 2017 como fiscal regional. Con buenos resultados bajo su gestión, y tras presentarse al concurso de fiscal nacional, hoy su nombre es parte de la quina que elaboró la Corte Suprema, la tarde de este lunes, buscando al sucesor de Jorge Abbott. Sacó 7 votos.
21 años de experiencia en el Ministerio Público avalan su candidatura. Fue fiscal regional subrogante en la región del Bío Bío, donde redujo en un 60% los robos, según desclasifica. También fue fiscal en Talca, en la región del Maule. Una de las claves de su éxito como persecutores , según dice, es el trabajo con las comunidades.
En su exposición ante el Tribunal Pleno de la Corte Suprema el fiscal Palma hizo hincapié en el alto número de causas que se archivan, el “altísimo” archivo provisional y cómo busca revertir la situación. De aquí en adelante, la elección entra en la arena política. Y es que comunicada la quina al Presidente de la República, Gabriel Boric, este deberá presentar un nombre al Senado, donde deberá contar con 2/3 de respaldo.
Tras la maratónica jornada de este lunes, el fiscal Palma, en entrevista con Radio Bío Bío, ahonda en los planteamientos con los que busca convencer que su nombre es una buena opción para asumir la Fiscalía Nacional. “Tenemos que enfrentar de manera distinta la criminalidad porque tal cual como se está llevando a cabo evidentemente somos ineficaces”, advierte.
“7 de cada 10 se archivan y tenemos un promedio nacional de 10% de sentencias”
– Existe un consenso general en relación a los malos resultados que ostenta la fiscalía en materia de persecución penal, salvo Aysén, fiscalía que usted lidera. ¿Qué propone para enfrentar esa realidad?
Efectivamente es un hecho cierto y hay consenso en que la eficacia del Ministerio Público en los últimos años ha ido en un proceso decresivo increíble. Nunca en nuestra historia habíamos tenido tanta desestimación temprana. Chile tiene hoy día cerca de un 55% de archivo de las causas, más de la mitad de las causas terminan de esta forma. Santiago, la región Metropolitana, con las tasas más altas de delincuencia del país y los delitos más violentos a los cuales estamos asistiendo, tiene casi un 70% de archivo de sus causas. 7 de cada 10 se archivan y tenemos un promedio nacional de 10% de sentencias. De las causas que se terminan solo el 10% terminan con sentencia, y como usted bien dice, la contraparte es la fiscalía regional de Aysén.
– ¿Y Aysén?
Nosotros tenemos un 23% de archivo, (…) tenemos el porcentaje más alto de sentencias condenatorias del país, el 20% que es el doble. Entonces, hay factores ahí… y lo escuché de alguno de los candidatos, es fácil probablemente trabajar con Aysén, dicen algunos, sin embargo hay que tener muy presente que cuando llegué, o cuando mi equipo llegó a la región de Aysén, era la misma delincuencia, eran los mismos recursos humanos, eran los mismos recursos financieros. Sin embargo la gestión y los resultados no eran los mismos, y por lo tanto lo que está detrás es la forma de enfrentar el problema. La forma distinta de enfrentar el problema (es) lo que marca la diferencia en el resultado, y eso es lo que yo propongo a nivel nacional. Tenemos que enfrentar de manera distinta la criminalidad porque tal cual como se está llevando a cabo evidentemente somos ineficaces.
– ¿Hay alguna receta para buscar mejores resultados?
He estado en tres regiones: en la octava, la séptima y ahora en Aysén, y ya desde el principio nosotros planteábamos formas distintas de trabajar, y en todos los lugares ha dado resultados. Lo que hice en Aysén, ya lo había hecho en la octava región. (…) Mi fiscalía tenía las tasas más altas de homicidio, en la comuna de Coronel, donde yo era fiscal jefe, y la región del Bío Bío era en ese momento la región más grande con reforma procesal del país, y fuimos premiados en 2 años consecutivos con las mejores prácticas.
– ¿Qué hizo?
Hice una forma de trabajo de persecución penal en varios pilares. El primero, obvio, poner en el centro la persecución penal. Aunque suene absurdo, muy de perogrullo, pero si uno mira la política criminal actual del Ministerio Público a nivel nacional pareciera ser que no está tan alineado desde ese punto de vista. Luego, lo que hay que hacer es reenfocar la persecución penal (…) recursos, capacidad humana, habilidades, competencias para la persecución penal. Segundo, para que esta persecución penal sea eficiente se requiere un trabajo interagencial, mancomunado con los distintos servicios, es decir, no puedo pretender tener resultados penales si no trabajo de la mano con la policía, si no trabajo de la mano con el Poder Judicial, con el legislador, con el gobierno, con las autoridades comunales que manejan la realidad del territorio. Tercero, necesitamos realizar un trabajo en persecución penal, siempre pensando en eso, que tenga la base en la convivencia social, es decir, debe estar centrado en la comunidad.
