Enrique Aldunate Esquivel es el nuevo fichaje judicial de Manuel Monsalve. El exsubsecretario del Interior —indagado por violación— se hizo recientemente de los servicios del histórico ex asesor del Partido Socialista para presentar una ofensiva contra la contralora general de la República, Dorothy Pérez.
De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, se trata del mismo jurista que actualmente es indagado por la filtración de antecedentes reservados del Caso Hermosilla. Aldunate representó en esa causa al diputado Daniel Manouchehri (PS).
Hasta antes de su renuncia al partido, Aldunate llegó a ser uno de los asesores más influyentes y mejor pagados de la bancada socialista del Congreso.
Tal como reveló esta Unidad de Investigación, el OS9 de Carabineros allanó en diciembre pasado el domicilio y oficina del letrado. La diligencia —gestionada verbalmente por el equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago— se dio luego de que una empleada del estudio jurídico de Aldunate presentara una denuncia en su contra.
De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, el imputado le dio instrucciones para entregar el dispositivo a una persona que era de su “entera confianza” y quien —sostiene la indagatoria de manera preliminar— resultó ser una periodista.
Ofensiva contra Dorothy Pérez
Si bien el nuevo fichaje de Monsalve se había mantenido bajo sigilo, lo cierto es que el otrora zar de la seguridad de La Moneda, prefirió su representación antes que la del defensor penal público, Víctor Providel, quien lo asesora en la causa por violación que pesa en su contra.
En la nueva arista judicial, Monsalve solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago anular el sumario administrativo iniciado en su contra por Dorothy Pérez. Según reclamó, está siendo investigado penalmente en dos causas y que “la imputación múltiple por los mismos hechos que actualmente son objeto de investigaciones en sede penal, ponen de manifiesto que el sumario administrativo, en la fase actual, incide en que el ejercicio de mi derecho de defensa sea notablemente disminuido”.
Como punto principal, el exsubsecretario sostiene que la investigación carece de legalidad, ya que fue abierta después de su renuncia al cargo de subsecretario del Interior el 17 de octubre de 2024, tras la denuncia por violación y abuso sexual, que lo tiene actualmente bajo arresto domiciliario total.
Una versión que fue desestimada por el Gobierno. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró en un punto de prensa esta mañana que la investigación se adoptó antes de acoger la renuncia del exsubsecretario.
“La decisión de instruir el sumario se adoptó antes de acoger la renuncia, y se tomó la decisión de que se llevara adelante por la Contraloría, precisamente, para garantizar toda la ecuanimidad necesaria para que el sumario arrojara los resultados que correspondan”, afirmó.
Pese a que desde el Ministerio Público confirman que la indagatoria por filtración en contra de Aldunate se mantiene vigente y con diligencias pendientes, el abogado hizo llegar a este medio una declaración y antecedentes con los que asegura que el estado de la causa es “terminado”.
Eso, recalca el legista, “teniendo en cuenta entre otros antecedentes, que los teléfonos cuya entrega se realizó de manera voluntaria con fecha 4 de diciembre de 2024, no se encontró nada de interés criminalístico, según le fue informado a mi abogado, Juan Carlos Manríquez”.
En relación al recurso interpuesto ante el tribunal de alzada capitalino, Aldunate planteó que su postura y la de su cliente es que “el origen del sumario no pasa un test de legalidad por dos motivos, porque si existía un sumario en trámite ese acto debe ser firmado conforme al artículo 19 Bis de la Ley 19880 sobre procedimiento administrativo para tener certeza de la fecha y hora lo que no se realizó. Luego ese sumario que tiene efectos individuales debió ser notificado, cuestión que tampoco se realizó, así entendemos que el órgano que lo tramita actúa como una comisión especial lo que la Constitución prohíbe”.
“En el recurso se pide la anulación o, en subsidio, que se suspenda hasta finalizar el juicio penal o que se autorice a incorporar la prueba de la investigación penal al sumario por cuanto desvirtúan los cargos formulados”, agregó.
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