“Sin lugar a duda estamos viviendo una de las peores situaciones, una verdadera crisis en materia de seguridad”, explica el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista.
Para él, como presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la gravedad es tan alta no solo por el aumento del número de delitos “sino por la violencia de los mismos y la sensación de impunidad que hay en la ciudadanía”.
Lo que genera para los chilenos “una inseguridad en cada uno de los barrios, comunas de nuestro país y tenemos que trabajar con mucha responsabilidad porque es un problema grave y que obviamente atenta contra el ejercicio legítimo de cualquier derecho. Por eso es fundamental trabajar en materia de seguridad”.
-Para usted como presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ¿Cuál es la prioridad que debería tener el parlamento para atacar este problema de raíz?
En la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados estamos trabajando de manera transversal, los 13 diputados y diputadas que formamos parte de la comisión, hay varios varios proyectos de ley que están en tramitación. Pero a mi juicio el más importante, para hablar en serio de seguridad y establecer políticas de mediano y largo plazo, es la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Que esperemos que se materialice con el proyecto de ley que está discutiendo en particular en la comisión de Seguridad Pública del Senado.
-¿Y por qué la creación de un ministerio ayudaría a solucionar el problema?
Debemos ser capaces de distinguir en que las materias de seguridad deben tratarse con sentido de Estado y no con la coyuntura política. Primero muchos sectores tratan de arrogarse la representatividad o la representación de las fuerzas públicas y policías, y eso no es así. Carabineros y la PDI son de todas y todos los chilenos. Además hoy la seguridad pública es parte del Ministerio del Interior que tiene muchas otras materias que tratar, no solo la jefatura del gabinete, la coordinación de los ministerios, las delegaciones presidenciales provinciales y regionales, sino que también hacerse cargo de muchas problemáticas de orden interno.
-¿Cree que los políticos en general dejaron por mucho tiempo en segundo plano los proyectos relacionados a seguridad? ¿Fue un error?
Ese es uno de los problemas fundamentales. Efectivamente el tema de inseguridad no es de ahora de este Gobierno, sino que viene de mucho antes. Y a mi entender, en el gobierno anterior no hubo una adecuada priorización de la problemática que se traduce en las urgencias. El Ejecutivo es colegislador y el establecer las urgencias necesarias hubieran permitido haber acotado esta problemática. Claramente ahí no hubo una priorización en materia de seguridad y en proyectos de ley que en verdad ayuden a controlar esta materia.
-¿Hoy es distinto?
Hoy día, por ejemplo, existe urgencia en el Senado en proyecto de ley de decomiso para atacar los grandes recursos y lavado de dinero. El comiso obviamente de los recursos que vienen del crimen organizado y del narcotráfico. Está en segundo trámite constitucional el establecer técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado como agentes reveladores y encubiertos, que son las mismas materias que se tratan en la ley 20.000 para aquellos que tengan relación con el crimen organizado. Por eso esas urgencias son fundamentales para poder trabajar junto con el ministerio de seguridad pública.
Situación actual
-¿Es la migración ilegal una de las principales causantes del aumento de la violencia?
Hay que hacer una distinción, la gran mayoría de los migrantes es gente que viene a contribuir, a ampararse y refugiarse de sistemas dictatoriales que hay en otros sectores de América Latina pero el mayor flujo migratorio se produce en los últimos 4 años y no nos hemos hecho cargo de esa problemática. Nuestro Estado debe recuperar el control de su territorio y no lo tiene. La permeabilidad de las fronteras y flujos migratorios constantes ha sido un problema y dentro de ese flujo migratorio irregular existen muchas personas que vienen a delinquir a nuestro país y a establecer como base su sistema de crimen organizado. Hay que combatirlos tal como señaló el Presidente y hay que ser muy tenaz en contra de la delincuencia.
-¿Qué tan instalado está el crimen organizado en el país?
Está instalado a un nivel alarmante y peligroso. Incipiente pero respecto al cual no le ponemos coto, sino por ejemplo, se establece una fuerza de tarea específica, una unidad del Ministerio Público supraterritorial que se aboque exclusivamente a la persecusión del crimen organizado, todavía estamos a tiempo de controlarlo y de detenerlo con el apoyo legislativo.