“Volver a construir vínculos de confianza con la comunidad”
– ¿Qué hizo entonces en Bío Bío y en Aysén?
Trabajamos directamente con la gente. Es decir, volver a construir vínculos de confianza con la comunidad, juntas de vecinos, asociaciones de funcionarios, asociaciones gremiales de los distintos sectores. Primero, ahí se comete el delito, son víctimas, y además manejan la información. Nosotros en la región del Bío Bío redujimos en un 60% los robos, con resultado, con imputado y todo, en un año, porque trabajamos directamente con la comunidad, y lo que yo siento hoy día es que el Ministerio Público de alguna forma en el devenir del tiempo, se ha ido desconectando con la única esencia que debió haber tenido: persecución penal y resguardar el sentido social de la persecución, la humanización del trabajo del fiscal.
– ¿Por qué cree que el Ministerio Público se ha distanciado de la sociedad civil?
Creo que la expresión que utiliza usted es la adecuada, se repite como un mantra pero no se vive. La ley dice que tenemos la obligación de oír a las víctimas, lo que nosotros tenemos que hacer es más que oirlas hay que escucharlas, hay que trabajar con la víctima, hay que ser empático con la víctima, fidelizarla en este proceso. No puede existir persecución penal sin trabajo con la comunidad porque la persecución penal es para la comunidad, somos un servicio público. Ahora, ¿por qué se produjo el distanciamiento? Esto fue paulatino, algunos le podrán decir que es la sobrecarga de trabajo, otros le podrán decir que en realidad la sobrecarga del sistema en general (…) Yo creo que esto es 100% responsabilidad del Ministerio Público, es nuestra.
– ¿Cree que se debe trabajar en ampliar el cupo de fiscales?
A ver, el cupo de fiscal, el cupo de funcionarios administrativos, los recursos humanos en general y financiero obedecen a la lógica de ser más eficientes. La explicación es: como faltan recursos no puedo ser eficiente. Creo que eso, en parte, es cierto pero no se puede dejar de lado que gran parte del trabajo es gestión. Lo he comentado, es un hecho público, soy además de abogado, y tengo las especialidades en penal y en procesal penal, y la experiencia como fiscal, soy además magíster en Alta Dirección Pública y creo que la gestión aquí es fundamental. La mitad es gestionar adecuadamente nuestros recursos y otro porcentaje que habrá que ver es la inyección de recursos. Es un hecho cierto: faltan fiscales, faltan funcionarios, hay una sobrecarga en general pero gran parte tiene que ver también con la falta de eficiencia del Ministerio Público.
– ¿Qué propone en ese caso?
Si fuese fiscal nacional evidentemente tengo labores que son a corto, a mediano y a largo plazo. Las primeras que hay que enfrentar es una criminalidad tremendamente descontrolada que hay en Chile con crimen organizado, tráfico de droga, armas, delitos muy violentos para poder transitar por las calles tranquilamente. Luego, lo primero que hay que hacer es atacar, insisto, en el centro, persecución penal eficiente, atacar la delincuencia organizada y todos los grandes delitos que hoy día vemos día a día en los noticiarios, y para eso, insisto, hay que ser eficientes, para eso hay que gestionar adecuadamente los recursos, hay que reordenar la fiscalía. Es un detalle no menor, nuestra estructura actual data del año 99. Es una estructura que obviamente obedece a la Ley Orgánica del Ministerio Público pero es una estructura, bajo mí mirada al menos, obsoleta, rígida, burocrática, donde tengo la facultad de un fiscal nacional de construir una política criminal que si no se usa adecuadamente se transforma, como hasta hoy, en 19 políticas criminales distintas en el país.
“La prioridad hoy día del país es la persecución penal”
– Talcahuano es el mejor ejemplo de una fiscalía con muchos problemas en relación a funcionarios que están o han estado con licencia médica. ¿Qué se hace con eso?
