Tuvo por las cuerdas a buena parte de la clase dirigencial del país en 2015, en medio de las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política. Y es que como subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristian Vargas Méndez, era de la idea de presentar querellas en todos los casos donde hubiera delitos tributarios. Es decir, no hacer la vista gorda.
Su política no duró mucho. Ese mismo año fue desvinculado del SII y la institución optó por el camino contrario al que quería Vargas, de hecho, se pararon todas las acciones legales que eran claves para conocer la verdad. Del mundo público, con más de 20 años de experiencia, se fue al privado. Hoy es Socio Líder Tax & Legal de BDO Chile, firma de asesoría tributaria. Pero Vargas quiere volver a la función pública: es uno de los 17 postulantes a fiscal nacional.
En entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el profesional aborda su candidatura, los desafíos del Ministerio Público, y el impacto que tuvo en la institución persecutora la política que tomó el SII en momentos claves donde se investigaban delitos de cuello y corbata. “En mi vida profesional he dado testimonio de independencia, de actuación conforme a principios”, confiesa.
“Institución clave para los problemas de seguridad”
– ¿Le gustaría ser fiscal nacional para cumplir lo que no le dejaron hacer cuando estaba en el Servicio de Impuestos Internos, es decir, perseguir los delitos sin miramientos?
Por la razón que usted dice, y por varias otras. La fiscalía para mí, y no solamente para mí, objetivamente es una institución clave para los problemas de seguridad y para la percepción ciudadana sobre las autoridades y el Estado de derecho. (…) En mi vida profesional he dado testimonio de independencia, de actuación conforme a principios que no solamente son para mí fundamentales en lo personal, sino que también los considero fundamentales del punto de vista de la sociedad, como es el de la igualdad ante la ley. Las instituciones como la fiscalía se desprestigian y deslegitiman ante la ciudadanía si no actúan realmente y hasta las últimas consecuencias, tomando lo que usted señalaba en su pregunta, guiados por el principio de igualdad ante la ley, y esto significa en concreto que hay que investigar las situaciones delictuales a fondo caiga quien caiga, no importa quién sean los involucrados.
– Justicia que en su momento no lo dejaron hacer, o sea, el SII no hizo las acciones penales que a usted personalmente le habría gustado hacer.
Me habría gustado y me parece necesaria, y además justificada de acuerdo a los antecedentes que en su oportunidad se conocieron. Pero mire, desde un punto de vista más global, nos encontramos en una crisis institucional en que la fiscalía es parte de eso. Uno de los aspectos más, tal vez, dramáticos de la crisis institucional en la que nos encontramos dice relación precisamente con la deslegitimación del sistema de persecución penal encabezado por la fiscalía, por el Ministerio Público, porque se ha confirmado (que) una expresión importante del Estado es la búsqueda de la justicia, entre ellas la persecución de los delitos, o sea que los ciudadanos se sientan con la garantía de tener acceso a la justicia, de que eso se efectúe en plazo razonable; de que en el plano penal de persecución de delito esta persecución penal efectivamente se realice, sea eficiente y se logren objetivos de seguridad. Pero existe la percepción de que eso no se realiza, de que, por ejemplo, cuando se han cometido delitos, está de algún modo en ciertos casos controlada o digitada desde ciertos poderes fácticos, grupos políticos, ciertos sectores económicos o sociales, y eso me parece a mí que es grave.
– Algo que pudo conocer en 2015 mientras fue subdirector Jurídico.
Eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió en relación con la situación que usted consultaba de lo ocurrido con el SII en que a mí me tocó precisamente protagonizar, en el sentido de la controversia, siendo subdirector Jurídico al SII, instando porque se presentaran querellas por delitos tributarios en todos los casos sin distinción o discriminación de tipo política u otras, y eso finalmente no ocurrió. O sea, lo que ocurrió el año 2015, y es bueno recordarlo, es bueno que usted me pregunte esto, es bueno recordarlo, yo sé que tal vez muchos auditores son muy jóvenes como para recordarlo, pero esto no ocurrió hace tanto tiempo, estamos hablando del año 2015, el SII sufrió una grotesca intervención por parte de la política… por parte de ciertos sectores políticos, de grupos de interés, poderes fácticos.