-Se ha visto un alza en los homicidios pero no un alza en quienes lo comenten ¿Cómo se combate esto?
El fenómeno delictual ha variado. Tradicionalmente los homicidios en nuestro país tenían una altísima tasa de resultados positivos. Vale decir que se encontraba al homicida, se le formalizaba y se le condenaba porque generalmente eran personas conocidas de la víctima. Tenían algún tipo de relación familiar, se producían en riñas. Hoy día eso no sucede porque también los fenómenos migratorios introducen formas de comisión distinta. Por eso debemos hacernos cargos de manera seria y responsable de estos problemas y por eso no existe la tasa de resultados positivos en homicidios que existían en años anteriores.
-Se debe elegir a un nuevo fiscal nacional y tanto los candidatos Palma y Arias coinciden en que el diagnóstico a la importancia de la elección del nuevo fiscal nacional. Para usted ¿qué tan importante es esto?
Debe existir ahí un compromiso claro, como lo existe en todos los fiscales actuales , en un combate claro y directo contra el crimen organizado. Por eso lo que esperamos es que se adopten las medidas del caso, que exista mayor disponibilidad a flexibilizar el trabajo de los fiscales en orden a establecer focos de tarea importantes como existen en esta materia y sin lugar a duda el fiscal o la fiscal que resulte designada esperemos que cumpla ese rol. Y si bien es cierto que el Ministerio Público es un órgano autónomo desde el punto de vista constitucional, también vamos a ejercer un estricto control del cumplimiento de las metas y desafíos que su propia ley orgánica establece.
Sistema carcelario
-Uno de los principales grupos criminales de Latinoamérica es el Primer Comando de la Capital (Brasil) que funciona y crece a través de la cárcel ¿Para usted que se tiene que hacer con las cárceles en Chile? ¿Qué se está haciendo con Gendarmería?
Ahí tenemos el problema y por eso tiene que haber una política de Estado porque la construcción, el desarrollo de un sistema carcelario excede no solo a uno sino que a un par de gobiernos. Por eso las políticas públicas tienen que ser de mediano y largo plazo. Ahí hay que replicar las buenas prácticas que se han desarrollado en otros países en el combate contra la mafia y el crimen organizado.
-¿Otros países como cuáles?
Para nosotros el mejor ejemplo, y así lo han planteado los fiscales italianos, es la implementación no solo de un sistema de persecución criminal enfocado y alineado con ese objeto a través de una fiscalía supraterritorial sino que tomar la experiencia de Italia posterior al homicidio del juez Falcone en los años 90. En donde hubo una real y adecuada segregación de los líderes mafiosos y de estas bandas de crimen organizado a través del denominado artículo 41 bis.
-¿Y qué se hizo?
Estos líderes son debidamente segregados del resto de la población penal para que las cárceles no se transformen en verdaderas bases de operaciones del crimen organizado. Esperamos que esto se implemente a la brevedad en nuestro país. Entendemos que el Ministerio de Justicia, así lo ha planteado la ministra Ríos y el subsecretario Gajardo, estén trabajando en implementar un sistema de segregación carcelaria porque si no atacamos esa materia vamos a transformar las cárceles en la base de operación del crimen organizado.
-¿Estaría a favor de la cárcel de seguridad en donde los criminales tienen más restricciones, menos tiempo en el patio, tienen mayor vigilancia?
Por supuesto, porque la sanción y el nivel de custodia tiene que estar en directa relación con el mal que han causado y con la potencialidad destructiva que tiene el crimen organizado a través del narcotráfico y otro tipo de delitos. Segregarlos de la población penal normal, establecer registro específico de sus visitas a través de locutorios, es una alternativa necesaria que ha dado resultado en países desarrollados y que necesitamos implementarlo.
-El INDH ha dicho que algo así podría concluir en una acto en contra de los derechos humanos de esos presos ¿Que opina usted?