La calidad de vida de nuestra gente es fundamental, primero, para el bienestar de ellos y segundo para producir bien el trabajo. Entonces, una buena jefatura, entendido jefatura-liderazgo, tiene necesariamente que hacerse cargo de los problemas de la calidad de vida, y eso es políticas especiales en recursos humanos, políticas, por ejemplo, de tiempos laborales, de autocuidado, y también la buena gestión y administración de los recursos de manera de tener cargas igualitarias de trabajo, cargas justas de trabajo, y eso se va produciendo una sinergia sana, muy sana.
– Chile está transitando en una delgada línea en el crimen organizado. ¿Qué medidas sustantivas tomaría de ser electo fiscal nacional?
Creo que la prioridad hoy día del país es la persecución penal y específicamente los hechos que son más graves, como es el crimen organizado, drogas, armas, delitos violentos. Y luego, lo primero que hay que hacer, a corto plazo, es redestinar recursos, competencias y capacidades para aquello. Facultades legales existen, recursos evidentemente que hoy día hay y los que no hay, un buen fiscal nacional, y espero estar yo en el lugar, tiene que gestionar mancomunadamente, interagencialmente con el gobierno. Estoy a disposición del gobierno justamente para que provoquemos un cambio en el trabajo de la persecución penal, para que confíe el gobierno que vamos a producir el cambio, pero de la misma forma pedir que los otros organismos del Estado confíen en que vamos a hacer bien el trabajo y que contribuyan en el mismo.
– Entonces, ¿impondría una agenda a corto plazo y otra a largo?
Creo que una buena agenda, y es la que yo tengo diseñada, tiene problemas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hay que dedicarse 100% a la persecución penal, y esto implica redistribuir recursos, redistribuir recursos humanos, y trabajar interagencialmente con los organismos para llegar a mediano plazo a soluciones que pueden ser financieras y legislativas.
– En el libro Perdiendo Control del senador Jaime Quintana se puntualiza la falta de comunicación en general entre distintos estamentos del Estado. ¿Cree que el próximo fiscal nacional tendrá que jugar un rol en esa materia en esta comunicación?
Mire, se lo voy a plantear de otra forma. Creo que nunca el Ministerio Público ha tenido un espacio tan grande de oportunidades para producir un cambio en el sentido de que hoy día más que nunca necesitamos conversar. No digo que antes no se haya hecho, pero es evidente que un Ministerio Público aislado no va a sobrevivir. Que la seguridad jurídica del país no va a existir si los órganos no conversan (…) estoy 100% de acuerdo con el senador Quintana, leí el libro en su momento, cuando lo sacó, y efectivamente la falta de comunicación entre las distintas estructuras del Estado, y hablo por el Ministerio Público en particular, ha posibilitado la falta de eficacia.
“Trabajar de la mano con los otros organismos”
– Jorge Abbott dejó como legado histórico el llamado “síndrome Abbott”, que dice relación con los arreglines políticos para llegar al cargo. ¿Usted cree que el actual proceso ha sido algo más sano que el anterior?
Es súper importante hacer una distinción. Primero, el fiscal nacional que tome las riendas del Ministerio Público tiene que ser además de un buen persecutor, tiene que ejercer adecuadamente la cuota de poder que le corresponde y tener habilidades blandas, para poder conversar con todos. Es decir, escuchar a todos y orientar la persecución penal, eso significa eventualmente reunirse y conversar, cierto, con todo el mundo, pero eso no significa transar nada, desde el punto de vista de las transacciones, desde el punto de vista ilegal.
– Al Presidente le importa la igualdad de género he incluso se ha hablado de una mujer al ministerio público, si eso no ocurre y fuera usted el elegido y respaldado por el Senado, ¿Qué medidas ha pensado entregar en esta materia?
Como Ministerio Público desde hace bastante años estamos comprometidos en la igualdad de género. Tenemos una política interna de igualdad de género, he sido expositor a nivel internacional en materia de igualdad de género del Ministerio Público, y eso hay que seguir profundizándolo, siempre pensando en que nuestro objetivo es la persecución penal, pero evidentemente que nuestras políticas hacia la persecución penal tienen que estar cruzadas con la visión de género, a propósito de si es hombre o mujer el que lidera el Ministerio Público, debiera estar fundada no en género sino en la persona más capaz.
– Fue fiscal regional subrogante en Bío Bío, fiscal en Maule y Concepción, por tanto la problemática que afecta a la denominada “macrozona sur” no le es ajena. ¿Qué se hace con la macrozona sur?
