Cortes de tránsito, desvíos, calles tomadas por secundarios manifestándose por demandas que se arrastran de años y la intervención de Carabineros. La escena es de esta semana y tuvo como epicentro las arterias de las comunas de Santiago y Providencia. El gobierno actuó: el pasado miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), anunció acciones legales en contra de quienes resulten responsables por los hechos de violencia ocurridos al interior del Metro.
Y quien también ha actuado es la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío detalla que ha sostenido conversaciones con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para saber cuáles eran las acciones que estaba llevando a cabo para “resolver los temas de fondo” de los estudiantes. “El movimiento estudiantil tiene demandas que son persistentes en el tiempo, lo que refleja que no ha habido una respuesta desde la institucionalidad”, señala la abogada.
También tomó contacto con el nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, a quien, dice, le pidió que “disponga que la subsecretaría de la Niñez (…) pueda liderar un proceso que desde una mirada integral aborde con toda la institucionalidad pública necesaria todo lo que involucra este complejo momento que se sigue enfrentando en materia educacional”. Sobre la violencia vista en las calles recalca que esta “no puede ser un mecanismo válido”.
– ¿Qué le parece el actuar de los estudiantes en la última semana?
En lo que tiene que ver con las movilizaciones y las peticiones que han formulado me parece que desafortunadamente aquello exhibe deudas que siguen estando pendientes en relación a dos cosas. Por una parte, aquellas peticiones que los estudiantes han manifestado, no solo en los liceos emblemáticos sino en otros, acerca de condiciones educacionales que tienen que ver con aspectos de la infraestructura pero también otros asociados al curriculum propiamente tal que no han sido resueltos. Y también la desafortunada incapacidad que las autoridades siguen teniendo a nivel local, regional y nacional para poder brindar espacios de conversación y de diálogo en estos contextos y poder lograr hacer comprender a quienes dirigen los centros de estudiantes y a las comunidades escolares en su conjunto en que obviamente la conversación y el diálogo es esencial para poder salir de una situación compleja como se está enfrentando. Eso, por una parte.
– ¿Cuál es la otra?
Quiero hacer ese quiebre y la distinción con los fenómenos delictivos y derechamente violentos que, a propósito o con ocasión de las movilizaciones estudiantiles, se han producido, y que por lo tanto de manera muy lamentable suelen vincularse de manera directa con este movimiento, en circunstancias en que al menos quienes lideran desde los centros de estudiantes desconocen en términos de estar de acuerdo y de tener una estructura que puedan compartir con quienes definitivamente no entienden el valor del Estado de derecho, no entienden que la violencia no es el camino y siguen utilizando mecanismos derechamente delincuenciales a propósito o con ocasión de marchas y de manifestaciones que desde una perspectiva pacífica pretenden exhibir peticiones a las autoridades.
– ¿Cuál es la postura de la Defensoría?
Nosotros como Defensoría de la Niñez, no ahora sino que desde que existimos como institución, hemos planteado muy claramente la necesidad de hacer esa distinción. (…) Tenemos el derecho a manifestarnos pacíficamente y por lo tanto ese es un derecho que tiene que ser asegurado por el Estado a través de sus distintas instituciones. Pero con esa misma fuerza que declaramos aquello y defenderemos aquello sostenemos que los hechos de violencia y delictuales no deben ser tolerados, deben ser perseguidos eficazmente, sancionados eficazmente y lograr por tanto que los estudiantes y las estudiantes puedan estudiar en espacios en que los delitos no sean una realidad como hasta ahora. Y que también la comunidad en general no vea afectada su situación vital a diario como lo estamos viendo en la ciudad de Santiago esta semana donde la gente no puede caminar, no se puede movilizar en el metro, no se puede movilizar por las calles del Centro de Santiago por el impedimento que se genera muchas veces a propósito de barricadas o de hechos delictuales inaceptables como el que vimos de una agresión que sufrió una persona en la vía pública.
Intervención Carabineros
– ¿Cree necesario la intervención de Carabineros al interior de los recintos educacionales para que se pueda retomar el normal funcionamiento?
