Al buscar en Google a Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito (2018-2021), gran parte de los resultados la vinculan al denominado Caso Motorola, una causa iniciada en 2020 tras una licitación de cámaras corporales para Carabineros de Chile que terminó judicializada.
Pese a que han transcurrido casi cinco años, la investigación por prevaricación administrativa sigue abierta y no ha habido formalización alguna. El Ministerio Público no ha conseguido reunir antecedentes suficientes que permitan acreditar que Martorell u otros exfuncionarios incurrieron en delitos al adjudicar la licitación de cerca de $400 millones a la empresa estadounidense Motorola. Esto, a pesar de las acusaciones realizadas por la firma chilena Pegasus Group, que no se adjudicó la licitación.
El último movimiento relevante en la causa se registró el año pasado, cuando la defensa de Martorell se retractó de una solicitud de sobreseimiento tras conocerse que la Fiscalía revisaría posibles chats entre Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva- y exdirectores de la PDI. Esa revisión no habría arrojado nuevos antecedentes.
Hoy, la causa se encuentra en punto crítico: no existen diligencias pendientes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó involucrarse, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) afirmó que no hubo perjuicio fiscal y solo se ha realizado una audiencia desde la apertura del caso, en la que además el juez Daniel Urrutia exigió al fiscal Francisco Ledezma apurar la prolongada causa.
Todos estos antecedentes darían luces de que la investigación ha llegado a una calle sin salida, con fuentes internas indicando que el siguiente paso debiera ser el cierre de la causa y la absolución de Martorell de todas las acusaciones.
El caso pone en cuestionamiento el actuar de la Fiscalía y la razón de mantener obstinadamente la investigación abierta a pesar de no contar con pruebas suficientes para una formalización. Asimismo, abre el universo a preguntarse cuántas personas se encuentran acusadas de delitos en “investigaciones eternas”, enfrentándose a las consecuencias económicas, emocionales y laborales que esto puede suponer.
En conversación con Radio Bío Bío, Martorell tocó este tema: “Con la sola presentación de una querella en tu contra, la gente asume que eres culpable de un delito y te juzga. Creo que lo más doloroso es cómo afecta esto a tu familia, sobre todo cuando sabes que eres inocente y que cuando se cierre la causa el resultado nunca tendrá la fuerza para reparar el daño que ya se hizo”.
Consultados por el Estado de este caso, desde la Fiscalía rechazaron entregar información sobre las diligencias o si existe fecha de cierre, e indicaron que cualquiera sea la decisión que se adopte en la causa, primero es necesario realizar la respectiva comunicación al tribunal.
Cronología de la causa contra Martorell
El Caso Motorola se abrió en 2020 tras una denuncia presentada por la empresa The Pegasus Group Company S.A., dedicada a soluciones de ciberseguridad, biometría y equipamiento policial. Una empresa reconocida por participar en distintas licitaciones relacionadas a esa materia.
De acuerdo a la querella ingresada por la abogada Montserrat Rodríguez el 17 de junio de 2020, Martorell y otros funcionarios del Estado habrían sido partícipes de los delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, al haber adjudicado fraudulentamente una licitación del sistema de cámaras corporales de alta resolución de Carabineros a la empresa estadounidense Motorola.
Posteriormente en la investigación, esta se acotó solo al delito de prevaricación administrativa –que refiere a la dictación de una resolución injusta a sabiendas por parte de un funcionario público– descartando la comisión de otros por parte de la en ese entonces Subsecretaria de Prevención del Delito.
En enero de 2021 entra Luis Hermosilla Osorio como abogado de Katherine Martorell, siendo común que asesorara a personas cercanas a Renovación Nacional, como el mismo ex presidente Sebastián Piñera. El 6 de febrero de 2023 –nueve meses antes del estallido del Caso Audios–, Hermosilla deja de representar a Martorell en la causa, e ingresan los abogados Trinidad Luengo Montt y Rodrigo Romero Correa.
El 29 de enero de 2024 Pegasus solicitó que se realizara una audiencia –la primera y única del caso– para que el Ministerio Público explicara los avances que había tenido en esos tres años de investigación, apuntando al fiscal Ledezma de no realizar la debida formalización a pesar de tener “antecedentes más que suficientes”, punto descartado por la defensa de Martorell.
En la ocasión, el juez Daniel Urrutia fijó un plazo de 120 días para formalizar la investigación, plazo que se cumplió el 5 de julio del año pasado. Un par de semanas después, Ledezma comunicó que existían diligencias pendientes por lo que no era posible por el momento adoptar una decisión de la procedencia o no de formalizar la investigación. La defensa no se lo tomó bien y acusó al fiscal de desacato por no cumplir la orden del juez Urrutia, recurso que fue rechazado por el tribunal.
El 5 de agosto del 2024, los abogados de Martorell solicitaron al juez fijar una audiencia para debatir su sobreseimiento total y definitivo, la cual quedó fijada para octubre del año pasado.
Al día siguiente de ingresada esa solicitud, medios de comunicación revelaron que la Fiscalía Centro Norte había pedido a la Fiscalía Oriente conocer si el celular de Hermosilla contenía intercambios de mensajes entre él y exdirectores de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el caso que involucra a Martorell, abriendo una nueva arista para investigar, y por lo tanto, más plazo.
Como consecuencia, la defensa de Martorell solicitó dejar sin efecto la audiencia de sobreseimiento definitivo, por las nuevas diligencias de investigación instruidas por el Ministerio Público. De acuerdo a fuentes internas, la revisión de chats no habría arrojado nueva evidencia.
El 17 de febrero de este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) comunicó su decisión de no involucrarse en la causa por prevaricación, informando el abogado Marcelo Chandia la decisión luego de un análisis realizado por la institución encargada de defender los intereses del Estado y sus organismos.
Con la diligencia respecto a los chats finalizada, ya no quedarían tareas pendientes ni habría ninguna fecha definida para alguna actuación procesal por parte de la Fiscalía.
En conversación con Radio Bío Bío, Martorell afirmó haberse mantenido desde el día uno defendiendo su inocencia y colaborando activamente con la investigación, y no conocer cuándo se cerrará.
“Me preocupa la cantidad de años que puede durar un caso de esta naturaleza y tampoco sé cuánto falta, pero confío en las instituciones y en el trabajo que realizan”, concluyó.
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