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Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales
Víctor Huenante | Agencia UNO

Carlos Peña defiende a Clark: "El reproche de la CMF carece de justificación en el derecho chileno"

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Sábado 25 enero de 2025 | 13:41
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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, defiende al presidente de Azul Azul, Michael Clark, en un informe de 13 páginas donde desestima los cuestionamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la adquisición de acciones de la concesionaria. Peña señala que Tactical Sport no posee acciones de Azul Azul, por lo que no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Este informe se utilizará en una reclamación de ilegalidad que Clark presentará en tribunales para argumentar que no necesitaba una OPA para tomar el control de Azul Azul. Además, se suma una disputa interna en Azul Azul, con la familia Schapira acusando a Clark de fraude en relación con la OPA, mientras se revela que Sartor S.A ofreció parte de la U como garantía para evitar una deuda. Clark desafía a los querellantes y sostiene que quienes hagan acusaciones falsas podrían cometer un delito.

En un informe en derecho de 13 páginas, Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales, salió a defender al presidente de Azul Azul, Michael Clark, y echó por la borda los cuestionamientos que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le ha realizado al directivo en las últimas semanas.

El ente regulador señaló que Clark debía adquirir acciones de Azul Azul mediante una Oferta Pública de Adquisición” (OPA) al momento de comprar el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, mediante el cual tomó el control indirecto de la concesionaria del Club Universidad de Chile.

En el documento, al que Bío Bío accedió en exclusiva, Carlos Peña subrayó que sería un error afirmar que las acciones de Azul Azul pertenecen a Tactical Sport, ya que esa entidad no es una persona, sino un patrimonio de afectación que tiene aportantes los cuales no tienen el control sino que un crédito en contra del fondo.

Un mal entendido

Más aún, planteó que -a la luz de la doctrina y el derecho comparado- el concepto de control es normativo y no fáctico, y está sujeto a reglas precisas, de manera que sería incorrecto considerar control indirecto el control de hecho.

En ese sentido, remarcó que la operación no supone en modo alguno derechos potestativos, ya que Antumalal (la sociedad de Clark que compró las cuotas del FIP Tactical Sport) no adquirió, en modo alguno, ni de manera directa ni indirecta acciones de Azul Azul, por lo que las normas que regulan las OPA no resultan aplicables.

Finalmente, Peña sostuvo que la exigencia de la Comisión para el Mercado Financiero descansa en “un mal entendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado”.

Reproche sin justificación

En definitiva, en su informe encargado por la defensa de Clark, el académico concluye que “el reproche de la CMF carece de justificación en el derecho chileno”.

De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, este documento será usado en la reclamación de ilegalidad que el presidente de Azul Azul presentará en los próximos días en tribunales, mediante la cual buscará defender que nunca necesitó una OPA para hacerse con el control de Azul Azul.

Se trata de un asunto que corre por un carril paralelo a la OPA voluntaria que Clark anunció sobre el 100% de las acciones de Azul Azul, donde formalmente buscará tomar el control de la sociedad concesionaria. De esa forma pretende morigerar los cuestionamientos de la CMF, pero insistiendo en que no cometió ningún error.

Guerra en Azul Azul

A dicho escenario se le suma la guerra interna que se desató en Azul Azul. Tal como reportó ayer viernes BBCL Investiga, la familia Schapira -segunda accionista más grande de la concesionaria- interpuso sobre la querella criminal contra Clark precisamente por “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones”.

De paso, la acción judicial reveló un asunto hasta ahora desconocido: que Sartor S.A ofreció prendar parte de la U para intentar zafar de una millonaria deuda.

Con todo, Clark salió al paso de los cuestionamientos y desafió a los querellantes: “En Chile cualquier persona puede querellarse o denunciar a otra por lo que se le ocurra. Pero si luego se acredita que esa querella o denuncia es calumniosa, las personas que hicieron esa acusación falsa serán quienes cometieron un delito. Es así de simple”, advirtió.

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