– Mismo año de su salida.
El SII el 2015 fue descabezado en represalia precisamente por haber presentado querellas en los casos Penta, SQM, en contra de quienes resultaran responsables, eso fue una flagrante intervención política al SII. A continuación lo que vino fue la implementación de una estrategia de impunidad para los casos de delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilícito de la política, y se echó a andar una verdadera máquina para tapar esas situaciones irregulares, y… incluida la fiscalía. Se nombró no solo en el SII a autoridades funcionales a esa estrategia, sino que la intervención también alcanzó a la fiscalía, nombrándose a un fiscal nacional a fin a esta estrategia, y quitándole por ejemplo los casos que alcanzaron a iniciarse a los fiscales que tenían voluntad de investigar, como el fiscal Carlos Gajardo. Entonces, en los hechos, en ese tiempo se impuso un verdadero perdonazo, un perdonazo entre comillas, general para los que cometieron esos hechos tan graves y una verdadera auto-amnistía de hecho, ilegal, a los propios involucrados.
“Crisis institucional”
– ¿Cree que el Ministerio Público es ecuánime, neutral, para perseguir delitos?
Creo que lamentablemente tratándose de ciertos delitos me parece que no se… Por ejemplo, estos que estábamos conversando, delitos tributarios, u otros delitos económicos, vinculados a grupos de poder, no se investigó lo suficiente. O habiéndose investigado en definitiva se obtuvieron beneficios, salidas alternativas que precisamente instadas por el Ministerio Público me parecían completamente injustificadas. Ahora, la situación actual del Ministerio Público tiene que ver con varios aspectos yo diría bastante complejos.
– ¿Cómo cuáles?
Hoy día los objetivos que pueden plantearse, y por eso me postulo al cargo de fiscal nacional, dicen relación con esta historia y con esta situación actual, es decir, de lucha contra la corrupción, de relegitimación de la institución, de la fiscalía, de una centralidad estratégica en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. Para esto hay aspectos que son fundamentales, la autonomía institucional, la independencia en el actuar respecto de, precisamente, poderes fácticos; libre de influencias que tuerzan esta búsqueda de la justicia; luchar en forma eficaz en contra de la delincuencia, el crimen organizado, independientemente de a quiénes involucre, eso es una garantía que hay que construir y hay que dar a los ciudadanos.
– ¿Cree que nació viciada la etapa del fiscal Jorge Abbott con las reuniones que se conocieron durante el paso de los años con políticos?
Sí. Yo creo que sí. Creo que lamentablemente la elección del fiscal… el resultado que tuvo me parece a mí que fue desastroso, precisamente en el marco de las operaciones destinadas a detener las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política tuvieron lugar lo que usted señala, oscuras negociaciones, reuniones privadas, que dejaron la impresión confirmada después por investigaciones, por ejemplo, periodísticas y otras, de que el ejercicio consistió en tratar de conseguir de los candidatos garantías para el cierre de las causas que estaban afectando a sectores de la clase política. Y eso obviamente que es algo que no debe ser, que atenta contra el Estado de derecho, y que finalmente tuvo como resultado… y fue en mayoría gravitante la crisis institucional, la falta de credibilidad en las instituciones a la que hoy día nos enfrentamos.
– ¿Su esperanza está puesta en que no ocurra lo que sucedió con la designación del fiscal Abbott?
