“La ciudadanía reclama el buen uso de los recursos públicos ante el avance del clientelismo, el nepotismo y la desprofesionalización de la función pública, junto a actos de corrupción en diversos órganos del Estado. Estos recursos deben ser objeto de un control adecuado del gasto”, fue una de las promesas del Presidente Gabriel Boric durante la campaña electoral.
A pesar de lo antes mencionado, distintos casos de nepotismo y corrupción se han dado en el país en los últimos dos años. Siendo especialmente representado por el Caso Convenios, el Caso Audios, entre otros.
Paralelamente, el 11 de diciembre entraron en vigencia modificaciones a la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. En la nueva normativa de compras públicas se impide cualquier tipo de contratación administrativa de todos los parientes de los funcionarios municipales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Por esta razón, en la Municipalidad de Lolol tomaron una decisión. Desde el 1 de enero del corriente se añadió un anexo a todas las licitaciones de la municipalidad, donde cada candidato a proveedor debe rellenar una declaración jurada de árbol genealógico.
¿Qué dice el documento? ¿Es lo recomendado? Radio Bío Bío se comunicó con el municipio, con un especialista en el tema y con ChileCompra, todo para entender el por qué de pedir el árbol genealógico y si es lo recomendado por la autoridad.
Municipalidad de Lolol y el árbol genealógico
“El siguiente formato busca corroborar que ninguna de las personas que se detallaran a continuación tengan algún tipo de contrato con la Ilustre Municipalidad de Lolol”, así comienza el documento, que forma parte de los anexos de todas las licitaciones abiertas por el municipio de Lolol.
El archivo consta de cuatro páginas que deben ser completadas por cada socio de cualquier empresa que desee participar. No se trata simplemente de una declaración ni de la información de las familias íntimas, sino que se solicita el RUT y el nombre de los abuelos, hijos, hermanos, yernos, nietos, pero también del cónyuge de la persona que firma. Además del certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil o un informe de no matrimonio, dependiendo de las circunstancias de cada persona.
Desde el municipio explicaron a La Radio que “esta administración municipal recibió el municipio en el año 2021 con deudas provisionales cercanas a los 1.000 millones de pesos. Desde entonces, nos hemos dedicado incansablemente a normalizar dichas deudas provenientes de la administración anterior, demostrando un firme compromiso con la gestión financiera y el bienestar de todos los ciudadanos de Lolol”.
En relación a la consulta sobre el anexo, subrayaron que “la nueva normativa de compras públicas impide la contratación administrativa con parientes de todos los funcionarios municipales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esto representa un cambio significativo en comparación con la prohibición anterior, que sólo se aplicaba a parientes de directivos del servicio hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad”.
En dicho contexto, destacaron que “la implementación de este anexo se llevó a cabo considerando las características particulares de nuestra comuna. Lolol es una comuna predominantemente rural, con una población relativamente pequeña que no supera las 7.000 personas según el último censo. Por lo tanto, es más común encontrar casos de parentesco entre los habitantes de la zona”.
En la misma línea, agregaron que “para garantizar una mayor transparencia y verificación en los procesos de contratación, se incluyó dentro de los anexos la declaración de árbol genealógico como mecanismo de verificación adicional. A pesar de que los proveedores realizan una declaración en la plataforma de Mercado Público indicando su falta de inhabilidad para contratar con el municipio, hemos identificado dos casos en los que esta declaración no fue suficiente para evitar contrataciones con parientes de funcionarios”.
Falta de privacidad
Juan José Lyon, director de la Fundación América Transparente, mostró preocupación frente al anexo incluido por la Municipalidad de Lolol. Si bien reconoce que los cambios a la ley de compras públicas son reales, señala que “ChileCompra ha facilitado documentos tipo para hacerlo más sencillo, con una declaración de ausencia de conflicto de interés”.
Detalla que “teniendo en cuenta además, que los documentos anexos a una licitación pasan a ser información pública, me parece desde el punto de vista de la privacidad, extremadamente delicado que a un proveedor se le exija para participar de una licitación, tener que dar todo el árbol familiar”.
Según Lyon, “existen muchas plataformas en el mercado que permiten hacer ese chequeo” y que en su trabajo como fundación “nos ha tocado denunciar problemas de conflictos de interés en compras públicas, así como también hemos ayudado a muchas personas a guiarlas en cómo realizar estas denuncias. Y en los casos que se ha pronunciado la Contraloría, lo que nos ha tocado ver es que se le pide explicar y se le exige al municipio contar con herramientas para prevenir estos casos”.
Añade que “nunca faltó pedir el árbol genealógico ni nada por el estilo”.
Chilecompra
Radio Bío Bío contactó a ChileCompra para conocer más detalles de las modificaciones a la ley de compras públicas y la necesidad de incluir una declaración firmada de árbol genealógico.
Explicaron que “a fin de resguardar el cumplimiento de esta obligación, ChileCompra exige a los oferentes suscribir una declaración jurada electrónica al momento de ofertar, la que incluye, entre otras consideraciones, la declaración específica referida a “no integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni ser contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 de compras públicas (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad)”.
Por lo mismo, señalaron que están continuamente “trabajando en mecanismos que apoyen a las Entidades Públicas a cumplir con la normativa vigente y así resguardar los estándares de la probidad en sus procesos de compras”.
Aunque no entraron en detalle sobre el caso de la Municipalidad de Lolol, indicaron que “como regla general, la solicitud de datos personales adicionales a los señalados por parte de los organismos licitantes, puede vulnerar lo establecido por la Ley de protección a la vida privada (Ley 19.628)”.
