Corte dio 24 horas a jueza para justificar autorización de "pinchazo" a llamada entre Huneeus y Boric

Este sábado la Corte de Apelaciones de Antofagasta dio un plazo de 24 horas para que la jueza del Juzgado de Garantía de la ciudad, Sissi Bertoglio Cortés, entregase un informe justificando la resolución en la que autorizó a mantener interceptado el teléfono Josefina Huneeus Lagos, exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura.

En concreto, según comprobó Bío Bío, este sábado 10 de mayo el tribunal de alzada antofagastino tuvo por interpuesto el recurso de amparo presentado por los abogados de la psiquiatra infantojuvenil, en el que denunciaron “espionaje” e ilegalidad en el “pinchazo” al teléfono de su clienta.

Fruto de la autorización de la medida intrusiva, la Policía de Investigaciones (PDI) pudo interceptar varias llamadas, entre esas una en la que Huneeus habló con el presidente de la República, Gabriel Boric Font.

Junto con admitir a tramitación el recurso, los ministros solicitaron a la jueza evacuar un informe “dentro del término de 24 horas” en el que se acompañaran “todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones”.

Escuchas injustificadas

En su presentación, los abogados de la excónyuge del “cerebro” de la Fundación ProCultura, sostienen que las escuchas se realizaron sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa.

“La medida se decretó por error, bajo la suposición de que el número pertenecía a otra persona”, señala el escrito de 20 páginas.

Además, destacan que las conversaciones interceptadas —incluyendo una con el Presidente Gabriel Boric— carecen de relevancia penal.

El recurso enfatiza que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus como testigo primero y luego como imputada sin antecedentes concretos. “Pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal mediante resoluciones sin fundamentación“, agrega el documento.

Teléfono equivocado

El texto revela que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, apuntaba al número asociado inicialmente a Larraín. Sin embargo, el teléfono pertenecía a Huneeus desde hace dos décadas. Pese a detectar el error, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó “mantener” la medida el 16 de octubre, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados“.

El Juzgado de Garantía accedió, aunque la solicitud fiscal no citó normas ni presentó pruebas, se lee en el libelo de amparo. “El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos”, denuncian los abogados. Las renovaciones posteriores (6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025) replicaron este vacío legal.

Con todo, el recurso solicita anular las resoluciones impugnadas y eliminar todo material obtenido mediante las interceptaciones.