Manuel Woldarsky es uno de los constituyentes independientes que resultó electo como parte de la Lista del Pueblo.
Con una postura clara, el abogado de 37 años no duda en apuntar al Gobierno por una labor “insuficiente” hacia la Convención.
Y también critica a las campañas de los candidatos presidenciales: “No se han puesto a disposición del proceso constituyente”, fustiga.
“Vamos a ser los y las constituyentes los que vamos a trabajar en el sistema de gobierno que ellos luego van a tener que obedecer”, lanza.
Trabajo de la convención
-¿Cómo siente que ha sido el trabajo de la convención a casi cuatro meses de su comienzo?
Creo que ha sido un trabajo arduo, creo que después de que no existía ni siquiera la posibilidad de que tuviéramos una asamblea constituyente, hoy tenemos una funcionando, con un reglamento en un tiempo récord, con un esfuerzo sobrehumano sin duda, trabajando bien, trabajando a un ritmo sostenido y que nos va a permitir entrar a los temas de fondo con un órgano de ejercicio del poder del estado robusto, no con nada como era el 4 de julio.
-¿Qué respondería a quienes han criticado a la convención por las polémicas que la han rodeado, como el caso Rojas Vade, la discusión por el aumento de las asignaciones, entre otras?
Los remito a tener en cuenta el trabajo que ha hecho la convención y no los errores que han cometido porque si nos ponemos a hablar de errores, es obvio que va a ocurrir que un grupo de personas que no ha hecho nunca antes aquello que el país nos pidió, cometa errores en su camino.
Pero a pesar de esos errores, la convención constitucional, y las y los constituyentes, han estado a la altura del desafío porque luego de tres meses nunca antes en ningún país del mundo había estado todo listo para empezar a escribir la nueva Constitución, no sólo de parte de quienes fuimos elegidos sino que de parte de toda la ciudadanía.
Encuestas y las elecciones
-José Antonio Kast ha tenido un crecimiento en algunas encuestas, como en la Cadem del pasado 31 de octubre, en la que alcanzó un 24% seguido por Gabriel Boric con un 19%. En otras, como Data Influye, es Boric (32) quien lidera, sacándole cinco puntos de ventaja a Kast (27). ¿Cómo toma estas proyecciones?
Yo creo que las encuestas son una referencia de la empresa que va a buscar para las elecciones un punto de vista en la realidad nacional. Al mismo tiempo me las tomo como una opinión, un punto de vista de un grupo de personas que fueron los encuestados.
Hay algunas que siento que son mucho más cuestionables que otras, hay algunas que creo que pueden entrar a desinformar derechamente o a mentir, pero más que nada quiero apelar a la buena fe, quiero creer que lo que hacen es de buena fe y en ese sentido asumo que es un punto de vista de un grupo específico de la población. Sin perjuicio de tener en cuenta que las encuestas, hasta antes de las elecciones del 16 de mayo le daban a los independientes un 2% de participación en la convención constitucional y somos el 67%.
Por lo tanto, el margen de error que han tenido hasta este momento, desde el inicio de mi participación política a nivel nacional, es bastante alto.
-¿Usted cree que debiera volver el voto obligatorio?
Sí.
-¿Por qué?
Porque creo que la democracia no es solamente un derecho, sino que debemos entenderla como una responsabilidad. La democracia como forma de gobierno, como forma de cómo nos organizamos, como república, debe ser entendida en un sentido muy simple y humilde en cuanto a qué es lo que cada ciudadano y cada ciudadana está haciendo por lograr las transformaciones que buscamos.
Y ese no debe ser un compromiso sólo electoral asociado a poner una rayita en un voto, sino que debe ser mirado desde un enfoque paradigmático, de un enfoque de un cambio paradigmático. Si no nos involucramos en las instituciones que rigen nuestro futuro, podrían ocurrir circunstancias como las que estamos viviendo, en dónde hay un presidente que vive con una relación infectada entre el poder político y el poder económico, donde hay un gobierno ineficiente que confunde la manifestación con el delito, donde hay un parlamento que está compuesto por parlamentarios que viven otra realidad.
