Un oficio firmado por los jueces presidentes y administradores de los Juzgados de Garantía de las cortes de Santiago y San Miguel, junto con la Coordinación del Centro de Justicia, generó sorpresa en el sistema judicial, incluido fiscales y policías. El documento al cual tuvo acceso Radio Bío Bío,, fechado el 3 de octubre de 2025, y dirigido a la Corte Suprema informa una “extraña” modificación en la organización de las audiencias de control de detención en la capital.
El documento señala que a partir del lunes 3 de noviembre, los tribunales del Centro de Justicia comenzarán sus audiencias en una jornada única desde las 11:00 horas, todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Hasta ahora, las audiencias se distribuían en dos bloques, uno en la mañana y otro en la tarde. Es decir, como afirman en los pasillos de la Corte Suprema, fiscalía y policías, se trabajará simplemente menos.
La medida, que no se advierte en el documento sobre el impacto en el sistema judicial, implica que las personas detenidas por Carabineros en Santiago deberán esperar varias horas adicionales en los calabozos, antes de ser trasladadas al Centro de Justicia. Según el oficio, la decisión fue adoptada “con la aquiescencia de los Jueces Presidentes y Administradores de los Juzgados de Garantía de la jurisdicción de Santiago y San Miguel”, quienes operan en el recinto ubicado en calle Pedro Montt.
El argumento institucional
El cambio se justifica, en primer lugar, por razones legales. En el documento se explica que la nueva distribución “obedece no solo al estricto respeto del principio del juez natural, predeterminación legal, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución”, sino también a la necesidad de enfrentar “una serie de dificultades que han aparecido en el último tiempo”.
Entre ellas, se menciona que “cada tribunal debe asumir la responsabilidad que le corresponde en la tramitación de las causas según su competencia territorial”, ya que se habían detectado problemas de gestión y duplicidad de tareas. “Esto permitirá facilitar la vista de las audiencias cada vez más complejas, cantidad de intervinientes y especialidad de los tipos penales”, detalla el oficio.
Sin embargo, el argumento más llamativo apunta a las dificultades logísticas que enfrenta el sistema judicial y policial en la región Metropolitana de Santiago. El texto admite que “la falta de personal y vehículos policiales para el traslado de los detenidos desde las distintas comisarías” ha sido una de las principales razones detrás de la reestructuración. Carabineros habría planteado reiteradamente que no puede garantizar los traslados en dos jornadas diferenciadas, lo que provocaba demoras y acumulación de personas en los calabozos.
A ello se suma la ausencia de personal del Servicio de Registro Civil e Identificación en las tardes, lo que impide realizar el canje penal —la verificación de identidad— de los detenidos extranjeros. En el oficio se advierte además que “el Centro de Justicia de Santiago y su entorno no cuentan actualmente con las medidas de seguridad requeridas para mantener el orden al atardecer”, cuando hasta ahora se realizaban las audiencias vespertinas.
Impacto en los detenidos
Fuentes del sistema judicial consultadas por Radio Bío Bío reconocen que el cambio provocará una mayor permanencia de detenidos en los calabozos policiales durante la mañana, antes de ser puestos a disposición de los tribunales. “En los hechos, significa que una persona arrestada en la tarde podría esperar hasta cerca del mediodía, del día siguiente, para ser formalmente presentada ante el juez”, explicaron. Es decir, al borde de las 24 horas máximas que confiere la ley para que se controle la detención.
El documento no desconoce ese efecto, pero lo asume como parte del reordenamiento general. En sus palabras, el objetivo es “sincronizar el horario de funcionamiento del resto de los Juzgados de Garantía”, considerando que muchas veces se requiere información de tribunales regionales para resolver causas con órdenes de detención emanadas desde otras zonas.
Otro de los motivos señalados es la protección de la seguridad digital y la confidencialidad de las investigaciones criminales. “Las claves secretas para acceder a la información reservada registrada en el sistema de tramitación informática no deben extenderse más allá de lo estrictamente necesario”, sostiene el oficio. Según los firmantes, distribuir las causas según la competencia territorial permitirá resguardar la información de medidas intrusivas y mantener el acceso restringido a los jueces competentes.
Coordinación con Fiscalía y Gendarmería
El texto también advierte que “cualquier cambio en la organización y logística de las audiencias generará repercusiones en la forma de trabajo de los demás intervinientes”, por lo que los tribunales se han comprometido a mantener una coordinación “estrecha” con las fiscalías, Gendarmería y Carabineros. Incluso se prevé “flexibilizar el horario de ingreso de imputados” en casos excepcionales.
Asimismo, las causas de responsabilidad penal adolescente continuarán tramitándose en una sala especial hasta el 13 de enero de 2026, fecha en que se implementará una unidad especializada para esos casos, según se expresa en el documento.
Reacciones en el sistema judicial
El anuncio fue recibido con sorpresa entre fiscales y defensores, particularmente por la preocupación por los efectos prácticos que podría tener en el flujo de causas. Si bien la medida, dicen los magistrados, se ampara en fundamentos normativos y logísticos, varios actores del sistema advierten que podría agravar la saturación de los calabozos y tensionar aún más la coordinación entre las instituciones.
Con todo, los jueces firmantes, entre ellos Fernando Guzmán Fuenzalida, del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, sostienen que la decisión es necesaria y que el nuevo sistema permitirá “una más eficiente programación de audiencias sucesivas, y el control de ejecución de las resoluciones decretadas”.
¿Qué dice la Corte Suprema?
El Oficio N° 287-2025, fechado el 3 de octubre de 2025, ya está en manos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y según se indicó a Radio Bío Bío, deberá ahora ser revisado por el pleno.
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