Efectivamente eso es lo que yo creo. A mí me parece que una manera de superar esta crisis de credibilidad y falta de confianza, de deslegitimación del Ministerio Público es precisamente generar, que ahora digamos es la oportunidad, (que) este sea un proceso transparente en el que puedan discutirse la trayectoria de los postulantes, sus propuestas, sin que haya reuniones privadas, detrás de escena, ni negociaciones anticipadas al respecto. Pongo a disposición aquí mi trayectoria profesional como funcionario público, fui muchos años, 20 años abogado del SII, fui el subdirector Jurídico, y precisamente en ese cargo tuve la oportunidad de mostrar que es posible desde estas instituciones del Estado también dar una lucha porque estos principios de igualdad ante la ley, de que las personas son libres e iguales en dignidad y en derecho, eso cristalice en forma efectiva no solo en declaraciones solemnes en las leyes, en la constitución, sino que en el actuar, en el devenir de estas instituciones.
“Proceso libre de reuniones privadas”
– Usted estuvo de acuerdo de perseguir a buena parte de la clase dirigencial del país en uno de los casos de corrupción más importantes del S. XXI. ¿Cree que cuenta con el respaldo de la actual clase política?
Mire, eso no lo sé, yo esperaría, a lo que llamo es a la altura de miras, a poner por sobre todo el interés del país, el bien común. Confío en que nuestros políticos, los representantes de la ciudadanía en el parlamento, lo senadores, y también el gobierno más allá de consideraciones de tipo políticas o de pequeños asuntos relacionados con la política puedan en definitiva llevar a cabo un proceso libre de reuniones privadas, negociaciones detrás de escena, y que en definitiva logren configurar, asegurar un proceso transparente y que las decisiones estén basadas en el mérito personal, en la trayectoria, en el plan de propuestas de los candidatos, y eso me parece a mí lo fundamental.
– Considerando los casos de financiamiento irregular de la política, que pudo ver de cerca, ¿considera correcto que el concurso a fiscal nacional tenga ribetes políticos en el nombramiento?
A mí me parece importante que el cargo del fiscal nacional sea un cargo de amplio debate ciudadano y transparente. Me parece bien que intervengan los distintos poderes del Estado, de la República, eso me parece bien. (…) Lo que sí es que esto, la elección no esté determinada o motivada por determinados acuerdos o garantías que puedan dar respecto de… la única garantía que yo creo que debieran dar al fiscal nacional es precisamente garantías de cumplimiento de las leyes, de impulso de la persecución penal sin miramientos de quién se trate.
– ¿Cuál es el análisis que hace respecto al rol del Ministerio Público en torno a las investigaciones por platas políticos?
Me parece que lamentablemente la evaluación que uno puede hacer es que el desempeño fue absolutamente errado, fue absolutamente contrario a lo que debiera, precisamente, impulsar la fiscalía, que es como decía la persecución de los delitos, la obtención de condenas y de penas adecuadas independientemente de quién se trate, de quiénes son los que están involucrados. (…) No ser parte de esta lamentablemente situación en que muchos ciudadanos ven, de que hay dos justicias en el país, una para la gente pobre o sin poder, y otra para aquellos que tienen poder e influencia.
– Su especialidad es el derecho tributario, que en lo penal podrían ser los delitos de cuello y corbata. ¿Está el Ministerio Público al debe en esta materia?
Sí. Pero mire, ahí hay que hacer una distinción. Aquí, en relación con los delitos económicos o delitos, como usted denomina, de cuello y corbata, existen varios problemas de tipo legales, por ejemplo. Actualmente hay varias normas que establecen límites a las facultad del Ministerio Público para perseguir ese tipo de delitos. Un ejemplo importante es la de los delitos vinculados a prácticas monopólicas, a estos acuerdos, por ejemplo, de fijación de precios dentro de las colusiones. También el caso de los delitos tributarios, entonces creo que desde el Ministerio Público hay que instar porque se establezca la facultad de perseguir todos los delitos y que las leyes particulares no puedan establecer excepciones.
“Lucha contra el crimen organizado”
– ¿Cuáles son los desafíos?
