Este miércoles las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) –organismo que ofrece orientación jurídica y patrocinio judicial gratuito a las personas más vulnerables–, cerraron sus puertas temporalmente en el marco de un paro de los trabajadores.
Así lo anunció la Federación Nacional de Asistencia Judicial (Fenadaj) –de la cual forman alrededor del 70% de los funcionarios de la CAJ–, en la que se encuentran agrupadas las cuatro corporaciones que se despliegan por el territorio nacional, quienes le pusieron pausa a sus funciones este 2 de abril, luego de que el paro de advertencia realizado a fines de marzo no diera fruto.
Las razones de las movilizaciones responden a una enorme sobrecarga laboral –con abogados gestionando cientos de causas paralelas–, problemas de infraestructura y cierres de oficinas, pero la causa directa, según indicaron los dirigentes, es la violación al acuerdo de protocolo de homologación por parte del Gobierno. Este documento, firmado en 2023, busca equiparar las remuneraciones de los funcionarios de la CAJ con la consigna “misma función = mismo sueldo”, lo que no está siendo aplicado por los distintos departamentos.
La queja apunta a que, a pesar de haber Jaime Gajardo Falcón (PC) firmado el acuerdo cuando se desempeñaba como Subsecretario de Justicia –hoy Ministro de la misma cartera– no se habrían cumplido las promesas ni plazos, con los funcionarios exigiendo mayor rapidez y una mejor oferta presupuestaria.
De acuerdo a la Corporación de Asistencia Judicial, desde el 27 de marzo la Subsecretaría ha estado trabajando en conjunto con dirigentes para alcanzar acuerdos que beneficien a los involucrados, habiendo avanzado ya en siete de los ocho puntos planteados, con el objetivo de retomar prontamente el servicio. Actualmente, se encuentran a la espera de una contrapropuesta por parte de las asociaciones.
Infraestructura
La Corporación de Asistencia Judicial está dividida en cuatro corporaciones autónomas que atienden a distintas zonas del país: Tarapacá, para las tres regiones del norte grande; Valparaíso, que atiende desde Atacama hasta la quinta región; Metropolitana, que suma la RM, O’Higgins, Maule y Magallanes; y, finalmente, Bío Bío, que atiende a la octava región, al Ñuble, de los Lagos, de los Ríos, Aysén y la Araucanía.
Específicamente en la Región Metropolitana, los funcionarios han denunciado problemas de infraestructura, cierre de sedes y riesgos de seguridad.
La dirigente Victoria Escalante, trabajadora social y vicepresidenta de Modernización del Estado de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), describió como ejemplo de los problemas de infraestructura y condiciones laborales el cierre de tres oficinas en Santiago.
En primer lugar, el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos que se encontraba en Lastarria, que cerró luego de daños por lluvias, llevando a repartir a sus profesionales en distintas oficinas sin la privacidad o espacios adecuados para atender a personas vulneradas. En segundo lugar, un centro jurídico social ubicado en El Bosque, cuyos funcionarios se encontrarían hacinados en un espacio dispuesto por la municipalidad. Finalmente, otro centro jurídico social que estaba ubicado en Lo Espejo, el cual fue vandalizado y quedó sin las condiciones para su utilización, teniendo sus funcionarios que ser reubicados también en espacios no aptos para la labor.
Asimismo, Escalante llamó la atención sobre la falta de medidas de seguridad en las oficinas, al no haber cámaras ni guardias. Un ejemplo reciente es el robo que se llevó a cabo el 16 de marzo, aproximadamente a las 20:40, en el inmueble ubicado en la calle Agustinas 1419, comuna de Santiago, correspondiente a dependencias de la CAJ Metropolitana. Los delincuentes, ingresaron rompiendo puertas y candados, y entre computadores de escritorio, computadores portátiles y tablets, sustrajeron elementos avaluados en $52.584.154. A pesar de ello, según fue comunicado por la misma CAJ, las oficinas funcionaron al día siguiente con relativa normalidad, en parte gracias a funcionarios que continuaron su labor llevando de forma voluntaria sus propios computadores.
En conversación con Radio Bío Bío, Cármen Velásquez, dirigente de la CAJ de Tarapacá, también afirmó problemas de infraestructura y seguridad en la región, aunque menores que en la Región Metropolitana. Por ejemplo, el trabajo en unidades sin aire acondicionado, la llegada de estufas a gas sin bidón, la falta de espacios aptos para las entrevistas a niños y centros de atención a familias en zonas críticas, con alta cantidad de personas en situación de calle en las puertas, en un lugar donde se reciben menores de edad que han sido vulnerados.
