Sobreseen a presidente Boric por contratación de abogado para su defensa con fondos públicos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa contra el mandatario Gabriel Boric por la contratación con fondos públicos de un abogado para su defensa.

La Presidencia de la República fichó en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por alrededor de $13.800.000, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Tras ello, el mismo querellante de la causa principal, Raimundo Palamara de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una nueva acción legal. Su argumento era que existía malversación, porque la obtención de un defensor con cargo a las arcas fiscales sólo está autorizada cuando los funcionarios son investigados por actuaciones legítimas dentro del ejercicio de sus tareas, lo que —según él— no habría ocurrido en esta situación.

Sin embargo, tras ocho meses de abierta la indagatoria, el 2 de septiembre el Ministerio Público solicitó fijar una audiencia de sobreseimiento definitivo, la que se concretó la mañana de este viernes.

Representando al presidente participó el mismo Jonatan Valenzuela, quien contó que la defensa se adhirió a la petición fiscal. “La solicitud se basa en que no existe ni ha existido delito alguno en los hechos materia de la querella”, afirmó Valenzuela.

Querellante anuncia apelación

El tribunal acogió la petición, terminando con el proceso penal contra Boric. La única posibilidad de que se reabra es un recurso de apelación que —en conversación con Bío Bío Investiga— el querellante adelantó que presentará ante la Corte de Santiago.

“Lo encuentro insólito y genera un mal precedente que un funcionario público investigado por corrupción se le permita que contrate su abogado particular con los recursos del mismo órgano respecto al cual defraudó”, fustigó Palamara.

En la causa principal, en tanto, el Ministerio Público solicitó el mes pasado fijar una audiencia para comunicar su decisión de no perseverar.

La indagatoria —liderada por el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper— revisó un posible fraude al fisco por la firma de un contrato de compraventa entre el Estado y la sucesión del presidente Allende, entre las que estaban la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.

Luego de que el Ministerio Público comunicara al tribunal que no se habían reunido antecedentes para fundar una acusación, Palamara presentó una ampliación de querella por prevaricación administrativa y perjurio contra Gabriel Boric.

El Séptimo Juzgado de Garantía no la ha acogido a trámite, considerando la decisión informada por el Ministerio Público y a la espera de la audiencia correspondiente, agendada para el 2 de enero.