El fisco de Chile deberá pagar $12 millones como indemnización por daño moral a Silvana Raquel Ríos Steckler, una empresaria de Ñuble que terminó sin condena en una causa por corrupción. Ello, tras haber sido sometida a un proceso penal “sin antecedentes racionales” por la Fiscalía Local de Chillán.

Al igual que otros nueve imputados en la causa, la mujer fue parte del juicio oral que se extendió por 45 días en 2019 y que terminó con todos los acusados absueltos del principal delito que se les acusaba: fraude al fisco. Sólo dos de los diez terminaron condenados, pero a una pena remitida por falsificación de instrumento público que, en todo caso, posteriormente fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Chillán.

Por si fuera poco, consecuencia de ese mismo proceso penal, el fisco además fue condenado al pago de las costas personales a los ocho imputados que contrataron abogados particulares para su defensa. ¿En total? $292 millones, $36,5 millones para cada uno de los beneficiados.

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Duda razonable

La historia se remonta a 2013, cuando el entonces concejal y actual alcalde de Chillán Viejo, Jorge Del Pozo Pastene, denunció delitos de corrupción entre particulares que prestaban servicios al municipio y funcionarios de la casa edilicia de esa comuna.

La investigación se extendió por más de cinco años hasta que recién en 2019 el Ministerio Público decidió ingresar su acusación al tribunal. En la exposición, [destacador]el organismo persecutor sostuvo, por ejemplo, la existencia de funcionarios fantasmas que recibían honorarios mensuales del municipio chillanvejano por servicios que —en la práctica— nunca se habrían prestado.

Además, se incluyó en la acusación evidencia de pagos por viajes que supuestamente nunca se realizaron a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L., propiedad de la mujer a la que hoy el fisco deberá indemnizar.

Sin embargo, nada de eso pudo ser probado ante los jueces por la Fiscalía Local de Chillán ni tampoco por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que presentó acusación particular para el juicio.

Por el contrario, el tribunal lanzó duras críticas a la labor del órgano a cargo de la persecución penal.

“(…) como cuestión preliminar de la mera lectura de los libelos acusatorios surgen diversas interrogantes en atención a la forma como se describieron los hechos y la dinámica que habrían desplegados los incriminados para cumplir el designio delictivo que les atribuyen los acusadores”, reza parte de la sentencia que absolvió a Steckler, justo antes de enumerar 15 preguntas que le surgieron al tribunal como consecuencia del desempeño de la Fiscalía de Chillán en el proceso.

Daño moral

Sea como sea, no conforme con el pago de las costas del proceso penal (que le significaron al fisco desembolsar casi $300 millones), y allegando evidencia de los serios problemas de salud mental que enfrentó como consecuencia de la investigación de la fiscalía, Silvana Ríos presentó ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán una demanda por daño moral.

En buenas cuentas, alegó que sufrió graves problemas de salud mental, derivados del proceso judicial: fue formalizada en marzo de 2018 y llevada a juicio por la Fiscalía Local de Chillán en 2019.

Finalmente, después de un año y tres meses de presentado el escrito, el tribunal civil chillanejo falló este 6 de enero de 2025 a favor de la empresaria.

Según se lee en la sentencia, para condenar al fisco, el tribunal tuvo en consideración que “en el curso del proceso penal no se produjeron pruebas que vincularan a la señora Ríos con los hechos que fueron parte de la acusación.

En esa línea, el fallo añade que la actuación de la Fiscalía Local de Chillán respecto de la mujer fue “injustificada”, teniendo en consideración que “no existían antecedentes que la asociaran como persona natural con la materia de investigación”.

Es más, en la condena se subraya que la mujer fue “formalizada y acusada sin que existieran antecedentes racionales, concretos y coherentes que apuntaran a su participación en hechos ilícitos”.

Con todo, se determinó que el haber sido sometida a una investigación formal y luego a un juicio de 45 días, sumado a la difusión pública que tuvo el caso, afectó “la estabilidad emocional y psíquica”, además de su “consideración personal y honra”.

De este modo, los jueces acogieron la demanda y fijaron el pago de una indemnización de $12 millones por daño moral. Ello, pese a que la demandante solicitaba originalmente $90 millones.

Consultada la Fiscalía Regional de Ñuble a propósito del caso, específicamente por la evaluación que hacían del proceso y si consideraban un error haber ido a juicio, desde la entidad optaron por no referirse al tema. Tampoco quisieron responder si se habían tomado o no medidas disciplinarias en contra de los funcionarios a cargo de la investigación, considerando que si se suman las costas del proceso penal y esta indemnización, el fisco ha sido obligado a desembolsar $304 millones en total.