Fue el diputado más votado en la región de Valparaíso en las pasadas elecciones parlamentarias. Diego Ibáñez, militante de Convergencia Social (CS), el partido del Presidente Gabriel Boric, obtuvo 34.425 votos y aseguró su reelección en la Cámara Baja un nuevo periodo. Su más cercano contendor fue la también reelecta diputada del PPD Carolina Marzán, con 33.613 sufragios.
Ibáñez es miembro de la tienda que deberá ser el pilar de Gabriel Boric. También suena como carta para presidir el partido en las próximas elecciones internas. Sobre esto último señala que “es deber de un militante estar disponible para asumir cualquier tipo de desafío”. En entrevista con Radio Bío Bío, el abogado dice que uno de los grandes retos que tendrá la administración Boric será “ponernos de acuerdo en reformas políticas que tengan que ver con abrir el Estado hacia la ciudadanía”.
– ¿Cuáles son los desafíos más importantes del nuevo gobierno?
Construir una mayoría parlamentaria, porque hoy la alta fragmentación es inédita en los últimos años en Chile. Ir construyendo una mayoría que haga parte a todas y todos los que se sienten convocados a generar los cambios, las reformas en pensiones, reactivación económica, reforma tributaria. Lo que es importante allí es convocar, dialogar y en ellos el ministro Jackson va a tener una fuerte labor.
– ¿Cómo atraerán a estas fuerzas? ¿Qué elementos nuevos va a presentar el gobierno o que cambios tendrá que hacer en el programa para lograr la mayoría?
Ser capaces de construir un horizonte compartido que es de sentido común en función de mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar las pensiones, mejorar los sueldos. Creo que todos estamos detrás de esa bandera y no veo tan imposible, porque muchas veces se analiza la política desde el punto de vista ideológico, del color de la bandera, pero la verdad es que es mucho más sencillo que eso. Hoy hemos tenido debates con el Partido Socialista, incluso con la Democracia Cristiana y con el Partido de la Gente, donde estamos de acuerdo en mejorar el modelo de pensiones y avanzar hacia terminar con el abuso de este sistema que maltrata a los adultos mayores.
– ¿En qué aspectos tienen puntos en común?
Hay varios puntos en común y no veo que vaya a ser tan complejo en ciertas materias relativas a derechos sociales. Creo que lo complejo va a ser ponernos de acuerdo en reformas políticas que tengan que ver con abrir el Estado hacia la ciudadanía y en ello vamos a esforzarnos como Apruebo Dignidad.
– ¿Cuál va a ser el rol de Convergencia Social durante estos cuatro años de gobierno?
Contribuir al desarrollo de esta mayoría, dotar de contenidos programáticos, hacer un seguimiento junto a las y los ministros de Convergencia Social. Intentar tender puentes, construir un diálogo permanente, semanal con los distintos actores. Tenemos una alta presencia en los distintos territorios, una bancada de 10 parlamentarios y eso nos obliga a tejer redes también a nivel social y territorial. Convocar a los actores de la sociedad civil a que se hagan parte también de los debates políticos y que esto no quede solamente en un paréntesis entre ciertos dirigentes y sus cúpulas partidarias. Al contrario, queremos invertir esa pirámide y convocar con mucha fuerza al mundo social a que sea parte.
Política económica
– ¿Qué señales se esperan del nuevo Ejecutivo en materia económica para espantar los fantasmas de los inversionistas?
En materia económica, primero que todo, hay un telón de fondo que lo han expresado los distintos gremios empresariales, la Sofofa, la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio), el Consejo Minero, a propósito de las regulaciones del sector cuando entre en vigencia la nueva Constitución. Nosotros hemos tenido un amplio debate con el ministro Nicolás Grau, con Mario Marcel en su momento, y la verdad es que las transformaciones van a ser graduales, paulatinas pero van a tener un horizonte claro que es desmonopolizar la economía y tratar de distribuir los beneficios en la pequeña y mediana empresa que es la que da más del 60% del empleo en Chile y que muchas veces las condiciones laborales tienen que ver con la falta de respaldo financiero de los pequeños empresarios que no pueden competir con los grandes. No se trata solo de reforma tributaria sino de cómo el Estado focaliza los recursos y ayuda a los gremios de las pequeñas empresas a que puedan sostener trabajos de calidad y que se puedan proyectar en la salida de la pandemia.
– En relación al quinto retiro, ¿cree que este proyecto puede ser un dolor de cabeza para el nuevo gobierno?
La idea es que las fórmulas parches para saldar una deuda en pensiones no se tengan que ocupar. Justamente para poder garantizar la calidad de vida de los adultos mayores que hoy tienen la mayor tasa de suicidio. Desde allí que la propuesta que tenemos una vez que se tramite la reforma tributaria es avanzar hacia una reforma básica universal de 250 mil pesos, intentando de que se distribuya de forma progresiva entre quienes menos tienen. El debate de pensiones, la estructura de cómo se distribuye la seguridad social en Chile tiene que cambiar por la vía de la nueva Constitución. Ahí esperemos que quizá el último año de gobierno o los últimos dos, podamos consensuar una reforma que vaya en consonancia con los principios de la OIT y la seguridad social.
Movimientos sociales
– Como partido oficialista, ¿tienen temor que los movimientos sociales puedan bloquear la agenda del gobierno?