El 41 bis está implementado en Italia donde ha pasado todos los controles de derechos humanos y de las comisiones respectivas de Europa. Claramente tiene que haber una respuesta del Estado al nivel de daño que estos pueden causar. Todos tenemos derechos humanos pero la seguridad ciudadana también es un derecho humano y que tiene que ser capaz de conciliarse con un país que quiere vivir en paz y que no puede ser la base de operaciones del crimen organizado. Claramente hay que respetar los derechos humanos, tal como el artículo 41 bis lo hace en el resto del mundo, no exento de polémicas por cierto, y tal vez no con el mismo nivel de intensidad pero sí con una segregación carcelaria que permita evitar el contagio criminológico o el trabajo de las bandas.
Confianza en el Gobierno
-A raíz de los tweets contra Carabineros ¿usted cree que se puede confiar de forma genuina que el Gobierno respalda a las policías?
Volvemos siempre a lo mismo, a la descalificación. Efectivamente yo tampoco comparto los tweets de personas al calor de un 18 de octubre, de un clima absolutamente polarizado y politizado. Y donde claramente también existieron violaciones a los derechos humanos tal como acreditaron los organismos de derechos humanos a nivel internacional y también nuestros propios tribunales de justicia. Y respecto a la función que se cumple hoy, el Gobierno no solo ha declarado, y el Presidente lo ha reiterado, su absoluto apoyo a la labor de las policías sino que también que lo demuestra y manifiesta a través de los recursos que invierte en las policías aumentando su presupuesto y a nivel general en materia de seguridad más de un 4,4%. Esos son hechos y no palabras del trabajo que se tienen que hacer a nivel de seguridad, a diferencia de los años anteriores donde siempre se saca a colación los carabineros pero nunca existió un apoyo más grande y mayores recursos que en los últimos 5 años a través de este proyecto de presupuesto del 2023.
-¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno actual en lo que sucede en el país en temas de seguridad?
No solo el Gobierno actual, sino que todos los gobiernos y los actores políticos y sociales somos responsables de trabajar en contra del crimen y de la delincuencia. Han existido muchos problemas en nuestro país y lo que hay que asumir primero es que todos tenemos una cuota de responsabilidad y como el problema es de todos, todos somos parte de la solución. Efectivamente como parlamentarios de izquierda debemos hacer una autocrítica y asumir el rol de seguridad sin complejos de ningúna especie. Aquello que pretendemos generar políticas progresistas y establecer un Estado social y democrático de derecho tenemos que entender que la seguridad ciudadana es también un derecho humano y que es la base fundamental del ejercicio democrático y de la implementación de todos los derechos que nosotros hemos anhelado. Sin perjuicio de las problemáticas que hayan existido, debemos ser capaces de establecer un orden institucional necesario y para eso el rol de las policías es fundamental.
-¿Cuándo se votará la Ley Nanin 2 en la comisión de Seguridad? ¿Cuenta con votos del oficialismo?
No soy muy amigo de las leyes con nombre y apellido. Muchas veces tienden a hacerse cargo de una problemática coyuntural y no a darnos una solución de largo plazo. Sin embargo en este caso, este es un proyecto de ley que se viene desarrollando y que lo ha presentado el diputado Jorge Alessandri y varios parlamentarios más. Está en tabla en la comisión, se iba a votar el día lunes recién pasado, el miércoles a solicitud de los parlamentarios se suspendió la comisión, y se va a votar este lunes. Esta ley denominada Nanin 2 tiene por objeto que aquellas personas que han sido condenadas por delitos en contra de Carabineros no tengan derecho a las penas alternativas de cumplimiento de condena que establece la ley 18.216. Y ese proyecto de ley, a mi juicio, va a ser aprobado y va a contar con mi apoyo y con mi voto.
-¿El Gobierno debería aclarar cuál es su postura frente a la agenda de seguridad o es clara?
El Gobierno tiene una línea clara en materia de seguridad. No solo así lo ha señalado el Presidente Gabriel Boric sino que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a el subsecretario Eduardo Vergara de Prevención del Delito, han realizado un trabajo permanente y concreto desde el primer día de gobierno en esa línea. Como presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, no solo he podido apreciar sino que constatar que el trabajo que ellos desarrollan va en esa línea. En materia de seguridad no se puede tener complejos de ninguna especie y el combate contra la delincuencia es la primera prioridad de la ciudadanía. Un gobierno debe ser capaz de asumir los principales desafíos y necesidades de la ciudadanía que hoy ocupa un lugar prioritario de la seguridad.