Desde la perspectiva netamente policial el ingreso a espacios cerrados está resuelto o cubierto desde un punto de vista procedimental, por lo tanto no se puede producir en cualquier circunstancia. Como declaración inicial espero que estemos todos de acuerdo que ni aquí ni en ningún país del mundo uno esperaría que en los colegios tuviera que entrar la policía. Obviamente es un espacio para que los niños se eduquen y no para estar asociado a situaciones que involucran el quehacer policial. (…) Antes de la pandemia estábamos viviendo hechos muy complejos con el Instituto Nacional, lo que nosotros hemos planteado es que la policía tiene que cumplir su deber y cuando se produce la situación de delitos, la policía tiene la posibilidad y la autorización legal y constitucional para actuar e intervenir. Desde esa perspectiva si existen antecedentes que dan cuenta de la comisión de un delito al interior de un establecimiento educacional, existen las reglas procesales que avalan el ingreso de la policía para poder detener aquellos que estén cometiendo ese delito y lograr que el proceso penal se produzca.
– ¿Pero la policía tiene que entrar?
La policía tiene claras funciones y autorizaciones por la Constitución y la ley para actuar. Lo que nosotros seguimos observando, no solo ahora sino que en un continuo que se mantiene desde lo que pasó con anterioridad a la pandemia es que algo no se está haciendo correctamente, que no ha permitido determinar la identidad de quienes se ponen los overoles blancos, utilizan bencina, crean bombas molotov, queman buses del transporte público, agreden y violentan tanto a los estudiantes como también a otros miembros de la comunidad. Y este es un tema que se sigue manteniendo en el tiempo desde nuestra perspectiva de manera absolutamente inaceptable. Esto tiene que parar, no se sostiene en el tiempo. Ni para las y los estudiantes, ni para la sociedad en su conjunto que lo que ocurre en el centro de Santiago como un ejemplo muy concreto de esta realidad siga pasando en los contextos que está ocurriendo.
– ¿Ha fallado el sistema de persecución para poder dar con los infractores?
La explicación la debe dar el sistema en su conjunto o sea todos quienes participan del sistema de persecución penal para explicar a la ciudadanía por qué seguimos enfrentando los mismos episodios que se enfrentaron con anterioridad a la pandemia sin que hayan soluciones concretas. (…) Para la ciudadanía debe ser bien llamativo que pase y pase el tiempo y todos los días sea la misma historia sin una respuesta. Esta es la manifestación más extrema de la incompetencia total para usar una expresión muy clara de lo que esto refleja. Eso no tiene solo como consecuencia el exhibir a las instituciones responsables: policías, Ministerio Público, que son quienes se encargan de la percepción penal propiamente tal y de la investigación, sino que también genera una cosa mucho más compleja que a nosotros como Defensoría de la Niñez nos preocupa particularmente que tiene que ver cómo se va instalando la impunidad de delitos particularmente graves y que van gatillando en la ciudadanía a veces la necesidad de reaccionar ellos frente a estas personas que cometen delitos con la exposición que eso representa para estas personas.
– ¿Como lo sucedido con la mujer en la marcha?
Ella enfrenta a estos sujetos encapuchados, entiendo que trató de bajarle la capucha a uno para poder hablar y lo que recibe es una agresión y violencia de vuelta. Probablemente esa señora cuando toma esa actitud lo hace porque desde el hastío que involucra verse enfrentada todos los días a tratar de llegar a su casa, de tomar el metro, de desenvolverse por ese espacio y ver que finalmente la violencia campea sin ningún tipo de detención, ella trata de generar una acción en contra de estas personas. Eso la expone a ella. Cuando se instala la impunidad y cuando los órganos responsables de perseguir los delitos y a quienes los cometen y por lo tanto juzgarlos debidamente, no están respondiendo, eso termina instalando la impunidad pero también generando en la ciudadanía sensaciones o acciones o reacciones que pueden exponerles también a ser víctimas de la delincuencia, por lo tanto ese es el peor escenario para un estado democrático de derecho.
Rol de la Defensoría
– ¿Cuál es el rol de la Defensoría hoy en las movilizaciones estudiantiles?