Hay un calor, un flujo vital de movilización, de ciudadanía activa, de masa crítica que se ha puesto como respaldo en periodo de campaña a la candidatura de Gabriel. Creo que más que un rol de partido, es un rol de coalición el asegurar que los espacios de participación también existan y se incida por medio de la sociedad civil y sus organizaciones a empujar el programa de transformaciones. Ahora bien, sabemos que un partido político no es lo mismo que un movimiento social, los roles son distintos, de allí que habrá equilibrar la toma de decisiones desde el gobierno central con los niveles de participación necesarios para hacer a la ciudadanía protagonista. Gabriel ha sido bien claro en señalar que él quiere terminar los 4 años con menos poder y eso implica construir espacios de toma de decisiones donde la ciudadanía tenga un rol protagónico, y nosotros como Convergencia Social, que a veces dentro del FA no se sabe muy bien cual es la diferencia entre uno u otro movimiento, yo creo que una de las distinciones dada de nuestra matriz de formación política es justamente distribuir poder en el seno de la sociedad y vamos a estar haciendo todos nuestros esfuerzos para que justamente, una vez que tengamos una nueva Constitución, se generen los mecanismos pertinentes para que la ciudadanía también participe.
– Rol del Partido Comunista, ¿qué rol les gustaría que el PC jugara en materia de movimientos sociales?
Esperamos que estos debates que son más estratégicos dentro del progresismo y que se está dando en todo Sudamérica, creemos que es un debate central que es de largo plazo. Que eso no se va a resolver en una o dos reuniones sino que es una relación constante en donde la medida en que tu vayas cambiando la lógica cultural en relacionarse entre La Moneda, los parlamentarios y la ciudadanía, también se van nutriendo esos espacios de valores que luego son traspasados formalmente a ciertas instituciones. Nosotros queremos institucionalizar los cambios culturales. Para ello los movimientos sociales van a seguir siendo necesarios y desde allí que siempre van a contar con nuestro apoyo y respaldo y también nuestra sinergia para llevar esas demandas al poder.
– ¿A ustedes no les importaría la crítica que se le hizo al PC en Bachelet II de que estaban con un pie dentro de Palacio y con otro en la calle?
Es una opinión personal, no soy partidario de que cuando uno entra al gobierno divide su cuerpo entre calle e institución. Creo que el desafío hoy es convertir la institución en un espacio de información de calle también porque queremos que las instituciones construyan una cultura distinta en la sociedad. Hoy el neoliberalismo ha destruido las relaciones sociales y muchas veces los movimientos locales son pequeños nodos de resistencia frente a ese individualismo. Entonces lo que tiene que hacer hoy la institucionalidad es incluso fortalecer mediante sus políticas públicas a las organizaciones de la sociedad civil. Creer que uno cuando entra al gobierno se divide en dos o se desdobla creo que justamente la estrategia es unívoca de que estamos en las instituciones para fortalecer la sociedad civil y para entregarle mayor participación y protagonismo a la gente.
Los 100 primeros días
– ¿Cuáles son los temas que se deben instalar durante los primeros 100 días de gobierno?
Sabemos evidentemente que hay una urgencia por tener uno o dos puntos de recaudación para invertir en políticas sociales, hablamos de levantar lo que va a ser la base del sistema nacional de cuidados, lo que va a ser la base de un nuevo modelo que defienda los derechos de la niñez, eso en materia de recaudación. En materia de sueldo mínimo tenemos un desafío gigante para de aquí al fin del mandato de Gabriel Boric llegar a cierto monto y creo que allí vamos a tener que tener un debate bien con las pequeñas y medianas empresas en el seno de la Comisión del Trabajo cuando se proponga la cifra del sueldo mínimo, ya lo ha dicho la ministra, estamos muy expectantes a que al menos podamos en este primer semestre llegar a 400 mil pesos, es un debate que se va a dar dentro del parlamento y bueno, también sentar lo que van a ser las primeras políticas públicas que permitan a la mujer insertarse nuevamente en el mercado laboral (…). Y por último, evidentemente la crisis migratoria y el Wallmapu son temas de primer orden y que allí la ministra Izkia (Siches) ya ha levantado una agenda de trabajo junto a las autoridades locales para sacar adelante propuestas que innoven, porque si queremos resultados distintos hay que hacer cosas distintas, y ello no implica tratar estos temas como un problema de seguridad pública, sino como un problema social y cultural que tenemos que abordar como país.
– Y el proyecto de los presos de la revuelta, ¿no va a haber una prioridad en los 100 días de gobierno?
No, por cierto. Esperemos que pase hoy para que el propio presidente Boric haga el anuncio.
Convención Constitucional
-¿Estaría dispuesto a alargar el plazo de la Convención, darle más tiempo a los constituyentes?
Estuvimos en la convención, estuvimos hablando con algunos convencionales del Frente Amplio y veo harta voluntad de terminar este proceso a tiempo. Creo que se va a lograr dentro del marco de acuerdos, tengo toda la esperanza y así lo han manifestado muchos constituyentes con los cuales hemos conversado.
-Si no se llegara a alcanzar, ¿cree que se dificultaría el relato y la agenda del gobierno si la Convención se atrasa en la entrega del texto?
La única forma que tiene de atrasarse es de que exista otra nueva reforma constitucional que prorrogue el plazo, y como señalamos en la primera parte de la entrevista es muy complejo que se construyan las mayorías en torno a ciertos puntos y creo que este tema efectivamente va a dar que hablar, pero confío, conversando con muchos constituyentes, que el trabajo que se va a realizar sobre todo desde abril en adelante con la Comisión de Armonización va a permitir hacer este proceso en los plazos establecidos. Ahora bien, en la medida en que, por alguna eventualidad, la Convención solicite más tiempo es un debate político que tendremos que dar como Apruebo Dignidad pero nuestra vocación siempre es facilitar el proceso constituyente.
– ¿El Presidente Boric debe ser fiel a su compromiso y perseguir judicialmente al expresidente Piñera?
El Presidente electo lo señaló claramente, él va solicitar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos a nivel internacional y el mecanismo se está evaluando.