Dentro de los que a mí me parecen como desafíos importantes de la fiscalía hoy en día es precisamente ciertas situaciones, fenómenos que se dan hoy día en el país y que preocupan a mucha gente, a muchos ciudadanos, precisamente, por ejemplo, en relación con los delitos cometidos por verdaderas organizaciones criminales que actúan en el país. Eso tiene varias expresiones, por ejemplo una muy importante, que preocupa a las personas, son los denominados “portonazos”. A mí me parece que las políticas actuales del Estado de Chile ya nos dan cuenta de los desafíos de hoy es la lucha contra el crimen organizado. Es como decir en Chile el Estado juega en segunda división, y el crimen organizado juega en primera división o incluso más allá, juega en la Champions.
– Fortalecer las investigaciones.
Nuestro sistema de investigación penal requiere fortalecimiento, requiere inversión, por ejemplo en materia de pericias, porque aquí es fundamental la producción de pruebas para ser eficaces en los procesos penales.
– Teniendo en cuenta nuestra historia reciente, ¿se necesita especializar a los fiscales para perseguir, por ejemplo, delitos tributarios?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que crear fuerzas de tarea, grupos de trabajo especializados en distintos tipos de delito: delitos económicos, como los delitos tributarios, pero sobre todo, mire, hay un tema importante acá, que es el trabajo interinstitucional, entre las instituciones, yo creo que ahí hay un desaprovechamiento de las capacidades generadas en cada una de estas instituciones. El SII, por ejemplo, ya que estamos hablando de delitos tributarios de nuevo, tenemos una expertise, tiene una serie de profesionales altamente calificados que trabajan en relación con estos temas, que conocen los asuntos de fondo, conoce desde el punto de vista técnico los temas tributarios, y también en relación con la configuración de estos delitos tributarios. Entonces, me parece a mí que ese tipo de capacidades hay que aprovecharlas en una sinergia entre las instituciones, de alguna alguna manera hay que buscar, trabajar, para generar, producir, digamos, esa conjunción, ese trabajo conjunto, esa sinergia, en este objetivo común, digamos, del Estado de Chile y de la sociedad de perseguir los delitos y de obtener justicia. Me parece que hay un déficit enorme en este trabajo entre las instituciones.
– ¿Influyó la “política” que tomó el SII en torno a los casos de financiamiento irregular de la política en el actuar del Ministerio Público?
Sí, de todas maneras. (..) A ver, lo que ocurrió en los casos de financiamiento ilegal de la política, como yo le decía, fue una verdadera operación en favor de la impunidad, y eso se hizo por medio de una grotesca intervención del SII. Grotesca intervención que culminó con mi salida del SII precisamente porque me oponía a ese tipo de intervenciones. (…) Pero también la fiscalía con un fiscal nacional lamentablemente afín o funcional a esa misma estrategia no hicieron todo lo que pudo haber estado de su parte para profundizar en las investigaciones o buscar otras alternativas legales dado que el SII no estaba presentado ya las querellas que se requerían. Creo que hubo un gran déficit ahí lamentablemente también por supuesto de la fiscalía.
“Esta institución sufre un problema de legitimidad pública”
– ¿Cree que tenemos un Ministerio Público legitimado?
Lamentablemente, no. Me parece que el Ministerio Público, la visión que tiene la ciudadanía del Ministerio Público, de la fiscalía, es de lamentablemente alta deslegitimidad. O sea, esta institución sufre un problema de legitimidad pública, y precisamente el desprestigio probablemente nace, tiene sus causas en lo que también conversábamos, en esta elección anterior del fiscal nacional, que estuvo relacionada con la puesta en práctica de una operación o una estrategia de impunidad y así fue percibido me parece a mí por amplios sectores de la población.
– ¿Cómo recuperar la imagen dañada?