Mi experiencia da cuenta que las formas de solucionar los problemas más graves o menos graves, primero, es construyendo confianza y comunicándose, que es la base de una gestión eficiente. Lo que nos hace falta es darle, primero, la prioridad necesaria a la delincuencia de esta naturaleza, violenta y organizada, no solamente en la macrozona sur, sino también en el norte del país que básicamente tiene las mismas líneas generales, cierto, delincuencia organizada, (…) darle la prioridad que se merece, apuntar los recursos económicos y humanos hacia allá, y trabajar de la mano con los otros organismos para eso. Si uno prioriza y alinea estratégicamente al Ministerio Público hacia eso, debiéramos producir resultados.
– Hace días desbarató una red dedicada al tráfico de drogas que tenía como base Vitacura. Al respecto, ¿podríamos pensar que puede ser un sello de su gestión, no hacer miramientos y perseguir a todos por igual?
Creo firmemente en el principio de la igualdad ante la ley. Durante 21 años de experiencia, por razones de servicio, he tenido que investigar a policías de Investigaciones, y he llevado a juicio por vejámenes injustos a oficiales y hemos llegado a juicio con condenas; a funcionarios de Carabineros de Chile, el caso Huracán, muy conocido. Hoy día tengo una causa abierta en contra de un juez de la República por delitos de prevaricación y otros; he llevado causas, por ejemplo, la de “fraude en el Ejército”, caso FAM, donde hemos investigado en calidad de imputados y hemos llevado a juicio a altos personeros. Y lo que le quiero decir, no importa el rango, no importa el estrato social, no importa la ubicación que la persona tenga o no tenga en la sociedad, lo importante es que la ley sea igual para todos, y si comete delito evidentemente que hay que investigarlo. (…) Cuando uno no tiene sesgo e investigar con objetividad e imparcialidad, los resultados saltan a la vista.
“No podemos ser complacientes”
– Después de 20 años del Ministerio Público, ¿cree que llegó la hora de aplicar reformas estructurales a su funcionamiento de esta institución?
Sin lugar a dudas. No podemos ser complacientes, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque los resultados saltan a la vista que son mínimos. Hay que realizar una reforma estructural del Ministerio Público y una reforma de gestión y de funcionamiento del Ministerio Público. Pero una reforma reconociendo todo lo bueno que sí hay, reconociendo las capacidades, la forma de actuar, reconociendo lo bueno de los tres periodos anteriores de los fiscales nacionales, pero hoy es el momento de producir el cambio y ese cambio tiene que estar orientado a la persecución penal eficiente. Persecución penal eficiente, y una fiscalía, insisto, más humana y cercana a la comunidad.
– “¿Quién fiscaliza a los fiscales?” es algo que se escucha en el mundo judicial. ¿Abogaría porque se generen instancias para que el Ministerio Público sea fiscalizado?
Creo que son controles distintos, en el contenido de la pregunta que usted me plantea. Uno, control financiero, eso hoy día existe, eso es Hacienda, no hay ninguna duda. Control de la actividad de investigación que es propia y exclusiva del Ministerio Público, si es criterioso o no es criterioso el actuar, y esto se soluciona, en un organismo autónomo, con un buen sistema de evaluación de desempeño y de control interno. Si pongo a puros amigos de jefe y les permito el relajo en la forma de funcionar, probablemente el Ministerio Público no va a funcionar adecuadamente y no va a haber control de la gestión otra vez. Luego, lo que hay que mejorar es el sistema interno de control y gestión, que el jefe realmente haga el trabajo de jefe y controle a los funcionarios y a los fiscales, y que el fiscal también sepa cuáles son sus objetivos. Si mi objetivo es la persecución penal entonces tengo que tener metas acordes con esa persecución penal.
– ¿Y en lo administrativo?
Dicho esto, cosa distinta es la responsabilidad administrativa. Sí creo que el actual sistema de responsabilidad administrativa no es el más idóneo, debería existir un organismo interno del Ministerio Público, pero autónomo dentro del mismo, que realice investigación penal y administrativa de los fiscales. Los fiscales por mucha altura de mira que tengan, objetividad, que confío sin lugar a dudas que debe ser así, y que los funcionarios también la tienen, si tiene que investigar a su amigo de 20 años que está al lado, es probable que no sea tan objetivo e imparcial, se corren riesgos, no digo que no sea, se corren riesgos. La ley regula eso, en el sistema de justicia está regulado, y hay causales de inhabilidad que deben hacerse valer para no… no porque se crea que el juez va a perder la objetividad, sino que es posible que el otro crea que el juez pierde la objetividad, es un tema de apreciación para dar certeza. Eso mismo debería existir en el Ministerio Público.