La democracia hoy, con el ejercicio de la libertad que nos hicieron creer que era mejor, nos llevó a que une élite específica, un grupo reducido de la población chilena, hoy está a cargo de los órganos de la administración del estado y lo están haciendo todo mal. Por lo tanto, a partir de esa reflexión, creo que una oportunidad para hacernos cargo entre todas y todos del país que tenemos, asumiendo que efectivamente debemos exigir nuestros derechos pero también debemos asumir nuestras responsabilidades.
Nuestras responsabilidades no se basan estrictamente en pagar impuestos, sino que se basan en trabajar de manera comunitaria y colectiva para que las decisiones más importantes tengan un responsable colectivo y no necesariamente una persona vuelva a tener la misma cantidad de poder como ha ocurrido hasta ahora con el presidente de la república porque ha causado estragos que queremos dejar atrás.
-¿Hay algún candidato que vea mejor posicionado en estas elecciones?
No voy a hacer opinión respecto a ninguno de los candidatos. Yo espero que el candidato o la candidata presidencial que tenga aspiraciones serias de llegar al gobierno, entienda que va a ser un gobierno que vive un momento constituyente y que por lo tanto debe ponerse a disposición del poder constituyente.
Debe entender que vive un gobierno de transición y que debe atenerse a las necesidades que esa transición determine porque la única manera en la que el proceso constituyente va a resultar, es que los órganos del poder constituido, tanto las personas que fueron elegidas en el ejercicio anterior como las que van a ser elegidas en este ejercicio, entiendan que si fue una decisión del Estado generar un poder constituyente entonces es el estado el que debe ponerse a disposición del poder constituyente, y eso incluye al órgano parlamentario, al órgano legislativo, al órgano judicial y al órgano ejecutivo.
Gobierno y convención
-¿Siente que el trabajo del gobierno en el contexto de la convención constitucional no ha sido el óptimo?
Yo creo que no sólo no ha sido el óptimo, sino que también ha sido insuficiente.
-¿En qué sentido ha sido insuficiente?
En todo sentido, creo que las campañas políticas no han incluido esta molestia específica a la que hacía referencia hace un rato.
Creo que la campaña política debe ser una campaña pensada en el proceso constituyente que estamos viviendo. Pero veo, por la manera en cómo se relacionan los candidatos entre sí, por la manera en cómo ideas fascistas comienzan a tomar relevancia y cómo lamentablemente permitimos que esas ideas de carácter fascistas, de carácter totalitarias, comienzan a volverse un punto en la agenda, y veo que la condena es tibia, es frívola.
Al mismo tiempo, creo que no han estado involucrados en el proceso constituyente cómo deberían estar y lo más importante, no se han puesto a disposición del proceso constituyente porque vamos a ser los y las constituyentes los que vamos a trabajar en el sistema de gobierno que ellos luego van a tener que obedecer.
-Mencionó actitudes fascistas, ¿a cuáles puntualmente se refiere?
He visto en algunos programas de gobierno intenciones que van más allá de la sana convivencia entre compatriotas y que en realidad no se ajustan a la necesidad de paz y de trabajo comunitario de respeto colectivo que debe tener una sociedad.
-¿Pero a qué tipo de medidas alude cuando habla de conductas fascistas?
Revise los programas de gobierno y lo va a ver.
Acusación contra el presidente
-¿Cómo ve la acusación constitucional contra el presidente Piñera, considerando que hay tres diputados que podrían no votar?
Yo veo la acusación constitucional como una necesidad. Lamentablemente, el Presidente de la República hoy está siendo acusado de delitos tributarios, y desde mi opinión, son menos importantes que los delitos de lesa humanidad que ha causado su gobierno por acción o por omisión en contra de quienes se manifiestan. De todos modos, espero que prospere, que sea acusado constitucionalmente, que sea despojado del cargo de presidente de la república porque no se lo merece.