A propósito de lo que empezamos a ver esta semana, yo tomé contacto directamente con el ministro de Educación, quién de inmediato me contestó a efectos de comentarme cuáles eran las acciones que estaban llevando a cabo para poder resolver los temas de fondo. Obviamente acá el movimiento estudiantil tiene demandas que son persistentes en el tiempo, lo que refleja que no ha habido una respuesta desde la institucionalidad a esas demandas que son muy razonables. Tener una infraestructura que responda a lo que un niño debe tener en términos educacionales, tener profesores que sean capaces de brindar educación en un contexto que aseguren la calidad de la misma, son situaciones que uno debiera esperar como mínimo para cualquier establecimiento educacional. El ministro precisamente, a propósito de lo que tenía que ver con la infraestructura, comentó y me dio cuenta acerca de los quehaceres presupuestarios que están haciendo para poder entregar recursos a los municipios, que en este caso son los sostenedores de estos liceos emblemáticos poniendo particular énfasis en dos comunas: Santiago y Providencia que es donde se están generando estas situaciones.
– ¿Conversó con alguien más?
En paralelo tomé contacto, y procuré que se generará una mirada mucho más integral con esta situación, con el subsecretario del Interior porque me interesaba saber de qué manera se están realizando las acciones para intervenir eficazmente en que se detenga a quienes están cometiendo delitos aprovechándose o utilizando los espacios que las movilizaciones que los estudiantes están generando.
– ¿Qué le dijo?
No tengo respuesta concreta. No sé específicamente qué acciones en particular, más allá del anuncio público que ustedes recordarán que el subsecretario hizo de la interposición de querellas. A mí lo que me interesaba más allá de las querellas porque las querellas contra quienes resulten responsables finalmente es algo que no tiene mayor significancia desde el punto de vista del fondo que es encontrar a quienes cometen estos delitos. Lamentablemente no estoy en condiciones de decirles qué es lo que Interior está trabajando específicamente en la interacción que el sistema penal tiene que tener, me refiero al Ministerio Público como está liderando esas investigaciones, como está dirigiendo a las policías. Lo que sí les puedo decir, es que a propósito de información que recabé directamente del general Yáñez, la investigación por los hechos acontecidos esta semana habrían sido destinados a una investigación de la Policía de Investigaciones de Chile. Por lo tanto, Carabineros no está desarrollando en ese sentido una investigación.
– ¿Solicitó algo al Ejecutivo?
Le pedí al ejecutivo, particularmente al ministro Jackson, que ha asumido recién el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que disponga que la subsecretaría de la Niñez, que tiene un rol y un mandato legal muy claro en lo que dice relación con la coordinación del interceptor para prevenir vulneraciones a derechos, pueda liderar un proceso que desde una mirada integral aborde con toda la institucionalidad pública necesaria, todo lo que involucra este complejo momento que se sigue enfrentando en materia educacional. Velando por que las y los estudiantes de este país puedan estudiar en condiciones de seguridad con una interacción permanente con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública pero también porque la educación sea entregada en términos de la calidad y en condiciones que son las necesarias para poder estudiar en lo que involucra el rol más específico de la educación. Insisto, esto no se va a poder resolver si se siguen haciendo las mismas cosas que como quedó de manifiesto hace más de dos años, no funcionaron y hoy día lo que estamos viendo es una incapacidad del Estado de dar cuenta y de responderle a la ciudadanía diciendo que somos capaces de evitar que los delitos se cometan en los espacios estudiantiles y en las cercanías de los espacios estudiantiles con lo complejo y lo grave que resulta eso por las afectaciones que provocan a la sociedad en su conjunto.
– ¿Cree que este gobierno lo está haciendo igual, mejor o peor que la administración anterior?