Sobrecarga laboral
Uno de los temas más tocados por los dirigentes es la sobrecarga laboral que experimentan los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial día a día. De acuerdo a ambas dirigentes consultadas, la cantidad de trabajo puesta sobre cada funcionario es excesiva, lo que ha provocado problemas de salud física y mental en los trabajadores y un deficiente servicio para quienes acuden a la CAJ. “Los funcionarios no dan abasto, y es un daño a la comunidad”, describió Escalante.
Asimismo, Velasquez explicó que este permanente desgaste ligado a la falta de dotación, ha tenido como consecuencia que muchos funcionarios tengan que solicitar licencia médica sin que haya reemplazos disponibles. Asimismo, funcionarios que, necesitando tomarse licencia, no lo hacen conociendo la situación de la CAJ, poniendo en riesgo su salud. Según indicó la dirigente nortina, una de las causas de este problema es que el crecimiento de la Corporación –con mayor público acudiendo y nuevos programas– no ha sido correlativo con la contratación de personas.
En la misma línea, Escalante se refirió en detalle a dos nuevos programas implementados en este gobierno ligados a la protección y ayuda a menores de edad, cuyos trabajadores cuentan con un especial exceso de trabajo. En el caso del programa “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, Escalante describió no existir un tope de causas que puede recibir un abogado, como sí ocurre en otras líneas, lo que lleva a que una sola dupla profesional enfrente cientos de causas simultaneas imposibles de ser tramitadas.
En segundo lugar, habló sobre el programa Mi Abogado, que entrega defensa jurídica a niños, niñas y adolescentes (NNA), para el cual existe un sistema de trabajo de tríadas compuestas por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, cuya carga puede llegar incluso a 600 causas siendo tramitadas al mismo tiempo.
Estos problemas, de acuerdo a la dirigente, responden a un mal cálculo de la población objetivo que iban a atender ambas líneas.
Acuerdos de homologación
Durante el 2023, los funcionarios y el Gobierno comenzaron a trabajar en un acuerdo para solucionar un problema existente dentro de la Corporación: la amplia diferencia de honorarios recibidos entre personas cumpliendo la misma función, pero en distintos departamentos.
Por ejemplo, los funcionarios contratados en las nuevas líneas de atención para NNA se encontraban ganando más que aquellos que llevaban años en los programas tradicionales, aún teniendo las mismas tareas.
Es así como a mediados del segundo año del gobierno de Gabriel Boric, se firmó un Protocolo de Acuerdo en que se estipuló un proceso de acercamiento de brechas salariales según el cual el Ministerio de Justicia se comprometió mediante una mesa de trabajo a ir evolucionando el proceso durante el año 2025, con los plazos sin haberse cumplido.
Específicamente, las dirigentes explicaron que en una primera etapa, el acuerdo buscaba realizar esta homologación para la nómina técnica, o sea, secretarios, conductores, técnicos jurídicos, etc. Sin embargo, los pagos no llegaron en enero de 2024 como debían, sino que en marzo, y fueron incompletos. La segunda parte del acuerdo, se vinculaba a la homologación de las remuneraciones de los profesionales, y en este caso no se estaría cumpliendo con el cronograma comprometido.
La falta de avances hasta marzo es la causa directa del paro que inició este miércoles y que promete extenderse indefinidamente si no se llega a un acuerdo a través de la mesa que integran funcionarios y autoridades.
Respuesta de la CAJ ante el paro
Consultados por Radio Bío Bío, desde la Corporación de Asistencia Judicial indicaron que:
Ante la reciente movilización de funcionarios y funcionarias de las Corporaciones de
Asistencia Judicial del país, la Subsecretaría de Justicia expresó lo siguiente:
“Desde el 27 de marzo, los equipos de la Subsecretaría han estado trabajando en conjunto con dirigentas y dirigentes para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los involucrados que trabajan por el acceso a la justicia.
“Hasta la fecha, hemos logrado avanzar en siete de los ocho puntos planteados, por lo que esperamos llegar a buen puerto en el que nos resta para retomar el servicio y seguir acercando la justicia a las personas que más lo necesitan, a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país que atienden de forma gratuita y profesional a NNA, adultos mayores y todos los usuarios que requieran de una orientación judicial.
“El diálogo es clave para resolver las diferencias. Es por eso que estamos a la espera de una contrapropuesta de las asociaciones de funcionarias y funcionarios para seguir avanzando, y retomar las atenciones a nuestros usuarios.
“La Subsecretaría de Justicia reitera su compromiso con el diálogo y su ánimo de llegar lo antes posible a un acuerdo para el bien de nuestros usuarios y funcionarios y funcionarias”.
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