Lo primero es que la elección del fiscal sea un proceso transparente sin reuniones, digamos, privadas, sin negociaciones anticipadas, sino que este sea un proceso transparente en el que puedan discutirse la trayectoria del candidato, del postulante, sus propuestas, y que de esa manera pueda, como primer punto o como punto de partida, el nuevo fiscal tener credibilidad. (…) Pero desde luego que no es todo, sino que en definitiva hay que poner en marcha un programa, un plan de trabajo. (Que) la ciudadanía pueda verlo también, que es un programa de trabajo acorde con las necesidades de la población, acorde con los desafíos que hoy día enfrenta el Estado de Chile y la sociedad en materia de persecución de delitos.
– Las cifras lo dicen: estamos viviendo una crisis de seguridad. ¿Qué rol debería cumplir el próximo fiscal nacional en esta materia?
El nuevo fiscal nacional tiene un rol muy importante aquí, porque él precisamente debe conducir, debe organizar, debe coordinar el trabajo de la fiscalía. Encabezar, si usted quiere, trabajar codo a codo encabezando el trabajo de los fiscales y del conjunto de los funcionarios del Ministerio Público para los objetivos que señalamos, ese es el rol fundamental. Los objetivos que a mí me parece que son precisamente hoy en día el combate a la corrupción, cierto, la relegitimación de la institución, la fiscalía, la centralidad estratégica en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. Pero para esto es importante precisamente que el fiscal sea una persona que garantice la autonomía institucional para el cumplimiento de estos objetivos, libre de influencias que puedan impedir o torcer el accionar del Ministerio Público hasta las últimas.
– A diferencia de la gran mayoría de sus contendores, usted no tiene un pasado que lo ligue al Ministerio Público, ¿cree que eso le juega en contra?
No. Para mí no juega en contra ni a favor, pero sí puede ser una ventaja. A ver, qué es lo que ocurre siempre en estas situaciones en que muchas veces cuando uno forma parte de una institución, en muchos casos puede ocurrir eso, en otros, muchas veces se pierde la cotidianeidad de los asuntos, es decir, se pierde una mirada de conjunto. Porque a veces, cierto, suele decirse con una frase que… no por ser una frase ya cliché no deja de ser cierta, esto de que los árboles impiden ver el bosque, es decir se pierde una mirada de conjunto y lamentablemente a veces las personas que trabajan en estas instituciones se apartan de, no porque quieran sino porque están metidos en esta cotidianeidad de dentro de las instituciones, se apartan de esta visión de conjunto y sobre todo de la percepción que tiene los ciudadanos acerca del actuar de esta institución. A mí me parece que es fundamental hoy día precisamente tener una mirada de conjunto y desde afuera de cuál es la situación de la fiscalía.
Asociación ilícita
– En los últimos ocho años ha habido un importante debate sobre reformar el Código Procesal Penal, a raíz del auge del crimen organizado. ¿El nuevo fiscal nacional debería impulsar una reforma?
Sí, efectivamente. O sea, si bien obviamente no es una tarea de la fiscalía, esta es una tarea legislativa del Congreso y también del gobierno como organismo colegislador, digamos, el gobierno, pero desde la fiscalía desde luego, desde el Ministerio Público sería muy importante que se presenten estos problemas, que se inste por modificaciones legales, entre otras, la del delito de asociación ilícita. Recordemos que este delito, así como está configurado actualmente en el Código Penal, la última modificación que hubo data del año 1991, desde entonces, imagínate el año 91 hasta la fecha, no han habido cambios relevantes en relación con este delito.
– Delito que cobra relevancia al alero de lo que pasa en el país.
Este es un delito que tiene así cómo está configurado en el código penal demasiados requisitos difíciles de poder acreditar, difíciles de poder acreditar, entonces se torna una figura muy difícil de aplicar en la práctica. Esa es una primera situación, diría, un primer caso, la modificación de este delito de asociación ilícita pero es un imperativo. Y otro, también, dice relación con otro delito que es muy importante en estas materias de organizaciones criminales que es lo relacionado con la receptación, que abarca precisamente los casos reducidores (de) reducidores de especies.