Podría decir, en razón de lo que he observado y a propósito de las peticiones que como Defensoría de la Niñez hemos realizado, que las diferencias se están produciendo en el manejo que está haciendo en el Ministerio de Educación, porque es un ministro que ha brindado espacios de diálogo y conversación a los estudiantes. No sé si estos están siendo suficientemente aprovechados por las y los estudiantes porque por lo menos a mi me consta que el ministro Ávila ha hecho no solo esfuerzos sino que acciones concretas para que el diálogo sea lo que termine primando. Pero efectivamente en lo que dice relación con el otro aspecto, esto es prevenir la comisión de delitos sea al interior o a las afueras de los establecimientos educacionales o en los contextos que se producen manifestaciones, está demostrando la realidad de las cosas, que se están haciendo las mismas acciones de antes que no dieron resultado y lo más probable es que en este caso tampoco. Para que yo tenga resultados distintos, tengo que hacer cosas distintas.
– ¿Pero usted ve cosas distintas?
En ese sentido me parece que eso no está pasando. Al menos en lo que nosotros hemos podido ver y creo que es lo que la ciudadanía constata a diario.
– ¿Tiene contacto con líderes estudiantiles?
Nosotros procuramos tener interacción con los centros de estudiantes del Instituto Nacional y del Instituto Nacional Barros Arana, desafortunadamente no fueron respondidos nuestros intentos de comunicación por lo tanto no hemos podido hablar con ellos. Si tuvimos contacto con algunos representantes de organizaciones de padres que están preocupados por la situación que están enfrentando muchos de sus hijos e hijas. En ese sentido aquello ha tenido como finalidad abordar dos cosas: por una parte que se entienda muy claramente, y vuelvo al énfasis que puse al inicio, de que todos tenemos derecho a las manifestaciones pacíficas, ese ejercicio tiene que ser protegido por el Estado de Chile y por quienes representan al Estado en el ejercicio de funciones como las que representa el rol policial. Es un derecho que la policía tiene que garantizar, y por lo tanto, proteger a quienes se manifiestan pacíficamente. Por tanto, nos ha preocupado también que aquellos contextos en los que se puedan producir vulneraciones a los derechos por ejercicio de la fuerza indebida policial y por lo violencia institucional, puedan sernos comunicados para efectos de que el INDH en razón de sus obligaciones legales pueda intervenir y se puedan adoptar las acciones que corresponden.
– ¿Hay un cambio social respecto al rol policial de los Carabineros?
Probablemente ha faltado espacio de conversación más profunda. En general la cosa se tiende a polarizar también. Nosotros como Defensoría de la Niñez hemos planteado y hemos tenido muy claro, que es parte de la base de la legalidad, cuales son las funciones y las atribuciones que la policía tiene. También cuáles son las funciones y las atribuciones que tienen los directivos de las comunidades escolares a propósito de las infracciones a los reglamentos internos y a la comisión de delitos que se puedan producir al interior de los colegios. Más allá de que si cambia o no cambia la percepción pública, que por cierto es algo que puede ser evidente, lo importante es que Carabineros tiene no solo la facultad sino que la obligación de intervenir ante la comisión de delito para lograr la detención de las personas que los cometen y por lo tanto, permitir la persecución penal a través del Ministerio Público y los tribunales de quienes están cometiendo estos hechos.
– ¿Pero qué pasa?
Se empieza a instalar una lógica que a mí me parece muy compleja que es esto de: ‘Yo no voy a intervenir porque si intervengo probablemente me den de baja’. Es un poco un discurso que de alguna forma se va instalando. Quiero ser super clara, si un policía sabe lo que tiene que hacer, que uno espera que sepan lo que tiene que hacer y su regulación legal, constitucional y reglamentaria de su intervención, tiene perfectamente claro que si está interviniendo en un delito flagrante y no está ejerciendo violencia, que no esté justificada por la constitución y la ley, y su reglamento, no va a haber nada que le pueda afectar en términos de su ejercicio policial. Independiente de la percepción de la sociedad. El tema es que eso tiene que quedar muy claro y todos los policías lo tienen que saber y la sociedad también lo tiene que saber. Otro tema es si lo comprende y lo comparte. Ese es otro foco de discusión, el punto es que acá corresponde que las autoridades hagan su trabajo.
– ¿Qué le parecieron los dichos del ex rector del Instituto Nacional que decía que cuando él trataba de expulsar un alumno la Defensoría de la Niñez lo judicializaba para solicitar su reincorporación?