Yo creo que ese sería un gesto político de justicia, sobretodo hacia las personas que han resultado víctimas del flagelo de la delincuencia del estado que es algo que no ha tenido en cuenta este gobierno. El flagelo de la delincuencia perpetrada por agentes del estado en ejercicio de sus funciones es algo que se va a ver neutralizado si logramos que la acusación constitucional contra Sebastián Piñera sea aprobada.
Violencia en la Macrozona Sur
-¿Cómo ha sido el manejo del gobierno en la Macrozona Sur?
Creo que ha sido deficiente a un nivel criminal. El único camino que han tomado es a través de la criminalización y la militarización. Las provincias de Arauco, Cañete, Cautín, el Wallmapu propiamente tal, no toleran más la criminalización porque no somos delincuentes los que estamos protestando, ni en Wallmapu, ni en Santiago, ni en Antofagasta, ni en Concepción, ni en Punta Arenas ni en ninguna ciudad del mundo.
Y lo que hacen los peñi mapuche son acciones políticas reivindicatorias respecto del despojo que han sufrido históricamente por el estado chileno. Por lo tanto, creo que por una parte hay una militarización innecesaria y criminal, y por otra parte hay una necesidad de criminalizar la protesta, sin importar donde sea, cuando la misma constitución que tenemos actualmente reconoce el ejercicio del derecho a la manifestación sin permiso previo, públicamente y sin armas.
-Usted ha señalado que han habido montajes en la zona del conflicto mapuche, ¿en qué se basa?
En el caso de Camilo Catrillanca, Felipe Kast señaló que vio videos de un enfrentamiento pero nunca existió dicho enfrentamiento. Fue una masacre de hombres armados contra una persona que estaba con un menor de edad, persona que fue muerta por la espalda sobre un tractor. Creo que en el caso del muchacho que falleció lamentablemente el lunes, hay un patrón que se repite hacia atrás. Para qué hablar del caso de Alex Lemún, cuyo caso en un momento fue sindicado como un enfrentamiento y fue la verdad judicial la que dijo que el funcionario policial lo había matado.
Por lo tanto, creo que existe un patrón de conducta de parte del gobierno donde ha estado instrumentalizando a carabineros de Chile con la intención de mentir derechamente en hechos que revisten características de lesa humanidad, por el ataque contra un grupo organizado y específico de la población, como es el pueblo nación mapuche.
Revisten características de lesa humanidad desde la perspectiva del genocidio. Y en ese sentido no tengo más de que decir que espero que la verdad judicial, una vez más, haga el trabajo que ni el gobierno ni carabineros pudieron hacer que fue, por una parte, controlar el orden público, y por otra, que este control del orden público sea sin sacrificar a personas inocentes.
-¿Por dónde usted cree que pasa la solución en la zona del conflicto?
Primero que todo, el estado de Chile debe pedir perdón porque en cada ocasión en la que muere un comunero mapuche, hay una familia que sufre, hay una comunidad que sufre y hay un pueblo nación que sufre.
Si este gobierno es capaz de pedir un perdón sincero y de cambiar la actitud, dejando de matarnos a quienes somos manifestantes, dejando de mutilarnos, no sólo a los integrantes del pueblo nación mapuche sino que a todos quienes somos manifestantes y que hoy día oponemos resistencia al régimen de Sebastián Piñera, creo que sería un buen punto de partida. Creo que el perdón es la base del reencuentro entre las sociedades, y luego el llamado a la paz debe ser validando a las autoridades locales, a las machi, a los líderes de las comunidades en general.
“El ministro Delgado miente”
-“Los que están privados de libertad son personas que cometieron delitos, en un contexto de estallido social, pero delitos. El preso político en Chile no existe, porque nadie está privado de libertad por cómo piensa”, dijo en agosto pasado el ministro Rodrigo Delgado. ¿Qué opina frente a esto?
Que miente, el ministro Delgado miente descaradamente.
-¿Por qué?