Primero eso es falso porque nosotros nunca recurrimos a ninguna causa de expulsión de ningún chico del Instituto Nacional. Pero segundo revela la falta de conocimiento de un actor trascendental que es un rector de un colegio que tiene que saber cuales son las facultades que tiene para poder tomar decisiones en términos de la responsabilidad que a nivel educativo corresponde respecto de chicos que infrinjan reglamentos internos o que comentan delitos. Esta lógica de siempre estar echándole la culpa ‘al empedrado’, “’yo no voy a hacer nada porque si hago algo me van a sancionar’, la verdad es que no se resiste desde el análisis que implica tener claridad de cuáles con mis funciones, como debo ejercerlas y por lo tanto tener la absoluta claridad de que si yo estoy cumpliendo con mi obligación constitucional y legal, por supuesto que no voy a ser sujeto de ningún tipo de sanción. Si se produjera una sanción, sería arbitraria e ilegal.
– ¿Qué le dice a los grupos de jóvenes que quieren cambios pero no comparten la violencia?
Es obvio que ese grupo de estudiantes son víctimas de esta situación que tiene cooptado el debate pero también la realidad que ocurre en las calles de nuestro país, y más allá que nosotros como Defensoría de la Niñez no tengamos posibilidad ni de investigar los delitos ni entrar para detener a personas que estén cometiendo delitos, yo les pediría perdón porque en el fondo me parece que la incompetencia del Estado en esta materia está generando no solo dificultades severas en lo que tiene que ver con su desarrollo educativo propiamente tal, porque además si consideramos lo que ha implicado la pandemia solo se acrecienta, sino que también, porque más allá del impedimento que tiene continuar con la educación en términos propiamente académico, hay todo un proceso de desgaste emocional asociado a esta situación permanente y persistente de que van al colegio pero resulta que el colegio suspende las clases porque afuera está quedando la escoba, están quemando los buses, están entrando o saliendo overoles.
– ¿Qué llamado haría?
Haría un llamado, porque he visto en este contexto de esta semana, a muchos adultos que ‘romantizan’ lo que tiene que ver con ‘la lucha’. De alguna forma propenden a consideración de quienes ejercen hechos de violencia como algo que va a lograr hacer cambios sin ser capaces de darse cuenta, y por lo tanto no estoy atribuyendo mala intención, de cómo están exponiendo a adolescentes a creer que el ejercicio de la violencia es un mecanismo válido para resolver problemas o conflictos. Nada más lejos de la realidad. La violencia no puede ser un mecanismo válido. Eso es algo que todos los adultos deberíamos tener súper claro para evitar que niños, niñas y adolescentes, y sobre todo adolescentes puedan ver eso como un espacio de solución. Si no vamos a seguir expuestos a estas situaciones.
– ¿La clase política tiene responsabilidad al no haber condenado actos de violencia previos como lo ocurrido el 18 de octubre?
Es probable que la ambigüedad que se vió en muchos espacios relacionados con este tema haya implicado precisamente la idea de que hay espacios para que algún tipo de violencia pueda ser entendida mejor entendida que otra. La verdad es que al menos nosotros, desde la posición institucional como Defensoría de la Niñez y mía propia hemos planteado desde siempre que la violencia venga de donde venga, no debiera tener ningún espacio de validación ni justificación. Porque sino eso nos lleva definitivamente al caos, a que no respetemos las normas, a que no seamos capaces de visibilizar al otro como alguien que tengo que respetar con las consecuencias que a diario observan o algunos observados y lo que es peor, otros sufren directamente.
– ¿Qué le diría a los que se manifiestan?
Cuando se cortan las líneas del metro, para hacer el caso de Santiago que es lo más gráfico, esto puede tener sus implicancias en regiones de otra naturaleza. Pero impedir el uso del metro, perjudica a muchos papás, mamás, a muchas personas que además trabajan a diario con mucho esfuerzo y probablemente sufren situaciones de injusticia o que ellos observan como injusticia en sus desarrollos vitales pero eso no los hace impedir que otros puedan desenvolverse normalmente. (…) La gente está en una situación mucho más difícil económicamente, desde todo punto de vista. Hay que entender los momentos y sobre todo el valor del respeto por el otro.