Primero, porque él no tiene a su cargo la función judicial, él no tiene cómo saber cuáles son los motivos por los cuales una persona que se encuentra privada de libertad cometieron o no cometieron delitos. Esa es una función del órgano judicial, del poder judicial en Chile, por lo tanto, lo que hace es establecer algo sobre lo cual no existen antecedentes. Hace un prejuicio, y al hacer un prejuicio sobre hechos que están siendo investigados por otros órganos del estado, primero se está involucrando en asuntos que no son de su competencia.
Segundo, está generando una opinión sobre la base de lo que él cree, porque es legítimo que él piense que puedan ser delincuentes o no, yo no comparto su opinión, pero lo que no es legítimo es que en función pública, él a través de un prejuicio le haga creer a la ciudadanía que hay un sector de la población que particularmente es opositor a su gobierno, que sean delincuentes. En ese contexto, todos los que somos opositores a su gobierno somos delincuentes y eso no es así tampoco, yo no he cometido ningún delito.
Y consta en los registros de la fiscalía, consta incluso en varios de los procesos judiciales que se han llevado a cabo, que no hay pruebas, que las carpetas están vacías, que no hay manera de acreditar los delitos que la ley de seguridad del estado señala, y que por lo tanto hacen entender que los dichos del ministro Delgado no sólo son equivocados sino que buscan generar en la población una intención específica, que es la de generar una posverdad antes de que la verdad judicial salga a la vista.
Yo creo que esos comentarios vienen de un cómplice de delitos de lesa humanidad, creo que lamentablemente Rodrigo Delgado tenía la oportunidad de formar parte de la solución desde adentro de gobierno, y con comentarios como ese forma parte del problema. Y más allá de mi opinión, va a ser la justicia la que va a determinar cuál es la responsabilidad que él tiene en esos delitos. Yo creo que va como cómplice porque, justamente, miente y porque busca que la población chilena tenga el prejuicio encima de personas que todavía están siendo investigadas incluso.
-Dentro de quienes han sido detenidos en el marco del 18 de octubre, ¿hay personas que hayan sido detenidas por cometer delitos o para usted son todos presos políticos?
No soy yo la persona indicada para responder esa pregunta, yo puedo hablar sobre las personas que conozco, sobre los casos en los cuales me ha tocado participar, sobre los casos en los cuales me he informado, no puedo hacer una opinión pero sí creo que efectivamente hay errores en los procedimientos policiales.
Creo que desde el punto de vista penal esos errores son graves porque obedecen a una política de estado que puede actuar por acción o por omisión, y que en este caso está actuando por omisión en el sentido de que está privando de libertad a personas sin tener suficientes pruebas y que incluso, cuando no tienen suficientes pruebas los mantienen privados de libertad a causa de la burocracia judicial por la demora en las fechas de las audiencias, e incluso a la espera de sentencias que terminan absolviendo y declarando inocentes a personas que se mantenían hasta por dos años privadas de libertad.
Otra muestra puede ser la absolución de dos muchachos de Quilpué que se encontraban privadas de libertad hace dos años por haber sido acusados del delito de incendio de la municipalidad de Quilpué. Si hay un caso así, es muy probable que hayan muchos más.
-El proyecto de indulto volvió a comisión de Constitución, es decir, para introducir indicaciones. ¿Cómo ve el futuro de este proyecto?
Yo espero que el senado reconozca el error del cual forma parte al demorar innecesariamente la tramitación de un proyecto de ley que es una necesidad humanitaria. Yo no sé si los senadores viven en este país, porque en el país en el que yo vivo tiene familiares de esos muchachos que se encuentran privados de libertad y que podrían ser beneficiarios del indulto, hay familiares que están dispuestos a morir para que se hagan las acciones suficientes para que el indulto sea ley.
Hubo mamás haciendo huelga de hambre, hay grupos de estudiantes que tienen tomadas la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a pesar de que estemos acostumbrados a las manifestaciones, esto no es normal, y al no ser normal, es necesario tenerlo en cuenta: en Chile se violan los derechos humanos de manera sistemática y una muestra de eso es la demora que el parlamento en general ha ejecutado con un proyecto de ley humanitario.
